* La justicia hondureña opera con doble rasero. Rigor para la ciudadanía común y protección para la clase política.
** Los intocables pueden militar en el oficialismo, en partidos tradicionales o moverse sin filiación política.
*** Los casos de la CONDEPOR, del «narcovideo» de la familia presidencial y de la SEDESOL revelan un patrón de impunidad para la cúpula del partido oficialista.
Expediente Público
En Honduras, la impunidad es el terreno fértil donde crecen ciertos actores quienes son señalados por cometer actos ilícitos, pero no castigados judicialmente. Pueden militar en el oficialismo, en partidos tradicionales o moverse sin filiación partidaria. Son funcionarios, políticos u operadores de poderes fácticos que, aunque distintos entre sí, comparten un mismo privilegio: son intocables.
Solo en los últimos cuatro años, tres casos de corrupción y crimen organizado quedaron impunes. En estos, ocho funcionarios públicos han evadido investigaciones, evidenciando la falta de independencia de entes como el Ministerio Público o el Poder Judicial.
Pero no solo los funcionarios públicos del oficialismo, señalados por supuestamente cometer actos de corrupción o de narcotráfico, han sido protegidos. En octubre de 2024, el propio candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, fue acusado por la Fiscalía por lavado de activos, pero posteriormente recibió la habilitación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para permanecer en la contienda electoral, suspendiéndole el proceso judicial.
Por otra parte, Estados Unidos ha procesado 72 líderes de grupos criminales y de tráfico de drogas hondureños en los últimos doce años. Mientras en Honduras, el sistema de justicia se ha limitado a aceptar su extradición, dejando claro que en este país no hay capacidad de enfrentar judicialmente a estos capos.
El análisis de Expediente Público sobre esos casos permitió determinar un patrón, las estrategias que los intocables usan para sortear la ley, como renuncias parciales para no ser investigados, el respaldo de sus autoridades partidarias y la falta de acciones contundentes por parte de las instancias de investigación.
El preámbulo: La toma de la justicia
La elección de los magistrados de la CSJ, en febrero de 2023, concretó el reparto partidista de la justicia. Los principales movimientos políticos se repartieron la justicia como si fuera un pastel. Libre obtuvo seis magistrados, el Partido Nacional cinco y el Liberal cuatro.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una organización civil, advirtió que al menos nueve de los magistrados electos tendrían vínculos con corrupción y narcotráfico, o presentaban conflictos de interés.
Ese mismo año, el partido Libre eligió a Johel Zelaya como fiscal general del país también en medio de polémicas, por críticas sobre falta de independencia.
«Hay una cultura de la élite política que sabe que controlar en conjunto la legalidad es esencial para sus intereses», apuntó a Expediente Público el analista Joaquín Mejía.
Caso 1: El estadio de CONDEPOR
El 18 de abril de 2022, Mario Antonio Moncada, hermano de la entonces secretaria de Finanzas y hoy candidata presidencial por el partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, asumió como titular de la Comisión Nacional de Deportes (CONDEPOR).
Ese año, la institución recibió 440 millones de lempiras (US$17 millones) de las arcas públicas para fortalecer el sistema deportivo del país. Para 2025 su presupuesto alcanzó 1,389 millones de lempiras (US$53.4 millones), un aumento del 215%.
Las alarmas sonaron en mayo de 2023, cuando el entonces ministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Edmundo Orellana, denunció irregularidades en el proyecto de engramado del Estadio Nacional, en Tegucigalpa.
La acusación de Orellana coincidió con la decisión de la Secretaría de Finanzas, dirigida por Rixi Moncada, de reducir el presupuesto del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
El informe que Orellana remitió a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) especificó que el proyecto de la CONDEPOR, valorado en 32.4 millones de lempiras (US$1.2 millones), fue adjudicado a una empresa sin licitación, sin presupuesto aprobado y con documentos plagados de firmas que generaron dudas en el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Mario Moncada, en tono irónico, escribió en sus redes sociales que «instalar grama de primer mundo en el Estadio Nacional sigue viéndose como delito». El caso, bautizado como la «grama de oro», apenas provocó una inspección del Ministerio Público.
El expresidente y asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, salió en defensa de Moncada, atribuyendo el escándalo a un bloqueo contra la Ley de Justicia Tributaria, que el gobierno impulsaba en ese entonces. «El golpismo ciego busca en una pizca de grama los 460 mil millones de perdones fiscales que denuncia la ley de justicia tributaria y que se niegan a aprobar», escribió en sus redes sociales.
El ministro Orella tuvo que renunciar al gabinete en agosto de 2023. Él mismo había manifestado que su cargo le haría enemigos dentro del gobierno de Xiomara Castro.
Mario Moncada, en cambio, permanece en su puesto de la CONDEPOR. Desde allí organiza torneos deportivos bajo el nombre de su hermana, en plena campaña presidencial.
Caso 2: El narcovideo presidencial
En septiembre de 2024, el medio estadounidense Insight Crime difundió un video donde se veía a Carlos «Carlón» Zelaya Rosales, hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales y cuñado de la presidenta Castro, supuestamente negociando US$650 mil con capos del narcotráfico para financiar la campaña de Libre en 2013.
Aunque «Carlón» Zelaya renunció como secretario del Congreso, en sus declaraciones ante los medios salpicó a otros nombres: al cónsul Carlos Muñoz Guerrero, al diputado Rafael Sarmiento y al alcalde Adán Fúnez, como presuntos concertadores de la reunión con los capos.
Los implicados por «Carlón» Zelaya no eran personajes cualesquiera. El abogado Carlos Muñoz Guerrero, entonces cónsul en Miami, había sido diputado suplente de Manuel Zelaya Rosales (2014-2018), director del Instituto de la Propiedad en 2009 y subsecretario de Gobernación y Justicia (2006-2008).
Su hijo Carlos Muñoz Sauceda, asesinado en 2019, presuntamente a manos del crimen organizado, era ahijado de Carlón.
Por su parte, Rafael Sarmiento, diputado y jefe de bancada de Libre, proviene de una de las familias señaladas por la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL, por sus siglas en inglés) de supuestamente tener vínculos con el crimen organizado.
Mientras Adán Fúnez, actual alcalde de Tocoa, fue mencionado por el líder del cartel de «Los Cachiros» de colaborar con el narcotráfico y posteriormente, se le vinculó por supuestamente conspirar en el asesinato del ambientalista Juan López, en septiembre de 2024.
El escándalo del video no provocó mayores cambios. Sarmiento y Fúnez permanecen en sus cargos y según investigaciones periodísticas, «Carlón» Zelaya sigue recibiendo su salario como diputado, a pesar de su dimisión en el Congreso en septiembre pasado. Esto evidenciaría el respaldo, no solo económico, que recibe por parte del Poder Legislativo.
Por otra parte, en Tocoa, para las próximas elecciones del 30 de noviembre, el candidato de Libre para alcalde, Carlos Sandoval Marcia, es considerado el sucesor de la trayectoria de Fúnez.
Todos los implicados han sido protegidos por una cúpula de gobierno que absorbió los golpes, pero no necesariamente las consecuencias. Hasta la fecha, ninguno de ellos ha sido investigado por parte del Ministerio Público.
La Fiscalía no investigó ni a los funcionarios ni a los narcotraficantes implicados. Tampoco al propio Manuel Zelaya, a quien Carlón aludió en el video como supuesto destinatario de la «mitad del dinero» que los traficantes de drogas aportarían a la campaña de Castro.
Caso 3: El escándalo de la SEDESOL
El tercer caso revelador ocurrió en junio de 2025, a cinco meses de las elecciones, cuando se viralizó un video de la diputada oficialista Isis Cuellar conversando con el ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), José Carlos Cardona. En él, ambos aparecían hablando del posible desvío de fondos sociales para financiar la campaña de Libre en el departamento de Copán.
Entre cotilleo, Cuellar y Cardona conversan sobre la aparente repartición de fondos públicos a 15 de las 23 coordinaciones de Libre en la zona occidental del país. Varios medios han publicado documentos oficiales que señalan que, entre octubre de 2024 y junio de 2025, Cuellar habría repartido más de 5,6 millones de lempiras (US$215 mil) a allegados y operadores de su partido.
Ante el escándalo, la presidenta Castro reaccionó en sus redes: «Advierto con toda claridad: seré implacable con los responsables si se comprueba la existencia de actos de corrupción que ocasionen daño al Estado, a terceros o que violen los procedimientos establecidos en la ley».
La candidata presidencial Rixi Moncada también intentó desmarcarse. «Ni un solo acto sospechoso de corrupción voy a tolerar ni encubrir», posteó.
El chivo expiatorio fue el ministro Cardona, quien fue obligado a renunciar. Cuellar, en cambio, sigue en su cargo, fortalecida por su cercanía con la cúpula del partido, quien la había nombrado vicepresidenta alterna del Congreso Nacional desde 2022.
Su caso demuestra cómo el partido oficialista protege a los militantes cercanos de los Zelaya. En el campo partidista, Cuellar es subcoordinadora de la corriente M28, que preside Xiomara Hortensia Zelaya, hija de la presidenta. Además, preside las comisiones de Dictamen y de Defensa y Soberanía, donde se discute el presupuesto electoral o los ascensos de oficiales del Ejército, temas sensitivos en un ambiente polarizado.
La diputada Cuellar también fue la encargada de presentar los candidatos de Libre para los magistrados de la CSJ e integró la comisión que analizó los perfiles de los aspirantes propuestos a Fiscal General y Fiscal Adjunto.
En julio de 2024. formó parte de la delegación oficial que asistió a las elecciones de Venezuela, junto a «Carlón» Zelaya y Xiomara Hortensia Zelaya, evidenciando que pertenece a un círculo de confianza de la familia presidencial.
En febrero de 2024, fue nombrada miembro de una comisión especial para el desarrollo de las elecciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el Registro Nacional de las Personas (RNP) y el Instituto de Acceso a la Información Público, instituciones claves para el proceso electoral.
Cuellar continúa ejerciendo control político en el departamento de Copán. «Ella es quien maneja los hilos, quien quita y pone en las instituciones del gobierno», afirmó el diputado suplente de Libre en Copán, Víctor Romero, a un medio de comunicación. A pesar del escándalo, Cuellar busca su reelección en noviembre.
Decisión en las urnas
El jurista Joaquín Mejía explica a Expediente Público que los intocables se sostienen en la debilidad institucional y en la aplicación desigual de la ley, que divide a la ciudadanía en dos: la impune y la no impune.
«Los intocables concentran todo el poder y actúan sin contrapesos. Eliminan a quien busca consensos y ven el mundo en blanco y negro, bajo la lógica de amigo o enemigo. En democracia eso es grave porque a los enemigos se les elimina», advierte.
Para Mejía, controlar la institucionalidad es crucial para ellos, pues «les permite imponerse sobre quienes piensan diferente. Para los impunes la ley no existe y, si existe, ellos son la ley. Y la ley no castiga a los de arriba, aunque cometan delitos».
Mientras tanto, el resto de la ciudadanía, la mayoría, enfrenta el peso pleno de las normas. «Eso erosiona gravemente el Estado de derecho», resume el analista.
Estos tres episodios (el CONDEPOR, el narcovideo y la SEDESOL) permiten ver algunos nombres de los intocables y cómo logran esquivar la justicia. En estos se repite un patrón: funcionarios cuestionados que se sostienen en sus cargos, investigaciones archivadas o parciales, y un sistema judicial que opera con doble rasero.
Sin importar el partido en el gobierno, la élite impune continúa intocable. La otra ciudadanía, la que sí enfrenta la ley, solo puede decidir en las urnas.
