A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL:
Las organizaciones integrantes de LA TRIBUNA DE MUJERES CONTRA LOS FEMICIDIOS GLADYS LANZA TMCFGL nos pronunciamos una vez más ante la agudización de la violencia contra las mujeres y su expresión más extrema: ¡LOS FEMICIDIOS!. Unidas, alzamos nuestra voz frente a la indiferencia y la ineficacia del Estado de Honduras para prevenir las muertes violentas de mujeres, investigar, juzgar y sancionar a los responsables del asesinato de mujeres en nuestro país.
De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de ONU Mujeres, Honduras ocupa el quinto lugar a nivel mundial en tasa de femicidios. Asimismo, según la CEPAL en su informe de 2024, el país registra la tasa más alta de femicidios de la región (4.3 casos por cada 100,000 mujeres), lo que evidencia la gravedad de la situación que enfrentan las mujeres en Honduras. A ello se suma que, según datos del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, hasta el 26 de mayo de 2026 se habían registrado 108 femicidios. Por su parte, el Observatorio de la Violencia de la UNAH reportó al cierre de 2025 el asesinato de una mujer cada 33 horas e indicó que el 61 % de los femicidios ocurre dentro de la vivienda de la víctima. Estas cifras ponen en evidencia las falencias estructurales del Estado y su incapacidad para garantizar condiciones efectivas de protección y seguridad para las mujeres.
Los femicidios también generan profundas consecuencias sociales, entre ellas la orfandad de niñas, niños y adolescentes (NNA), quienes, ante la ausencia de sus madres, en ocasiones son acogidos por familiares o personas cercanas y, en muchos otros casos, quedan en condiciones de abandono. La Asociación Calidad de Vida, organización integrante de la Tribuna, evidenció en 2018, mediante el estudio “Las víctimas invisibles de los femicidios”, que más de 17,000 NNA quedaron en situación de orfandad a causa de la violencia femicida.
Otro aspecto que profundiza la preocupación de la Tribuna de Mujeres es el 95 % de impunidad en estos crímenes, reflejo de la falta de aplicación efectiva de la ley y de sanción para los responsables. Las debilidades del sistema de justicia y del marco jurídico constituyen factores determinantes de esta grave impunidad y, al mismo tiempo, perpetúan el continuum de violencia contra las mujeres. Las limitaciones en el abordaje de la violencia femicida también se manifiestan en decisiones que favorecen la libertad de los agresores, como ocurrió en el caso de Lesby Márquez.
Esta situación se agrava por las actuaciones de operadores de justicia que, debido al desconocimiento de la normativa sobre violencia contra las mujeres y a interpretaciones permeadas por sesgos machistas de carácter cultural e institucional, minimizan los delitos, desatienden los casos y, en numerosas ocasiones, revictimizan a las sobrevivientes al responsabilizarlas de los hechos sufridos. A ello se suma la debilidad de los mecanismos de referencia entre los servicios esenciales para la atención de mujeres sobrevivientes de violencia, lo que deriva en negación de atención y en obstáculos concretos para el acceso a la justicia. En muchos casos, las mujeres no encuentran posibilidades reales para interponer sus denuncias, son mal orientadas o remitidas de una dependencia a otra bajo el argumento de que la instancia correspondiente es distinta. Resulta especialmente alarmante, además, que numerosos casos de femicidio sean clasificados como parricidio, práctica que contribuye a invisibilizar la violencia femicida y a distorsionar su verdadera magnitud. En Honduras, la capacidad investigativa en esta materia se encuentra seriamente debilitada: se han producido fallas y retrasos en pericias, así como el cierre de módulos especializados, entre otras deficiencias institucionales. Mientras esta crisis persiste, los presupuestos solicitados por el Ministerio Público para atender estas problemáticas continúan sin ser aprobados, lo que compromete aún más la respuesta estatal frente a la violencia contra las mujeres.
EXIGENCIAS:
- Incrementar las penas aplicables al delito de femicidio en el Código Penal vigente.
- Aprobar de manera responsable el presupuesto destinado a las casas refugio existentes.
- Reglamentar la Ley de Casas Refugio.
- Revisar los casos investigados y sentenciados como parricidio.
- Evitar la suspensión de audiencias en casos de femicidio.
- Garantizar que toda muerte violenta de mujeres sea investigada como femicidio.
- Aprobar con urgencia la Ley Alerta Morada.
- Aplicar sanciones a jueces y juezas que no administren justicia con enfoque de género.
¡CUANDO El ESTADO NO CASTIGA A LOS FEMICIDAS, SE VUELVE CÓMPLICE!
