Criterio HN

Tegucigalpa.-  La Coalición Anticorrupción ha alertado este día sobre las posibles acciones que se estarían gestando dentro del Ministerio Público para separar o trasladar al fiscal coordinador de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos.

En un comunicado la Coalición señala que esto podría estar sucediendo debido a las claras manifestaciones de intimidación y persecución efectuadas contra el fiscal Luis Javier Santos, quien está siendo investigado por la información que se filtró sobre el caso Hermes.

La coalición señala además que hay fuertes rumores sobre su separación o traslado por lo que expresa su preocupación y rechazo a esta posibilidad de acabar con los esfuerzos anticorrupción y lo que queda del legado MACCIH/UFECIC.

En febrero de este año, la UFERCO presentó ante la Corte Suprema de Justicia, el caso Hermes que involucra a 11 personas, entre ellas, una hermana del presidente Juan Orlando Hernández, acusadas de sustraer de Casa Presidencial, más de 122 millones de lempiras a través de la empresa de maletín Servicios e inversiones AID.

Para nadie es desconocido que dentro del Ministerio Público y dentro de la estructura del Estado, la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (UFERCO), es una de las pocas entidades que lucha, de manera frontal, contra la corrupción. Propiciar el traslado, la destitución o la renuncia del fiscal Santos, equivale a darle “el tiro de gracia”, a los avances en contra de las élites coludidas en redes de corrupción, que han hecho escarnio con el erario del pueblo hondureño.

La ciudadanía hondureña se vio sorprendida cuando el pasado 19 de junio, el fiscal Santos posteó en su cuenta de Twitter un mensaje que literalmente dice: “Cuatro días de desvelo, en audiencia de “Caso Hermes”, junto a mi compañero fiscal Juan Carlos Griffin. Llego cansado a la oficina y el Ministerio Publico nos recibe con un equipo de supervisión para investigarme… ¿Cómo se puede luchar Contra la Corrupción así?”.

En el marco de una serie de denuncias que salpican al fiscal general del país, Óscar Chinchilla, a quien se le atribuyen algunas situaciones que ponen en entredicho el apoyo a la lucha contra la corrupción, que debería realizar a través de la UFERCO, este mensaje resuena con alta preocupación.

La UFERCO en lugar de contar con todo el respaldo que requiere la lucha anticorrupción, más bien enfrenta condiciones que obstaculizan su trabajo, entre ellas la disminución sustancial del apoyo logístico y de personal técnico, en comparación con el que antes tenía la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC).

Otro obstáculo es que hay al menos unas 50 investigaciones sobre corrupción están paralizadas, porque no hay auditores y fiscales para avanzar hacia la judicialización de los casos, como resultado de las limitaciones anotadas en el primer punto.

Se presentaron ante el sistema judicial hondureño, investigaciones de casos de corrupción sin el aval y apoyo del fiscal general, porque en ellos están involucrados personajes del mundo político vinculados con Chinchilla.

También persisten las denuncias sobre las malas condiciones de trabajo y la baja remuneración salarial del personal técnico.

El comunicado señala además que, con la salida del país de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), porque en el 2019 los tres poderes del Estado no quisieron renovar el convenio lo cual propició también la desaparición de la UFECIC, el contexto de la UFERCO se ha ido agravando, hasta llegar a las condiciones en las que actualmente se encuentra.

Esta situación es preocupante, ya que la MACCIH dejó investigados y presentados ante el Sistema Judicial de Honduras unos 12 casos de corrupción de alto impacto que, por primera vez, vinculan a funcionarios públicos, exfuncionarios públicos, diputados, empresa privada, entidades bancarias, y personas particulares, entre otros.

Las organizaciones que conforman la Coalición Anticorrupción demandan que el MP exprese con acciones prácticas, el respaldo a la UFERCO, a) asignando un presupuesto que refleje que la lucha anticorrupción es una prioridad, b) asegurando su independencia para seleccionar, investigar y presentar ante los juzgados, los casos de corrupción, y c) generando condiciones laborales dignas para todo el personal.

Además, piden que desde el MP se respalde también el seguimiento real a los casos MACCIH/UFECIC

Instan a la cooperación internacional, a mantener su respaldo a la lucha anticorrupción en general, y a la UFERCO en particular, en línea con los esfuerzos para impulsar el desarrollo y reducir la pobreza, la migración, la inseguridad y otros flagelos que mantienen en crisis el país.

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