Sábado 08 de julio de 2017
Por: Luisa Agüero
El delito no es reciente en países como El Salvador. Sin embargo, en San Pedro Sula, hace muy poco, se ha comenzado a develar que los pandilleros utilizan a niños para realizar extorsiones. Hace dos semanas, en un operativo realizado en La Lima, Cortés, se detuvo a varios integrantes de grupos criminales y, con ellos, a un menor de 10 años quien se encargaba de recaudar el dinero ilícito en pequeños negocios de la zona.
Las denuncias son moderadas y los operativos constantes para desarticular bandas dedicadas a extorsionar a empresarios y otros pobladores en el Valle de Sula. “Lo preocupante es que ahora usan niños que hasta se confunden con los clientes porque nadie va a desconfiar de ellos”, expresó la propietaria de un pequeño negocio que pidió mantener su nombre en la privacidad por temor a que atenten contra su vida.
Más de un centenar de personas le aseguró a la Policía que son víctimas de extorsiones. Y como agravante, en la mayoría de los casos los malvivientes utilizan niños o sino, recurren a muchachas agraciadas para incursionar en el proceso delictivo. En lo que va del año, se ha detenido a integrantes de unas 14 bandas dedicadas a ese flagelo que ha dejado una secuela de millonarias pérdidas materiales y humanas en Honduras.
“Los extorsionadores mandaban al infante quien llegaba con el pretexto de buscar “chicharrones”. Así inicia la extorsión aquí. El delincuente sabe que los niños están casi inmunes a las penas de las leyes. Es terrible que un menor sea inducido a ser parte de este nefasto ciclo que siempre termina mal”, explica un integrante de la Fuerza Nacional Anti Extorsión (FNA).
Y los casos pululan en las calles, o en la zona comercial por excelencia en uno de los municipios del Valle de Sula. Es allí, donde los pandilleros usan a los niños, y nadie repara en ellos. Nos dijeron que otro menor y una niña de 12 años habrían sido obligados a ser parte de pandillas, pero esa versión no fue confirmada por las autoridades. “Nunca pensé que una cipota me llevaría un mensaje terrible para amenazarme de muerte”, expresa un ciudadano con quien tuvimos la oportunidad de conversar antes de su viaje a Estados Unidos. “Ganó ese tal Donald Trump y no sé qué puede pasarme en el camino pero aquí ya no puedo vivir más lamentó”.
“La güira hizo como que venía a comprar… creo que me compró unos churros… de repente le sonó un celular que traía en una bolsita. Lo contestó y me dijo: “es para usted, le llama mi mami’. Yo pensé que me iba a decir los comprados que necesitaba (y que se los diera a la niña), pero no: era la voz de una mujer ronca que me dijo que yo ya estaba bien vigilado y que ese servicio me iba a costar 3000 lempiras al mes”, nos contó decepcionado.
Por las mismas razones tuvo que cerrar su pequeño negocio y salir, prácticamente, huyendo de la tierra que lo vio nacer. Pero antes de irse, le habría entregado más de 24 mil lempiras a esa niña durante ocho meses, un tiempo en el cual, asegura, no tuvo vida. Eso lo marcó. Después todos los niños que veía entrar le inspiraban miedo, y por ese mismo temor no le decía nada a la Policía. Además, qué le pueden hacer a un niño… creo que nada. Era una niña que ni yo conocía, no siempre mandaban a la misma”, recordó.
Estos casos y los cientos que se sumaron a la lista, en los cuales coincidía el hecho de que un menor había iniciado el proceso de extorsión, provocaron que se hiciera una campaña para promover las denuncias y los resultados, hasta el momento, han sido positivos pero el trabajo es intenso. Si bien es cierto, no se ha dado seguimiento a los casos, las gestiones ejecutadas se convierten en un espacio de medición de la incidencia.
“En el caso de las extorsiones, no es que hayan incrementado de un año para otro, porque siempre han estado allí. Lo que pasa es que la gente no confiaba en las instituciones. El hecho de que ahora se presenten más casos, significa que la gente está confiando más en las autoridades”, señaló un oficial de la FNA.
Las detenciones refuerzan este hecho y se confirma que muchas víctimas fueron extorsionadas por años, sin que alguna institución le diera seguimiento. Ahora, con mucha prudencia, se están investigando los casos, en espera de que las cifras se vayan reduciendo.
Lo cierto, señalan expertos, es que el “modus operandi”de integrantes de estructuras criminales ha ido evolucionando, en la década de los 90, para el caso, sus ropas y tatuajes los distinguían de la población en general, pero luego del Gobierno del ex presidente Ricardo Maduro (2002-2005) en el cuál se estableció una polémica ley “antimaras” esto cambió, y no sólo en su peculiar vestimenta, sino también en la profesionalización de su organización, hasta llevarlos a convertirse en lo que son hoy en día.
A raíz de la anteriormente mencionada ley “antimaras”, las penas por extorsión se tornaron más severas, alcanzando hasta 50 años de cárcel por este delito; es por ello que estas organizaciones criminales comenzaron a “involucrar” a niños de entre 12 a 17 años para cobrar y negociar las extorsiones con sus víctimas, quienes en su mayoría son comerciantes y transportistas.
Según la FNA, en 2015, se detuvo a 355 personas por extorsiones, de las cuales 112 son menores de edad, estos últimos no alcanzan la cárcel sino centros de internamiento, los cuales cuentan con una débil estructura tanto física como de reinserción a la sociedad, por lo que los internos pueden escapar fácilmente y volver a su labor delictiva.
Se nos dijo que el estímulo económico que estos menores recibirían es 10% del total de la extorsión cobrada o negociada por la mara, además de beneficios de protección, drogas y pertenencia dentro de la estructura delictiva, y este aspecto se nutre más, ya que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística hay más de 800.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan.
Por esa razón, los cuerpos de inteligencia han endurecido las operaciones y orientado campañas de prevención en centros educativos para evitar que menores caigan en las garras de la delincuencia común y organizada.
Una residente de una de las zonas más pobladas por pandillas en San Pedro Sula, quien pidió mantenerse en el anonimato por seguridad, dijo que estiman que se ha incrementado entre 40% y 50% la participación de menores en las pandillas y que son usados como carnadas por los líderes de los grupos delictivos.
“Del mismo dinero que cobran, sobreviven; a ellos los visten, comen y no roban, ellos cuidan la comunidad; si viene alguien extraño, ellos están vigilando”.
Al referirse a cómo la comunidad lleva la situación de la extorsión, manifestó que cada negocio tiene ya un día fijo y hora para pagar la cuota establecida, para que el menor asignado haga la tarea de la recolección.
Por otro lado, la fuente dice que los niños son utilizados como “carnada” pues al momento de un problema con la policía nadie de la mara lo defenderá. Además relató que muchos de estos menores llevan una vida “normal” asistiendo a la escuela o colegio donde tienen ganado respeto y temor por parte de sus compañeros.
Del impacto en el comercio, ni hablar. “Es difícil tener éxito en algún negocio para quienes comienzan, pues la ganancia monetaria diaria, puede ser igual al monto de la extorsión, así que eso ha obligado a varios a irse del lugar”, dijo.
¿Qué dicen los operadores?
En los últimos tres años, desde la Fiscalía de la Niñez, se ha notado una disminución en los casos de menores infractores. De hecho, el año pasado, la participación de niños y adolescentes en ilícitos logró reducirse en 50 por ciento con relación a 2015.
Además, de los más de 600 casos registrados en 2013, en comparación con 2014 hubo menos de 400 y para 2015 decreció la cantidad con el reporte de 300 aproximados bajo seguimiento. La cifra reseñada en 2016 da cuenta de 41 casos.
¿Y las causas? “La desintegración familiar continúa siendo el factor principal de este problema, pero sin duda, el trabajo que se ha estado ejecutando, ha dado muy buenos resultados y una prueba de ello son las estadísticas”, dijo uno de los operadores de justicia a quien abordamos en una escena de crimen.
Por otra parte, la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, destaca que, con la validación de nuevos programas alternativos para la privación de libertad en adolescentes infractores, el porcentaje actual podría decrecer aún más.
El estado de indefensión y de barbarie en que se encuentran nuestros niños se cuantifica así: Tres menores de edad mueren violentamente cada día en nuestro país. Un número cada vez mayor de infantes viven en los cinturones de miseria a merced de todo tipo de vejámenes; o en las calles, donde están expuestos a ser violados, absorbidos por las drogas o caer en las redes de los grupos criminales.
Es una tragedia que en nuestro país, el tejido de la familia esté casi destruido, que se haya perdido todo el valor de esta célula social y que la misma existencia de los niños esté amenazada. En las últimas décadas ha proliferado la aprobación de leyes elaboradas con el espíritu de reivindicar los derechos de los niños y de garantizar su cumplimiento, así como la vigencia de tratados que tutelan el bienestar de este sector poblacional.
Pero lo que encontramos hoy día es un terrible deterioro de los principios morales y la pérdida de las raíces que llevan al respeto a la vida y a la autoridad de los padres de familia. Literalmente, Honduras está perdiendo su nueva generación, su bono demográfico y la fuerza transformadora que reside justamente en nuestros niños. Las instituciones obligadas a proteger los derechos de la niñez han desviado las iniciativas de acción a favor de nuestros menores de edad.
La misma condena calza para los organismos no gubernamentales y movimientos privados que han tomado como su bandera la defensa de los infantes únicamente en el plano de la declaración y no en el terreno de la práctica. Hoy, el reto es rescatar a la niñez, hacer efectivos sus derechos y garantizar su formación como agentes de cambio.
El alto costo de la violencia
En Centroamérica, el costo económico total del crimen y la violencia alcanza el 7.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y, en Honduras, ese costo es casi del 10 por ciento y las ventas se ven afectadas, casi en un cuatro por ciento”.
Para algunos economistas como Darío Lagos, estas cifras resultan preocupantes: “El PIB de Honduras es de 315 millones de lempiras aproximados, U$16, 578,947, lo cual significa que si la violencia afecta el 10 por ciento, dejamos de producir 31 millones de lempiras, U$ 1, 657,895, por esa causa.
En su estudio “Crimen y violencia en Centroamérica: un desafío para el desarrollo”, el Banco Mundial plantea: la próxima víctima del espiral de criminalidad y violencia que afecta a la región podría ser la propia prosperidad a medida que sus países enfrentan enormes pérdidas en vidas humanas e ingresos.
La criminalidad y la violencia también inhiben el crecimiento económico, no sólo en términos del ingreso y trabajo perdidos de las víctimas, sino que contaminan el clima de inversión y desvían los escasos recursos públicos hacia el fortalecimiento de la seguridad pública, en lugar de fomentar la actividad económica, sostiene el estudio.
Sin embargo, en un giro positivo, el estudio también plantea que una reducción de diez por ciento en la tasa de homicidio de los países más violentos de la región impulsaría el crecimiento económico anual hasta un uno por ciento. Las tasas de criminalidad en El Salvador, Guatemala y Honduras están entre las cinco más altas de América Latina. En los otros tres países de la región – Costa Rica, Nicaragua y Panamá– los niveles de criminalidad y violencia son mucho más bajos, pero un alza reciente ha generado bastante preocupación.
El narcotráfico y una cultura de la violencia que lleva décadas se destacan como los principales culpables de la problemática criminal en América Central. Un fácil acceso a las armas de fuego y débiles instituciones judiciales también tienen su cuota de culpa en el estado de violencia que se vive en la región, de acuerdo al informe.
A pesar de lo abrumador de estos números, las pandillas no parecen ser los principales culpables de la creciente tasa de criminalidad. “Si bien no hay dudas de que las pandillas son una de las principales causas del crimen en El Salvador, Guatemala y Honduras, la escasa evidencia disponible apunta a que sólo son culpables de una pequeña parte de la violencia; algunas fuentes mantienen que tal vez el 15 por ciento de los homicidios están relacionados con las pandillas”, de acuerdo al informe. El estudio también pone bajo la lupa al sistema judicial, al calificarlo como “débil”. Si bien plantea que esto limita la eficacia del castigo y la prevención ante la criminalidad y la violencia, también reconoce que se ha avanzado en el mejoramiento de las instituciones judiciales regionales.
El informe sostiene que no existe una solución rápida y fácil para el problema de la criminalidad y la violencia en América Central. En su lugar, recalca que los tomadores de decisiones deberán insistir porque todo indica que la lucha contra el crimen probablemente sea prolongada.
