Editorial

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La impunidad legal y penal sigue siendo un problema en Honduras, pero sin duda la etiqueta #JusticiaparaBerta dejó un legado trascendental que abre la ruta para que la población hondureña empiece su búsqueda del Derecho a la Verdad y que por lo menos se debilite la impunidad moral de la que han gozado históricamente los grupos de poder que asesinan con guantes de seda sin manchar sus manos ni su nombre. Para los asesinos intelectuales hay una picota mediática, sobre todo con la libertad de internet, eso explica la urgencia de ellos para criminalizar y regular el uso de redes sociales.

Los crímenes contra Carlos Escaleras, Jeanette Kawas, Carlos Luna para mencionar algo conocido y parecido por la participación de elites asesinas quedaron en impunidad moral, apenas mencionan a los posibles autores intelectuales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero los tiempos han cambiado y #JusticiaparaBerta ha dejado una nueva época.

Hoy queremos enfocarnos en el poder estratégico y el legado de esta etiqueta que ahora se convierte en #JusticiaparaKeyla.  Quienes han estado de cerca siguiendo todo lo que ocurrió la noche en que asesinaron a la universitaria Keyla Martínez, también en Intibucá, tienen una sensación de  impunidad; perciben como insuficiente “esta justicia” acostumbrada a ensañar su brazo sobre chivos expiatorios, autores materiales sin llevar ante al banquillo, a los autores intelectuales de la criminalidad que agobia a Honduras. 

Por eso, el papel que pueda jugar la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, las defensoras de derechos de la mujer y la familia de Keyla Martínez para articularse y aprender del caso Berta Cáceres, dará la oportunidad de exigir una verdadera depuración de los órganos de seguridad del Estado y de llegar a conocer la verdad. Así que ese es el peligro.

Las estructuras criminales que gobiernan Honduras ven en este caso como un riesgo de desestabilización y de que descubran sus redes, pero igual no les preocupa mucho porque tienen todo controlado, empezando desde el discurso para asustar a la gente “se metieron las feministas”, como si ser mujer es un crimen o como si defender derechos de la mujer significa un estigma, “no hay que incendiar el país”, “no hay que ser cabeza caliente”, son sus sentencias para frenar la búsqueda de justicia. El peligro es que la opinión pública les crea su canto de sirenas.

En este momento, el auge de la información muestra el avance de la sociedad hondureña, aunque inicialmente la muerte le haya servido al gobierno de turno para distraer a la población, y eso se comprueba en todo el énfasis mediático que tuvo el crimen en un país donde los femicidios son invisibilizados, un primer logro de la sociedad: investigación criminal con visión de género, el Ministerio Público se vio obligado a investigar por la presión social y promover el caso como femicidio, es un avance en el sistema penal y además  anunció que está utilizando el Protocolo latinoamericano de Muerte Violenta de Mujeres, socializado por la Oficina del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas (OACNUDH).

De su lado, quien conozca como funciona la estructura de jerarquías dentro de la Policía Nacional de Honduras  sabe que es extraña la afirmación que quiere hacerle creer al pueblo hondureño que un solo un policía de escala baja, pudo tener poder en una posta policial llena de otros de sus compañeros y colocar en riesgo a todas las personas detenidas, porque un solo policía tuvo acceso sin controles de seguridad a un celda para provocar la asfixia de Keyla aunque había más de sus compañeros esa misma noche. 

Según la declaración que dio tanto el doctor que estaba junto a Keyla, como la médica que recibió a la joven en la emergencia del hospital, había varios policías en la posta policial y en la patrulla que trasladó a la joven al centro asistencial.

También el mensaje en este argumento es que un solo policía de tropa, acostumbrado a recibir órdenes en una pirámide jerárquica, se atrevió a cometer un hecho dentro de una posta policial y fue más allá porque además tuvo control, experiencia e inteligencia para modificar la escena del crimen ordenando el traslado del cuerpo en una patrulla policial, descubre la falacia.

Por ahora , el titular del Juzgado de Letras Penal de La Esperanza, Intibucá, dictó la noche de este jueves 22 de abril, auto de prisión, con la medida de prisión preventiva contra el policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento. Eso quiere decir que hay indicio racional que liga al imputado al delito y plena prueba de que ocurrió el crimen.

Sin embargo, en su comunicado sobre la captura del policía, el Ministerio Público  cambió levemente de versión, pues, mientras en los primeros días su portavoz Yuri Mora aseguró que se trataba de un homicidio, el comunicado cita que “mientras se continua con la realización de otros exámenes para verificar la hipótesis que la manera de muerte fue homicida”.

Creer que un solo policía mató a Keyla es como pensar que altos oficiales militares y policiales  han cometido crímenes sin protección política. En Honduras hay un mercado de sicarios, financiado por políticos, entre las estructuras de asesinos a sueldo, hay policías, militares, maras y pandillas.

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