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Secretos

Por Rodolfo Dumas Castillo

Comentábamos recientemente sobre la exigencia de muchos sectores en Honduras de que se apruebe la Ley de Colaboración Eficaz, recordando que esta ha sido ignorada intencionalmente por quienes hoy administran el Estado. Sin embargo, también existe amplísimo consenso en la opinión pública nacional y entre los países amigos de Honduras en que a la par de ese mecanismo también se debe aprobar la derogación de la abusiva Ley de Secretos.

Nadie puede negar el derecho que tienen los estados de clasificar o mantener en reserva información sensible, por ejemplo, aquella que tiene que ver con actividades de inteligencia o militares, sobre todo si su divulgación resulta en detrimento de la seguridad pública o de la integridad de los operadores de justicia. En naciones donde se respeta la libertad de expresión las compras del Estado son públicas. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América el gobierno compra todo tipo de material bélico y la información de vendedores, cantidades y precios (generalmente billones de dólares) está disponible para cualquiera en los portales de cada institución. Lógicamente no publican las especificaciones técnicas de un misil intercontinental o de una nave de combate, pero no esconden su compra. Mientras tanto en Honduras no se puede saber ni lo que se gasta del “Tasón” porque es un gran secreto de Estado.

La Ley de Secretos aprobada y que se mantiene vigente en Honduras desde hace varios años es un instrumento legal insensato, que únicamente tiende a limitar de manera ilegítima y arbitraria el acceso a informaciones públicas que deberían ser del conocimiento de la sociedad, particularmente en un ambiente donde la corrupción e impunidad son la norma, no la excepción.

Las limitaciones establecidas por dicha ley y resoluciones posteriores incluyen hasta temas de índole financiero, de salud y otros que nada tienen que ver con ese derecho legítimo del Estado de reservar ciertas informaciones, es decir, es una ley que excede por mucho lo dispuesto en el derecho internacional, particularmente en cuanto a la transparencia en asuntos públicos.
Sin perjuicio de lo anterior, la terquedad del Estado hondureño de mantener vigentes esas normas ha sido permanente y resuelta. Ha hecho caso omiso de los llamados de la Comisión Interamericana Derechos Humanos y de otras entidades del mundo que le han exhortado reiteradamente para que elimine esa ilegítima legislación o, al menos, la ajuste a las pautas mundialmente respetadas y que promueven la transparencia.

Dicho instrumento no resiste ni el más superficial de los análisis en contraste con los principios universalmente reconocidos en materia de derechos humanos y particularmente aquellos que tienen que ver con el acceso a la información pública, es decir, esa otra dimensión de la libertad de expresión que consiste en el derecho de la sociedad de recibir informaciones en forma oportuna.

Pero no es de extrañarse, conociendo a nuestra clase política, pues esta ha demostrado su indiscutible compromiso con la opacidad. Prefieren que Honduras siga haciendo el ridículo antes que permitir la transparencia en asuntos públicos y que con esta la sociedad pueda descubrir situaciones ajenas al bien común. Tampoco les importa que Honduras siga apareciendo brutalmente aplazada en todos los índices o informes que sobre esa materia se elaboran a nivel mundial, incluyendo la Cuenta del Milenio, para la cual este es un tema fundamental, con las consecuentes séquelas en reducción de la cooperación y depreciación de la imagen del país como destino para la inversión.

Es oportuno señalar que esta ley no es la única que vulnera libertades fundamentales en el país, pero ciertamente es una que, por su naturaleza, debe eliminarse inmediatamente para beneficio del pueblo y la transparente administración del erario. Recordemos que la opacidad es amiga de la corrupción y enemiga de la democracia.

Twitter: @RodolfoDumas

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