Conflicto social post electoral Honduras 2017

Tal como advertimos en las alertas que emitimos desde que se abrió la campaña política, un proceso electoral mal gestionado y cargado de discursos de odio, desembocaría en sucesos violentos como los que hoy estamos viviendo.La Coalición de Observación no partidaria ON-26 considera que si bien es cierto que la lentitud del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha sido el detonante de este descontrolado escenario, los dos candidatos presidenciales que se disputan la primera magistratura del país, comparten esta responsabilidad por haberse declarado como ganadores anticipadamente, llamado a sus partidarios a defender en la calle el gane, incitando a la violencia, al enfrentamiento y poner en precario el bien y el derecho más preciado: el derecho a la vida.

Frente a este complicado contexto que de no tomarse las medidas inmediatas adecuadas puede extenderse y agravarse, ON-26 hace un llamado a la clase política, la institucionalidad y la ciudadanía  para que:

  • El TSE acelere el conteo total de las actas que faltan por escrutar, incluyendo las actas que serán objeto de escrutinio especial. Este escrutinio de actas especiales debe garantizar los mayores  estándares de transparencia, participación y divulgación, lo cual permitirá devolver parte de la confianza a la resquebrajada institucionalidad.
  • Demandamos a los candidatos presidenciales Salvador Nasralla, Juan Orlando Hernández y el coordinador de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, José Manuel Zelaya Rosales, a anteponer los  intereses de la nación antes que sus intereses personales y partidarios, privilegiando el diálogo y llamar, desde las bases, a sus seguidores y simpatizantes, a que detengan esta violencia que solo profundiza la crisis.
  • Las personas que participan en las marchas, deben hacer uso de la protesta no violenta garantizado en la Constitución de la República, como el medio para reclamar sus derechos, incluido el derecho a que se respete su voluntad expresada en las urnas.
  • Demandamos de las fuerzas de seguridad del Estado la responsabilidad de proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos de toda la ciudadanía. Tegucigalpa 1 de diciembre de 2017

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