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Equipo UFECIC-MP/MACCIH-OEA presenta caso “Arca abierta” contra 5 diputados y 6 ex diputados hondureños

OEA y Ministerio Público Honduras

La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público de Honduras(UFECIC-MP) presentó hoy ante la Corte Suprema de Justicia un requerimiento fiscal contra cinco diputados y seis ex diputados hondureños, entre otros acusados, por el presunto delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras.

La investigación que concluyó con el requerimiento de hoy fue conducida por el Equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal, compuesto por fiscales e investigadores de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), con apoyo de expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA).

Con este caso, la Unidad fiscal anticorrupción presenta pruebas para demostrar que los acusados malversaron fondos del Estado hondureño al depositar 21,1 millones de lempiras (algo más de 879.000 dólares) en una cuenta bancaria a nombre de la ASOCIACIÓN PLANETA VERDE. El dinero procedía de Casa Presidencial ( 2 millones de lempiras), del Congreso Nacional (3 millones de lempiras) y de la Secretaria de Finanzas (16,1 millones de lempiras). Las pruebas presentadas muestran que los fondos se trasladaron a las cuentas personales de Diputados propietarios y suplentes, al igual que a sus familiares y terceras personas.

El Vocero de la MACCIH Luiz Guimarães Marrey aseguró que “este caso evidencia una vez más, como ya afirmaron entre otros el Tribunal Superior de Cuentas, que los mecanismos de rendición de cuentas respecto al gasto de los fondos públicos son ineficientes y que existe debilidad y poca confiabilidad en las Unidades de Auditoría Interna del sector público. Es indispensable fortalecer el sistema ya existente, con los estándares internacionales de rendición de cuentas, que permita un seguimiento y vigilancia sobre el desempeño de la administración pública”.

El caso “Arca abierta” es el octavo caso de investigación penal integrada que presenta el equipo formado por UFECIC-MP y MACCIH-OEA. Los anteriores fueron Red de Diputados, Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Pandora, Aseguramiento de Bienes, Caja chica del Hermano y Licitación Fraudulenta del Seguro Social.

El Caso

El requerimiento Fiscal se ha formulado:

A título de AUTORES del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en Perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA contra:

Los diputados en ejercicio:

JUAN CARLOS VALENZUELA MOLINA, 2) GLADIS AURORA LÓPEZ CALDERÓN, 3) GUSTAVO ALBERTO PÉREZ CRUZ, 4) WELSY MILENA VÁSQUEZ LÓPEZ y 5) MILTON JESÚS PUERTO OSEGUERA
Los ex diputados:

6) CARLOS HUMBERTO BONILLA AGUIRIANO, 7) AUDELIA RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, 8) EDWIN ROBERTO PAVÓN LEÓN, 9) HERNÁN ENRIQUE VINDEL MOURRA, 10) FABRICIO PUERTO OSEGUERA, 11) OSCAR ARTURO ALVAREZ GUERRERO.

El extraneus:

12) GREGORIO ALBERTO GONZÁLEZ RIVERA.

A título de COMPLICES del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA contra
13) ESTELA LISSETH MUÑOZ HERNANDEZ, 14) ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ, 15) ANA LUCIA CASTRO LOPEZ, 16) YAJAIRA LISBETH TALBBOTT VILLATORO, 17) JOSE ALEJANDRO FLORES ZUNIGA, 18) INDIRA VIRGINIA OSORIO REYES, 19) IVETH SALOMÉ NAVAS SUAZO, 20) GEOVANNY CASTELLANOS DERAS y 21) ALLAN ARONY SAN MARTIN VALLEJO.

En el presente caso, conviene destacar que, si bien el Ministerio Publico para poder ejercer la acción penal, no está sujeto a ninguna acción prejudicial administrativa de parte del Tribunal Superior de Cuentas, sin embargo, del análisis de los documentos soporte de asignación de fondos, tanto de la Casa Presidencial, Congreso Nacional y Secretaria de Finanzas, se constató que el Tribunal Superior de Cuentas TSC efectuó una revisión el 07/11/2016, por lo que el equipo integrado UFECIC-MP/MACCIH-OEA realizó la investigación que reveló los siguientes hallazgos.

En el año 2015, varios diputados propietarios y suplentes al Congreso Nacional entre ellos los imputados: JUAN CARLOS VALENZUELA MOLINA, GLADIS AURORA LÓPEZ CALDERÓN, GUSTAVO ALBERTO PÉREZ CRUZ, WELSY MILENA VÁSQUEZ LÓPEZ y MILTON JESÚS PUERTO OSEGUERA, CARLOS HUMBERTO BONILLA AGUIRIANO, AUDELIA RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, EDWIN ROBERTO PAVÓN LEÓN, HERNÁN ENRIQUE VINDEL MOURRA, FABRICIO PUERTO OSEGUERA y OSCAR ARTURO ALVAREZ GUERRERO solicitaron al Presidente de la República que instruyera a la Secretaría de Finanzas, para que mediante el Programa de Asistencia Social del Gobierno de la República se asignaran diversos fondos para el financiamiento de proyectos de interés social destinados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos hondureños, los cuales serían ejecutados en diferentes departamentos del país entre ellos: Atlántida, Choluteca, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Valle y Yoro, a través de la Organización No Gubernamental Asociación Planeta Verde (APV).
Dichos fondos, provenientes de la Casa Presidencial, el Congreso Nacional y de la Secretaría de Finanzas, una vez ingresados a la cuenta de la Asociación Planeta Verde, fueron depositados directamente en las cuentas personales de los diputados que hicieron la solicitud, al igual que a sus familiares y terceras personas, en la forma que a continuación se detalla:

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Al solicitar dichos fondos los diputados ahora imputados se convirtieron en garantes de los mismos y por lo tanto, su compromiso no se limitaba simplemente en solicitar y lograr la salida del capital, sino además procurar y verificar que el dinero estatal cumpliera con la finalidad para la cual ha sido solicitada, que no tuviera un destino distinto y menos que terminara acrecentando su patrimonio y el de sus familiares cercanos.
La elección de la ONG ASOCIACIÓN PLANETA VERDE por parte de los diputados, no fue hecha al azar, sino que responde a un plan preconcebido que permitiría a estos fácilmente la apropiación del dinero público, ya que dicha ONG era una organización de fachada y muchos de los proyectos no formaban parte de los objetivos para los cuales había sido creada la misma.
Esta afirmación es tan evidente, en razón que el ingreso de los más de veintiún millones de lempiras que llegó de los fondos del Estado al patrimonio de la ONG ASOCIACIÓN PLANETA VERDE, en un periodo que no supera los tres meses -28 de agosto a 9 de noviembre de 2015- salió en igual término de su dominio -2 de septiembre a 10 de noviembre de 2015-, siendo trasladado a las cuentas particulares de los diputados, sus familiares y personas particulares, cuando dicho capital estaba destinado para reducir la pobreza del pueblo de Honduras.
Todo lo anterior, demuestra un saqueo de fondos del Estado que estaban destinados para disminuir la pobreza, por parte de un grupo de diputados y ex diputados, lo que los hace responsables del delito por el cual se ha presentado requerimiento el día de hoy.

Como se mencionó anteriormente, el presente caso evidencia que los mecanismos de rendición de cuentas respecto al gasto de los fondos públicos, son ineficientes. A ello se suma que el Tribunal Superior de Cuentas en el Informe Ejecutivo de Rendición de Cuentas del Sector Publico del 2017 del 31 de julio de 2018, halló debilidad y poca confiabilidad en las Unidades de Auditoría Interna del sector público. Por ello es indispensable fortalecer el sistema ya existente, con los estándares internacionales de rendición de cuentas, que permita un seguimiento y vigilancia sobre el desempeño de la administración publica.

Esta acción conjunta demuestra una vez más, el compromiso de la MACCIH-OEA para seguir impulsando la lucha anticorrupción a través de instituciones del Estado, en estricto cumplimiento al mandato que nos confiere el Convenio suscrito el 19 de enero de 2016, entre el Gobierno de la Republica de Honduras y la Secretaria General de la OEA.

¡SEGUIMOS TRABAJANDO!

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