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Los ajustes al salario mínimo

Por: Rafael Delgado Elvir
Economista. Catedrático universitario

El Código del Trabajo de 1959, la Ley del Salario Mínimo de 1971 y la Constitución de la República de 1982 contienen las disposiciones más importantes sobre el salario mínimo. Todas conciben como un derecho del trabajador percibir un salario suficiente para cubrir las necesidades normales de su hogar, en el orden material y cultural. Desarrollan a su vez los mecanismos para lograrlo. Se trata de la aceptación explícita de la idea que el poder de negociación es desigual entre la empresa y los trabajadores; que si se dejara al libre juego de la oferta y la demanda los salarios seguramente llegarían a niveles más bajos, quizá insostenibles para garantizar mínimas condiciones de consumo a los asalariados.

El año 2019 inició con la noticia de un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y empresas sobre los porcentajes para el incremento de este salario. Las negociaciones fueron rápidas y con pocas reacciones de las partes involucradas. En el contexto de una inflación del 4.2% en el 2018, se logró concertar un aumento para el 2019 de 4.7%, 6.4% y 7% según el tamaño de la empresa. Se definieron además porcentajes muy parecidos para el 2020. En el caso de la maquila se alcanzó un aumento para el 2019 de 8% y con tasas más o menos iguales para los siguientes 4 años.

Este resultado, como el de años anteriores, indica que las negociaciones del salario mínimo están dirigidas a lograr solamente un ajuste, mediante un aumento cercano a la tasa de inflación de cada año anterior reportada por el Banco Central de Honduras. Es decir, se han establecido los nuevos montos de los salarios para así recuperar la capacidad de compra perdida del trabajador, estimada esta pérdida con el indicador de inflación del gobierno. En el caso de la maquila, a partir del rezago importante en el nivel del salario mínimo de este sector a partir del año 2009, los incrementos han estado uno o dos puntos porcentuales arriba de los demás. Sin embargo, todavía conserva con la agricultura, los salarios mínimos más bajos.

Para tener una noción de la brecha entre el salario mínimo y la satisfacción de las necesidades básicas se puede recurrir a las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas que establece que el costo para cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda y transporte, en el año 2018 andaba en alrededor de 3,500 lempiras por persona en las zonas urbanas. Asumiendo una familia de 5 miembros se requieren, según esta estimación conservadora, como mínimo 17,500 lempiras al mes para quedar justo a un paso afuera de la pobreza.

Bajo las actuales condiciones, se requieren entonces que al menos dos miembros de la familia trabajen en condiciones de empleo permanente, a tiempo completo y ganando el salario mínimo para acercarse a una situación limítrofe sobre la pobreza. El poco dinamismo del mercado laboral y la precariedad en las condiciones que prevalecen nos indican que esto está lejos de cumplirse. La tasa de desempleo abierto llega en las grandes ciudades al 10%, 48% de los ocupados no ganan el salario mínimo aunque trabajan jornada completa y otros 14% trabajan solamente media jornada como máximo.

Hay que cambiar de enfoque. La mejora en las condiciones de producción e inversión del país no debería lograrse controlando el salario a niveles precarios; debería lograrse concentrando esfuerzos en la reducción de los impuestos, logrando precios menores de la energía, de los combustibles, mejorando el costo del financiamiento, rompiendo monopolios que encarecen los suministros de las empresas. Allí hay suficiente potencial que explotar para que las empresas sean más competitivas.

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