Tegucigalpa, 19 de agosto de 2026.- Las 16 organizaciones de mujeres y derechos humanos que presentamos una solicitud de acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU por la desaparición forzada de la joven Angie Samanta Peña Melgares, manifestamos nuestra profunda preocupación e indignación ante el asesinato del abogado Dereck Isaac McNeil James, ocurrido el día de ayer en Roatán, Islas de la Bahía, quien era testigo protegido en el caso de la desaparición forzada de Angie.
El crimen ha sido confirmado por el propio Presidente de la República, Nasry Asfura, quien reconoció la condición de testigo protegido de la víctima.
Este hecho no solo constituye un atentado directo contra la administración de justicia, sino que evidencia el incumplimiento del Estado hondureño en su obligación fundamental de proteger la vida e integridad de quienes colaboran en el esclarecimiento de delitos de máxima gravedad. De acuerdo con informaciones preliminares, McNeil no contaba con medidas efectivas de resguardo o esquemas de seguridad física por parte del Estado, pese a la peligrosidad del caso y a su vinculación con redes internacionales de trata de personas.
El testigo había declarado formalmente haber visto a Angie con vida tras su desaparición y había proporcionado información crucial sobre transacciones financieras vinculadas a la estructura criminal detrás del caso. Si bien el Ministerio Público evacuó su testimonio bajo la figura de prueba anticipada y esta conserva validez jurídica, su asesinato representa un mensaje de intimidación directa contra todos los actores involucrados en este caso.
Este crimen ha generado un profundo temor y una sensación de desprotección no solo en la familia de Angie, sino también en las organizaciones que acompañamos este caso. La ausencia de medidas de protección efectivas para un testigo clave nos coloca en una situación de extrema vulnerabilidad y nos obliga a extremar nuestras propias medidas de seguridad. Esta realidad evidencia que el Estado no está garantizando las condiciones mínimas para que la sociedad civil pueda colaborar en la búsqueda de verdad y justicia sin poner en riesgo su vida.
Hemos puesto en conocimiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU este grave hecho, así como la persistencia de las deficiencias estructurales en la investigación y el incumplimiento estatal de las medidas de protección. El asesinato del testigo protegido ha sido denunciado formalmente ante ese órgano internacional como una violación directa de las obligaciones del Estado hondureño derivadas de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Este asesinato no es un incidente aislado, sino el síntoma más grave de las serias deficiencias estructurales que hemos denunciado en reiteradas ocasiones y que persisten sin que se hayan superado. Más de dos años después de la desaparición forzada de Angie Peña y a pesar de la Acción Urgente N° 1691/2024 emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el Estado hondureño mantiene una conducta omisa y fragmentada.
Recordamos al Estado de Honduras que el Comité contra la Desaparición Forzada le requirió de forma urgente la adopción de todas las medidas necesarias para buscar y localizar a Angie, implementar una estrategia integral de búsqueda e investigación, y garantizar la participación efectiva de la familia y sus representantes, así como el acceso a la información pertinente. El asesinato del testigo protegido demuestra que estas recomendaciones no han sido cumplidas.
Exigimos al Estado de Honduras:
- Una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato del testigo protegido, que identifique a los autores materiales e intelectuales y determine las responsabilidades por la omisión en su protección.
- El cumplimiento estricto e inmediato de todas las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada en la Acción Urgente N° 1691/2024.
- El diseño e implementación de una estrategia integral, única y coordinada de búsqueda e investigación con perspectiva de género.
- La adopción de medidas inmediatas y efectivas para proteger la vida e integridad de todos los testigos, familiares y operadores de justicia involucrados en el caso.
- La implementación de mecanismos formales, efectivos y permanentes de comunicación y participación con los familiares de la víctima.
- La creación urgente de una Comisión de Búsqueda con asistencia técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Honduras para abordar el fenómeno de las desapariciones en el país.
Reiteramos nuestro compromiso con la familia de Angie Peña y con todas las víctimas de desaparición forzada en Honduras, y exigimos al Estado que asuma su responsabilidad en la protección de los derechos humanos y en la lucha contra la impunidad.
