¿Quién se comió el PAN?:

Las irregularidades en el proyecto que prometía sacar de la pobreza a campesinos hondureños

Por: Alex Flores para En Alta Voz en alianza con CONNECTAS

El Proyecto Agropecuario Nacional (PAN) tenía metas ambiciosas para ayudar a sacar de la pobreza a miles de pequeños agricultores, muchos de ellos indígenas, y para esto ejecutó 144.5 millones de lempiras (5.7 millones de dólares) en los últimos 10 años, pero los objetivos no solo no se cumplieron, sino que además, en el marco de una investigación periodística de En Alta Voz en alianza con CONNECTAS, se encontraron una serie de irregularidades. Por ejemplo, la mayoría de los proyectos no cuentan con facturas de respaldo y hay expedientes que no se encuentran.

De igual manera, hay informes de ejecución de proyectos en distintos puntos del país que utilizaron las mismas fotografías como justificación y por lo menos hay un caso de un campesino que asegura que recibió recursos para realizar un cultivo de tilapia que no había pedido, aceptó el financiamiento y luego los fondos fueron desviados, pero en los documentos oficiales figura él como quien lo desarrolló.

Una organización indígena asegura que no conoce nada de la realización de este proyecto, ni a qué empresas habrá beneficiado, mientras que un dirigente campesino señala que “se comieron el PAN y no nos dimos cuenta”.

Todos los días, a las 5:30 de la mañana, Rafael Sagastume comienza a trabajar en un cultivo de frijol en menos de una hectárea que alquila por 800 lempiras mensuales (unos 32 dólares) en el sector de El Ocote, en el municipio de Santa Bárbara, tras haber perdido dos cosechas de maíz por la sequía.

“Yo sembré 35 libras de frijol y espero cosechar unos ocho quintales”, cuenta Sagastume, quien prevé obtener 8 mil lempiras (320 dólares) por la venta que hará de la producción en esa jurisdicción ubicada en el occidente de Honduras, a 204 kilómetros de la capital.

El agricultor de 50 años dijo que no sabía cuánto había invertido porque las semillas se las regaló un amigo y los fertilizantes los adquirió al crédito. Con tierras de vocación agrícola, un clima tropical de sabana y en cuyas entrañas se encuentra la mina El Mochito, el yacimiento de oro y plata más grande de Centroamérica, Santa Bárbara pareciera brindar muchas oportunidades para que campesinos como Rafael Sagastume puedan cultivar.

Pero Sagastume es uno de los 450 mil pequeños productores que en su mayoría no tiene acceso a préstamos bancarios, según datos de organizaciones agrícolas.

Por eso, este campesino debió haber sido uno de los beneficiados con financiamiento para siembra mediante una iniciativa del Instituto Nacional Agrícola (INA) llamada Proyecto Producción Agropecuaria Nacional en Apoyo al Sector Reformado Comunidades Indígenas y Afrohondureñas (PAN); pero asegura que ni siquiera ha escuchado de ese programa.

“Nunca he sacado (un crédito) porque como vivo solo para el gasto (subsistencia), cuando sobra algo, lo vendo”, indicó.

En Honduras, 6 de cada 10 hondureños viven en zonas rurales, en donde el ingreso mensual es de 1.424 lempiras (unos 57 dólares), o lo que es lo mismo 47 lempiras (1,9 dólares) al día, según un informe de la Comisión Técnica de Medición de la Pobreza por Ingresos que patrocinó el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

En 2010, cuando se estaba estructurando el PAN, de todas las mypes agrícolas únicamente el 40% recibieron préstamos para sus cultivos. Las principales fuentes de financiamiento fueron: las cooperativas y asociaciones (25%), los parientes o amigos (18%) y los bancos privados (15%).

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El PAN fue creado hace una década para ayudar a reducir la pobreza en zonas rurales, y principalmente en comunidades indígenas, por medio de financiamiento de cultivos de granos básicos; sin embargo, no solo no logró cumplir las metas propuestas, sino que, además, muestra una serie de inconsistencias en sus informes de ejecución, por lo que existen muchas dudas respecto a cómo se gastaron los recursos.

Entre 2011 y 2019, el PAN ejecutó 144.5 millones de lempiras (5.7 millones de dólares) para cumplir una serie de ambiciosas metas como reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de subempleo invisible al 5% (trabajadores que laboran menos de la jornada normal), y elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75% del Producto Interno Bruto (PIB), entre otras. Ninguna meta se cumplió según reconoce el mismo organismo estatal a cargo del programa.

El PAN también prometía que mejoraría las capacidades de producción de 13.240 familias de comunidades indígenas lencas, garífunas, pech, tolupanes, tawahka y chortís y de pequeños productores de 10 departamentos. Pero asociaciones originarias aseguran que apenas han escuchado hablar del proyecto.

En Alta Voz, en alianza con la plataforma de periodismo colaborativo CONNECTAS, hizo 15 solicitudes de información para conocer cómo se invirtieron los fondos y el impacto real de este programa y encontró inconsistencias en los informes de ejecución, falta de respaldo de los gastos, dudosas condonaciones en los proyectos, e incumplimiento de contratos.

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22 millones sin facturas

La Secretaría de Finanzas aprobó el PAN en 2011 para financiar a Empresas Asociativas Campesinas (EAC) por montos de 100 mil lempiras ( 4 mil dólares) hasta 900 mil (36 mil dólares).

El PAN se desarrolló durante dos gestiones. En la primera del ministro César Ham (2010 a 2014) se invirtieron 100 millones de lempiras (4 millones de dólares).

Por su parte, el actual rector del INA, Ramón Lara Bueso ejecutó 46.5 millones de lempiras (1.8 millones de dólares) entre 2014 y 2019.

Durante su década de existencia el PAN financió proyectos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho, Yoro, Choluteca, El Paraíso, Colón, Atlántida, Cortés y Ocotepeque.

En respuesta a las solicitudes de información realizadas por En Alta Voz y CONNECTAS, el INA entregó un cuadro elaborado por la Unidad de Auditoría Interna de la institución en el que se enlistan 137 proyectos ejecutados en el periodo de César Ham por un monto de 22 millones de lempiras (880 mil dólares), pero no existen facturas que respalden los gastos, reconoció el actual ministro Ramón Lara Bueso.

En el reporte de la Unidad de Auditoría del INA se explica que los expedientes de los 137 proyectos están “en proceso de revisión y la mayoría de las liquidaciones están en calidad de fotocopias, todos los documentos de estos proyectos fueron devueltos al Departamento de Contabilidad”.

Esto significa que ninguno de los informes de los proyectos tendrá un finiquito y, por lo tanto, se emitirá un informe al Tribunal Superior de Cuentas para que profundice en la investigación y determine si emite pliegos de responsabilidades civiles, administrativas o penales contra los responsables, explicó Lara Bueso.

“No se tienen facturas de ese periodo”, reconoció Lara al ser consultado en el marco de esta investigación.

Ya no se puede recibir la información de gastos (para liquidar informes de proyectos del periodo de César Ham), ahora toca que sean enviados los expedientes al Tribunal Superior de Cuentas.

Roy Murillo, asesor legal del INA

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En Alta Voz intentó ubicar al exministro del INA, César Ham, pero allegados a él dijeron que vive en Nueva York. Se mandaron cinco mensajes por medio de su cuenta de Messenger con consultas sobre la falta de facturas de los proyectos que fueron financiados en su periodo, pero no respondió

Aunque hay 137 proyectos en la lista antes mencionada, el INA solo entregó ante la solicitud de transparencia para este reportaje, la información correspondiente a 58 de ellos.

El ministro Lara Bueso dijo que no se entregaron los documentos de todos los proyectos y del resto de gastos administrativos de la gestión de César Ham, porque simplemente no se encuentran o la información está incompleta.

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Una década después de su inicio, el PAN no ha podido cumplir ni sus metas más moderadas y es poco probable que se logren, admite el ministro del INA, Ramón Lara Bueso.

“Ese programa en realidad, fue un fracaso, porque las justificaciones para crearlo fueron sobredimensionadas”, indicó el ministro, quien informó que el PAN fue suspendido este año y se reactivará hasta que el INA y las EAC mejoren el manejo de fondos y rendición de cuentas.

Remarcó que los objetivos del PAN fueron establecidos en la anterior administración del INA.

Alex Flores · Ministro del INA, Ramón Lara Bueso

Se proyectó que la iniciativa creara 231.522 empleos en actividades como siembras, construcción de infraestructura productiva, actividades de almacenamiento y servicios conexos, entre otros.

De igual manera, se preveía dar financiamiento a unas 13 mil familias de siete comunidades indígenas, e instalar sistemas de riego en 400 mil hectáreas.

“Si usted revisa el PAN, ellos (la administración del INA anterior) pretendían dotar de sistemas de riego no sé qué cantidad de hectáreas, pero era exorbitante; nunca el Estado en varios años, será capaz de hacer eso”, aseguró.

Pero las irregularidades no solo se suscriben a la administración anterior.

A pesar de que se hizo una solicitud de información de todos los documentos soportes de los gastos del PAN y sus beneficiarios entre 2011 y 2019, la actual administración del INA no entregó lo requerido. En su reemplazo presentó diversos resúmenes con datos parciales e informes de proyectos que tampoco evidencian el detalle del uso de las transferencias por la falta de documentación.

El ministro Lara Bueso reconoció que no existe ningún reporte que indique que se haya brindado asistencia financiera o técnica a alguna de las 13.240 familias indígenas campesinas de Honduras. Los informes de ejecución de proyectos de la pasada y presente administración del INA no tienen registros sobre etnias beneficiadas. Solo hay reportes de campesinos no indígenas.

“Nosotros desconocemos si en algún momento ellos (la administración anterior) trabajaron invirtiendo en sectores indígenas” dijo el ministro del INA.

Y al ser consultado sobre si en su gestión se financiaron empresas agrícolas campesinas de indígenas con recursos del PAN, respondió que desconoce si entre los beneficiarios hay agricultores que pertenezcan a una etnia porque se planificó dar asistencia financiera a campesinos pobres en general y no a un grupo específico.

La coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Berta Zúñiga, aseguró que la organización ignora si alguna población nativa se benefició con el proyecto.

“Las etnias tienen un territorio bastante grande, pero no sé con quiénes trabajarían (el INA)”, dijo Zúñiga.

El dirigente de Vía Campesina, Rafael Alegría, dijo que consultará con otras representaciones de agricultores si fueron beneficiados con la iniciativa pues "alguien se comió el PAN y no nos dimos cuenta".

Alguien se comió el PAN y no nos dimos cuenta

Rafael Alegría, coordinador Vía Campesina

A criterio del secretario general de la Confederación Nacional de Campesinos, Obdulio Fuentes, este proyecto fracasó porque no se enfocó en dar capacitación técnica a los agricultores.

“El PAN, si lo hubieran aplicado correctamente, hubiese sido una posibilidad de poder producir a escala de consumo y a escala de mercado local y municipal porque se hubiesen mejorado las capacidades técnicas”, expresó.

Fuentes considera que a las autoridades del INA no les interesó hacer extensivo el PAN para que tuviera mayor cobertura porque “acá todo se lo roban”.

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Burocracia y condonaciones

Otro de los problemas detectados al revisar las cuentas del PAN, es que, a pesar que el INA cuenta con la Unidad Ejecutora de Proyectos para administrar este tipo de iniciativas para reducir gastos administrativos, una tercera parte de los ejecutado se destinó para pagos de sueldos del Instituto, compra de carros, mobiliario de oficina, computadoras, alquileres de edificios y contratación de publicidad.

De los 144.5 millones de lempiras gastados entre 2011 y 2019, el PAN erogó 98 millones de lempiras (3.9 millones de dólares) en financiamiento de proyectos

Otros 15.7 millones de lempiras (628 mil dólares) se orientaron a mecanización y compra de tierras.

Mientras que 46.5 millones de lempiras (2.8 millones de dólares) se orientaron para gastos administrativos como pago de sueldo, compra de carros y alquileres de edificios.

Otro hecho que arroja dudas sobre el manejo de los recursos del PAN fue que, en el periodo de Lara Bueso, se hizo una condonación, sin seguir los procedimientos correctos, de los fondos que empresas beneficiarias tenían que reembolsar a la institución.

Para cada Empresa Asociativa Campesina, el PAN destinaba, en promedio, de 90 mil a 600 mil lempiras (3.600 a 24.000 dólares), dependiendo del tipo de rubro y condiciones de la zona de cultivo.

Cuando esta obtuviera ganancias de la inversión, debía reembolsar al INA generalmente un 50% del financiamiento para ser destinado a otro proyecto y el otro 50% quedaría como estímulo para su misma empresa.

Estas condiciones fueron plasmadas en todos los contratos suscritos con las organizaciones campesinas.

No obstante, el ministro Ramón Antonio Lara Bueso, decidió condonar mediante una modificación de los contratos, unos 12.3 millones de lempiras (492 mil dólares) que correspondían al 50% de reembolso que tenían que hacer 90 empresas beneficiadas en su período.

“Se hizo un análisis y se vio que las empresas son pobres y el proyecto podía fracasar, porque no obtenían rendimiento ideal y tenían que regresar el dinero y por eso se hizo una adenda a cada contrato para anular el reembolso”, dijo Lara Bueso.

Esta explicación es contradictoria porque el INA no tiene informes detallados sobre el impacto que tuvo el PAN en los proyectos que financió.

Al final de cuentas, no se cambió el convenio de creación del PAN, por lo que en el marco legal de ese proyecto sigue existiendo la obligación de que se realicen los reembolsos.

Esto significa que las adendas a los contratos serían ilegales, de acuerdo a fuentes del Tribunal Superior de Cuentas ( TSC ) consultadas y que analizaron este punto bajo condición que no se revelaran sus nombres.

Gastos sin autorización

Los fondos de los proyectos aprobados por el ministro Lara Bueso se tenían que manejar mediante cuentas administradas por un funcionario del INA y un representante de la EAC beneficiada, según los contratos.

Pero, en 74 proyectos realizados en la administración de Lara Bueso ninguno fue manejado con las cuentas mancomunadas, de acuerdo a los informes revisados.

De igual manera, cada gasto de los proyectos se tenía que realizar con la autorización de un representante del INA, pero tampoco se cumplió esta disposición contractual en los mismos 74 proyectos, se constató.

El jefe de la Unidad Ejecutora de Proyectos del INA, Jorge Palma, dijo que cuando se firma la aprobación de un proyecto automáticamente se autorizan los gastos, por lo que posteriormente no es necesario emitir permisos para compras.

Las condiciones del financiamiento se establecieron en un contrato entre el ministro del INA y un representante de una EAC, pero en el periodo de Lara Bueso hay evidencias que en ciertos informes se firmaron convenios sin que los productores hayan pedido la ayuda. O, mejor dicho, se firmó el convenio de entrega de ayuda y la solicitud formal de la empresa se realizó semanas después.

Tal es el caso del proyecto para la producción de 17 hectáreas de maíz a favor de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Ceibita Yamalá , en Celilac, Santa Bárbara, occidente de Honduras y a 207 kilómetros de la capital, cuya solicitud tiene fecha 15 de febrero de 2016, pero el contrato se firmó tres semanas antes, el 27 de enero ese año.

Lo mismo pasó con el convenio firmado el 8 de enero de 2015 de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Cotongual para el cultivo de 2 hectáreas de plátano en La Arada, Santa Bárbara, pero el contrato se había firmado casi un mes antes, el 14 de diciembre de 2014.

En total, hay 15 informes que registran este tipo de irregularidades.

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Informes con fotos repetidas

Una vez que concluía un proyecto, la empresa campesina debía presentar un informe con un detalle sobre la ejecución de los gastos, con sus respectivas cotizaciones y facturas, descripción de la cosecha lograda, ingresos obtenidos y una galería fotográfica del proceso del cultivo.

En seis informes se presentan fotografías iguales para proyectos diferentes, por lo que no se sabe cuáles son las falsas y cuáles las reales.

Por ejemplo, en el informe de la EAC Flor del Campo 1, sobre el proyecto para cultivo de 2,8 hectáreas de maíz en San Nicolás, Santa Bárbara, se adjuntan seis fotografías relacionadas a la actividad que se supone se llevó a cabo en 2014.

Pero resulta que la EAC Brisas de San José de Atima presentó en su reporte sobre el cultivo de 6,9 hectáreas de café en 2016, tres fotografías iguales a las que constan en documento de Flor del Campo 1.

O sea, ambas empresas tienen idénticas fotos en sus documentos, pese a que los proyectos se hicieron en zonas y años distintos. Entre San José de Atima y San Nicolás hay una distancia de 15 kilómetros.

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La misma situación irregular se presenta con dos proyectos de plátano, siempre en Santa Bárbara.

La empresa San Vicente Centenario, en la localidad Tencoa, municipio de Santa Bárbara, registra en su informe seis fotografías para testimoniar el proceso de siembra de casi tres hectáreas de plátano.

No obstante, las mismas seis fotografías están insertas en el informe de ejecución de un proyecto de siembra de dos hectáreas de plátano que realizó la empresa Cotongual en el término de La Arada, Santa Bárbara, en 2014. Para llegar de la Arada a Santa Bárbara se recorre una ruta de 10 kilómetros. Incluso, el pie de foto (descripción) de esas imágenes son iguales.

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Hasta el plan empresarial que presentaron ambas organizaciones son idénticos.

Se le consultó al jefe de la Unidad de Proyectos del INA si habían detectado la repetición de fotos, pero contestó que “no los he visto”.

Al cuestionar al funcionario que con una simple revisión de los documentos se podía constatar este hallazgo, este contestó: “Es que usted tiene buen ojo”.

En el cotejamiento de la información sorprendió que el plan empresarial de un proyecto de siembra de 19 hectáreas de maíz para la agrupación Campesina de Producción 12 de mayo, se menciona que se realizaría en Jutiapa, pero en Guatemala, y no en Jutiapa del departamento Atlántida, en Honduras.

La contabilidad que hicieron las empresas y el INA de la realización de los proyectos fue cuestionable, al grado que ninguno de los informes establece cuánto dinero generó de ingresos los cultivos financiados ni cómo se repartieron las ganancias.

Lo que se indica en todos los reportes de los 90 proyectos es la misma frase calcada: “Una parte se comercializó y otra se destinó para consumo de los socios”, sin brindar mayores detalles.

El Tribunal Superior de Cuentas realizó una auditoría financiera y de cumplimiento legal en 2016 sobre los proyectos del INA en el que se incluyó el PAN y entre los elementos más relevantes se destaca que los 23 proyectos valorados en 6.6 millones de lempiras (264 mil dólares) que se realizaron entre 2014 y 2015 se llevaron todos a cabo solamente en Santa Bárbara, departamento de donde es originario el ministro Lara Bueso.

Al ser consultado sobre ese hallazgo, Lara Bueso se limitó a decir que en ese lapso solo se recibieron peticiones de transferencia de esa zona.

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Denuncia de desvío de fondos

La falta de seguimiento a los proyectos que financió el PAN además siembra dudas respecto a si se desviaron fondos para el beneficio personal de algunos involucrados.

El expresidente de la EAC Cotongual, Roberto Amaya, señaló que bajo engaños, le hicieron firmar, en 2014, dos contratos que suman en total 600 mil lempiras (24 mil dólares) que debían ser destinados para la construcción de lagunas para peces tilapia en la aldea Santa Rosita, Gualala, Santa Bárbara, pero el dinero finalmente se desvió.

Yo estaba tapiscando (cosechando) maíz y llegó Carlos Díaz, el jefe regional del INA en Santa Bárbara, a decirme que estaba listo un proyecto de tilapia, firmé los papeles porque le creí. El dinero se transfirió, pero nunca nos dieron el proyecto.

Roberto Amaya, Expresidente de la Empresa Asociativa Campesina Cotongual

El campesino asegura que nunca pidió este proyecto, es decir, que fue un funcionario, Carlos Díaz, quien le hizo firmar solicitudes, los recibos de los fondos que se transfirieron y los contratos; pero aceptó llevarlo a cabo por necesidad.

Indicó que primero el INA depositó el dinero a la cuenta bancaria de Cotongual y luego, por instrucciones de Carlos Díaz, pusieron los recursos en la cuenta bancaria de una empresa agropecuaria, lo cual se hizo porque el funcionario les aseguró que eso serviría para la compra de insumos.

“Incluso nos pusieron a trabajar para hacer las lagunas y luego ya Carlos Díaz no nos atendía; no hemos recibido nada del proyecto, Cotongual no lo maneja”, cuestionó.

El sitio en donde se llevó a cabo el proyecto se encuentra en unos predios del INA, en Santa Rita, en el municipio de Gualala, Santa Bárbara.

El jefe sectorial del INA, en Santa Bárbara, Carlos Díaz, aseguró que los insumos comprados se utilizaron para el desarrollo de 12 lagunas para tilapia, pero se determinó transferir el proyecto a la empresa Mujeres Emprendedoras, aunque admitió que hizo esta operación sin cambiar el contrato de Cotongual.

Díaz se comprometió a entregar la información documental de los réditos obtenidos por esta inversión; sin embargo, no lo hizo.

El PAN se mostró como una iniciativa que mejoraría vidas y activaría la economía con metas ambiciosas, pero no solo no se cumplieron los objetivos, sino que además hay muchas incógnitas respecto a dónde fueron a parar los recursos. Falta de fiscalización y desinterés son algunos de los problemas que dirigentes campesinos señalan como la causa del fracaso del proyecto.

Para el dirigente Obdulio Fuentes, el PAN retrata el abandono del gobierno al sector agrícola porque “no hay interés en los campesinos”.