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Presión contra CICIG debilita lucha de Guatemala contra la corrupción, según analistas


Los expertos señalaron que la relación con otros países “será más tensa”, sobre todo con los que apoyan más decididamente las acciones para combatir este flagelo.

La presión del gobierno por cerrar las puertas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), es un golpe a la lucha contra la corrupción y daña la imagen internacional del país, advirtieron este lunes analistas.

La advertencia se produce luego de que el gobierno del presidente Jimmy Morales intentó el pasado fin de semana impedir el ingreso del investigador colombiano Yinel Osorio, de la comisión.

Osorio fue retenido la noche del sábado en el aeropuerto Internacional La Aurora y pudo ingresar unas 26 horas después, gracias a una orden emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC).

La retención del investigador se dio a pesar que la CC otorgó, el pasado 21 de diciembre, un amparo provisionalsolicitado por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, para que la cancillería emitiera las visas de 11 funcionarios de la Cicig que habían sido revocadas.

Unas 50 organizaciones civiles, académicas y humanitarias calificaron la negativa de ingreso para Osorio como “un duro golpe” a la institucionalidad del país, que favorece a grupos corruptos y desacata las resoluciones de la justicia.

“El problema es que las acciones del gobierno están fuera del marco legal, está claro que está ejecutando acciones que tienden a favorecer grupos de poder económico y político que han sido afectados por los trabajos de la Cicig”, dijo a la AFP la directora del Grupo Pro Justicia, Carmen Ibarra.

La Cicig adquirió relieve en la lucha contra la corrupción luego de que en 2015 destapó la operación de una red de defraudación en las aduanas que provocó la renuncia del expresidente Otto Pérez, actualmente detenido en espera de un juicio por su papel como líder de esa operación delictiva.

CONTRA LA CICIG

El actual gobernante ha sido hostil con el trabajo de la Cicig desde el comienzo de su mandato en 2016, cuando la entidad y la fiscalía acusaron a un su hijo y un hermano de estar vinculados con supuestas irregularidades en el Registro General de la Propiedad.

Los dos guardan arresto domiciliario y están a la espera de un juicio.

La situación empeoró en agosto de 2017 cuando la Cicig y la fiscalía acusaron a Morales de supuesto financiamiento electoral ilícito durante los comicios que ganó en 2015, y pidió al Congreso levantar su inmunidad para investigarlo por la denuncia.

Morales intentó expulsar al jefe de la Cicig, el exjuez colombiano Iván Velásquez, y en septiembre pasado le negó el ingreso al país cuando se encontraba de viaje en Estados Unidos.

En esa ocasión anunció que no iba a solicitar una nueva ampliación del mandato de la Cicig, que vence el año en curso.

REUNIÓN EN NUEVA YORK

La canciller guatemalteca, Sandra Jovel, viajó la noche del domingo a Nueva York para reunirse con el secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó este lunes el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, aunque no dejó claro si hablarían de la Cicig.

“Es lamentable que en Guatemala, con tantos rezagos y desafíos, el gobierno se esté dedicando a desmantelar a la Cicig”, comentó a la AFP el analista Manfredo Marroquín, director de la organización Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.

Para Marroquín el gobierno está “dejando el país sin futuro, y como no hay futuro la migración se dispara. El legado que estará dejando es un país en manos de las redes corruptas”.

MENSAJE NEGATIVO

Marroquín e Ibarra coinciden que las acciones contra la Cicig envían un mensaje negativo en materia de lucha contra la corrupción, en especial frente al llamado G13, que agrupa a países, agencias y organismos cooperantes.

El grupo, una instancia de coordinación internacional y multilateral, está integrado por Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, Reino Unido, Noruega, Países Bajos y organismos como la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“El mensaje que manda el presidente es que es un gobierno del crimen organizado y eso es una amenaza para la comunidad internacional”, afirmó Marroquín.

En tanto, Ibarra estima que la relación con otros países “será más tensa“, sobre todo con los que apoyan más decididamente la lucha contra la corrupción.

* Con información de la agencia de noticias AFP.

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