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Escándalo de corrupción de diputados en Honduras siembra dudas sobre selección de fiscal general

ANÁLISIS por Escrito por Felipe Puerta

Insight Crime

El anuncio de una investigación por corrupción contra casi 800 diputados en Honduras ha generado nuevas preguntas sobre la legitimidad del proceso de selección del fiscal general, a manos de una comisión del Congreso. El fiscal general, como cabeza del Ministerio Público, tendrá a su cargo la investigación de esta y otras acusaciones de corrupción de alto nivel.

El presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de Honduras Ricardo Rodríguez informó el 22 de Junio que la Unidad Fiscal contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público está investigado a los casi 800 diputados que han pasado por el Congreso en los últimos tres ciclos legislativos por irregularidades en el manejo del Fondo de Desarrollo Departamental, según reportó El País.

La cifra incluye a los 128 diputados actuales, a sus suplentes, y a quienes fueron miembros del Congreso en los dos períodos legislativos anteriores, durante las presidencias de Manuel Zelaya (2006-2009) y Porfirio Lobo (2010-2014).

Esto implica que en la lista de funcionarios investigados también se encuentran el presidente Juan Orlando Hernández, el actual procurador general Abraham Alvarenga Urbina, y uno de los cinco finalistas a fiscal general, quien fue suplente del actual mandatario en el Congreso.

El puesto deberá ser designado antes de septiembre por una comisión multipartidaria conformada por algunos de los diputados que están siendo investigados.

El diputado del Partido Nacional Mario Pérez, por ejemplo, en 2015 fue señalado en un informe de la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DNLCN) por sus vínculos con el narcotráfico.

El diputado nacionalista David Chávez ha sido señalado de corrupción durante su paso por la dirección del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

La investigación al Congreso se remonta a finales de 2017, cuando el entonces portavoz de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, denunció junto con el actual fiscal general Óscar Chinchilla la existencia de una “red de diputados” que se apropiaron ilegalmente de dinero público destinado a programas sociales a través de la ONG Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH).

Las investigaciones revelaron que la ANPICHB recibió más de 8,3 millones de lempiras del gobierno (cerca de US$ 350.000), incluyendo fondos del Congreso y de la Secretaría de Finanzas.

La MACCIH y el MP presentaron un requerimiento para que se diera inicio al proceso penal por los delitos de malversación de caudales públicos contra los diputados miembros de esa red, incluyendo al vicepresidente del Congreso, Augusto Cruz Asencio.

En respuesta, el Congreso aprobó una dudosa reforma a la Ley Orgánica de Presupuesto, que le quitó la facultad de investigación penal al Ministerio Público sobre la ejecución de recursos públicos y frenó la investigación contra los diputados.

La MACCIH y otros observadores internacionales denunciaron esta maniobra como un “Pacto de Impunidad” que busca frenar investigaciones presentes y futuras de altos funcionarios que han manejado recursos públicos.

La investigación por la presunta red de corrupción en el Congreso se suma al llamado Caso Pandora, una indagación en manos de la MACCIH y UFECI que vincula a 38 representantes del gobierno y a otras personas con la malversación de más de 282 millones de lempiras (cerca de US$12 millones) de fondos del gobierno.

Según la MACCIH y el MP, una importante cantidad de ese dinero proviene del saqueo a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y sirvió para financiar la candidatura presidencial de Hernández en 2013 y las campañas de otros partidos.

Análisis de InSight Crime

A la posibilidad de que la comisión designada por el Congreso elija a un fiscal que apoye su agenda de impunidad se suma una serie de señalamientos contra el proceso de selección y la compleja relación que el Poder Legislativo ha mostrado tener con la MACCIH desde su llegada al país en abril de 2016.

Como lo demuestra el llamado Pacto de Impunidad y otra serie de bloqueos, retrasos y modificaciones, el Congreso ha sido una piedra en el zapato para el trabajo de la MACCIH y el MP. Además, el gobierno ha limitado el presupuesto del MP, lo cual podría ser visto como un intento de las autoridades para menguar sus capacidades.

Más recientemente, en medio de la riña de poderes entre MP-MACCIH y el gobierno, la UFECIC fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyo presidente Rolando Argueta también encabeza la Junta Proponente de fiscal.

El proceso ha estado marcado por una falta de transparencia en torno a la junta proponente y sus decisiones, lo cual fue puesto de relieve recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hizo un llamado al gobierno para que la selección no se realice “con base a intereses particulares y/o partidarios que impedirían que la persona escogida sea la más idónea y capaz”.

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