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El informe 2026 de Latinobarómetro señala que las acusaciones e incluso condenas por corrupción no necesariamente impiden que una persona llegue a la Presidencia.
En Honduras, Nasry Asfura ganó las elecciones de 2025 mientras enfrentaba señalamientos por presunto desvío de fondos y recibía el respaldo público del presidente estadounidense Donald J. Trump.
Tegucigalpa, Honduras. – Las acusaciones de corrupción que han acompañado la trayectoria política de Nasry Asfura Zablah no fueron un impedimento para que participara en las elecciones primarias –marzo— y generales –noviembre— de Honduras en 2025, ni para que posteriormente ganara la Presidencia de la República, un escenario que, de acuerdo con el informe 2026 de Latinobarómetro, evidencia uno de los problemas que enfrenta la relación entre corrupción y democracia en América Latina.
El informe ubica a Honduras dentro de los países de la región donde las acusaciones e incluso las condenas por corrupción no necesariamente constituyen un obstáculo para que una persona llegue a la Presidencia de la República. Otros ejemplos son: Panamá y Perú.
En el caso hondureño, Latinobarómetro describe el resultado electoral como un proceso de “alternancia”, en el que Asfura Zablah, representante de la centroderecha, derrotó a la izquierda –que en ese momento gobernaba a través de la figura de Xiomara Castro Sarmiento y el Partido Libertad y Refundación (Libre)– y llegó a la Presidencia en una contienda marcada además por el respaldo que recibió del mandatario de Estados Unidos, Donald J. Trump.
Según el informe, Trump declaró a Asfura como el “único verdadero amigo de la libertad”, mientras que el ahora mandatario hondureño pasó buena parte de su campaña presidencial en Washington, alineándose con el gobierno estadounidense.
De acuerdo, con el documento titulado Informe 2026: ¿la crisis de la democracia liberal? Las acusaciones e incluso las condenas por corrupción no necesariamente constituyen un obstáculo para llegar a la Presidencia.
El actual mandatario hondureño no ha estado exento de señalamientos por presuntos actos de corrupción a lo largo de su carrera política, aunque actualmente no existe una causa abierta en su contra ni ha sido condenado por alguno de estos hechos.
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UNA ACUSACIÓN QUE NO FRENÓ SU CANDIDATURA
En octubre de 2024, la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó un requerimiento fiscal contra Nasry Asfura Zablah y otros exfuncionarios de la Alcaldía del Distrito Central (AMDC), por la presunta creación de una red de lavado de activos mediante la cual se habrían desviado más de 28 millones de lempiras entre 2017 y 2018.
Asfura pagó una fianza de 15 millones de lempiras para defenderse en libertad y sostuvo que el proceso tenía motivaciones políticas. Posteriormente, el 4 de diciembre de 2024, un tribunal declaró nulas las actuaciones del Ministerio Público y ordenó remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dejando sin efecto las medidas cautelares y disponiendo que el proceso se reiniciara desde la audiencia de imputación.
Pese a este escenario judicial, Asfura participó tanto en las elecciones primarias como en las generales de 2025. Finalmente, fue declarado ganador de los comicios presidenciales por un margen mínimo frente al candidato liberal Salvador Nasralla.
El pasado 27 de enero de 2026, Asfura asumió la presidencia de la República de Honduras como el primer mandatario en la historia del país con un proceso judicial abierto por el presunto desvío de 28 millones de lempiras de la Alcaldía del Distrito Central, capital hondureña.
Para Latinobarómetro, el caso hondureño ilustra cómo los señalamientos de corrupción pueden quedar relegados frente a otros factores que pesan en la decisión electoral de la ciudadanía.
Al respecto el abogado y director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, considera que el fenómeno no es exclusivo de Honduras y que en los últimos años América Latina ha registrado candidaturas cuestionadas por el manejo de recursos públicos.
En conversación con Criterio.hn señaló que los resultados electorales del pasado proceso reflejan un cambio en la forma en que parte del electorado evalúa a quienes aspiran a cargos de elección popular.
Según Acevedo, valores relacionados con la honestidad, el buen nombre, el respeto y la idoneidad han perdido peso frente a otros elementos que determinan la decisión de los votantes.
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DESCONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES Y LEALTAD PARTIDARIA
Por su parte, el abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, explicó que se pueden interpretar varias razones, pero la principal es la profunda desconfianza que existe hacia las instituciones democráticas, particularmente hacia el sistema de justicia y seguridad.
Mejía considera que cuando una institución estatal presenta una acusación contra un candidato, una parte de la ciudadanía puede interpretarla como un ataque o persecución política –discurso que fue utilizado por varios exfuncionarios de la administración 2018-2022 al ser requeridos— precisamente por la falta de credibilidad de esas instituciones.
A esto se suma, según el abogado, la lealtad partidaria. La pertenencia política puede provocar que las denuncias de corrupción sean colocadas en un segundo plano cuando el señalado pertenece al partido con el que simpatiza el votante. En ese contexto, sostiene, las acusaciones pueden ser percibidas como parte de una disputa política y no como hechos que deben ser sometidos a escrutinio.
“Esta necesidad de supervivencia económica pesa más que el juicio moral sobre actos de corrupción”, planteó el jurista.
Añadió que esta dinámica debe analizarse junto con la existencia de redes clientelares construidas alrededor de la política hondureña, donde, a su juicio, se ha generado una relación más cercana a la de “clientes” que a la de ciudadanos con sus representantes.
El fenómeno descrito por Latinobarómetro coloca así a Honduras ante una paradoja: mientras la corrupción continúa siendo uno de los problemas que afectan la institucionalidad democrática, las acusaciones contra candidatos no necesariamente producen un rechazo electoral.
