La crisis que menos se esperaba en este momento era un conato de sublevación policial. El candidato presidente Juan Orlando Hernández salió al paso prometiendo mejorar condiciones a la Policía Nacional que comenzó a negarse a reprimir a la población. Esa policía que ha sido letal en Honduras, coludida con el crimen, en medio de un proceso de depuración y denunciada por torturas, ahora reflexiona y dice: Saldremos a las calles pero no a reprimir. A 8 días de incertidumbre sobre unas elecciones cada vez más desacreditadas.
En su segundo día de rifles caídos, la Policía Preventiva junto a sus unidades Cobras, Dirección Policial de Investigación (DPI), Tránsito y ahora el escuadrón Tigres dejó claro que su lucha no es por dinero, sino por violación a los deberes de la institución. Una violación que les ordena matar, torturar y secuestrar contra su voluntad en un estado de sitio decretado desde la noche del viernes 1 de diciembre.
El acceso a la Unidad de Fuerzas Especiales en Tegucigalpa era limitado por la gran cantidad de vehículos que llegaban con alimentos, víveres y ayudas de la población a los policías que en esta ocasión se quitaron la camisa represiva y se pusieron la de manifestantes.
–Ahora ellos saben qué se siente estar pidiendo un derecho justo, ellos están con el pueblo y nosotros con ellos- dijo un manifestante mientras entregaba un paquete de bolsas de agua y pizza a los elementos cobras que estaban en suspensión de labores.
Los carros llegaban, la gente seguía otro día en solidaridad con los policías que la noche anterior habían celebrado su casamiento con el pueblo.
– Esta no es una manifestación, estamos celebrando nuestro matrimonio con el pueblo, porque no podemos ni queremos reprimirlos, no fuimos creados para eso- dijo uno de los voceros de la Policía Preventiva en la protesta del lunes en la noche en la tercera avenida, en el centro de San Pedro Sula, al norte de Honduras.
En conferencia de prensa hoy, al menos 500 elementos policiales de las distintas unidades leyeron sus exigencias ante el representante de la Secretaría de Seguridad, el subcomisionado Javier Díaz, acompañados en todo momento de defensores y defensoras de derechos humanos.
Los Policías determinaron bajar sus rifles por dos razones: pedir a su cúpula que deje de emitir órdenes que vienen de la representación militar, que incluye matar, secuestrar y torturar a la población que resiste en las calles ante un fraude electoral y mejorar su situación de precariedad laboral que viven.
“Desde Casa Presidencial se han ordenado asesinatos de gente importante en el país, y tengo los documentos. Ya ha habido órdenes y no se han ejecutado por estas situaciones, porque es en contra del pueblo al que ellos están ordenando secuestrar, herir y matar- dijo el Comisionado de Policía Aldo Oliva, un policía depurado, al medio televisivo UNETV, justo en este momento de crisis de la institución policial.
También circulaba en medios televisivos la denuncia de un policía de que en la 105 brigada de San Pedro Sula están torturando a la gente, los llevan, los secuestran, los golpean y luego los torturan. “Nosotros como policías no nos prestaremos a ese juego, nosotros estamos con el pueblo, ese es nuestro papel”, dijo el oficial.
En la conferencia de prensa los policías en protesta pidieron a las autoridades de la Secretaría de Seguridad que abrieran un espacio al diálogo, y que ahí pudieran llegar a acuerdos mínimos para regresar a sus labores.
-El gobierno debe saber algunas cosas, nosotros somos apolíticos no estamos a favor de ningún partido, pero hay cosas que no podemos responder, por ejemplo, atacar a nuestro pueblo, y quiero que quede claro ese es el punto central de nuestra protesta, lo administrativo es secundario aunque también es importante- manifestó un policía de la unidad de tránsito minutos antes de iniciar la reunión de acercamiento.
Ambas partes estuvieron de acuerdo y al filo de las doce del mediodía se reunieron a puertas cerradas en el comedor de la unidad, bajo la mediación de organizaciones defensoras de derechos humanos. Dos horas duró la reunión. Al final hubo acuerdos y el primero fue la resolución de las exigencias administrativas, y el segundo salir a la calle con la condición de no reprimir a la gente, ni aceptar órdenes de mandos militares que vayan orientadas a dañar al pueblo.
Durante el estado de sitio han muerto 12 personas, según se reporta en medios de comunicación. En el caso de Kimberly, la primera víctima de esta crisis política se señala directamente a miembros de las Fuerzas Armadas.
Honduras cuenta con dos instituciones fuertes a nivel de seguridad: la Policía Nacional Preventiva y sus derivaciones en unidades y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y sus dependencias. La Policía Militar fue recién creada bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández quien ha usado como pilar fundamental de su campaña política esta imagen de seguridad para elevar a esta fuerza armada a rango constitucional. Esta transición se ve como una acción planificada del presidente para mantener un Estado sujeto al poder militar y acceder a él cuando más lo necesite. Y este, es un momento donde lo necesita, lo ocupa para lidiar con la crisis política generada por las irregularidades electorales.
“Recuerdo hace dos años y medio tuve una reunión con uno de los fiscales de San Pedro Sula por el asesinato de la dirigente campesina Margarita Murillo que sigue en la impunidad, y nos comentaba un jefe de la policía que el fortalecimiento de la Policía Militar era proporcional al debilitamiento de la Policía Nacional”, comenzó valorando el analista político Oscar Hendrix.
“Ellos (la Policía Nacional) no reciben los mismos beneficios que la Policía Militar, todas esas circunstancias han sumado para que los policías nacionales sientan que no hay un apoyo general a sus necesidades”, siguió manifestando Hendrix. La acumulación ha sido la característica de este momento político de Honduras.
-Nosotros no tenemos seguro médico, ni de vida, los salarios son bajos y además tenemos un compromiso con el pueblo, por eso hemos hecho el llamado para que nos den el valor que verdaderamente tenemos- relató uno de los voceros de la Policía Tigres.
“Atrás de todo esto está la parte oscura de Estados Unidos, ellos están interviniendo porque no quieren que Nasralla sea presidente porque viene el socialismo. Nosotros somos autónomos, pero si el pueblo quiere que lo gobierne delincuentes es problema de ellos”, decía, mientras los fusiles seguían caídos, en UNETV el comisionado Aldo Oliva quien fue depurado de la institución policial.
Honduras tiene una policía letal que ha demostrado estar coludida con el crimen organizado, no es secreto.
Al caer la tarde había dos movilizaciones masivas, hacia la Unidad de Servicios Especiales se dirigían miembros de la Alianza que pretendían la noche de este martes plantarse para apoyar a los policías en paro, y por otro lado se movilizaban en dirección contraria patrullas repletas de policías que volvían a sus puestos de trabajo: las calles.
En las afueras de las instalaciones policiales en Tegucigalpa, lugar donde durante más de 12 horas la gente dio cariño, comida, bebida y hasta cigarros a los policías, la población había instalado lo que ya se ha convertido en una costumbre a la hora de una actividad política: mesas con venta de materiales de la resistencia, puestos de comida y un ambiente que lejos de ser de miedo por las armas que lo rodeaban, parecía ser de fiesta.
Los pocos policías que quedaban en las instalaciones daban declaraciones a los medios, anunciando que volvían a las calles pero que esta vez con condiciones de no atropellar los derechos de la gente. – Vamos a respetar a la gente, si ellos protestan los acompañaremos, les daremos seguridad y si ellos saben de algún infiltrado desde ya les pedimos que lo entreguen- dijo uno de los elementos a la prensa nacional.
Cuando conoció la decisión, el presidente Juan Orlando Hernández brindó una conferencia de prensa, bajo la línea que un día antes había marcado su Secretario de Estado en Seguridad, Julián Pacheco. –Hemos logrado avances importantes con la policía, reconocemos su trabajo valioso y serán recompensados por ello- dijo Hernández.
La preocupación del gobierno fue evidente, el lunes luego del inicio de la protesta la respuesta fue inmediata, el gobierno anunció el pago adelantado de aguinaldos y hasta un bono por el trabajo en tiempo extra.
“El fraude más allá de la legalidad bajo la que puede entrar, sobre todo la Fuerzas Armadas y los diferentes cuerpos represores del Estado, son los que pueden finalmente sostener esta dictadura que tenemos y al no tener una fuerza unitaria represiva en este contexto, lógicamente lo debilita, ante la comunidad internacional y ante todo”, asegura Hendrix.
Hendrix, quien perdió su primera contienda electoral como precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula por la Alianza de Oposición, cree que lo que sucede con la policía y su decisión de negarse a atender mandatos represivos de militares y altos mandos policiales, debilita la estructura represiva de Juan Orlando, la que se ha visto expresada en las calles con más fuerza después del 26 de noviembre.
Este es el peor momento en que la policía puede negarse a atender sus directrices, peor momento porque las manifestaciones están a la orden del día y la única forma de controlarlas es a través de la represión.
“Yo creo que en lo que va del gobierno de Hernández ha sido una estrategia de bajar, neutralizar los posibles daños, en vez de que estén con el pueblo entonces al menos neutralizarlos de que no estén a favor ni en contra, es el plan; es decir, dejar que la gente se manifieste y acceder a la no represión por lo menos de los policías. Pero no hay que olvidar que los militares son muchos y por ahora obedecen cualquier orden”, concluyó Hendrix.
La gente, esa que llegó desde la mañana a dejar comida se quedó con la fiesta instalada en la posta policial. La expectativa de lo que pasará de ahora en adelante es grande con una policía que supuestamente se comprometió con el mandato ciudadano, pero que como prueba de fuego tendrá las movilizaciones y tomas de carretera de los próximos días. Mientras el proceso electoral es desacreditado por las dudas de las misiones de observadores internacionales y la petición de la Alianza de Oposición de no solo contar 5 mil actas sino 18 mil actas que, según ellos, tienen irregularidades. Honduras sigue en estado de sitio y ya nadie cree en el conteo de votos como solución a la crisis.
Fuente: contracorriente.red
