“Asesinatos a la carta” - Diario En Alta Voz – noticias de Honduras, últimas noticias de Honduras

“Asesinatos a la carta”

 

Luisa Agüero

Puede ser cualquier día, a cualquier hora, en una autopista, en un campo de fútbol, en una terminal de buses o en un pueblo lejano, el escenario ya es lo de menos para delincuentes que a plena luz, o donde sea, disparan hasta terminar con la vida de sus víctimas. 2018 ya deja 115 personas fallecidas en 34 homicidios múltiples en lo que va del año.   Esta información del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OVUNAH), refleja que en 12 de los 18 departamentos se registraron este tipo de hechos. Además, da cuenta que Cortés y Francisco Morazán, dan cuenta de las cifras más elevadas de masacres ocurridas con 9 y 7 decesos respectivamente.

En una preocupante ubicación se posiciona en tercer lugar Olancho que, hasta julio de este año, las autoridades reportaron cinco asesinatos múltiples. En un listado nada grato se ubicaron Copán, Comayagua, El Paraíso e Intibucá con dos masacres cada uno, mientras que, en Valle, Gracias a Dios, Colón, Choluteca y Santa Bárbara reportaron una sola en ese período.

Una de las masacres que más ha impactado a la sociedad, tuvo lugar el 28 de enero. Esta, cuando una madre y sus dos hijas fueron asesinadas en la Aldea El Pedernal en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán. Otra se dio el 11 de febrero en Juticalpa, Olancho, la cual dejó seis víctimas.  Es importante tener en cuenta que debe haber de tres víctimas en adelante para que sea considerada una masacre.

De seis masacres reportadas; cuatro se han protagonizado en febrero.  El 2 de febrero, tres personas -dos hombres y una mujer- murieron acribillados en el barrio El Carmen de Siguatepeque, Comayagua.

El pasado domingo seis personas, entre ellas dos mujeres, perecieron en una matanza ocurrida en un vecindario de la ciudad de Juticalpa, Olancho.  El 13 de febrero, tres hombres fallecieron acribillados en la Avenida Circunvalación; a la altura del barrio Los Andes de San Pedro Sula y 48 horas después tres hombres fueron acribillados en Cofradía

Otro hecho criminal múltiple ocurrió el 14 de febrero en el departamento de Olancho. En esa zona al menos tres personas fueron asesinadas en la aldea Guinea número uno, en el municipio de Patuca.

Ni los niños se escapan ante los crímenes múltiples en Honduras

Cifras a reflexión.  Honduras ha pasado de 90 muertes por cada 100,000 habitantes a una proyección de 42 muertes al cierre de 2017, señala Insight Crime en su portal, lo cual se  debe a una combinación de factores como la política de prevención del crimen; desmantelar grandes estructuras criminales; purga y reforma de la Policía Nacional; la reforma y modernización del sistema penitenciario; aumento sustancial de los recursos contra la delincuencia; entrenamiento y cambios en el Código Penal; y trabajo conjunto entre instituciones estatales y organizaciones dependientes.

“Algunas de las organizaciones criminales más poderosas de Honduras, como los Cachiros, los Valles y el Cartel de los Hermanos AA, se encontraban entre los grupos que según la ONU generaron altos niveles de violencia en las áreas que controlaban. Pero muchos líderes de estas organizaciones han sido capturados u obligados a rendirse a las autoridades en los últimos cinco años, y algunos de ellos han sido extraditados a los Estados Unidos”, destaca el portal.

Según cifras oficiales, la tasa de homicidios llegó a 46 por cada 100,000 ciudadanos para fin de año, en comparación con 59 por cada 100,000 registrados en 2016 por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Universidad Nacional Autónoma de Honduras – UNAH).

El Ministerio de Seguridad dio a conocer que 3.209 personas murieron violentamente en nuestro país entre enero y octubre de 2017, un 26,3 por ciento menos con relación a los 4.356 casos reportados durante igual período en 2016. El Observatorio de la Violencia, responsable de monitorear las muertes violentas en Honduras junto con las agencias de seguridad y justicia del país, también presentó su boletín semestral en noviembre y confirmó las tendencias con pequeñas diferencias. Según el boletín, los homicidios cayeron un 21 por ciento en los primeros seis meses de 2017. La coordinadora del Observatorio de la Violencia, Migdonia Ayestas, dijo que esto representaba una reducción de 545 homicidios en comparación con igual período en 2016. En promedio hubo 338 muertes por mes en 2017, mientras que en 2016 hubo 429 muertes”.

A expertos como Migdonia Ayestas les asombra “la brutalidad con la cual se cometen estos crímenes y la preparación con la que el victimario ejecuta la acción, donde por lo general las víctimas son indefensas ante un hecho criminal”.  Entre los móviles de las masacres se menciona la venganza, la extorsión, temas pasionales y peleas de territorio.

“Será muy importante poder establecer cuál es la relación entre los victimarios y si se puede investigar el grado de relación que tenían con las víctimas”, puntualiza.

El panorama.   Miles de hondureños están de luto y no son pocos -en cada plaza, en cada fila, o viajando en transporte público–quienes siguen hablando de uno los problemas que más preocupa a la población: la inseguridad.  En San Pedro Sula los ciudadanos saben que el gobierno hace lo que puede y está adoptando medidas drásticas a través de los patrullajes, pero esto, señalan, no ha sido suficiente.

 “Eso pasa por andar en cualquier sitio, si uno tiene un poquito de dinero no debe andar en la calle, pero tampoco importa porque matan a quien sea y dicen siempre que era narcotraficante o del crimen organizado”, afirma don Víctor Fonseca, un sampedrano para quien salir a la calle y volver a su casa por la noche resulta un milagro. “No sabemos si vamos a regresar, ni quien será la próxima víctima”, lamenta.

Lo cierto es que los sampedranos y seguramente el resto de la población en nuestro país, ha cambiado su estilo de vida para vivir en una nación en la cual la posibilidad de un robo, un tiroteo y hasta un secuestro es una constante.

La Policía Nacional no reconoce como muertes aquellas en las que no constan autopsias, pero el Observatorio sí las incluye en su análisis porque estos fallecimientos quedan contabilizados en los levantamientos cadavéricos que hace el Instituto de Ciencias Forenses o en reportes periodísticos.

El Observatorio de la Violencia también alega que ahora la Policía Nacional ya no le permite acceder a información de las dependencias que contabilizan los homicidios y la única información disponible es la que se divulga por medio de la página web de Sepol.

Las muertes colectivas forman parte de los hechos macabros que más estremecen a la sociedad.  De enero a julio de 2014 se han contabilizado 67 masacres en las que murieron 213 personas, según el Observatorio de la Violencia.  Mientras, de enero a julio del año anterior, murieron 237 personas en 68 eventos de homicidios múltiples, de acuerdo al ente especializado de la UNAH.

Lo anterior representa que, en el primer semestre de los últimos cuatro años, ha habido una reducción de un 10.2 en muertes por masacre si se comparan con las estadísticas de ese período de 2013. Pero en los 364 días de 2013, el total de masacres fueron 109 y en las mismas murieron unas 400 personas.

Por su parte, en 2012, aproximadamente 200 ciudadanos perdieron la vida en 115 masacres. Se denomina una masacre cuando en un mismo hecho pierden la vida tres o más personas producto de algún ataque intencional o culposo.

El último.  El gobierno ha puesto en marcha varias operaciones especiales para desarticular diversas organizaciones criminales.

Al cierre de 2014, por ejemplo, según el Observatorio de la Violencia, la tasa de homicidios a nivel nacional fue de 79 por cada cien mil habitantes (pccmh) y el departamento de Cortés alcanzó una tasa de 133.3 pccmh. Hoy, el 46 alcanzado resulta satisfactorio y la meta es seguir bajando.

El departamento de Cortés cuenta con 12 municipios de los cuales dos superan la tasa nacional y departamental: San Pedro Sula, con una tasa de 193.4 (pccmh), La Lima con una tasa de 167.4 (pccmh); seguido de Puerto Cortés con una tasa de 130.8 (pccmh) y San Manuel con una tasa de 106.4, San Antonio de Cortés (93) que están por debajo de la cifra  departamental y sobre la tasa nacional; el resto de municipios se encontraban bajo la tasa departamental y nacional de 79 homicidios por cada 100,000 habitantes, en el año mencionado.

La principal causa de muerte externa fue el homicidio con 1,458 víctimas (84.4%). En el análisis comparativo entre el 2012 y el 2013 en conjunto se observa un notable aumento en casi todas las categorías, con excepción en los suicidios que reportan una considerable baja de 34 % (9 casos) en comparación al año anterior. Los homicidios tuvieron un aumento de 13% (168 casos), en relación al 2012, seguido de las muertes por accidentes de tránsito que reportaron un aumento de 18 % (31 eventos), finalmente las muertes no intencionales con un aumento de 19% (9 víctimas).

En esta ciudad se registran homicidios las 24 horas, y se cometen casi la misma cantidad de muertes en el día (45%), como por la noche (46.6%). Sin embargo, los rangos horarios donde mayor número de homicidios se registran son de (15:00-17:59) de la tarde y de (18:00-20:59) de la noche, sumando el 30.8 % del total de las muertes. El 8.4 % de las muertes se mantienen sin dato con respecto al tiempo de ejecución.

El dato más destacable es que 1,082 homicidios (74.2%), no tienen información sobre el contexto y el móvil de la muerte.

Del conjunto de homicidios documentados se encontró que 196 casos (13.4%), son por ajuste de cuentas, a partir de la modalidad de sicariato, 78 homicidios (5.3%) fueron por

actividades delictivas como robo o tentativa, más conocido como delincuencia común; 36 muertes (2.4%) están relacionadas con actividades de las maras o pandillas, 26 eventos (1.7%) fueron por riñas interpersonales, 18 (1.2%) personas perdieron la vida bajo la modalidad denominada acción policial, 12 homicidios tienen de móvil la extorsión, 8 están relacionados con droga y 2 por disparos al aire.

El 70.4% (1,027 casos) de los homicidios se concretaron la vía pública, en un 20.1% (293 casos) no hay registros sobre el lugar donde se concretó el hecho violento, el 2.8% (41) de los homicidios se perpetraron en casas de habitación, hoteles o similares; el 1% (14 casos) de las muertes se registraron en solares baldíos o a la intemperie, 13 muerte tuvieron lugar en bares o similares, 12 homicidios en escenarios relacionados con ríos, quebradas, lagunas o el mar; 10 muertes tuvieron como escenario vehículos.

Durante los dos últimos años, en el municipio de San Pedro Sula se registraron 1,259 (86.4%) homicidios con arma de fuego, 80 muertes (5.5%) consumadas a través de la estrangulación o asfixia, en 78 homicidios (5.3%) se registró como arma homicida el arma blanca, 29 homicidios (2%) se hizo con armas contundentes, 4 muertes se perpetraron a través de quemaduras o explosivos, un  homicidio se cometió usando arma de fuego y blanca. La permisividad jurídica y fácil acceso convierten a las armas de fuego en el instrumento favorito de los homicidas.  Pero eso no es todo. Aquí, solo el 4 por ciento de los homicidios llegan a juicio oral y público y reciben sentencia condenatoria. En medio de este panorama y con un 96 por ciento de impunidad, cualquiera mata, pues tienen la certeza, que nunca la llevarán a juicio, no será investigada y mucho menos recibirá un castigo.

La juventud con todas sus expresiones es el segmento poblacional más afectado por la acción homicida.  Las cifras de violencia y de criminalidad se siguen manteniendo en Honduras, pese a que las autoridades policiales afirman que han tomado acciones para contrarrestar este flagelo.

San Pedro Sula es un municipio eminentemente urbano, espacio donde se desarrolla todo el tejido comercial e industrial, financiero, cultural y político del municipio, en esa

realidad se expresa la actividad homicida.

Qué dice el pueblo. Algunos taxistas que se desplazan por la ciudad en turnos rotativos también señalaron que hasta dejaron de respetar semáforos en las noches por el temor a ser objeto de asaltos y, en diversas ocasiones, más bien los clientes les piden que avancen rápido.

Las historias resultan similares: amigos, conocidos y familiares han muerto en asaltos porque trataron de robarles y en accidentes porque los impactó algún “borracho”.

 “Los sampedranos salimos con el Padre Nuestro en la boca y la Cruz en la mano”, dice don Víctor Fonseca. “Que se le reviente una llanta o el carro se dañe en cualquier calle es un peligro, sobre todo porque después de ciertas horas uno no ve una patrulla y que conste que el alcalde Armando Calidonio también hace buen trabajo para darle seguridad a la gente”.

Noemí López es, como don Víctor, residente de una colonia en el Sur Este de San Pedro Sula. Para ella, “la seguridad brilla por su ausencia”. Y la única precaución que puede tomar es “no salir de la casa salvo si es necesario”.

Aunque la criminalidad y la violencia no son algo nuevo en Honduras, la situación se ha vuelto más crítica en los últimos años y tomar precauciones pasó a ser parte de la rutina.

Hay quienes creen que el país es casi seguro y que la gente no está tan preocupada. Sin embargo, “durante los últimos 10 años la inseguridad ha estado en el tope de las preocupaciones de los pobladores de acuerdo a diferentes encuestas”.

Los operativos son constantes pero los crímenes no paran.

El alto costo de la violencia

Según el Banco Mundial, en Centroamérica, el costo económico total del crimen y la violencia alcanza el 7.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) pero en Honduras, ese costo es casi del 10 por ciento y las ventas se ven afectadas, casi en un cuatro por ciento”.

Para algunos analistas, estas cifras resultan preocupantes: “El PIB de Honduras es de 315 millones de lempiras aproximados, U$16, 578,947, lo cual significa que, si la violencia afecta el 10 por ciento, dejamos de producir 31 millones de lempiras, U$ 1, 657,895, por esa causa.

En su estudio “Crimen y violencia en Centroamérica: un desafío para el desarrollo”, el Banco Mundial plantea: la próxima víctima de la espiral de criminalidad y violencia que afecta a la región podría ser la propia prosperidad a medida que sus países enfrentan enormes pérdidas en vidas humanas e ingresos.

La criminalidad y la violencia también inhiben el crecimiento económico, no sólo en términos del ingreso y trabajo perdidos de las víctimas, sino que contaminan el clima de inversión y desvían los escasos recursos públicos hacia el fortalecimiento de la seguridad pública, en lugar de fomentar la actividad económica, sostiene el estudio.

Sin embargo, en un giro positivo, el estudio también plantea que una reducción de diez por ciento en la tasa de homicidio de los países más violentos de la región impulsaría el crecimiento económico anual hasta un uno por ciento.

El crimen – indica el informe del BM – es un duro lastre para las perspectivas económicas y sociales de América Central.

“Desde la amenaza que supone para el bienestar de sus ciudadanos y el clima de inversión, hasta el debilitamiento de la legitimidad de las instituciones públicas, la violencia impacta en todos los aspectos de la vida centroamericana”, indica el autor del informe y experto superior en desarrollo social Rodrigo Serrano- Berthet.

La mayoría de los empresarios de América Central, a excepción de Costa Rica, colocan al crimen entre los cinco principales obstáculos para el crecimiento y la productividad empresarial, plantea Serrano-Berthet.  “Aún más revelador es que el 71 por ciento de los centroamericanos identifica al crimen como la principal amenaza a su bienestar”, señala el experto.

El narcotráfico y una cultura de la violencia que lleva décadas se destacan como los principales culpables de la problemática criminal en América Central. Un fácil acceso a las armas de fuego y débiles instituciones judiciales también tienen su cuota de culpa en el estado de violencia que se vive en la región, de acuerdo al informe.

El narcotráfico aparece como la causa principal de la creciente tasa de criminalidad y violencia en América Central, reflejando, en parte, la magnitud del flujo de drogas por la región –el 90 por ciento de las drogas destinadas a los EE. UU, de acuerdo a la investigación. Los rasgos inherentes a las operaciones de los cárteles de droga, como las guerras territoriales y vendettas entre pandillas rivales, alimentan las tasas de homicidio regionales.

Énfasis en prevención

La complejidad de esta situación requiere un enfoque regional y mayor énfasis en la prevención, a expensas de la interdicción, que ha sido insuficiente a la hora de disminuir la capacidad de los traficantes. Además, cualquier estrategia exitosa requiere de acciones a muchos niveles, combinando prevención y reforma del sistema judicial, según la también autora del informe y experta en desarrollo Lorena Cohan.

La disponibilidad de armas de fuego, una ramificación del tráfico de drogas, es sin dudas un problema de difícil solución en una región donde las prolongadas guerras civiles hicieron de estas armas un objeto común entre la población, indica el informe.

La mayoría de las víctimas de homicidio son hombres jóvenes de entre 15 y 34 años de edad. Esto hace que hoy la violencia juvenil y las pandillas sean uno de los problemas fundamentales de América Central, donde se calcula existen 900 pandillas o maras, con un total de 70.000 miembros.

A pesar de lo abrumador de estos números, las pandillas no parecen ser los principales culpables de la creciente tasa de criminalidad. “Si bien no hay dudas de que las pandillas son una de las principales causas del crimen en El Salvador, Guatemala y Honduras, la escasa evidencia disponible apunta a que sólo son culpables de una pequeña parte de la violencia; algunas fuentes mantienen que tal vez el 15 por ciento de los homicidios están relacionados con las pandillas”, de acuerdo al informe. El estudio también pone bajo la lupa al sistema judicial, al calificarlo como “débil”. Si bien plantea que esto limita la eficacia del castigo y la prevención ante la criminalidad y la violencia, también reconoce que se ha avanzado en el mejoramiento de las instituciones judiciales regionales.

Queda claro: no existe una solución rápida y fácil para el problema de la criminalidad y la violencia en América Central. En su lugar, los tomadores de decisiones deberán insistir porque todo indica que la lucha contra el crimen seguirá siendo prolongada.

168 total views, 3 views today

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *