El proyecto de Ley busca homologar con la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con discapacidad.

Proyectistas: Denis Castro Bobadilla y María Dolores García

DICTAMEN

HONORABLE CONGRESO NACIONAL,

Los suscritos miembros de la COMISIÓN ORDINARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, nombrados por el Presidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional, para emitir Dictamen en relación a los Proyectos de Decreto, presentados por el HONORABLE DIPUTADO DENIS ARMANDO CASTRO BOBADILLA y la HONORABLE DIPUTADA MARÍA DOLORES GARCÍA GUIFARRO ambos orientados ala aprobación de la LEY DE DESARROLLO INCLUSIVO SOSTENIBLE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, sobre la tarea encomendada nos manifestamos de la manera siguiente:

PRIMERO: En vista de que ambas iniciativas tienen la misma finalidad, la Comisión consideró oportuno emitir un solo Dictamen unificado de las mismas, valorando de forma conjunta los razonamientos y el contenido de las mismas.

SEGUNDO: La Comisión procedió a realizar una valoración de los argumentos expuestos por los proyectistas en la Exposición de Motivos de los proyectos objeto de Dictamen, quienes señalan que:

  • En Honduras la mayoría de Personas con Discapacidad están delimitadas en la clase pobre, en consecuencia, carecen de la mayoría de bienes y servicios básicos, reduciendo el acceso a sus derechos fundamentales.
  • El Estado de Honduras posee una deuda histórica en materia del cumplimiento de derechos a este colectivo.  El año 2005, mediante Decreto 160-2005 el Congreso Nacional aprobó la “Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad”, con la cual se derogó el Decreto No. 184-87 de fecha 18 de noviembre de 1987, que contenía la Ley de habilitación y rehabilitación de la persona minusválida y, el Decreto No. 17-91 de fecha 26 de febrero de 1991, que comprende la Ley de promoción de empleo para personas minusválidas. Sin embargo, el Decreto 160-2005 no está homologado con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en el año 2006 y ratificada por el Estado de Honduras en el año 2008, así como su Protocolo Facultativo en el año 2009. La normativa nacional presenta una serie de vacíos que dificultan la obtención plena de todos los derechos garantizados en la Convención.
  • Si bien es cierto, las personas con discapacidad en la actualidad cuentan con legislación específica en el ordenamiento jurídico nacional, a pesar de ello este colectivo de personas siguen enfrentándose diariamente a situaciones de discriminación, exclusión y marginación negándoseles el pleno goce de todos sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y otros establecidos en el Decreto 160-2005, en el cual se contiene la “Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad”.

TERCERO: La Comisión procedió a realizar una valoración del Proyecto de Ley, ordenamiento jurídico  Nacional  y de la normativa internacional ratificada por el Estado de Honduras, y ha podido identificar que efectivamente la actual Ley de “Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad”, que data del año 2005, además de que no está reglamentada, fue creada con posterioridad a la aprobación y ratificación la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en el año 2006 y ratificada por el Estado de Honduras en el año 2008, lo que ha generado que los principios, conceptos y algunos derechos contenidos en la Convención no se encuentren contemplados en la ley interna, así como otras medidas de carácter institucional que se han logrado identificar.

CUARTO: Esta Comisión ha valorado los criterios expuestos por los representantes de las organizaciones de las personas con discapacidad, las cuales han sido incluidas en su mayoría, e excepción de algunas que no encajan con la institucionalidad y normativa nacional, como lo es la pretensión a que el ente rector de la institucionalidad del sector discapacidad dependa de la Secretaría Estado en el Despacho de Derechos Humanos y no de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), puesto que de acuerdo a la naturaleza y competencia de ambas Secretarías, dicho ente debe estar dentro  de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).

En razón de lo antes expuesto, la COMISIÓN ORDINARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS emite opinión FAVORABLE sobre los Proyectos de Decreto, presentados por el HONORABLE DIPUTADO DENIS ARMANDO CASTRO BOBADILLA y la HONORABLE DIPUTADA MARÍA DOLORES GARCÍA GUIFARRO ambos orientados ala aprobación de la LEY DE DESARROLLO INCLUSIVO SOSTENIBLE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, con las modificaciones incorporadas en el documento adjunto, salvo mejor criterio del Pleno.

Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, ___ de ____________ de 2021

COMISIÓN ORDINARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

                Votó a Favor

MARCOS ANTONIO VELÁSQUEZ            YURI CRHISTIAN SABAS

               Votó a Favor                                              Votó a Favor

DENNIS ARMANDO CASTRO                  HUGO RICARDO HERNÁNDEZ

              Votó a Favor                                               Votó a Favor

ROSSEL RENAN INESTROZA                  WELSY MILENA VÁSQUEZ

               Votó a Favor                                               Votó a Favor

IRMA AIDA REYES COELLO                      RAÚL EDGARDO BULNES B.

               Votó a Favor                                               Votó a Favor

HECTOR SAMUEL MADRID SABILLÓN     KARLA MARTÍNEZ PAGUADA

KARLA MELISA EUCEDA                              ROMMEL DARÍO MORÁN

DECRETO No.             

EL CONGRESO NACIONAL;

CONSIDERANDO: Que en la Constitución de la República en su Artículo 60 establece, que todas las personas tienen los mismos derechos sin discriminación por razones de raza, religión, sexo, color, posición social o cualquier otra condición, asegurando la libertad y la justicia como base del reconocimiento pleno de la dignidad humana con iguales y mismos derechos en toda la sociedad;

CONSIDERANDO: Que las personas con discapacidad en la actualidad cuentan con legislación específica en el ordenamiento jurídico nacional, sin embargo, a pesar de ello este colectivo de personas siguen enfrentándose diariamente a situaciones de discriminación, exclusión y marginación negándoseles el pleno goce de todos sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y otros establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

CONSIDERANDO: Que a pesar de que el Estado de Honduras es parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en nuestro país, estas personas continúan siendo víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación, marginación y exclusión por esta condición humana;

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras se encuentra en deuda social en relación a garantizar el bienestar y desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad, que en la actualidad constituyen entre el 12% y 14% de hondureños con algún tipo de deficiencia física, sensorial, intelectual y sico-social;

CONSIDERANDO: Que es necesario contar con un marco normativo que supere los vacíos existenciales de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral de las  Personas con Discapacidad, que se adapte a lo establecido en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y garantice que las personas con discapacidad alcancen una plena participación, desarrollo, integración, y real incorporación en las políticas públicas, sociales, económicas y culturales, que garantice la igualdad de oportunidades con la demás población, con visión y misión de cumplimiento y aplicación real en el tiempo y espacio del desarrollo humano;

CONSIDERANDO: Que corresponde al Congreso Nacional: crear, decretar, reformar, derogar e interpretar las leyes.

POR TANTO,

DECRETA

La siguiente:

LEY DE DESARROLLO INCLUSIVO SOSTENIBLE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- FINALIDAD. La presente Ley es de interés público y tiene como finalidad garantizar y asegurar a la Persona con Discapacidad el disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales, promover, proveer y proteger el desarrollo inclusivo sostenible, en igualdad de condiciones incluyendo el uso y acceso a la tecnología de información y comunicación, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República, tratados y convenios internacionales de los cuales el Estado de Honduras es parte.

ARTÍCULO 2.- OBJETIVO DE LA PRESENTE LEY: La presente Ley tiene como objetivo fomentar, coordinar, armonizar y aplicar las políticas públicas, a través de planes, programas y proyectos de iniciativa nacional que coadyuven a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad conforme a estándares internacionales.

ARTÍCULO 3.- DISCRIMINACIÓN. Se prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad, la cual consiste en cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.

Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonable, Discriminación Múltiple e Interseccional.

ARTÍCULO 4.- PRINCIPIOS. La presente ley se fundamenta en los principios de:

  1. Respeto a la Dignidad Humana.
  2. Inclusión.
  3. Libertad.
  4. Accesibilidad.
  5. Igualdad.
  6. Seguridad Humana.
  7. No discriminación.

CAPÍTULO II

DEFINICIONES

ARTÍCULO 5.- DEFINICIONES. Para efectos de esta Ley, se entiende por:

  1. PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Aquellas personas que tengan deficiencias, físicas, psicosociales, intelectuales, sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras físicas y actitudinales impiden su participación plena y efectiva en la sociedad.
  2. PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL: Es aquella que presenta una deficiencia de manera permanente que afecta su capacidad cognitiva y habilidad de interactuar tanto en la sociedad como con el ambiente que lo rodea.
  3. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: Son las condiciones y facilidades que deben cumplir los entornos físicos ya sean urbanísticos y arquitectónicos, servicios, productos, bienes, transporte, información, documentación y toda forma de comunicación, tanto en zonas urbanas como rurales, para las personas con discapacidad.
  4. AJUSTES RAZONABLES: Son las modificaciones y adaptaciones individuales, necesarias que requieren las personas con discapacidad, para

garantizar el ejercicio y el pleno goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales siempre que no impongan una carga desproporcionada o indebida.

  • AYUDA TÉCNICA y MEDIOS AUXILIARES: Son aquellos elementos utilizados por las personas con discapacidad para lograr el mejor desempeño, habilidad y autonomía en el ejercicio de sus actividades, tales como: bastón blanco, bastón de apoyo, barras de apoyo, andadores, muletas, prótesis, ortesis, sillas de ruedas, colchones y cojines anti escaras, ayuda auditiva, asistencia humana y animal y otros que surjan del avance tecnológico.
  • BARRERAS FÍSICAS Y ACTITUDINALES: Son los obstáculos y barreras ambientales, físicas, arquitectónicas, urbanísticas, intelectuales, culturales y de comunicación implantados por la sociedad.
  • DESARROLLO INCLUSIVO SOSTENIBLE: Es el proceso orientado a la inclusión y sostenibilidad garantizando la dignidad de las personas, la reducción de desigualdades, la mejora de la calidad de vida, la garantía de una vida sana, una Economía sólida e inclusiva, una gestión sostenible de los recursos naturales y la promoción de instituciones sólidas y transparentes, concretizándolo en proyectos inclusivos y sostenibles.
  • DEFICIENCIA: Es toda condición congénita o adquirida que afecta las funciones psicosociales, intelectuales físicas o sensoriales de las personas.
  • DISCAPACIDAD: Es la que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras físicas y actitudinales del entorno que evitan su participación plena y efectiva.
  • COMUNICACIÓN: Es el medio de interacción utilizado por las personas que incluye el lenguaje, la visualización de textos, el sistema de lecto-escritura braille, lengua de señas comunicación táctil, micro tipos, dispositivos multimedia de fácil acceso, libros y bibliotecas accesibles, sistemas auditivos, medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, la tecnología de la información y comunicación de fácil acceso.
  • DISEÑO UNIVERSAL: Se entenderá como el diseño de productos, entornos, programas y servicios que pueden utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseños especializados. El diseño universal incluye las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.
  • IGUALDAD: Es el derecho que todos poseemos, el valor y la dignidad inherente a nuestra condición de seres humanos, sin tener en cuenta las diferencias que nos singularizan como individuos.
  • IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Es la obtención de oportunidades y derechos que garanticen el acceso y participación plena de las Personas con Discapacidad.
  • NO DISCRIMINACIÓN: Es cuando la persona con discapacidad puede gozar plenamente de los derechos humanos sobre una base de igualdad con los demás.
  • REHABILITACIÓN: Es el proceso que permite a las Personas con Discapacidad alcanzar y mantener niveles funcionales tanto físicos como sensoriales, intelectuales y Psicosociales.
  • PREVENCIÓN: Se entiende como la adopción de medidas a tiempo encaminadas a disminuir el riesgo de adquirir una deficiencia, deterioro físico, intelectual, psicosocial o sensorial (prevención primaria) o a impedir que ese deterioro cause una condición de discapacidad o limitación funcional permanente (prevención secundaria).
  • SISTEMA BRAILLE: Es un sistema de lecto-escritura representado mediante puntos en relieve, leídos en forma táctil.
  • LENGUAJE: Comprende tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal utilizada por las personas con discapacidad.
  • INCLUSIÓN: Asegura la participación plena y efectiva facilitando todos los medios y procesos que permitan a la Persona con Discapacidad, gozar de todos sus derechos.
  • SEGURIDAD HUMANA: Es el marco normativo dinámico y práctico para hacer frente a las amenazas de carácter intersectorial y generalizado con que se enfrentan los gobiernos y las personas, es decir el derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad a desarrollar plenamente su potencial humano.
  • ORGANIZACIONES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Son aquellas legalmente constituidas y reconocidas por el Estado, integradas y dirigidas por personas con discapacidad.
  • ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Son aquellas legalmente constituidas y reconocidas por el Estado, formadas por los padres, madres, familiares y/o representantes legales, de Personas con Discapacidad.

CAPÍTULO III

DE LOS DERECHOS

SECCIÓN I

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO

ARTÍCULO 6.- GARANTÍA DE DERECHOS: El Estado garantiza todos los derechos inherentes a la dignidad humana de la persona con discapacidad establecida en la Constitución de la República, demás leyes y Convenios Internacionales ratificados por Honduras.

SECCIÓN II

DE LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN, VIOLENCIA, ABUSO Y LA INDIGENCIA

ARTÍCULO 7.- PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN, VIOLENCIA. ABUSO Y LA INDIGENCIA: El Estado, garantiza la protección a las Personas con Discapacidad, para ello el Estado establecerá todas las medidas pertinentes de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género.

SECCIÓN III

DE LAS SITUACIONES DE RIESGO Y EMERGENCIA HUMANITAR

ARTÍCULO 8.- SITUACIONES DE RIESGO Y EMERGENCIA HUMANITARIA. El Estado debe garantizar la seguridad y la vida de las Personas con Discapacidad cuando surjan situaciones de riesgo, incluidas las de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales, con protocolos específicos basados en los principios de accesibilidad universal fundamentados en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

 El reglamento de esta ley establecerá los protocolos de atención respectivos a esta población.

SECCIÓN IV

DE LA CAPACIDAD JURÍDICA

ARTÍCULO 9.- CAPACIDAD JURÍDICA. El Estado garantiza la capacidad jurídica de las Personas con Discapacidad en igualdad de condiciones, según el nivel de Deficiencia, adoptando las medidas y ajustes razonables concretos que establezcan un modelo de sistema de apoyo al proceso de toma de decisiones que respete la autonomía, voluntad, libertad, capacidad de actuar y preferencia de la persona en el goce y ejercicio de sus derechos.

El Estado debe suministrar salvaguardas para impedir los abusos y que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, estos deben ser proporcionales y adaptados a las circunstancias de la persona, que se aplique en el plazo más corto posible y sujeto a exámenes periódicos por la autoridad judicial competente.

El Consejo Consultivo debe regular los sistemas de apoyo y ajustes razonables que requieran para la toma de decisiones.

SECCIÓN V

DEL SEGURO MÉDICO, DE VIDA Y SERVICIOS FINANCIEROS

ARTÍCULO 10.- SEGURO MÉDICO, DE VIDA Y SERVICIOS FINANCIEROS.-. Las personas con discapacidad tienen derecho a adquirir seguros de vida, seguros médicos y a todos los servicios bancarios, financieros, prestamos, hipotecas y cualquier otra modalidad de créditos, financiamientos y similares.

El Banco Central de Honduras (BCH), a través de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) regulará el acceso de las Personas con Discapacidad a los servicios antes mencionados.

La negación a la obtención de estos servicios, por el solo hecho de tener una discapacidad, se considera como un acto de discriminación, sujeto a las sanciones establecidas en esta ley y demás leyes vigentes.

SECCIÓN VI

DEL ACCESO A LA JUSTICIA

ARTÍCULO 11- ACCESO A LA JUSTICIA. Las Personas con Discapacidad tienen derecho a un proceso judicial con todas las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y demás leyes vigentes para tal efecto el Estado debe:

  1. Garantizar el intérprete propuesto a la persona con discapacidad de preferencia el propuesto por ella Garantizar el acceso y diseño universal en sus edificaciones en relación al entorno arquitectónico y urbanístico de las mismas.
  2. Capacitar a los funcionarios y empleados públicos en el abordaje adecuado a las Personas con Discapacidad.
  3. Promover la creación de un observatorio para el monitoreo del cumplimiento del marco legal vigente que garantiza los derechos de las personas con discapacidad.
  4. Asignar suficientes recursos para adoptar las medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para asegurar a las personas con discapacidad el acceso efectivo a la justicia.

ARTÍCULO 12.- SEGURIDAD. – El Estado a través de sus órganos de seguridad y encargados de la aplicación de la justicia, garantiza el derecho al debido proceso, libertad, seguridad, a que se respete su integridad física, dignidad humana, libertad de desplazamiento y movilidad de las Personas con Discapacidad.

Quien infrinja lo dispuesto en este Artículo estará sujeto a las sanciones establecidas en esta ley y demás leyes vigentes.

ARTÍCULO 13.- FACILITACIÓN DE TRÁMITES. – Las instituciones públicas y privadas, deberán brindar a las personas con discapacidad, una atención prioritaria en la tramitación expedita de sus respectivas solicitudes. El incumplimiento a esta disposición estará sujeto a las sanciones establecidas en esta ley y demás leyes vigentes.

ARTÍCULO 14.-LAS MUNICIPALIDADES. Las municipalidades establecerán, fortalecerán y ejecutarán las políticas públicas locales y municipales, programas y proyectos orientados al desarrollo general, la vigilancia, defensa y promoción de los Derechos de las Personas con discapacidad; para tal efecto creara la Unidad Técnica Municipal en Atención a Personas con discapacidad, conforme a lo establecido en el Decreto 134-90, contentivo de la Ley de Municipalidades.

CAPÍTULO IV

DE LA FAMILIA, MATRIMONIO, PATERNIDAD, RELACIONES PERSONALES Y GARANTES

SECCIÓN I

FAMILIA, MATRIMONIO, PATERNIDAD Y RELACIONES PERSONALES

ARTÍCULO 15.- FAMILIA, MATRIMONIO, PATERNIDAD Y RELACIONES PERSONALES. El Estado debe tomar las medidas efectivas y pertinentes a fin de asegurar que:

  1. Se realicenCampañas permanentes de sensibilización a la sociedad, incluso a nivel familiar, en las que se promueva el respeto a los derechos y su dignidad humana de las personas con discapacidad, se les reconozca el derecho de contraer matrimonio, y formar una familia sobre una base de libre y pleno consentimiento, sin detrimento de las disposiciones y establecidas en otras leyes.
  2. Se respete el derecho a decidir libremente y de manera responsable sobre el número de hijos que quieren tener, a tener acceso sobre información y educación salud sexual y reproductiva de acuerdo a su edad y nivel de comprensión.
  3.  Laspersonas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás personas.
  4. Lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda y la adopción de niños, la legislación nacional velará por el interés superior del niño.
  5. Que las instituciones competentes brinden asistencia apropiada a las Personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de sus hijos.

ARTÍCULO 16.- GARANTES. Corresponde al Estado, a los padres y madres o representantes legales de las Personas con Discapacidad dependientes; el deber de cuidarlos permanentemente con condiciones apropiadas para su desarrollo humano e integridad física y psicológica.

El Reglamento de la presente Ley, debe indicar el grado de dependencia de las personas con discapacidad, tomando en cuenta el certificado que debe expedir la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.

SECCIÓN II

EDUCACIÓN

ARTÍCULO 17.- DERECHO A LA EDUCACIÓN.-  Las Personas con Discapacidad tienen derecho a acceder a una educaciónlibre de discriminación, de calidad, gratuita e inclusiva en igualdad de condiciones en el lugar donde residan; asegurando su acceso y libre movilidad, adaptando el entorno y espacios físicos de los centros educativos públicos y privados facilitando las ayudas necesarias como medios y formatos específicos de la comunicación convencionales, alternativos y no Convencionales, incluyendo el acceso y uso a las tecnologías de información y comunicación. Adecuar la curricula educativa, con metodologías pedagógicas, Prácticas de enseñanza-aprendizaje, así como la contratación y formación de maestros, incluidos maestros con discapacidad, calificados para atender las necesidades educativas de las personas con discapacidad en todos los niveles y modalidades, a nivel nacional. 

ARTÍCULO 18.- MODALIDAD EDUCATIVA, NECESIDADES INDIVIDUALES. -El Estado garantiza las medidas de apoyo necesarias, para atender las necesidades educativas individuales de las personas con discapacidad a fin de fomentar al máximo su desarrollo intelectual, psicológico, social y académico.

ARTÍCULO 19.-EDUCACIÓN NO FORMAL E INFORMAL. – . El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y la Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal (CONEANFO), y otros entes que para ese efecto se creen; y los que ya trabajan esta temática bajo la rectoría de la Secretaría de Educación; deben en coordinación con las organizaciones de las personas con discapacidad, desarrollar programas de formación con instructores idóneos y sensibilizados para el desarrollo laboral, facilitando cupos para que la secretaría de trabajo pueda canalizar personas con discapacidad en busca de empleo a proceso formativo.

Los Entes Formativos públicos, deberán adoptar medidas para que la reserva de cupo para las personas con discapacidad en su programación anual de actividades formativas sea efectiva y adoptar regulaciones para que sus centros colaboradores también lo hagan y cumplan con condiciones de accesibilidad en sus instalaciones.

ARTÍCULO 20.-ADECUACIÓN FORMATIVA. Los entes rectores en materia de educación no formal, deben velar porque en todas las empresas e instituciones públicas, empresa privada, así como las organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, que presten servicios de educación no formal, adecuen su curricula formativa, metodologías pedagógicas, prácticas de enseñanza-aprendizaje, y que brinden las condiciones de accesibilidad necesarias para el ingreso, movilidad y permanencia de las Personas con Discapacidad. 

ARTÍCULO 21.-SOCIALIZACIÓN EDUCATIVA. Para asegurar el éxito de los estudiantes con Discapacidad o necesidades educativas individuales que ingresan al sistema educativo, previo al inicio de clases, el centro deberá obligatoriamente brindar todo el apoyo necesario a fin de familiarizar al estudiante con la metodología de enseñanza-aprendizaje; también en lo relativo a la selección, ubicación, monitoreo, seguimiento, evaluación de los servicios educativos y entorno físico, proceso en el cual deben participar los padres, familiares, maestros, estudiantes, asociaciones y otros que consideren necesarios.

ARTÍCULO 22.- CENTROS EDUCATIVOS.  La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación deberá incluir dentro de los requisitos para otorgar el permiso de apertura para nuevos centros educativos públicos y privados de todo nivel y modalidad, los requerimientos físicos y pedagógicos, de acuerdo a los criterios técnicos especializados necesarios para atender a los estudiantes con Discapacidad o necesidades educativas individuales.  También deberá realizar procesos de inspección en los centros educativos ya existentes, que faciliten su inclusión. El incumplimiento a este artículo estará sujeto a las sanciones establecidas en esta ley y demás leyes vigentes.

ARTÍCULO 23.-FORMACIÓN DOCENTE/INSTRUCTOR/FACILITADOR. – Incluir en la currícula de formación de los docentes, instructores y/o facilitadores y en la plataforma de capacitación de la Secretaría de Educación, Universidades Públicas y Privadas entre otros, así como en los entes de educación no formal e informal en la temática de discapacidad.

ARTÍCULO 24.-PERIODOS DE AUSENCIA. – Cuando los estudiantes con Discapacidad o necesidades educativas individuales, por razones de salud no puedan asistir temporalmente al centro educativo, se le deberá proporcionar las alternativas necesarias para oportunamente nivelarse y continuar con el respectivo proceso educativo, incluyendo el acceso y uso a las tecnologías de información comunicación y educación a distancia.

ARTÍCULO 25.-SERVICIO SOCIAL. La Secretaría de Estado en el Despachos de Educación y demás entes rectores en materia educativa, así como universidades públicas y privadas, fomentaran la realización del servicio social de las Personas con Discapacidad haciendo las adecuaciones correspondientes.

SECCIÓN III

SALUD

ARTÍCULO 26.- DERECHO A LA SALUD. El Estado garantiza el acceso a los servicios públicos y privados en salud ofrecidos en las diferentes unidades de salud del país; en igualdad de condiciones y calidad para las Personas con Discapacidad. El incumplimiento a este Artículo estará sujeto a las sanciones establecidas en esta ley y demás leyes vigentes.

ARTÍCULO 27.-DE LA SECRETARÍA DE SALUD. La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud será responsable de:

  1. Diseñar, desarrollar, ejecutar e incorporar programas permanentes y proyectos específicos e interdisciplinarios, para la prevención y evaluación de todas las situaciones y factores de riesgo que puedan provocar una deficiencia y conlleve a una situación de discapacidad.
  2. Desarrollar en todo el país programas de atención materno infantil, relacionadas con el crecimiento y desarrollo integral del niño, programas de prevención de deficiencias, maltrato infantil, y de apoyo a las familias en el manejo de la niñez en riesgo de discapacidad, en coordinación con otras instituciones relacionadas al tema.
  3. Garantizar que todo el personal de atención en salud, que prestan sus servicios estén capacitados y formados en el respeto de los derechos humanos de las Personas con Discapacidad, contando de igual forma con el equipo técnico de apoyo necesario para su atención prioritaria.
  4. Incluir en el cuadro básico de medicamentos y material médico quirúrgico de reposición y similares, todo lo requerido para la atención de las personas con discapacidad manteniendo sus inventarios con suficiente existencia.
  5. Brindar servicios de rehabilitación y habilitación en las diferentes regiones de salud, incluyendo servicios a domicilio y ambulatorios, los cuales deberán brindarse con recurso humano formado; y con los servicios de apoyo necesarios a través de diferentes estrategias para una adecuada atención.
  6. Proporcionar los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad el cual deberá utilizar estrategias de atención comunitaria.

ARTÍCULO 28.-NACIMIENTOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. – En cuanto a los nacimientos de Personas con Discapacidad, la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud debe regular que:

  1. Los hospitales públicos y privados y demás componentes sanitarios que se encarguen de atender partos, son responsables de comunicar de inmediato al Dirección  Nacional para Personas con Discapacidad (INADIS) y a la Dirección General de Salud correspondiente, de los casos congénitos o adquiridos, remitiéndolos de inmediato a los respectivos servicios adecuados y personalizados. El reglamento de esta ley orientara sobre los procedimientos en este tema.
  2. En relación a los nacimientos de niños con discapacidad en el Territorio Nacional, asistidos por parteras certificadas y no certificadas, las mismas deberán dar aviso de inmediato al centro de salud u hospital más cercano.

ARTÍCULO 29.-DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. –  El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) facilitara sus servicios a las Personas con Discapacidad, debiendo para ello:

  1. Incorporarlos al Régimen Especial de Afiliación, de forma progresiva de acuerdo a lo que expone la Ley Marco de Protección Social, Ley del Seguro Social y su Reglamento.
  2. Crear la unidad de atención para las Personas con Discapacidad la cual coordinará acciones específicas para su atención eficaz y eficiente.

SECCIÓN IV

TRABAJO Y EMPLEO

ARTÍCULO 30.-DERECHO AL TRABAJO. – El Estado garantiza a las Personas con Discapacidad, el derecho a un empleo en sus diversas modalidades con igualdad de Condiciones que los demás, considerando sus capacidades laborales y los ajustes razonables necesarios para desempeñar un puesto de trabajo, en un mercado laboral cuyos entornos sean abiertos, inclusivos y accesibles. El Estado protege y promueve el derecho al trabajo, incluso para aquellas personas que adquieran la condición de discapacidad durante su vida laboral.

ARTÍCULO 31.-DISCRIMINACIÓN LABORAL. Se consideran actos de discriminación laboral:

  1. Adoptar criterios de selección de personal adicionales a los requeridos por el puesto, sin justificación alguna y no emplear por razones de discapacidad, cuando se es idóneo para desempeñar el cargo o labor solicitada;
  2. No considerar la permanecía o ascenso en el puesto de trabajo;
  3. Trato inadecuado hacia el trabajador con discapacidad por parte de sus compañeros y demás superiores;
  4.  El deterioro de las condiciones laborales que perjudiquen el desempeño de sus funciones;
  5.  Restringir o limitar la libertad de asociación a organizaciones y asociaciones de trabajadores por razones de discapacidad;
  6. Inadecuado ajuste razonables al espacio laboral en base al diseño universal; y
  7. La no aceptación para el uso de ayudas técnicas para el desempeño del puesto de trabajo.

El incumplimiento a este Artículo estará sujeto a las sanciones establecidas en esta ley y demás leyes vigentes.

ARTICULO 32.- DE LOS CASOS DE DISCRIMINACIÓN LABORAL. – Para efectos de las sanciones Administrativas correspondientes, la Secretaría de Trabajo en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social conocerá los actos que se consideran discriminación laboral. A través de la Inspectoría de Trabajo se levantará la investigación correspondiente. En caso de reincidencia se dará a conocer al Ministerio Público para que se dé cumplimiento a lo tipificado en el Código Penal.

ARTÍCULO 33.-DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad social, es responsable de:

  1. Velar porque las personas con discapacidad gocen de sus derechos laborales;
  2.  Fomentar y apoyar la participación de las organizaciones empresariales, sindicales y de organizaciones de las personas con discapacidad en programas de vinculación, orientación e intermediación laboral;
  3. Impulsar acciones de intermediación laboral que faciliten la inclusión laboral de las personas con discapacidad;
  4. Vigilar que, en los reglamentos internos de trabajo, de higiene y seguridad contemplen clausulas equitativas e igualitarias para las personas con discapacidad o sus familiares;
  5. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector público y privado mediante políticas y medidas pertinentes, que puedan incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas, con apoyo presupuestario proveniente de fondos nacionales y de cooperación externa;
  6. Estimular la realización de investigaciones referentes a la situación socio-laboral de las personas con discapacidad;
  7. Orientar en la investigación de las discapacidades por riesgo profesional y accidentes de trabajo;
  8. Velar por el cumplimiento de la tabla de contratación laboral;
  9. Vigilar el cumplimiento de la reubicación laboral en las empresas, en que el trabajador sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, siempre y cuando el trabajador este apto para desempeñar otra actividad laboral;
  10. Promover la investigación, capacitación, formación y orientación laboral para que a través del servicio de intermediación se logre la inserción laboral y la promoción profesional de las personas con discapacidad;
  11. Asesorar en coordinación con las organizaciones de las personas con discapacidad, a los empleadores para que estos implementen ajustes razonables en el desempeño laboral;
  12. Incluir en el plan operativo anual medidas de acción concretas sobre su labor en cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con el tema de discapacidad;
  13. Ajustes razonables en el lugar de trabajo de acuerdo a las normas de diseño   universal;
  14. Buscar la habilitación laboral incluyendo la protección contra el acoso, hostigamiento y discriminación, facilitando condiciones de trabajo justas y favorables con igualdad de oportunidades.

ARTÍCULO 34.- CUOTAS DE CONTRATACIÓN. – Las entidades de Ia Administración Pública y las empresas de carácter privado están obligadas a contratar un número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con la siguiente tabla:

a)  De veinte (20) Trabajadores hasta cuarenta y nueve (49) trabajadores, una (1) persona con discapacidad;

b)  De cincuenta (50) Trabajadores a setenta y cuatro (74) trabajadores, dos (2) personas con discapacidad;

c)  De setenta y cinco (75) Trabajadores a Noventa y nueve (99) trabajadores tres (3) personas con discapacidad;

d)  De Cien (100) Trabajadores en adelante, cuatro (4) personas con discapacidad.

En los casos donde la persona con discapacidad no pueda trabajar por sí misma, Se deberá contratar a uno de sus parientes de quien dependa económicamente, entre el primero y segundo grado de consanguinidad. Caso contrario el empleador deberá solicitar medidas alternativas temporales de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, es el ente encargado de velar directamente por el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo, debiendo imponer las sanciones que correspondan.

ARTÍCULO 35.- DEBERES LABORALES. – La permanencia laboral de las personas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad, no está sujeta a su condición, sino al desempeño de las funciones que le sean asignadas

y en cumplimiento del reglamento interno de trabajo de la empresa en la cual labore.

SECCIÓN V

DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y REGLAMENTARIOS

ARTÍCULO 36.- ASPECTOS TÉCNICOS Y REGLAMENTARIOS.- Para asegurar y facilitar el acceso de la Personas con Discapacidad, a las construcciones nuevas, ampliaciones, remodelaciones de edificios, parques, centros comerciales, instalaciones deportivas, recreativas y turísticas, aceras, áreas verdes, plazas, vías públicas, servicios sanitarios u otros espacios de propiedad pública y privada que brinden atención al público, deberán construirse de acuerdo a las especificaciones técnicas del diseño universal que serán reglamentadas por la Dirección  Nacional para Personas con Discapacidad (INADIS)  y de conformidad a lo establecido en las normas nacionales e internacionales y otros reglamentos existentes en la legislación vigente en el país.

Las municipalidades y demás instituciones públicas en general relacionadas con este tema, no se extenderán los permisos de construcción cuando incumplan con los requerimientos de accesibilidad previamente establecidos según el diseño universal.

ARTÍCULO 37.- ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES. – Las instituciones públicas y empresas privadas ya existentes, para cumplir con lo dispuesto en el Artículo anterior, deben adecuar sus edificaciones adoptando las medidas necesarias y ajustes razonables para asegurar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en un plazo máximo de un (1) año a partir de la vigencia de la presente Ley.

Las Municipalidades deberán hacer inspecciones constantes para vigilar su cumplimiento caso contrario estarán sujetos a las sanciones establecidas en esta ley y demás leyes vigentes.

ARTÍCULO 38.- PROYECTOS DE VIVIENDAS. – El 30% de las viviendas construidas en los proyectos habitacionales públicos y privados serán asignadas a Personas con Discapacidad o a su representante legal. Al momento de adquirirla serán ubicadas al inicio del bloque peatonal o en el lugar más cercano a la vía pública o entrada al proyecto habitacional. Deberán contar con lo establecido en las normas de accesibilidad y diseño universal.

ARTÍCULO 39.-ESTACIONAMIENTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. – Los estacionamientos abiertos al público, deben tener espacios acordes a las medidas establecidas en el diseño universal para estacionar vehículos conducidos por Personas con Discapacidad o por quienes las transporten. Estos espacios deben ser más de uno (1) por cada diez (10) y estarán ubicados siempre de forma inmediata, a la entrada principal.  En el caso de los centros comerciales, éstos deberán estar cerca de la entrada a los locales de atención al público y estarán debidamente identificados con el símbolo internacional. El incumplimiento a este artículo estará sujeto a las sanciones establecidas en esta ley y demás leyes vigentes.

ARTÍCULO 40.- FACILIDADES DE ESTACIONAMIENTO. – La Policía de Tránsito, autoridades municipales y otras administrativas según sea el caso, a nivel nacional, están obligadas a facilitar el estacionamiento de vehículos conducidos por Personas con Discapacidad o quienes los transporten: ofreciendo el tiempo y espacio necesario para realizar la actividad que corresponda.

ARTÍCULO 41.- VÍAS PÚBLICAS. – Las municipalidades y demás instituciones que por mandato legal están facultadas, son las responsables de velar y señalizar adecuadamente las vías públicas y aceras, haciendo que permanezcan libres de barreras y cualquier otro obstáculo, que pueda significar peligro o restrinjan su movilidad.

ARTÍCULO 42.-ASCENSORES. – Los ascensores deberán contar con facilidades de acceso, manejo, señalización visual, auditiva y táctil.  Los edificios que no cuenten con ascensores deberán tener rampas adecuadas con las medidas y formas establecidas en las normas técnicas de accesibilidad universal.

SECCIÓN VI

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 43.- INFORMACIÓN ACCESIBLE. – El Estado reconoce y promueve la Lengua de Señas Hondureña (LESHO) y el sistema braille en todos los medios y formas de comunicación existentes.

Las instituciones públicas y privadas deben asegurarse que la información y servicios brindados al público sean en formatos accesibles a todas las Personas con Discapacidad.

ARTÍCULO 44.- MEDIOS DE INFORMACIÓN POR SEÑAL TELEVISIVA SATELITAL. – Los programas transmitidos por los canales de televisión, deben hacer accesible la información que presenten, debiendo contar, con la asistencia de intérpretes o mensajes escritos en las pantallas, para garantizar a las personas con discapacidad auditiva el acceso a la información.  La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en coordinación con la Dirección  Nacional para Personas con Discapacidad (INADIS) debe velar porque todos los medios de comunicación adopten las medidas correspondientes para hacer accesible la información que ofrecen al público y será responsable de imponer las multas respectivas.; el incumplimiento a este artículo estará sujeto a las sanciones establecidas en esta ley y demás leyes vigentes.

ARTÍCULO 45.- COMUNICACIÓN. – Las empresas públicas y privadas que presten servicios de comunicación incluidos los que prestan servicios de internet, deben garantizar a todas las Personas con Discapacidad el acceso a sus instalaciones, servicios y productos; mediante el uso de intérpretes, programas, formatos en braille entre otros.  Los teléfonos públicos se instalarán en lugares que sean accesibles de acuerdo a las normas de accesibilidad universal.

ARTÍCULO 46.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN. – El Estado velará porque todos los medios de comunicación que, por cualquier motivo traten, discutan o difundan publicidad comercial, social, cultural, política o de cualquier otra índole, con relación al tema de la discapacidad, respeten su dignidad. Evitando la utilización de su imagen sin su consentimiento, mismo que deberá constar por escrito por sí, o. en su caso por quien ostente su representación legal.

ARTÍCULO 47.- BIBLIOTECAS. – Las bibliotecas en general deben contar con servicios de apoyo, tales como: personal capacitado en lengua de señas, equipo

Técnico como ser braille, programa Jaws y lectores de pantalla, con mobiliario e instalaciones que reúnan las normas de accesibilidad universal.

SECCIÓN VII

TRANSPORTE

ARTÍCULO 48.- ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE. – El ente rector del transporte, garantiza que las empresas operadoras de los diferentes servicios del rubro, público y privado, cumplan con los requerimientos adecuados y efectivos de accesibilidad para las Personas con Discapacidad, tales como:

a) Establecer condiciones de accesibilidad universal en las diferentes, estaciones y terminales en los medios de transporte, en sus diferentes modalidades;

b) Que los conductores y asistentes de medios de transporte en todas sus modalidades, proporcionen trato digno;

c) Las unidades de transporte deben disponer como mínimo de cuatro (4) asientos, los cuales deben ser ubicados junto a las puertas de acceso; y

d) El Estado garantizara que al menos el 5% de la introducción de nuevas unidades de transporte cumplan con los requerimientos de accesibilidad universal.  La aplicación de este artículo se definirá en el reglamento de esta ley.

ARTÍCULO 49.- PERMISOS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE, –  El ente rector del transporte, incluirá en los requisitos para otorgar permisos de operación o explotación lo siguiente:

a) Además de los requisitos establecidos en otras leyes vigentes; deberán aprobar la revisión técnica que acredite que las unidades estén adaptadas según las normas de accesibilidad universal; y

b) La institución encargada de emitir los permisos de operación y explotación de transporte en todas sus modalidades, para dar cumplimiento al inciso anterior

Coordinara acciones con la Dirección  Nacional para Personas con Discapacidad (INADIS) y la sociedad civil organizada.

ARTÍCULO 50.- ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR. –  La Dirección General de Tránsito deberá garantizar el derecho de las Personas con Discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás a obtener su documento respectivo que de Licencia para conducir, para realizar la prueba práctica se les permitirá el uso de su propio automotor con o sin adaptaciones.

SECCIÓN VIII

PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA, PÚBLICA, CULTURAL Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTE

ARTÍCULO 51.- ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. –  Las instituciones del Estado, empresas privadas y personas naturales garantizaran el acceso universal.

ARTÍCULO 52.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA. –  El Estado garantizará a las Personas con Discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con los demás.  Para lo cual tiene la obligación de:

a) Asegurar el derecho y la posibilidad a elegir y ser electos;

b) Garantizar que los procedimientos, instalaciones físicas y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar, ejerciendo el derecho universal del voto secreto y directo; permitiendo que una persona de su elección les preste asistencia para votar, cuando así lo soliciten; y

c) Que se integren, participen y constituyan partidos políticos, así como organizarse plena y libremente bajo cualquier otra figura legal, pudiendo representarse por sí mismos u otros, a nivel local, nacional e internacional.

SECCIÓN IX

PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL, ACTIVIDADES RECREATIVAS, ESPARCIMIENTO Y DEPORTES

ARTÍCULO 53.-PARTICIPACIÓN: El Estado está obligado a garantizar que las Personas con Discapacidad participen plenamente en los espacios culturales, recreativos de esparcimiento y deportes de forma inclusiva, por lo que deberá:

a) El reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural, lingüística especifica. Incluida la lengua de señas;

b) Fomentar y promover la participación en actividades deportivas a todos los niveles, incluyendo la instrucción, formación y recursos adecuados. Garantizando que los niños, niñas y jóvenes con discapacidad tengan igual acceso a las actividades lúdicas;

c) Asegurar que las leyes de protección de los Derechos de propiedad intelectual no constituyan una barrera para el acceso a materiales informativos y culturales;

d) Realizar y apoyar las diferentes campañas que promueven la cultura de respeto a los derechos de las Personas con Discapacidad, incluyéndolos en los diferentes programas de responsabilidad social manejados por el sector privado, medios de comunicación entre otros.

CAPÍTULO V

DE LOS BENEFICIOS

ARTÍCULO 54.-DESCUENTOS. – Las Personas con Discapacidad tendrán derecho a descuentos en los siguientes casos:

  1. Veinticinco por ciento (25%) en el transporte terrestre urbano e interurbano en la modalidad de autobuses, taxis, moto taxis y otros;
  2. Treinta por ciento (30%) en los servicios aéreos y marítimos de rutas nacionales e internacionales;
  3. Cincuenta por ciento (50%) en las tarifas de espectáculos públicos, tales como: cines, teatros, estadios u otros;
  4. Veinticinco por ciento (25%) en la compra de medicamentos farmacéuticos y dermatológicos, con la respectiva prescripción médica;
  5. Veinticinco por ciento (25%) por consultas con médicos generales, y un treinta por ciento (30%) en consultas con médicos especialistas;
  6. Treinta por ciento (30%) en servicios de intervención quirúrgica, cirugías mayores o menores;
  7. Veinte por ciento (20%) por servicios ofrecidos en hospitales y clínicas privadas;
  8. Treinta por ciento (30%) en los servicios de oftalmología, optometría, odontología, exámenes clínicos, radiológicos, y todo servicio de análisis computarizado, prótesis u otros equipos médicos;
  9. Treinta por ciento (30%) en concepto de hospedaje en cualquier tipo de hoteles sin distinción de categoría;
  10. Veinticinco por ciento (25%) en consumo individual de comidas en todos los restaurantes sin importar clasificación, categoría o promoción vigente;
  11. Veinte por ciento (20%) en la compra de instrumentos musicales;
  12. Veinticinco por ciento (25%), en el pago de la factura de servicios como ser: telefonías fijas, móviles, telefax, Internet, servicios de agua potable, energía eléctrica, gas LPG y otros. Prestados por empresas públicas, privadas o de capital mixto. Sujeto a los requisitos siguientes: a) Que la factura del servicio este a nombre del titular del derecho, en su lugar de residencia; o acredite su condición con la que habita el inmueble. – b) Que los créditos sean solamente por un servicio por categoría;
  13. Treinta por ciento (30%) por la compra de ayudas técnicas, material médico y/o quirúrgico;
  14. Independientemente de lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley de Municipalidades se otorgará a las personas con discapacidad un descuento adicional de veinticinco (25%) por ciento en el impuesto de bienes inmuebles, sobre un inmueble de su propiedad, siempre que tal descuento sea aplicable a la vivienda de su propiedad, que habiten en ella; y
  15. Veinticinco por ciento (25%) en el costo total de los servicios fúnebres (ataúdes, salas velatorios, terrenos, sepulturas y otros afines), este beneficio si no es adquirido por la Persona con Discapacidad en vida, se trasladará a la persona que adquiera la responsabilidad de cancelar estos servicios.
  16. Treinta por ciento (30%) de descuento en la compra de material educativo con previa identificación del carnet de discapacidad y carnet estudiantil.

ARTÍCULO 55.- OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD. – Corresponde a las Secretaría de Estado en los Despachos de Salud expedir los certificados de discapacidad, que acredita la condición de persona con discapacidad, y la Dirección  Nacional para Personas con Discapacidad (INADIS) registrarlos y otorgar el respectivo carnet de identificación.

El Reglamento debe fijar las condiciones y requisitos para la expedición y el otorgamiento del carnet.

ARTÍCULO 56.INCENTIVOS FISCALES. Las personas naturales y jurídicas que otorguen los descuentos señalados en el artículo anterior, tienen derecho a deducir de la renta bruta, para efectos del pago de impuesto Sobre la Renta, el cien por ciento (100%) del monto que resulte de la suma total de los descuentos concedidos.

ARTÍCULO 57.- INCENTIVOS FISCALES PARA LAS EMPRESAS PRIVADAS. – Será deducible del impuesto sobre la renta:

a) Las donaciones o aportes destinados a instituciones que trabajan en beneficio del sector de discapacidad legalmente reconocida de conformidad a lo establecido en el artículo 11 literal 1) de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

b) El equivalente a un veinticinco por ciento (25%) como gasto adicional sobre los sueldos y salarios pagados a una persona con discapacidad durante el año fiscal.

 ARTÍCULO 58.- EXONERACIÓN DE IMPUESTOS. –  Se exonera del pago total de derechos arancelarios y cualquier otro impuesto, a las importaciones de aparatos médicos y aparatos electrónicos que sean para uso de Personas con Discapacidad, organizaciones de las Personas con Discapacidad debiendo contar las dos (2) últimas con su respectiva personalidad jurídica. La Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas creara la partida arancelaria correspondiente a esta exoneración.

ARTÍCULO 59.- VEHÍCULOS. – El Poder Ejecutivo deberá a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, crear las partidas arancelarias de importación de partes y de vehículos automotores y similares, sin o con diseños específicos, de acuerdo al tipo de deficiencia.

 ARTÍCULO 60.- DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA. – Las Personas con Discapacidad severa que a su vez viven en condiciones de extrema pobreza sin importar la edad o  diversidad funcional, tienen el derecho de recibir medidas de protección y atención especializada por parte del Estado y sus Instituciones. En caso que alguna de estas medidas de protección o atención individualizada se exprese vía otorgamiento de una pensión económica a favor de la Persona con Discapacidad. El Reglamento de la presente Ley desarrollará los requisitos.

ARTÍCULO 61.- MEDIDAS DE CONTROL PARA EL OTORGAMIENTO DE DESCUENTOS Y BENEFICIOS. – Para el otorgamiento de los descuentos y beneficios regulados en la presente Ley se deben aplicar las medidas de control siguientes:

  1. Presentar el carnet o certificación, que lo identifique como persona con Discapacidad;
  2. En el caso de los patronos:
  3. Para garantizar la veracidad de la información, el obligado tributario, debe establecer como medida de control la Certificación Numerada otorgada por el médico competente, indicando el tipo de discapacidad que tiene la persona, debiendo reflejar en sus planillas, el número de Certificación correspondiente.
  4. Notificar por escrito al final de cada mes a la administración tributaría las planillas con el número de Certificación Médica detallando las Altas y Bajas existentes.

CAPÍTULO VI

DE LAS ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PADRES DE FAMILIA E INSTITUCIONES QUE ATIENDEN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES

ARTÍCULO 62. RECONOCIMIENTO. – El Estado garantiza la libertad de asociación, fomentando la creación y fortalecimiento de las asociaciones y organizaciones de las personas con Discapacidad, sus padres, madres y familiares. El reglamento de esta ley establecerá los derechos y obligaciones de las mismas.

CAPÍTULO VII

DIRECCIÓN GENERAL

ARTÍCULO 63.-DIRECCIÓN GENERAL. – La organización y vigilancia del cumplimiento de la presente Ley corresponderá a la Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad (DIGEDEPDI), dependencia adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), la que contará con un Consejo Consultivo, como ente de consulta no vinculante.

ARTÍCULO 64.- ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN. – Son atribuciones de la Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad:

  1. Establecer políticas, emitir opiniones técnicas, financieras y administrativas para la prevención, atención, rehabilitación, habilitación, e inclusión; Impulsando alianzas estratégicas interinstitucionales;
  2. Promover la creación de unidades específicas de atención en todas las instituciones centralizadas y descentralizadas del Gobierno, para la atención y ejecución de programas y proyectos dirigidos al respeto de los derechos humanos;
  3. Gestionar y Desarrollar sus propios planes, programas y proyectos, en coordinación con el Consejo Consultivo. Promoviendo la organización y participación de la sociedad civil;
  4. Gestionar programas, proyectos, acuerdos y convenios de cooperación técnica y financiera con organismos nacionales e internacionales, para las asociaciones de Personas Con Discapacidad y sus familias;
  5. Gestionar y otorgar, becas para las Personas con Discapacidad o con necesidades educativas individuales.;
  6. Llevar un registro actualizado de las asociaciones y organizaciones de las  Personas con Discapacidad, padres de familia, coordinando acciones con el INE y otras instituciones del Estado para la obtención de datos y estadísticas confiables de las personas con discapacidad no organizadas;
  7. Dar seguimiento a la inscripción de nacimiento de personas con discapacidad en el registro nacional de las personas;
  8. Emitir la respectiva identificación para la Persona con Discapacidad, sin limitar legalmente las otorgadas por las organizaciones de las Personas con Discapacidad. El Reglamento de esta ley establecerá los criterios para la emisión de identificación;
  9. Promover, coordinar programas y proyectos de empleo, de forma independiente, mediante la creación de micro empresas y cooperativas sostenibles;
  10. Conocer de oficio o a solicitud de parte interesada, los casos de violación de los derechos humanos brindando asesoría y servicios legales a las Personas con Discapacidad y sus familias o a quienes tengan su representación legal;
  11. Promover permanentemente programas de sensibilización e información sobre los derechos humanos;
  12. Vigilar y monitorear el eficaz cumplimiento de la presente Ley y demás leyes vigentes; y,
  13. Coordinar con el Consejo Consultivo para buscar las estrategias de gestión, incidencia y negociación con el fin de obtener fuentes de ingreso.

SECCIÓN I

DE LA ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 65.-LA ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN. – La Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad estará conformada por:

a) Un Director (a) General

b) Un Subdirector (a)

c) Gerencia Administrativa

d) Unidades de Gestión y Planificación

e) Unidades Técnicas; u otros necesarios para su efectivo funcionamiento.

SECCIÓN II

DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR

ARTICULO 66.- DE LA DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN. – La Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad estará a cargo de un Director y un Subdirector quienes serán nombrados por el Presidente de la República propuesta del Secretario de Estado en el despacho de Desarrollo en Inclusión Social SEDIS de una nómina de cinco (5) candidatos que será presentada por el Consejo Consultivo. Para los cargos de Director y subdirector debe nombrarse a Personas con Discapacidad o en su defecto a un padre o madre de Familia de Personas con Discapacidad.

ARTICULO 67.-REQUISITOS PARA SER DIRECTOR (A) Y SUBDIRECTOR(A). –

Para ser Director (a) y Subdirector (a) se requiere:

  1. Ser hondureño (a) por nacimiento en el ejercicio de sus derechos civiles;
  2. Ser persona con discapacidad o en su defecto un padre o madre de familia de una persona con discapacidad;
  3. Contar con experiencia comprobada en el sector de Personas con Discapacidad;
  4. Profesional universitario preferiblemente; y
  5. Estar solvente con el Estado.

ARTÍCULO 68.- FUNCIONES DEL DIRECTOR (A). – Son funciones del Director(a):

  1. Cumplir y velar porque se cumpla lo dispuesto en la normativa nacional e internacional y específicamente en la presente Ley y los reglamentos respectivos que se creen para tal efecto;
  2. Ejercer la administración y representación Legal;
  3. Elaborar el Plan Estratégico, Plan Operativo Anual y su presupuesto en coordinación con el Consejo Consultivo. Estableciendo seguimiento y monitoreo permanente a los mismos;
  4. Coordinar la programación de reuniones con el Consejo Consultivo y presentar los informes trimestrales y un condensado anual sobre su gestión;
  5. Participar en comisiones del gobierno en la formulación, implementación y desarrollo de las políticas públicas nacionales;
  6. Proponer ante la autoridad correspondiente el nombramiento, cancelaciones y demás aspectos relacionados con el personal de la Dirección;
  7. Delegar funciones específicas al Subdirector (a); y
  8. Participar en las sesiones del Consejo Consultivo con voz, pero sin voto.

ARTÍCULO 69.-FUNCIONES DEL SUBDIRECTOR(A).-

Son funciones del Subdirector(a): sustituir en sus funciones al Director (a) en caso de ausencia, y las establecidas en el manual de funciones de la dirección y las delegadas por el/la directora (a).

                                                       SECCIÓN III

DEL CONSEJO CONSULTIVO

ARTÍCULO 70.- DEL CONSEJO CONSULTIVO. Crease el Consejo Consultivo, como un órgano de consulta de la Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad, integrado por:

  1. El Secretario de Estado en el Despacho de Salud;
  2. El Secretario de Estado en el Despacho de Educación;
  3. El Secretario de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad social;
  4. El Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP);
  5. El Secretario de Estado en los Instituto de Desarrollo Comunitario de Aguas y de Saneamiento (IDECOAS / FHIS);
  6. El Secretario de Estado en los Despachos Desarrollo e Inclusión Social;
  7. El Secretario de Estado en los Despachos, Gobernación y Justicia;
  8. El Comisionado Nacional de los Derechos Humano;
  9. Cinco (5) representantes de las asociaciones de Personas con Discapacidad;
  10. Tres (3) representantes de las asociaciones de padres de familias de Personas con Discapacidad; y
  11. Dos (2) representantes de las organizaciones e instituciones para Personas con Discapacidad.

ARTÍCULO  71.- ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CONSEJO CONSULTIVO. –  Los representantes propietarios y suplentes Enunciados en el artículo 65, inciso i, j y k, serán electos en sus asambleas respectivas, los cuales se acreditarán con el punto de acta, los cuales tendrán poder de decisión.

ARTÍCULO 72.- FUNCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO. –  Son funciones del Consejo Consultivo las siguientes;

  1. Coadyuvar, dar seguimiento y monitoreo a las acciones realizadas con la Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad, incluyendo la revisión previa a la aprobación del plan operativo anual, su respectivo presupuesto y otros programas y proyectos relacionados;
  2. Formular y presentar propuestas de programas proyectos y acciones, a la Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad;
  3. Elaborar su cronograma de actividades y reglamentos que sean necesarios para su funcionamiento.;
  4. Promover el desarrollo de acciones en los procesos de transparencia, auditoria social y rendición de cuentas en el sector de Personas con Discapacidad, así como el seguimiento a las recomendaciones de instancias Nacionales e Internacionales; y
  5. Presentar la nómina de candidatos para los cargos de director (a) y subdirector(a) de la Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad (DIGEDEPDI).

ARTÍCULO 73.- ESTRUCTURA DEL CONSEJO CONSULTIVO. – Será la siguiente:

  1. Coordinador.
  2. Sub-coordinador.
  3. Secretaría.
  4. Concejales.

ARTÍCULO 74.- COORDINADOR. El cargo será ostentado por una persona con discapacidad o en su defecto por un representante de las asociaciones de padres de familia que pertenezcan a las organizaciones del sector discapacidad.

ARTÍCULO 75.- DE LA DIRECCIÓN DE PROCURACIÓN DEL DISCAPACITADO. La Dirección de Procuración del Discapacitado, es una oficina en la que se encuentran adscritos los procuradores del discapacitado, los cuales se encargaran de garantizar los intereses generales del discapacitado,  y velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. En el cumplimiento de sus funciones los procuradores podrán recibir las denuncias por incumplimiento de la presente ley y darle seguimiento, en caso de que lo consideren oportuno podrán ejercer acciones administrativas, civiles o penales, para garantizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Se encargará de manera directa de accionar en representación del discapacitado en los procesos señalados en la  SECCIÓN VI, de la presente ley, referente al acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 76.- DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL. La Dirección de Educación Especial se encargará de garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Dicho derecho incluye la educación libre de discriminación, de calidad, gratuita e inclusiva en igualdad de condiciones en el lugar donde residan; asegurando su acceso y libre movilidad, adaptando el entorno y espacios físicos de los centros educativos públicos y privados facilitando las ayudas necesarias como medios y formatos específicos de la comunicación convencionales, alternativos y no Convencionales, incluyendo el acceso y uso a las tecnologías de información y comunicación.

Así como garantizar la adecuación de la curricula educativa, con metodologías pedagógicas, que prácticas de enseñanza-aprendizaje para personas con discapacidad. Así como la contratación y formación de maestros, incluidos maestros con discapacidad, calificados para atender las necesidades educativas de las personas con discapacidad en todos los niveles y modalidades, a nivel nacional.

CAPÍTULO VIII

RÉGIMEN FINANCIERO

ARTÍCULO 77.-RECURSOS. Para su funcionamiento operativo la Dirección Nacional para Personas con Discapacidad (INADIS) contará con:

  1. La partida presupuestaria que se le asigne en el presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República;
  2. Los ingresos provenientes de las diversas fuentes de financiamiento gestionadas, entre ellas loterías, impresas o electrónica.
  3. Las herencias, legados y donaciones que sean procedentes de conformidad con la Ley;
  4. Los ingresos provenientes de las multas que resultan por concepto de la aplicación de sanciones por los entes competentes; y otros de lícita procedencia.

Los ingresos citados en los incisos b, c y d se manejarán bajo la modalidad d fideicomiso, los que no podrán ser utilizados en gastos administrativos.

CAPÍTULO IX

DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 78.-SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS. –

  1. SANCIÓN PENAL: Toda persona natural o jurídica que realice cualquier acto de discriminación y violación de los derechos de las Personas con Discapacidad, será sancionada con lo establecido en el Código Penal vigente.
  2. SANCIÓN ADMINISTRATIVA: Se sancionará con una multa que oscila entre dos (2) a cincuenta (50) salarios mínimos, en la escala máxima vigente, a la persona natural o jurídica que incumpla cualquiera de las disposiciones establecidas en la presente Ley.

El reglamento de esta ley establecerá procedimientos e instancias para la aplicación de estas sanciones.

ARTÍCULO 79.- MULTAS DE TRÁNSITO. – Se sancionará con una multa equivalente al 25% del salario mínimo al conductor(a) del vehículo que sea est65acionado en espacios reservados para vehículos que transportan o son conducidos por Personas con Discapacidad.

En caso de reincidencia la autoridad competente aplicara un 15% adicional al monto establecido en este artículo. La Dirección General de Tránsito informará al la Dirección  Nacional para Personas con Discapacidad (INADIS) sobre la aplicación y el monto de las mismas.

ARTÍCULO 80DESTINO DE LAS MULTAS. – Los valores cobrados por concepto de multas por incumplimiento a lo establecido en la presente ley, independientemente de la empresa o institución que imponga la misma, se enterarán a la Tesorería General de la República a más tardar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, del mes siguiente en que se ejecutó el cobro.

La Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas y la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia, Descentralización y Derechos Humanos a través de sus órganos competentes y en coordinación la Dirección  Nacional para Personas con Discapacidad (INADIS), (DIGEDEPDI), crearán un mecanismo de transferencia para que estos fondos ingresen a formar parte del presupuesto de la DIGEDEPDI.

                                                 CAPÍTULO X

RECURSOS

ARTÍCULO 81.-LOS RECURSOS LEGALES PROCEDENTES-. Contra las resoluciones administrativas que se dicten en aplicación a esta Ley, caben los recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos, una vez agotada esta vía administrativa se procederá a la acción contencioso administrativo que se debe sustanciar de acuerdo a lo establecido en la respectiva Ley.

ARTÍCULO  82.-DE LA DENUNCIA. – La denuncia por incumplimiento de lo establecido en la presente Ley podrá ser presentada por el afectado, su representante legal, las organizaciones o cualquier otra persona natural o jurídica que tenga conocimiento de la violación de un derecho.

El reglamento de esta ley establece los mecanismos para la presentación de la denuncia.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

ARTÍCULO  83.- FUNCIONAMIENTO. – Todos los recursos de la La Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad creada mediante decreto 160-2005 publicada el 24 de mayo del 2005 en el artículo 59, contentivo de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, pasarán a formar parte la Dirección  Nacional para Personas con Discapacidad (INADIS), para lo cual se deberán adecuar su estructura de funcionamiento de acuerdo a lo establecido en la presente ley.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas debe establecer la partida correspondiente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de cada año para el funcionamiento de la Dirección  Nacional para Personas con Discapacidad (INADIS).

ARTÍCULO 84.- REGLAMENTACIÓN. – La Secretaria de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) a través de la DIGEDEPDI,  en coordinación con el Consejo Consultivo, elaboraran el Reglamento  en un término no mayor de 90 días a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

ARTÍCULO 85.-ASIGNACIONES. – La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, contemplará en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República los fondos asignados a organizaciones de las Personas con  Discapacidad en base a lo establecido en el Decreto 102-2013 de fecha, de fecha 28 de octubre de 2013 en su Artículo dos (2) Lo anterior sin perjuicio de otras asignaciones o subvenciones que se otorguen o puedan otorgarse.

ARTÍCULO 86- DISPOSICIÓN LEGAL. – No se podrá aprobar ningún instrumento jurídico de aplicación nacional y local, que contravenga las disposiciones de la Presente ley y el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 87.- DEROGATORIA. – Queda derogado el Decreto No.160-2005 de fecha 24 de mayo 2005 contentivo de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral Para Personas con Discapacidad.

ARTÍCULO 88.-PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN.- Se instruye a las Instituciones vinculadas a la ejecución de actividades para alcanzar el logro de los objetivos de esta Ley y de velar por su cumplimiento a establecer programas de promoción y divulgación en formatos accesibles para el uso de  personas con discapacidad incluyendo una plataforma informática  basada en Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).

ARTÍCULO 89.- VIGENCIA. – La presente Ley entrará en vigencia a partir de su   publicación en el Diario Oficial LA GACETA.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional a los _______ días del mes de ________de 2021.

MAURICIO OLIVA HERRERA

PRESIDENTE

JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO                           SALVADOR VALERIANOSECRETARIO                                                    SECRETARIO

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