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La represión actual en Nicaragua supera cualquier recuerdo de las que en otros tiempos se vivieron durante las dictaduras en Latinoamérica, dice Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

Con cinco precandidatos presidenciales detenidos, la represión arrecia en Nicaragua. Las palabras de Michelle Bachelet sobre la crisis de derechos humanos en ese país fueron contundentes: “No sólo no presenta visos de ser superada, sino quese ha agudizado de manera alarmante”. Tanto que, a juicio de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, los nicaragüenses no estarían en condiciones de ejercer su derecho a elegir libremente en los comicios de noviembre, en los que el presidente Daniel Ortega busca su reelección. Conversamos sobre la situación con la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

DW: ¿Qué significa para su trabajo en Nicaragua el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos?

Vilma Núñez: El nuestro es prácticamente el trabajo normal de cualquier organismo de derechos humanos que ve cerrado su espacio para recurrir ante una instancia judicial aquí en el país. Porque las intervenciones del organismo de protección internacional, como es el caso del Consejo de Derechos Humanos y de la Alta Comisionada, son supletorias de las posibilidades reales de proteger los derechos humanos que tienen que tener los Estados mismos. Y aquí, cuando tenemos un Poder Judicial que, no solo no tiene independencia, sino que prácticamente se ha convertido en este momento en el principal instrumento de represión del gobierno en contra de la población nicaragüense, no nos queda más que recurrir y demandar esa protección que se nos niega internamente ante los organismos internacionales de derechos humanos.

¿Pero tienen impacto las palabras de Bachelet en Nicaragua hoy?

Claro que sí, aunque las resoluciones de los sistemas de protección internacionales, en este caso, de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, no tienen efecto coercitivo sobre ningún dictador, definitivamente su valoraciones, sus recomendaciones, tienen un efecto muy positivo de acompañamiento en la la lucha de los defensores de derechos humanos. Producen también un efecto moralizador a nivel de la población, porque se sienten acompañados en sus esfuerzos diarios, que a veces se enfrentan a la brutalidad que ejerce este régimen represor. Y contribuyen también a mostrar la opinión de la comunidad internacional. Entonces, sí tienen efecto, aunque el gobierno no lo reconozca.

Vilma Núñez.

Usted ha seguido de cerca la ola de detenciones de líderes opositores y precandidatos presidenciales. ¿En qué situación están?

Ya son cinco precandidatos que está siendo sometidos a proceso injusto. El domingo por la noche allanaron la casa y capturaron a un periodista que ya había estado preso, Miguel Mora, y que era precandidato presidencial. Entonces ya son cinco precandidatos a los cuales se está criminalizando. Igualmente hay un número de dirigentes políticos importante, y hay también presos dirigentes económicos y dirigentes sociales. Y la mayor canallada que está haciendo el gobierno es que está involucrando en esta represión a funcionarios y empleados. Junto con Cristiana Chamorro se encuentran presos dos de los funcionarios de la extinta fundación Violeta Barrios de Chamorro, e incluso su chofer personal, que no tenía nada que ver con la situación. El chofer personal de Cristiana se encuentra en un limbo jurídico, no se sabe qué va a pasar con él, no se sabe siquiera dónde está. No puede haber un juicio justo frente a una situación completamente infundada. Y el secretismo es total y absoluto, no solamente en cuanto al aspecto jurídico. Les aplicaron arbitrariamente la prolongación de la prisión preventiva, que en la Constitución de Nicaragua se establece que son 48 horas. Les aplicaron una ley creada específicamente con ese fin, para prolongar arbitrariamente la prisión preventiva, al margen de la Consticución, a un máximo de 90 días. Los jueces, que están prácticamente como ejecutores de la represión, atienden una solicitud descabellada de la fiscalía.

Pese a esta ola de detenciones, no ha habido protestas en las calles de Nicaragua…

No me extraña, es materialmente imposible para la gente manifestarse, porque prácticamente el país vive un estado de sitio. Nadie puede manifestarse en grupos ni de dos o tres personas, porque inmediatamente son acosados por la policía o por fuerzas paramilitares. Desde que oficialmente prohibieron cualquier tipo de manifestación pública, es muy difícil salir a la calle. … Y también están allanando casas. Están sacando a la gente de sus casas. Es lo que pasó con el precandidato Miguel Mora… Después, anoche, quisieron capturar a Carlos Fernando Chamorro, allanándole su casa, y no lo encontraron, por suerte… Hay una situación de represión increíble, que supera cualquier recuerdo de las represiones que en otros tiempos se vivieron con motivo de las dictaduras en Latinoamérica.

Usted empezó su carrera profesinal de abogada en tiempos de la dictadura de Somoza, defendió a presos políticos e incluso estuvo encarcelada. ¿Qué le produce, emocionalmente, esta situación actual?

Como defensora de derechos humanos, tengo una sensación de impotencia, pero no me amilana. Yo tengo el propósito de seguir luchando hasta donde nos dejen. Porque en cualquier momento pueden decidir otra cosa, a pesar de mi edad, que es de 82 años. Es una sensación de que ponemos a prueba cada día nuestro compromiso con los derechos humanos. Pero como participante, actora de lo que fue la revoución traicionada, me siento absolutamente defraudada. Yo me siento traicionada por Daniel Ortega.

¿Usted, personalmente, ha sufrido presiones?

Nosotros venimos sufriendo desde antes, desde hace mucho tiempo, una campaña de descalificación, de insultos y amenazas, buscando cómo destruir nuestro prestigio y la credibilidad que nos hemos ganado a base de lucha iclaudicable por los derechos humanos.

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