Por Edmundo Orellana
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ofrecido al culminar su visita in loco a Honduras, describió un país enfermo.
Nuestra institucionalidad no garantiza la democracia, los poderes del Estado responden, de hecho, a una jerarquización en cuyo vértice se encuentra el jefe del Ejecutivo y la inseguridad jurídica es la regla general, con el agravante de que el Estado se encuentra a disposición de una élite minoritaria que se ha hecho del poder político y privado, que disfruta de un extraordinario bienestar en medio de un océano de desigualdad, pobreza y ausencia de oportunidades.
Con esta descripción quién duda aún que en nuestro país se violan sistemáticamente los derechos humanos. Esas violaciones no se limitan a las que resultan de la violencia postelectoral, la persecución contra los defensores de derechos humanos y comunicadores y a otros sectores específicos; se trata de una violencia generalizada en contra de la población.
Sin las garantías de la independencia y de la imparcialidad -ausencias que resalta dicho informe- el juez se convierte en sicario del poder político, aplicando selectivamente la ley, según convenga a la élite minoritaria en cuyas redes queda atrapada la justicia, pero cuidando las formalidades. En circunstancias extraordinarias, resulta fácil para quien está acostumbrado a este comportamiento, prescindir, sin escrúpulo alguno de esas formalidades o simulaciones, atropellando las reglas, ignorando los precedentes, invocando inexistente jurisprudencia o interpretando maliciosamente los preceptos aplicables para absolver, condenar o suavizar la condena, según disponga la orden superior.
En este ambiente de impunidad todo es posible. La inseguridad es general y no hay quien no esté expuesto, incluso los de esa élite minoritaria, algunos de cuyos miembros pueden pasar, si las circunstancias lo imponen, a condición de desechables, como hemos apreciado en los últimos meses, lo que ha provocado pánico en su seno, debilitando su, hasta ahora impenetrable cohesión.
El factor gringo ha agravado esta situación de la élite minoritaria, puesto que pueden ser pedidos en extradición, aplicarles la “Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos” (en virtud de la cual se pueden revocar visas y congelar activos, dentro de la jurisdicción gringa, a ciudadanos de todo el mundo que hayan cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países de origen; es decir, no podrán disponer de tarjetas de crédito ni de cuentas bancarias, en otras palabras, la muerte financiera para aquellos a quienes se aplique) o aparecer en la lista de corruptos, cuya exigencia es ley ya, pedida por la congresista Torres.
Este factor surge porque nuestro sistema de justicia no funciona y se ha intensificado porque es evidente que este sistema favorece a los violadores de derechos humanos y a los corruptos. Esto es lo que se deduce del último twit de la encargada de negocios de la embajada estadounidense, que literalmente dice: “Un poder judicial fuerte y transparente es clave para construir instituciones democráticas efectivas e independientes. Apoyamos a @MP_Honduras #UFECIC y @OEA_MACCIH y trabajando juntos para erradicar la impunidad en Honduras. #NoMasImpunidad”.
De ese twit resulta claramente que para la embajada no existe “un poder judicial fuerte y transparente” ni tampoco “instituciones democráticas efectivas e independientes”, y, además, que aquel es necesario para que estas sean construidas, coincidiendo con el informe de la CIDH. Pero reconoce algo positivo, que el binomio MACCIH- UFECIC es el medio para alcanzar ese poder judicial fuerte y transparente, por eso su gobierno lo apoya en su lucha para erradicar la impunidad en nuestro país. Acusa, inequívocamente, al Poder Judicial de ser el responsable de la impunidad en el país y reconoce que ese binomio es el único que lucha contra la impunidad.
Tienen razón, la CIDH y la embajada gringa. Somos incapaces de hacer valer las leyes por medio de nuestras instituciones. Por ello, la CIDH decidió decírnoslo en casa y la embajada, veladamente, advertirnos de las consecuencias de no apoyar el binomio MACCIH- UFECIC en su lucha contra la impunidad.
No respondamos con ese acostumbrado y vergonzoso estribillo patriotero de que somos un país independiente y que nadie debe intervenir en nuestros asuntos. Respondamos demostrando que somos capaces de hacer lo que nos corresponde para evitar que otros lo hagan por nosotros y vengan a decírnoslo en casa.
