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Las instituciones públicas de Honduras

Por Rafael Delgado Elvir
Economista. Catedrático universitario

Los resultados del actual gobierno relacionados a la gestión de las instituciones públicas son fatales. Una tras otra van cayendo; de todo tamaño: grandes, medianas y pequeñas. Según las evidencias que ahora se recogen del suelo, además de la negligencia, esa caída de la institucionalidad fue algo intencional y deliberado; promovido desde los círculos del poder y ejecutado desde hace varios años, sino décadas. Allí están registradas en la prensa y en la memoria de la gente las denuncias y las propuestas que nunca fueron escuchadas.

Por los menos, hay dos líneas de pensamiento y acción que se implementaron para demoler la institucionalidad pública. En primer lugar, se promovió la idea que el sector público había que reducirlo a su expresión mínima, dejándole el espacio a una supuesta empresaria privada dinámica que sabría manejar las cosas mucho mejor que cualquier otro. Por eso, se despliega una campaña por diferentes niveles de desprestigio en donde se lanzan diversos argumentos pretendiendo demostrar lo inútil que son las instituciones públicas. Los gerentes, directores, ministros y altos funcionarios, imbuidos de esta ideología, se convierten prácticamente en liquidadores de los bienes del Estado.

En segundo lugar, está la línea de acción de los que llegan al poder considerando las instituciones públicas como un rico filón desde donde se pueden sacar muchos recursos para saciar las necesidades electoreras y políticas del momento. Para los que llegan con esas intenciones a dirigir esas instituciones, reclutados de los círculos tradicionales del partidismo, ya no se trata de condenar la institucionalidad y su carácter supuestamente inútil. Utilizan el tiempo para impulsar la causa de ello o de sus jefes, despilfarrando los recursos orillando finalmente a la institución al descalabro. Ante esta ofensiva de destrucción alimentada por el partido en el poder, no hay institucionalidad que aguante, por muy fuerte y rentable que sea.

Ambas líneas se complementan y se unen para convertir la gestión pública en un festín. Para el caso los salarios para sus altos funcionarios no tienen más límite que la codicia de ellos mismos. Los gastos operativos se incrementan revelando oscuros vínculos con el partido político de los altos funcionarios. Los contratos que firman con sus proveedores, se regulan por cláusulas claramente ofensivas a la salud financiera de la institución y derogables en cualquier instancia judicial seria.

Finalmente, las inversiones que la empresa ejecuta se convierten en proyectos altamente onerosas y de baja calidad.
Por lo menos, con esas dos puñaladas en las espaldas cargan las instituciones y empresas públicas del país. Así la ENEE, con una facturación anual de más 20 mil millones de lempiras, muere por los que han visto la empresa como un estorbo para sus planes, así como de los que vieron en ella una oportunidad para sacarle hasta el último centavo. Ahora la idea es endeudar más al país y ajustar las tarifas al consumidor, traspasando así al ciudadano, los costos de un supuesto plan de recuperación, pero dejando intocable los nefastos mecanismos mercantiles que la han puesto de rodillas. Pero no solamente es la ENEE. Está HONDUTEL, IHSS, BANADESA, INFOP, SANAA. Se agregan también otras que han sido reducidas por décadas a su mínima expresión como lo es HONDUCOR y el Ferrocarril Nacional.

Países menos desiguales y más desarrollados han sabido entenderle a la problemática de las empresas públicas. A pesar de sus evidentes retrasos en cuanto a productividad e innovación respecto a las empresas privadas, en esos países son parte de una estrategia nacional, dirigida a generar recursos para paliar las grandes desigualdades, los embates de la globalización y el cambio climático. En vez de destruir las instituciones públicas, las fortalecen.

delgadoelvir@yahoo.com

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