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LOS SALARIOS MÍNIMOS

HORACIO ULISES BARRIOS SOLANO Premio Nacional de Ciencia “JOSÉ CECILIO DEL VALLE”

 

En Honduras la empresa privada y el sector obrero expresaron hoy su satisfacción por el acuerdo alcanzado con la mediación del Gobierno para incrementar el salario mínimo en 2019 y 2020, que fue firmado este martes en Casa Presidencial. El aumento, acordado el lunes 8 de enero de 2019, establece alzas del 4.77 al siete por ciento en el salario mínimo entre 2019 y 2020.El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Juan Carlos Sikaffy, dijo que “hemos llegado a una negociación que es beneficiosa para el país. Estos ejercicios de ponerse de acuerdo son buenos en un país que está tan polarizado”.

Consideró que para la empresa privada este incremento salarial debe tener un ingrediente de “competitividad” y para las centrales obreras debe ser un aporte para poder “satisfacer sus necesidades”. “Nosotros creemos que debemos implementar una fórmula para consensuar estos aumentos y que sean automáticos; que sea una formula justa, real, verificable y automática”, destacó el titular del COHEP. “Este es un buen mensaje que estamos enviando a todo la población, de que el sector productivo cree en Honduras, trabaja por Honduras y estamos firmes para sacar adelante a nuestro país”, apuntó Sikaffy.

El representante del sector obrero, Mario Sales, manifestó que el acuerdo salarial es gran paso para las centrales obreras del país. “En este momento estamos demostrando que entre empresa privada y trabajadores hemos llegado a un acuerdo de una manera tranquila y no como en otros tiempos, que nos agarrábamos en las reuniones”, expresó Sales. Agradeció el interés del presidente Juan Orlando Hernández por apoyar al  sector obrero.

Reconoció que “a veces no siempre se logra lo que uno pide, pero se tiene que llegar a consensos. El país no está con la productividad en abundancia para que nos den todo; tenemos que llegar a consensos y por eso hemos llegado a ese acuerdo”.

Los salarios mínimos han sido un tema central de la OIT desde su creación en 1919. Basándose en el planteamiento según el cual “la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”, la Constitución de la OIT de 1919 preconizó en su Preámbulo una mejora urgente de las condiciones de trabajo, incluyendo “la garantía de un salario vital adecuado”. En 1944, en la Declaración de Filadelfia, la OIT se refirió a la importancia de garantizar “un salario mínimo vital para todos los que tengan empleo y necesiten esta clase de protección”. Este postulado se reiteró años más tarde en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, de 2008.

El economista Vassily Leontief  (premio Nobel de Economía y famoso por su paradoja) afirmó que “el papel de los seres humanos como factores más importantes de la producción queda disminuido de la misma forma que inicialmente el papel de los caballos en la industria agrícola luego de ser eliminados por la introducción de los tractores”.

La industrialización –siendo un proceso de innovación de proceso– ha generado en los países más avanzados un aumento importante de la productividad y, por ende, ha permitido en estos países un nivel de vida antes impensable. Pero este aumento de productividad ha conllevado de forma ineludible un efecto negativo sobre la cantidad de empleo en los sectores donde se aplican estas innovaciones de proceso.

Con la opinión favorable de Schumpeter aunque subyacente hacia los robots el Caballero Comendador de la Orden de San Gregorio Magno título otorgado por el Papa Juan Pablo II al líder sindical a nivel mundial, sin la menor duda que él se levantaría de la tumba con el propósito de arengar negativamente a sus compañeros de lucha por la indolencia frente al impacto que la tecnología está causando en la clase trabajadora que eufemísticamente los llaman “un nuevo instrumente de producción”.

Con la difusión de la doctrina laissez faire y el aumento de la competencia en los siglos XVIII y XIX, el juego de la oferta y la demanda desarticuló cada vez más las antiguas estructuras de salarios de carácter tradicional. El  filósofo y economista británico autor de la obra La Riqueza de las Naciones ADAM SMITH (1723-1790) afirmó que si se fijaban los salarios de conformidad con las leyes de oferta y demanda, los mayores salarios atraerían a los trabajadores a las industrias, ocupaciones y localidades donde fueran más necesarios y tenderían a alejarlos de las industrias y las ofertas de mano de obra fuese mayor que la demanda y, por ende, los salarios tendieran a bajar. Esto, según él,  mejoraría la distribución de la mano de obra y seria provechoso para la economía nacional. En condiciones de competencia, la influencia de la oferta y la demanda en los salarios provocara la movilidad de la mano de obra, aunque esta puede ser penada por la escasez de vivienda en las localidades donde se necesiten trabajadores[1] por ser estos reacios a salir del ambiente a que están acostumbrados por la necesidad de dar a los trabajadores calificados una nueva formación para las nuevas profesiones o por otras razones.

Desde el punto de vista práctico, lo que principalmente influye en la determinación de los salarios es la demanda y oferta de mano de obra, que son factores poderosos tanto en los países de libre competencia como en los de economía planificada. Siempre se deben de tener en cuenta la demanda y la oferta. Sin embargo, los niveles de salarios que podría esperarse resultaran de la libre interacción de la demanda y oferta se modifican muchas veces, por ejemplo, en periodos de gran desempleo porque los trabajadores se resisten a aceptar salarios muy inferiores a los niveles habituales. Análogamente, las fuerzas sociales pueden limitar el ajuste efectivo de la demanda y oferta, como ocurre cuando los trabajadores no quieren dejar el lugar donde viven para ganar salarios más altos en otro lugar.

La acción de los sindicatos y de las organizaciones de empleadores también modifica el libre juego de la competencia. De igual forma, las fuerzas de la oferta y la demanda pueden compensarse mediante una intervención gubernamental en la reglamentación de los salarios: fijación de salarios mínimos, aplicación de laudos arbitrales y extensión obligatoria de las disposiciones de contratos colectivos a empleadores y trabajadores que no intervinieron en su negociación.

Así se llega a una base aceptable para la fijación de salarios equitativos. Las tasas basadas en este principio se ven frecuentemente alteradas por el juego de la oferta y la demanda; sin embargo, aun cuando se repitan frecuentemente, tales alteraciones deberían ser pasajeras, y por norma se debería procurar restablecer lo antes posible los niveles basados en dicho principio. Al aplicar estos principios y normas ha de tenerse en cuenta la estrecha relación que existe entre el nivel general de los salarios y la productividad de la industria, que a su vez es el resultado de la cooperación entre el capital, la dirección y el personal y de otros factores, especialmente los recursos naturales y la densidad de población.

Si bien la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor constituye una buena base practica para las discusiones de salarios, no es una teoría económica en el mismo sentido que las que se describen en la presente lección. Es un principio que debe aplicarse, y no algo que la índole misma de la economía impone ineludiblemente. No prescribe cuanto puede o debe pagarse por concepto de salario, salvo a un individuo en comparación con otro, ni guarda forzosamente relación con la justicia. Su objeto es la equidad, que no es siempre la misma cosa. Mil trabajadores pueden percibir igual remuneración y estar todos mal pagados y los esclavos gozan si así puede decirse, de igualdad de remuneración. Igual remuneración por trabajo igual, sí, pero ¿igual a qué?, ¿igual a la de quién? ¿bajo qué parámetros?. Alguien debe evidentemente fijar la pauta, y ese alguien puede ser un empleador libre de prejuicios, que proceda mediante negociaciones con sindicatos fuertes; puede ser el Estado quien dé el ejemplo con los salarios de sus propios trabajadores; pueden ser una junta de salarios mínimos, un tribunal del trabajo o cualquiera de las autoridades que de hecho fijan las tasas de salarios. El que establece la pauta es quien determina el nivel; luego el principio de la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor se convierte en el medio más importante de generalizar los salarios equitativos en toda la economía. Por lo general en Honduras los salarios están basados en la negociación y el acuerdo entre empleadores, Gobierno y trabajadores o, si las partes no pueden llegar a un acuerdo, en la decisión del Estado, como generalmente ocurre en nuestro país.

[1] Recordemos en Choloma, Honduras un Proyecto Habitacional llamado “LA MORA” financiado por la Vivienda de Sula cuando el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo(SNAP)  no pertenecía al Sistema Bancario Nacional que costó mucho se habitara salvando esa inversión casi hundida las Maquilas.

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