Familia y organizaciones feministas exigen que el crimen sea tipificado como femicidio agravado
Este jueves inició en los Juzgados de Sentencia de Siguatepeque un nuevo juicio por la muerte de Keyla Martínez, la joven enfermera fallecida bajo custodia policial en febrero de 2021 en La Esperanza, Intibucá, un caso que durante años ha estado rodeado de denuncias de encubrimiento, irregularidades judiciales y presunta protección institucional.
La reapertura del proceso ocurre luego de que, en enero de 2026, la Sala de lo Penal del Poder Judicial anulara el juicio anterior, al considerar que se desestimaron injustificadamente pruebas clave, entre ellas la autopsia forense y otros elementos circunstanciales.
Organizaciones de mujeres, familiares y defensores de derechos humanos sostienen que la muerte de Keyla no fue un suicidio, como afirmó inicialmente la Policía Nacional, sino un femicidio agravado ocurrido dentro de una celda policial.
Contradicciones entre la versión policial y la autopsia
Según la versión oficial brindada por la Policía de La Esperanza, Keyla Martínez se habría quitado la vida utilizando su suéter dentro de la celda donde permanecía detenida. Sin embargo, el reporte de Medicina Forense concluyó que la joven murió por asfixia mecánica y que además presentaba golpes en el rostro y señales de haber luchado por su vida.
Los familiares y organizaciones feministas han insistido en que existen múltiples inconsistencias en el caso. Entre ellas, señalan que el suéter supuestamente utilizado no presentaba rasgaduras ni señales de tensión.
También denuncian que la escena donde murió la joven fue alterada deliberadamente, ya que la celda habría sido lavada con cloro y agua antes de la llegada de peritos forenses, pese a que los protocolos policiales exigen preservar intacta la escena de un crimen.
“Cuando llegó el perito forense, la celda ya había sido lavada a fondo con cloro y agua, y obviamente no iba a tener ningún tipo de residuo”, denunciaron integrantes de organizaciones acompañantes del caso.
Señalamientos de encubrimiento y protección institucional
La familia de Keyla Martínez sostiene que no solo existió manipulación de evidencia, sino también protección institucional a favor de los involucrados.
De acuerdo con los denunciantes, el único policía imputado en el caso, Harold Fernando Monfort, contó con abogados defensores pagados con fondos públicos de la Secretaría de Seguridad.
Asimismo, cuestionan que el juicio anterior redujera el delito a homicidio imprudente, ignorando la autopsia y otros indicios que, según las organizaciones feministas, encajan en la figura de femicidio agravado.
Los jueces Víctor Antonio Cálix Ponce, Darvin Ulises Almendares Lizardo y Juan José Lisandro Orellana fueron señalados por los colectivos de mujeres de haber favorecido al acusado al emitir una resolución que calificaron como “injusta”.
“Fue reducido a homicidio imprudente, donde la pena cambia por completo. Solo estuvo privado de libertad un año y medio y pagó una fianza”, denunciaron representantes de organizaciones de mujeres.
Además, aseguran que no se investigó a todos los policías presentes en la posta policial la noche de la muerte de Keyla.
“Desde el principio hemos pedido que se investigue a los demás involucrados en este feminicidio. Todos sabían lo que ocurría dentro de las celdas”, expresaron familiares de la víctima.
Familia denuncia amenazas e intimidación
Norma Rodríguez, madre de Keyla Martínez, aseguró que durante estos cinco años la familia ha sido víctima de intimidaciones y amenazas mientras exige justicia.
“Con el simple hecho de que haya una patrulla estacionada al frente de la casa, eso es intimidación. Siempre han hecho eso durante estos años”, manifestó.
Rodríguez dijo esperar que el nuevo juicio se desarrolle con transparencia y que esta vez se tome en cuenta toda la evidencia.
“Esperamos que realmente vean lo que la policía le hizo a mi hija. El juicio anterior fue un desastre y claramente favorecieron a la policía”, expresó.
Por su parte, la hermana de Keyla señaló que el Estado hondureño tiene la responsabilidad de esclarecer el caso y sancionar a todos los responsables.
“Si quieren limpiar la imagen de la institución policial, deberían hacer justicia”, declaró.
Organizaciones exigen juicio con perspectiva de género
Colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos consideran que este nuevo proceso judicial podría convertirse en un precedente importante para casos de violencia contra las mujeres en Honduras.
Entre sus principales exigencias están:
- Que el juicio se realice con perspectiva de género.
- Que se valore la autopsia y todas las pruebas presentadas.
- Que se identifique a todos los responsables y posibles cómplices.
- Que el caso sea tipificado como femicidio agravado.
“Este juicio puede sentar un precedente para evitar que más madres sufran la muerte de sus hijas y que más mujeres sean asesinadas por quienes tienen la responsabilidad de protegerlas”, manifestaron las organizaciones.
Aunque reconocen que la anulación del juicio anterior representa un avance, también admiten mantener desconfianza hacia el sistema judicial hondureño.
“La esperanza existe, pero sabemos cómo funciona el sistema en Honduras. Aun así, seguimos luchando porque algún día haya justicia”, concluyeron.
