El tribunal desestimó todas las peticiones por la defensa de la familia mientras cientos de mujeres resistieron afuera bajo el sol. “Keyla no se suicidó”, gritaron
Por Kevin Contreras
Fotos: Reportar Sin Miedo y Plataforma 25 de Noviembre
Siguatepeque, Honduras. El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque reanudó hoy la repetición del juicio oral y público contra Harold Rolando Perdomo Sarmiento, acusado del delito de homicidio simple en perjuicio de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez Rodríguez.
La joven fue víctima de asesinato el 7 de febrero de 2021 dentro de una celda policial en La Esperanza, Intibucá. El hecho ocurrió mientras ella se encontraba bajo custodia del Estado.
Mientras el tribunal desestimaba las peticiones de justicia, cientos de mujeres se congregaron afuera. Resistiendo el sol y el calor, exigieron conocer la verdad.
A las 8:30 de la mañana, la familia de la joven ya esperaba ansiosa. Norma Rodríguez ha reiterado en múltiples ocasiones que su hija Keyla «estaba bajo custodia policial». Además, asegura que el crimen «sigue en la impunidad». Ha denunciado que no solo Perdomo está involucrado, sino también otros agentes.
Durante la audiencia, la defensa de la familia solicitó nuevos cargos para ampliar la condena. Sin embargo, el tribunal desestimó todas las peticiones, tanto de la acusación privada como del Ministerio Público.
«Realmente terrible, porque todo lo que el tribunal está conociendo, todo lo está inadmitiendo«, expresó una de las personas presentes en la audiencia, reflejando la frustración que se vive dentro de la sala. «No estamos viendo una respuesta positiva, abierta, asertiva, donde la perspectiva de género quede plasmada».
- Audiencia de Keyla Martinez 04 de septiembre.
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El contraste entre la sala y la calle
El contraste fue evidente. Dentro del tribunal, la justicia parecía darle la espalda a Keyla. Afuera, las mujeres alzaban sus voces exigiendo justicia. Los gritos de indignación se escuchaban desde la sala. Mientras tanto, las miradas nerviosas de los abogados defensores del policía mostraban su preocupación por la presión externa.
«El Estado es cómplice de ese asesinato», señaló una de las personas que siguió el desarrollo de la audiencia desde el interior. «Porque se están citando sentencias donde el Estado de Honduras ya ha sido ratificado de que ha violentado, ha hecho detenciones ilegales, injustas y que como consecuencia ha habido el asesinato de personas».
En un momento tenso, pareció que el juez solicitó a los guardias que silenciaran a las mujeres que protestaban afuera. Según el relato de un testigo, un guardia intentó que desalojaran el frente del tribunal, pero las mujeres no se movieron: estuvieron en resistencia. «No nos sacaron», enfatizó.
«Keyla, es una joven, no una señora»
Uno de los momentos más álgidos ocurrió cuando la abogada Jenny Almendarez, de la defensa de Keyla, protestó porque la defensa del policía se refería a Keyla como «señora». Almendarez manifestó su cansancio de haber pedido al tribunal que ya no se refirieran a Keyla como señora, sino como la joven asesinada a manos policiales y bajo la responsabilidad del Estado.
Además, se solicitó ver el caso con enfoque de género y reconocer que Keyla era una joven atravesada por múltiples ejes de vulnerabilidad. Ella tenía 26 años de edad cuando la mataron.
Cinco años de impunidad
Han pasado cinco años desde que Keyla Martínez entró viva a una instalación policial y salió de allí sin vida. Detuvieron a la joven estudiante de Enfermería la noche del 6 de febrero de 2021 y la trasladaron a una celda de la Unidad Departamental Policial Número 10 en La Esperanza. Inicialmente, las autoridades presentaron el caso como un «supuesto suicidio», pero las pruebas forenses contradicen esa versión.
Un médico forense explicó durante el juicio que la malograda estudiante sufrió lesiones y obstrucción de sus vías nasales antes de que la asesinaran. «Tenía lesiones en pulmón, riñones, cerebro, por lo que ella falleció porque se le privó del oxígeno, en ese sentido murió por asfixia mecánica», detalló el especialista.
Una repetición sin sentido
La Corte Suprema de Justicia ordenó la repetición del juicio debido a inconsistencias en el proceso anterior, donde condenaron a Jarol Perdomo a sólo cinco años de cárcel por homicidio imprudente. Pero quienes siguen el nuevo proceso denuncian que está repitiendo los mismos patrones de injusticia.
«¿Cómo es posible que digamos que vamos a repetir un juicio para que quede en las mismas condiciones y simplemente ratificando lo ya expresado por otro tribunal que obvió un montón de diligencias?», cuestionó la abogada Leyla Díaz, de la Red Lésbica Cattrachas, una de las personas presentes en la audiencia.
«¿Qué nos espera a las mujeres? ¿Qué nos espera a nuestras generaciones, a nuestras adolescentes, niñas y demás mujeres? Que la impunidad se incrementa y que la vida de nosotras no vale nada, que en cualquier momento perdemos la vida y esto va a quedar en la impunidad», expresó.
El Estado es cómplice
Sandra Zambrano, abogada de derechos humanos de la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (Apuvimeh), ha seguido de cerca el caso. Desde la perspectiva de género y derechos humanos, Zambrano señala que este juicio representa un momento crítico para las mujeres hondureñas.
«Se están citando sentencias donde el Estado de Honduras ya ha sido ratificado de que ha violentado, ha hecho detenciones ilegales, injustas y que como consecuencia ha habido el asesinato de personas. Si ya el Estado tiene una sentencia reciente y los jueces deberían tomarlo como un modelo, y luego le estamos viendo en este juicio una repetición del mismo, entonces estamos viendo que el Estado no ha aprendido nada», afirmó Zambrano.
Zambrano enfatiza que el Estado se vuelve más cómplice que en el pasado, porque ahora con señalamientos y con conocimiento lo hace. «Realmente es estructural esa impunidad que estamos viendo en los temas de femicidios», agregó.
Lo que exigen las organizaciones
La Plataforma 25 de Noviembre y el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) emitieron un comunicado en el que dejan claras sus demandas.
Exigen una justicia libre de estereotipos y prejuicios de género, donde las pruebas sean valoradas integralmente y sin recurrir a narrativas que pretendan desacreditar a Keyla o responsabilizarla de su propia muerte.
Exigen que se determinen todas las responsabilidades. «No puede olvidarse que Keyla se encontraba bajo custodia policial y que, por tanto, existía una responsabilidad estatal sobre su vida e integridad».
Rechazan cualquier forma de revictimización. «El estado emocional, la vida privada o cualquier intento de desacreditar a Keyla no pueden utilizarse para desviar la discusión fundamental: ¿qué ocurrió mientras estaba bajo custodia del Estado y quiénes son responsables?»
Exigen verdad, justicia, sanción y reparación. Después de más de cinco años, la familia de Keyla y la sociedad hondureña tienen derecho a conocer la verdad y a que este proceso concluya con justicia.
La Plataforma también hizo un llamado al Ministerio Público, Poder Judicial y demás instituciones responsables para que garanticen un proceso transparente, diligente y respetuoso de los derechos de las víctimas. Y un llamado especial a la ciudadanía, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, movimiento de mujeres y feminista y medios de comunicación. «No dejemos sola a la familia de Keyla. Nuestra presencia también es una forma de exigir justicia».
El comunicado subraya la importancia del caso. «Este caso es emblemático porque pone a prueba la capacidad del Estado hondureño de investigar y sancionar una muerte violenta de una mujer ocurrida cuando estaba bajo su propia custodia. Lo que se resuelva enviará un mensaje sobre el valor que nuestro sistema de justicia concede a la vida de las mujeres y sobre la obligación estatal de garantizar verdad, justicia y reparación».
Lo que viene
La próxima audiencia está programada para el 10 de septiembre, cuando se realizará una inspección judicial en la celda número 10 del centro penitenciario de La Esperanza. Las organizaciones de mujeres y feministas han anunciado que continuarán movilizándose hasta obtener verdad, justicia y que el crimen no quede en la impunidad. «Keyla no camina sola», es el grito que resuena desde las calles.
Hoy nos movilizamos por Keyla. Porque cinco años son demasiados para una familia esperando justicia. Porque ninguna mujer debe morir bajo custodia del Estado. Porque la violencia contra las mujeres no puede quedar protegida por la impunidad. Porque Keyla entró viva y tenía que salir viva.
¡Justicia para Keyla Martínez! ¡Keyla no se suicidó! ¡Vivas nos queremos!
REPORTAR SIN MIEDO / IMPACTO
CRONOLOGÍA:
CASO KEYLA MARTÍNEZ –
UNA LUCHA QUE CONTINÚA
Recuento de los hechos clave sobre la muerte de la estudiante de enfermería Keyla Martínez, ocurrida bajo custodia policial el 7 de febrero de 2021 en La Esperanza, Intibucá.
6 de Febrero de 2021
Keyla es detenida en La Esperanza por incumplir el toque de queda vigente durante la pandemia.
7 de Febrero de 2021
Keyla muere en una posta policial. La versión oficial inicial habló de un supuesto suicidio.
Marzo de 2021
El caso genera indignación nacional e internacional. Surgen denuncias de irregularidades en la detención y en el manejo de la escena.
2022
Un Tribunal de Sentencia condena a Jarol Rolando Perdomo Sarmiento a más de 40 años de prisión por homicidio.
2023
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia anula la sentencia y ordena un nuevo juicio con un distinto Tribunal de Sentencia.
Agosto de 2026
Durante la repetición del juicio, nuevos testimonios relatan que Keyla fue sacada «boca abajo» entre cuatro policías de la celda.
4 de Septiembre de 2026
El Tribunal concluye la evacuación de la prueba documental y reprograma para el 10 de septiembre el testimonio del doctor Edgar Orellana (testigo de la defensa).
10 de Septiembre de 2026 y posteriormente
Se espera reanudar el juicio a la 1:30 p. m. Después, el Tribunal se trasladará a La Esperanza para realizar una inspección en la celda donde murió Keyla.
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