- Desde el Foro de Mujeres por la Vida manifestamos nuestra preocupación y alarma por las constantes denuncias de desaparición de mujeres y niñas que actualmente se está generando a través de las redes sociales y los medios de comunicación.
- En Honduras se registran más de 4 mil denuncias de mujeres y niñas desaparecidas desde el año 2009, de las cuales más del 50% de las denuncias son de menores de 17 años. Aún con la gran debilidad que tienen las instituciones de Estado en documentación e investigación, esta cifra es alarmante. Sin embargo, parece que no es suficiente para que se tome con prioridad la creación de estrategias de protejan la vida de las mujeres.
- Denunciamos que la Secretaría de Seguridad continúa incumpliendo la Ley de Alerta Temprana para Localizar y Proteger a niños, niñas y adolescentes desaparecidos o secuestrados (Ley AMBER). Y en las más recientes denuncias de desaparición pudimos constatar una serie de omisiones e irregularidades que obstaculizan la búsqueda y protección de las mujeres:
- La falta de responsabilidad de los agentes de la Dirección de Investigación Policial (DPI) al no activar las alertas tempranas, ni colaborar en la búsqueda durante las primeras horas, aun cuando las familias de las mujeres y niñas desaparecidas proporcionan suficiente información que evidencian la necesidad de actuar con rapidez.
- Se continúa pidiendo a las familias que esperen para denunciar, aun cuando la ley explícitamente obliga a decretar una alerta temprana desde el primer momento en que se tenga noticias de la desaparición. Además, se ha documentado que a pesar que las familias presentan las denuncias en las primeras horas, las gestiones por parte de los agentes pueden nunca realizarse. En estas últimas denuncias las gestiones comenzaron casi dos semanas después aun cuando la familia se presentó a denunciar en la primera hora de desaparición.
- Se continúa estigmatizando a las mujeres y niñas, cuando los agentes de policía expresan que se han ido voluntariamente con pareja, sin tener ninguna evidencia. Dejando a las madres y familiares en peores condiciones porque la institución responsable se vuelve parte del problema.
- Es el Estado quien debe garantizar con prontitud la intervención de cámaras, celulares o permisos para los requerimientos necesarios que conduzcan a dar con las mujeres y niñas, así como asegurar el personal con el conocimiento técnico que analice si se la posible trata, secuestro, rapto o desaparición y a partir de los primeros indicios establecer las estrategias de búsqueda.
- Existe negligencia y responsabilidad del Estado cuando las instituciones están cerradas en periodos de vacaciones o feriados. Hemos constatado que en el Ministerio Público de San Pedro Sula no quedó personal de turno que pudiera atender durante el feriado de octubre.
- Las desapariciones de mujeres pueden conectarse con otras formas de violencia de género, como la trata, la violencia sexual o los feminicidios. Cuando el Estado no actúa y omite sus deberes de proteger a las mujeres e investigar con la debida diligencia, está tolerando y convirtiéndose en cómplice de esta violencia.
- La desaparición genera un impacto profundo en las familias, que incluso puede ser considerado como tortura. El Estado tiene la obligación de colaborar, informar y resguardar la integridad de estas. Hoy las familias urgen respuestas. Exigimos a todas las instituciones vinculadas generar acciones urgentes, visibles y estratégicas de manera coordinada con las familias. El Estado de Honduras tiene la obligación de buscarlas, hasta encontrarlas.
- Hacemos un llamado al pueblo hondureño, a cuidarnos en comunidad. A buscarlas, nombrarlas y no parar hasta que Eylin Anneth Perdomo de 24 años, desaparecida desde el 18 de septiembre en Peña Blanca, Cortés; y Haileyn Kristel Calix Villafranca, de 12 años, desaparecida desde el 21 de septiembre en Choloma, aparezcan.
