Cespad

Con esta publicación, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), inicia el monitoreo de la institucionalidad electoral hondureña, con vistas a las elecciones de noviembre del 2021. Este número registra los eventos del 1 al 28 de julio.

La democracia hondureña, con la ruptura constitucional del 2009, ingresó a una crisis política sin resolución hasta el día de hoy; sus retrocesos democráticos han sido profundos y sostenidos. En la actualidad, la sociedad hondureña vive unas de sus peores crisis, cuyas dimensiones no son sólo políticas, sino también económicas, sociales, culturales, ambientales y humanitarias. El modelo económico nunca ha podido generar empleos masivos y decentes, sino que, por el contrario, la economía hondureña se caracteriza por ser extractivista y neo-extractivista, con un sector industrial poco desarrollado y más recientemente, con una expansión del sector servicios. Este modelo económico reafirma, de manera persistente, el desempleo, la economía informal, la desigualdad, la pobreza y la exclusión.

El país, en el contexto de la pandemia del COVID-19 y el impacto negativo de los huracanes Eta y Iota, ha perdido por lo menos 500 mil empleos. Mientras que los hogares en situación de pobreza llegan a un 70% y la extrema pobreza se acerca al 50%. Estos niveles de desempleo, pobreza y exclusión social constituyen la base material para una ciudadanía de “baja intensidad”, que es “presa” fácil de las políticas clientelares, los patrimonialismos y la compra de votos.

Estamos ante la erosión del Estado de Derecho, ante el irrespeto a la Constitución y el irrespeto a las leyes en general. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Honduras se aplica una “justicia selectiva”[1], que de manera clara y llana favorece a los grupos de poder, incluyendo los grupos ilícitos, y aplica la Ley de manera severa, extralimitada a los sectores populares, sobre todo a los militantes y activistas defensores de los Derechos Humanos.

En términos de régimen político, lo que actualmente prevalece en Honduras es una “autocracia electoral”, o simplemente un régimen autoritario. Las elecciones generales de 2013 se caracterizaron por las denuncias sistemáticas de irregularidades y en las elecciones generales de 2017, se consumó un evidente y escandaloso fraude que allanó la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández Alvarado.

Después de las elecciones generales del 2017, los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), y los observadores nacionales, llegaron a la conclusión de que Honduras urgía de reformas político electorales profundas. Entre los temas clave objeto de reforma se citan: revisar y resolver el tema de la reelección presidencial, la instauración de la segunda vuelta electoral, la constitución de organismos electorales independientes, la regulación de las campañas en los medios de comunicación, la transparencia en el financiamiento político de las campañas, y la separación del control de las Mesas Electorales Receptoras (MER), por parte de los partidos políticos.

Después de un largo proceso de confrontación y negociación, sobre todo entre el Partido Nacional (PN) y Libertad y Refundación (LIBRE), ambos partidos, incluyendo el Partido Liberal (PL), lograron acuerdos para producir reformas constitucionales en torno a la institucionalidad electoral y una nueva Ley electoral y de las organizaciones políticas. Estas reformas electorales no fueron profundas, se centraron, principalmente, en la operativa electoral, entre ellas el procedimiento para organizar e implementar el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares Electorales (TREP).

Esta llamada “nueva Ley Electoral” en su conjunto, se constituyó en lo que podríamos denominar las “reglas del juego” del actual proceso eleccionario. No obstante, en el actual momento, lo relevante es que sin haberse entrado a la campaña electoral estas “reglas del juego” han entrado en crisis y pretenden ser modificadas por el partido de gobierno, buscando negociar un paquete que incluye, además, la ampliación del presupuesto al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Registro nacional de las Personas (RNP).

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