César Ramos – En Alta Voz
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras suspendió el proceso electoral especial programado para el domingo 15 de marzo en Guanaja, Islas de la Bahía, debido a disturbios y bloqueos que impidieron el desarrollo normal de la jornada.
La medida fue adoptada tras reportarse la obstrucción de accesos estratégicos como muelles y pistas aéreas, esenciales en un municipio insular donde el transporte depende casi en su totalidad de rutas marítimas y aéreas.
Guanaja, uno de los tres municipios de Islas de la Bahía, cuenta con una población estimada de entre 10,000 y 12,000 habitantes, lo que convierte cada proceso electoral en un evento clave para la gobernabilidad local.
La repetición de elecciones había sido ordenada por el CNE luego de un empate técnico en los comicios municipales anteriores entre Kristen Sheray Borden Bush y Rollin Dion Kelly, una situación poco frecuente en el sistema electoral hondureño.
De acuerdo con la Ley Electoral, en casos de empate se debe convocar a una nueva votación, lo que llevó a programar esta jornada extraordinaria que finalmente no pudo concretarse.
El CNE informó que la suspensión responde a la falta de condiciones de seguridad, subrayando que no se podía garantizar ni la integridad de los votantes ni la transparencia del proceso.
Además, el organismo solicitó a las Fuerzas Armadas —responsables constitucionalmente de custodiar el material electoral— asegurar las maletas electorales y evitar cualquier tipo de manipulación.
Desde el Congreso Nacional, la bancada del Partido Liberal condenó los hechos, calificándolos como un “boicot electoral” que vulnera derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República.
Los diputados liberales denunciaron que las acciones habrían sido promovidas por simpatizantes de uno de los candidatos, en desacato a resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), órgano encargado de dirimir conflictos en materia electoral.
“Hacemos un llamado urgente, imperativo y sin ambigüedades”, expresaron, instando a la Policía Nacional a restablecer el orden y a las Fuerzas Armadas a garantizar el ejercicio del sufragio.
También pidieron al Ministerio Público iniciar procesos penales por delitos electorales, los cuales en Honduras pueden implicar sanciones que van desde multas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad.
En una postura más contundente, advirtieron que podrían recurrir a instancias internacionales como la OEA o la CIDH si consideran que se está vulnerando el orden democrático.
En medio de la crisis, la consejera del CNE, Cossette López, denunció un presunto bloqueo en el sistema judicial, asegurando que lleva más de 105 días sin respuesta a denuncias de acoso que ha presentado.
López solicitó la aplicación de juicios políticos contra funcionarios que, según su criterio, han utilizado la institucionalidad con fines políticos en el contexto de las elecciones de 2025.
“Juicio político para quienes han favorecido la impunidad y atentado contra la democracia”, declaró, elevando el tono del debate institucional.
Entre los nombres que han surgido en la discusión pública figuran el fiscal general Johel Zelaya, el consejero del CNE Marlon Ochoa, el magistrado del TJE Mario Morazán y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando.
El debate sobre el juicio político ha cobrado fuerza en distintos sectores, especialmente ante cuestionamientos sobre el cumplimiento de funciones por parte de altos funcionarios del Estado.
Expertos en derecho constitucional señalan que esta figura, contemplada en la legislación hondureña, puede ser un mecanismo válido de control político, siempre que se aplique con base en pruebas y bajo un proceso transparente.
No obstante, advierten que su uso sin consenso o con motivaciones partidarias podría generar mayor inestabilidad y profundizar la polarización política en el país.
Por otro lado, sectores que respaldan la suspensión consideran que el CNE actuó de manera responsable al evitar una jornada electoral bajo condiciones de riesgo, priorizando la seguridad ciudadana.
Mientras tanto, críticos sostienen que estos hechos evidencian debilidades estructurales en la capacidad del Estado para garantizar elecciones en contextos de conflictividad.
La crisis en Guanaja no solo expone tensiones locales por el control municipal, sino también un escenario nacional marcado por disputas políticas, cuestionamientos institucionales y desafíos en la credibilidad del sistema democrático.
El país queda ahora a la espera de una nueva convocatoria electoral, que deberá ir acompañada de un plan de seguridad más robusto para asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin presiones ni obstáculos.
