CESPAD

Después de 4 meses de haber iniciado el proceso de vacunación a escala global, el acceso a la vacuna contra el Covid19 sigue marcado por la desigualdad: “América Latina y el Caribe no tienen la cantidad de vacunas contra el Covid19 que necesitan. Hasta el 5 de marzo, la región había recibido 37 millones de dosis que repartirá entre 630 millones de personas, y las dos terceras partes de las vacunas han sido asignadas a los 50 países más poderosos y el 0,1% a los 50 países más pobres”[1].

En Honduras, “la marcha hacia la compra de vacunas” empezó tarde y con una serie de irregularidades que ponen en cuestionamiento aspectos como la transparencia en la compra, la calidad y seguridad de las vacunas. Asimismo, la falta de claridad en el Plan de Inmunización sobre el alcance del proceso de vacunación de los sectores vulnerables de la sociedad: mujeres, personas trabajadoras del sector informal de la economía; comunidad indígena, jóvenes y campesinos/as. Este contexto abre un escenario de incertidumbre sobre el alcance de la anhelada “inmunidad colectiva” y el “regreso a la normalidad”, de allí que se aspira a que este informe de monitoreo coloque en discusión las principales estrategias que distintos países han implementado para asegurar la democratización en el acceso a las vacunas contra el Covid19.

I. Honduras y “la marcha tardía” en el acceso a la vacuna contra el Covid19

Hasta el momento en el que se realizó este informe, en Honduras se habían aplicado un total de 2,684[2] vacunas contra el Covid19 al personal de salud, donadas por el Gobierno de Israel, y 48 mil dosis obtenidas a través del Mecanismo COVAX, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, el proceso no ha estado exento de críticas; desde el Colegio Médico de Honduras (CMH), se ha señalado que “no se vacunó al personal esencial, para favorecer gente”[3].

En el informe anterior de monitoreo “Honduras: Desafíos para democratizar el acceso a la vacuna contra el Covid19”[4], se planteó un balance global sobre el acceso a la vacuna y se puntualizaron los principales elementos críticos del acceso a la vacuna en este país. En el informe se destaca un tema de análisis: la importancia de avanzar hacia un proceso de democratización bajo el enfoque de derechos humanos, para que los grupos vulnerables de la sociedad puedan acceder a las vacunas que se estarán aplicando en el transcurso del 2021.

Antes de entrar en detalles sobre el punto anterior, es importante mencionar que mientras la mayoría de los países de América Latina avanzan en los procesos de vacunación, la administración de Juan Orlando Hernández y sus principales dependencias estatales se encuentran sumergidas en una marcha “tardía” y “deficiente” en el proceso de acceder a las vacunas contra el Covid19. Lo anterior acontece en un contexto crítico de país, en relación con el incremento del Covid19 y el deficiente manejo de la crisis sanitaria.

Por un lado, el pasado 10 de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que en el mundo se evidencia una baja en los casos de Covid19, mientras que “se produjo un aumento de casos de COVID-19 en América Central, especialmente en partes de Honduras, El Salvador y Guatemala”[5]. Por otro lado, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en un informe publicado el 16 de febrero de 2021, señala que “Honduras fue el segundo país con el presupuesto más alto invertido en la pandemia, con 3,672.53 millones de dólares, solo después de El Salvador, con 4,116.80 millones”[6]. Sin embargo, a raíz del mal manejo de la Pandemia, Transparencia Internacional “coloca a Honduras como el segundo país más corrupto de Centroamérica, tan solo después de Nicaragua”[7].

En Honduras, durante el mes de febrero, lo referente a la vacuna contra el Covid19 se movió en las siguientes direcciones:

Las reformas a la Ley de Vacuna contra el Covid19. El pasado 20 de febrero del 2021 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, el Decreto No. 8-2021, que contiene las reformas a los artículos 2, 4, 6 y 7 de la Ley de Vacuna Gratuita contra el Covid19, aprobada en diciembre del 2020. Las reformas son un retroceso para lograr la obtención de vacunas con los respectivos controles de calidad; facilita compras directas y sin intermediarios y abre paso a un proceso de veeduría controlado desde el Poder Ejecutivo. El artículo 9 de la Ley, aprobada en diciembre del 2020, establecía la conformación de un Consejo Consultivo integrado por expertos para emitir recomendaciones técnicas y científicas para la compra de las vacunas. La nueva Ley desconoce ese artículo y “le da funciones a la Agencia de Regulación Sanitaria, la cual será la responsable de regular todo lo referente a medicamentos, equipos médicos y licencias sanitarias, conformada por tres comisionados que no tendrán que contar con experiencia en el campo de la salud”[8].

Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), dijo en los medios de comunicación “que la ley autorice a negociar con personas naturales o jurídicas para traer la vacuna nos puede poner en dos escenarios, uno es el de la corrupción, con intermediarios internacionales -como el de los hospitales móviles-, y el otro es de una nueva estafa porque todo mundo está exigiendo que usted deposite dinero para traer estas vacunas”[9].

Por su parte Suyapa Figueroa presidenta del CMH, señaló que “sin mecanismos de control y veeduría no existirá certeza de la calidad de las vacunas. Hay lotes que no tienen la conservación adecuada, están en el mercado negro y pudiéramos ser sorprendidos cuando no existe veeduría y mecanismos de control para que las personas nos vendan un producto óptimo a un precio justo”[10]. Por otro lado, el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), denunció que “la adquisición de vacunas contra el Covid19 no tendrá ninguna garantía en precio y calidad y se autoriza el uso de fondos del Estado para compras directas, sin controles de transparencia”[11].

La postergación en la entrega de la vacuna mediante el mecanismo COVAX-GAVI de la OMS. En un inicio se manejó que a mediados de febrero llegarían las primeras dosis de vacunas obtenidas a través del Mecanismo Covax, y que las compras que realizó el IHSS a la farmacéutica Astrazeneca, ya no vendrán en abril como se había establecido, sino que en el mes de mayo. El canciller de Honduras, Lisandro Rosales, públicamente dijo, “disculpas con el pueblo por haber confiado en el mecanismo Covax para adquirir vacunas, ya que ellos nos quedaron mal, ya Covax nos quedó mal”[12]. Mas allá de las limitaciones del Mecanismo Covax, el retardo en la entrega de las vacunas se debe a que las farmacéuticas no tienen insumos suficientes para elaborarlas de manera rápida; los pedidos que realizaron con anticipación los países de ingresos económicos altos elevan la demanda; las grandes farmacéuticas se niegan a liberar las patentes para que los países de ingresos medios y bajos puedan producir las vacunas, y la falta de gestión estratégica por parte de los gobiernos nacionales.

Las negociaciones directas con Rusia para obtener la vacuna Sputnik V.  La administración Hernández, ante las limitaciones del mecanismo Covax y la presión de la ciudadanía para asegurar el acceso a la vacuna, en el mes de febrero estableció conversaciones directas con Rusia. En ese sentido, el titular de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), Carlos Madero, informó que “Honduras ya envió el contrato firmado a Rusia para la compra de 4.2 millones de la vacuna Sputnik V, contra el COVID-19 y se esperaría por parte del gobierno de recibir la programación de la entrega de 4.2 millones de vacunas, para 2.1 millones de personas”[13]Lo anterior indica que los procesos de compra directa de las vacunas serán la norma de actuación, lo que constituye una preocupación en futuros procesos de compras directas, ya que las reformas a la Ley de vacunas tienen grandes vacíos en temas relacionados con el control de calidad y la precaria transparencia en las compras directas.

El retiro del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) del proceso de veeduría en la obtención de la Vacuna. En un comunicado publicado (3 de marzo), el CNA manifestó que se retiraba del proceso de veeduría “ya que no se perciben avances para la compra de antídotos y porque no se le ha dicho al pueblo hondureño la notificación del Mecanismo Covax, en la que hicieron saber la imposibilidad, por parte de dicho ente, de vender a Honduras 1.9 millones de dosis”[14]. Por su parte, la Secretaría de Salud (SESAL), respondió mediante un comunicado, expresando que “la información del CNA es «falsa» y que las negociaciones para comprar vacunas siguen en pie. Asimismo, subrayó que el mecanismo COVAX-GAVI no ha notificado nada sobre sus dosis”[15]. Las actuales tensiones entre la administración Hernández y las organizaciones de sociedad civil son críticas, en un país donde urge crear puentes de comunicación y colaboración entre los actores estatales y espacios sociales, en un esfuerzo por avanzar hacia consensos mínimos, orientados a gestionar de manera democrática y transparente la actual crisis sanitaria. El retiro del CNA abre un escenario crítico en materia de derechos humanos, por el historial de ineficiencia que ha caracterizado las acciones de la SESAL en el marco de la Pandemia y la ausencia de transparencia en la gestión.

La falta de claridad en los Planes de Inmunizaciones sobre la Vacunación a los Sectores Vulnerables.  A inicios del año, Ida Berenice Molina, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), de la SESAL, dio a conocer el Plan de Vacunación en el caso de Honduras, priorizando cuatro grupos de interés. Recientemente el IHSS, hizo público su Plan de Vacunación, “el cual busca inmunizar a 643,099 afiliados en cuatro fases”[16]. Un punto crítico en estos planes es que no se establece una diferencia entre los sectores en riesgo y los sectores vulnerables. Los primeros, próximos a las clases medias, son las personas trabajadoras del sector público y sector privado, y afiliados al Seguro Social. Sin embargo, aún no queda claro cómo se va a realizar el proceso de vacunación de los sectores vulnerables de la sociedad hondureña: personas trabajadoras del sector informal de la economía, mujeres, indígenas, garífunas, campesinos y jóvenes, las que se encuentran fuera del sector privado y público.

II. 10 puntos para democratizar el proceso de vacunación contra el Covid19

Hasta ahora, en Honduras, el tema de la democratización en el acceso de la vacuna no se ha posicionado con fuerza en el espacio público, y las organizaciones sociales tienen una gran tarea por delante para lograr que las vacunas sean de acceso gratuito, seguras y de calidad para los sectores vulnerables de la sociedad. En ese marco, rescatamos una serie de buenas prácticas que se han implementado en distintos países de Europa y América Latina, consideradas por los expertos como medidas importantes para democratizar el acceso a las vacunas contra el Covid19.

  1. Elevar el proceso de vacunación a un estado de política social. Lo anterior ha puesto en el centro del debate la importancia de avanzar en la construcción de una nueva institucionalidad pública, encargada de gestionar el tema de la vacuna, desde la fase de compra, hasta la fase de aplicación. Lo anterior se concibe desde la perspectiva de la política social, bajo el principio de inclusión, cooperación interinstitucional, autonomía institucional y presupuestaria. Además, con un enfoque de derechos humanos, con el cual se priorice las poblaciones a vacunarse, en relación con su situación cultural, económica y social. México representa un caso emblemático en esta dimensión, promoviendo control y gobernanza en el proceso de vacunación.
  2. Fortalecer el sistema primario de salud. El proceso de vacunación será continuo, mientras no se cuente con una vacuna que ofrezca inmunidad permanente. Es por eso que los expertos establecen que el proceso de vacunación, como una acción recurrente y constante en la sociedad, será sostenible, eficiente e incluyente en la medida que los gobiernos fortalezcan el sistema primario de salud. Tal como lo ha advertido la OMS en sus recientes informes, lo anterior exige enfocar los esfuerzos en las dimensiones institucionales, especialización médica, equipo médico, investigación científica y farmacéutica, respuesta temprana a emergencias sanitarias, planes municipales de atención a personas vulnerables, etcétera. Chile es uno de los referentes en este tipo de iniciativas.
  3. Diagnósticos comunitarios sobre la situación de las poblaciones vulnerables. En distintos países de la región, los sectores vulnerables han logrado acceder a las vacunas contra el Covid19 porque los centros de salud, antes que los gobiernos compraran las vacunas, empezaron a realizar diagnósticos comunitarios para identificar a los sectores en riesgo (enfermedades de base) y sectores vulnerables (precariedad económica y social), lo que permitió crear programas de inmunización partiendo de las realidades culturales, económicas y sociales de las poblaciones vulnerables. Brasil y Argentina han logrado avanzar en esta dirección, vacunando a un gran sector de la población vulnerable.
  4. Definir las estrategias de vacunación y el despliegue de las vacunas. La Unión Europea (UE), ha popularizado: “No son las vacunas las que salvan vidas, sino la vacunación”. Entre las principales estrategias de preparación para el proceso de vacunación sobresalen: capacidad de los servicios médicos para suministrar las vacunas; acceso fácil a las personas destinatarias; comunicación clara con las personas sobre los riesgos y beneficios de las vacunas; y el despliegue de las vacunas con diferentes características y necesidades de almacenamiento. En la UE, lo anterior ha permitido, en la medida de lo posible, que el proceso de vacunación sea ordenado, eficiente y coordinado, procurando que la vacuna llegue en igualdad de condiciones a las poblaciones destinatarias, además de señalar explícitamente en su estrategia de vacunación a los grupos socioeconómicos vulnerables y otros grupos de mayor riesgo.
  5. Campañas publicitarias radiales y televisivas. En la mayoría de los países, las vacunas contra el Covid19 generaron una serie de temores entre la población, los que persisten hasta la fecha, afincados en los efectos secundarios. Lo anterior conllevó a un amplio proceso de desinformación que se ha centrado con mayor fuerza en los grupos vulnerables, ante la manipulación, bajo capital cultural y la ausencia de sensibilización, sobre la importancia y beneficios de la vacuna. En ese marco, países como Israel lanzaron campañas publicitarias diferenciadas para los distintos grupos sociales, que consistieron en informar con honestidad y transparencia la importancia, beneficios y riesgos de las vacunas. El resultado ha sido que más del 50% de la población se ha vacunado.
  6. Vacunar a quienes propagan el virus. Esta inusual estrategia es aplicada en distintos países y el caso más sobresaliente se presenta en Indonesia. En este país, primero se inmunizó a las personas que salen a trabajar todos los días y que por la noche regresan a sus casas, un sector que oscilan entre los 18 y 50 años de edad. Este enfoque prioriza a las personas que trabajan en el sector informal de la economía, sector público y privado, dándole a los países la mejor oportunidad de lograr la inmunidad colectiva, a través de las vacunas. Los expertos aseguran que es un método eficiente para los países en vías de desarrollo que cuentan con un gran porcentaje de población joven.
  7. Definir un plan económico razonable para la compra de vacunas. El actual proceso de acceso a la vacuna contra el Covid19, ha dejado en relieve que la cooperación y el multilateralismo han fracasado, y por encima se ha instalado una competencia desleal y desigual en la compra y distribución de las vacunas. Según los expertos, esta situación será una constante hasta que las farmacéuticas liberen las patentes de las vacunas y se puedan elaborar en los laboratorios de los países de medios y bajo ingresos. Lo anterior ha obligado a los gobiernos a incrementar el uso de fondos públicos para la compra de las vacunas. En el caso de Honduras, apenas se cuenta con 350 millones de lempiras y en la actualidad se está recurriendo a una serie de préstamos externos, una medida que acrecienta la deuda y la dependencia económica.
  8. Establecer mecanismos de monitoreo y supervisión. Distintos países han implementado encuestas de percepción para conocer las principales valoraciones y preocupaciones de la población sobre las vacunas, permitiéndole a las instituciones públicas tomar decisiones acertadas y definir estrategias de vacunación acorde a la realidad de la sociedad. Además, el proceso de monitoreo y supervisión se desarrolla en los niveles municipales, regionales y nacionales para revisar los avances en la vacunación y proponer alternativas de intervención para corregir debilidades. Argentina es el país que sobresale por implementar este proceso de monitoreo y seguimiento, bajo un enfoque de vigilancia para la seguridad vacunal.
  9. Crear un portal de transparencia del proceso de vacunación contra el Covid19. Distintos gobiernos, en el marco del Gobierno Abierto, han creado portales que indican el avance en los procesos de vacunación, permitiendo que la población y las organizaciones sociales realicen procesos de veeduría ciudadana y alerten sobre las irregularidades alrededor de los planes de vacunación. Esta herramienta esta permitiendo elevar y posicionar en el debate la democratización en el acceso a la vacuna, además de conocer la calidad y seguridad de las vacunas en la población. Comunidades autónomas de España sobresalen en esta iniciativa, logrando que el proceso de vacunación se desarrolle de manera transparente y asegurando que la vacuna llegue en igualdad de condiciones a los grupos poblaciones priorizados.
  10. Veeduría social alrededor del proceso de vacunación. A la par de los portales de transparencia, en menor medida en los países de la región, se han activado procesos de veeduría social a niveles municipales, regionales y nacionales en el esfuerzo por velar la aplicación correcta de las vacunas. Este es un proceso que se desarrolla desde las organizaciones sociales y comunitarias y hasta ahora ha dado frutos importantes, ya que se ha logrado señalar, en el momento, los actos de corrupción en la compra de la vacuna y en el proceso de vacunación, obligando a que gobiernos como los de Perú, Argentina y Chile tomen medidas inmediatas para transparentar el proceso.

La actual experiencia de vacunación contra el Covid19 nos indica que la democratización en el acceso a las vacunas es un proceso que se enfrenta a múltiples problemas estructurales, debido a décadas de privatización y debilitamiento del sector público de salud, motivado por las políticas neoliberales. Lo anterior ha obligado a los gobiernos a emprender en el corto plazo, reformas sustanciales a los sistemas de salud pública, con el objetivo de ir creando las condiciones para que los sectores vulnerables accedan a vacunas seguras y de calidad y en igualdad de condiciones con los sectores altos y medios.

La presente publicación fue realizada con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE). En el marco del proyecto: «Defender Derechos Humanos en tiempos de COVID-19 en Honduras».

Descargue: Monitoreo 6 – CESPAD

 204 total views,  5 views today

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here