Foto: Denis Arita

Luisa Agüero

El Coronavirus o Covid 19 modificó la atención a pacientes aquejados por otros males en Honduras e hizo colapsar un sistema de atención ya precarizado por la corrupción. Aquí, la cifra de decesos por causa de la pandemia se elevó la última semana a la poca “creíble” cifra oficial de 8.373 fallecidos desde la expansión del virus, en marzo de 2020, según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). 

Pareciera que las otras enfermedades estuvieran en pausa y quienes han podido costearse la realización de exámenes en hospitales privados lograron retomar, con ciertas restricciones sus tratamientos, siempre que las condiciones económicas les facilitaran ese acceso.

Lo cierto es que la desigualdad en el acceso a los servicios de salud es hoy uno de los mayores problemas sanitarios que enfrentan los hondureños.  En este país, los mínimos recursos y las limitadas posibilidades de los sectores marginados a la asistencia hospitalaria de calidad, han hecho que se abra un abismo al comparar algunas cifras en la región.

Dos factores principales han contribuido a elevar los precios por consulta o exámenes entre 1000 y 1,500 lempiras, cifra equivalente a U$ 43.32 a 45 U$. El primero es la reglamentación de la actividad médica, manifestó la analista.

La cantidad de doctores, considera, es legalmente controlada a través de licencias, supervisadas por el Colegio Médico de Honduras. Aquellos que favorecen limitaciones en el número de médicos lo hacen porque temen una “sobreoferta” la cual presumiblemente bajaría el ingreso y el poder de los especialistas individuales. “Imagínese que nos dimos el lujo de rechazar unas becas de Cuba para que jóvenes de escasos recursos estudien esa carrera”, ironizó la economista.  “Estas restricciones han empujado los costos a niveles inalcanzables”, expresa.

Foto: Luisa Agüero

Existe un 70 por ciento de la población sin acceso a servicios médicos de cualquier categoría de atención, los cuales se encuentran postergados en zonas rurales de difícil acceso. “Los caros tratamientos para enfermedades crónicas de largo plazo, el elevado precio de los medicamentos, el alto índice de personas sin seguro y muchos otros factores están impulsando hacia arriba los costos de atención de la salud. Además, los servicios preventivos, que tienen el potencial de ahorrar dinero, no son una prioridad en el sistema actual”

En las últimas dos décadas, se tenía registro de 518 mil 389 cotizantes en el Seguro Social y 847 mil 029 beneficiarios, entre esposas, compañeras e hijos hasta de cinco años.  No obstante, cifras del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, correspondientes al año 2001, daban cuenta que la Seguridad Social sólo cubre al 41.3 por ciento de los trabajadores del sector formal y al 6.8 por ciento del informal. De hecho, los índices de cobertura de la seguridad social decrecieron en los últimos dos años, alcanzando a menos del 15 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), en 2002.

Caso particular

Doña Ondina comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza en 2002. Inicialmente, ella y su familia atribuyeron el malestar al medicamento que tomaba para controlar su presión. Sin embargo, muy pronto se darían cuenta que, apenas estaban comenzando a recorrer un sinuoso camino en busca de atención hospitalaria.

El diagnóstico fue contundente y el ama de casa de 67 años, inició su carrera contra el reloj, sometiéndose a exámenes especializados, tomografías y resonancias magnéticas, que muy pronto superaron su nivel de ingresos, a pesar de los gratificantes descuentos de la “Tercera Edad”, con los cuales esperaba verse beneficiada.

La tribulación fue creciendo, al igual que las infladas facturas que superaron los 80 mil lempiras y las opciones se cerraron cada vez más.  Doña Ondina, mi madre, “cerró sus ojos definitivamente” el 25 de abril de 2005, ocasionándome un sentimiento de impotencia por no haberla podido llevar más tiempo a una clínica privada, donde quizá su vida se hubiera prolongado un poco más…Igualmente, ya no es el momento de buscar respuestas.

Lo cierto es que la tristeza imborrable y el sufrimiento de haber perdido a mi mamá y a mi papá en similares circunstancias de precaria atención, me están haciendo vivir,  en carne propia, una “amarga situación” a la cual también se enfrentan cinco millones 900 mil habitantes: los costos de atención médica en situaciones de emergencia, sobre todo en la consulta privada, se han vuelto insostenibles y las posibilidades de practicarse cualquier procedimiento, de esos que la gente llama “especializados”, son casi un sueño para los atribulados pobladores que “rezan” para no caer “víctimas” de  ningún mal. A eso debemos añadir el temor al Covid19 y la falta de cupo en los hospitales nacionales. 

En “Coma”

Los cuidados médicos desde la administración de Ricardo Maduro, hasta la del actual presidente Juan Orlando Hernández, están en estado de coma que se ha agudizado por el deplorable manejo ante la pandemia de Covid 19. Y, por supuesto, los costos de atención en salud se han elevado a un ritmo cuatro veces más rápido que la tasa de inflación. Los precios de los seguros médicos, para el caso, y el efectivo que los pacientes tienen que pagar de su propio bolsillo siguen aumentando, igual que se eleva el número de hondureños desamparados en materia de asistencia.

Si usted visita a algún especialista, obviamente deberá preparar no menos de 45 dólares por consulta. Los exámenes, por supuesto, son cuestión aparte.

De acuerdo a una minuciosa recopilación realizada, un san de cuerpo o body scan cuesta 16 mil 300 lempiras (706 dólares). Una tomografía abdominal, por su parte, cuesta 6,000 lempiras (U$300). Sin embargo, las posibilidades se vuelven más reducidas para el hondureño promedio si debe practicarse alguna resonancia magnética, cuyo valor asciende a 10 mil lempiras (U$ 434). “Quien dispone hoy de tanto dinero para hacerse un examen de esos”, expresa la economista.

En algunos centros especializados, a los cuales centenares de sampedranos recurren porque en el Hospital “Mario Catarino Rivas” no hay oportunidad o, por que no están asegurados, las radiografías tienen un costo de 500 a 600 lempiras (U$26), al igual que los ultrasonidos.

“Yo me hice uno en otra clínica porque en el Seguro no había papel”, comentó Larissa Santos, una joven obrera de maquila, durante una fila para reclamar unas facturas en la municipalidad local.

El caso de los medicamentos resulta “escabroso”. Y, por tres días de hospitalización en una clínica privada, alístese a desembolsar la nada despreciable cifra de 25 mil lempiras (U$866), sumado a los mil 500 lempiras por concepto de materiales y suministros (U$65), más cuatro mil 520 lempiras de laboratorio (U$196), 550 lempiras de nebulización (U$24), y 1,000 lempiras por un kit personal (US 43).

 “Ambiente Rojo” se mantiene

La sala de emergencia de una conocida clínica sampedrana lucía abarrotada el día que mi madre falleció. Lo triste del caso es que, de 30 personas que esperaban turno, — lo cual pude constatar–, 25 eran familiares de algún herido o politraumatizado.  “Aquí si uno viene con dolor mejor se muere, primero atienden a los baleados o atropellados. No obstante, hoy el protagonismo se impone con los afectados por el Covid-19”, dijo Nohemy Soriano, una señora que buscaba medicamentos por un fuerte dolor abdominal que la aquejaba en ese momento.

Me trasladé a otro centro asistencial donde, en menos de cuatro horas, se atendieron unas 20 emergencias que mantuvieron al personal al borde de un “ataque” de nervios. “Esto no ha parado desde la mañana!”, decía Abner Enamorado, un joven de aproximadamente 25 años que esperaba ser evaluado por el médico de turno.

En hospitales como el “Mario Catarino Rivas”, por ejemplo, decenas de personas han pasado por la emergencia de ese centro asistencial en San Pedro Sula, pero tienen que esperar turno para recibir atención, porque el lugar, algunas veces resulta “insuficiente”, saturado entre tantos accidentados y el Covid19.

Las raíces

El vértice de este problema es específico y va más allá de números fríos, aunque las cifras “congelen” a los más centrados. Actualmente, el primer centro asistencial de la zona norte atiende un aproximado de 50 a 100 casos diarios por traumas y heridos de origen violento, lo cual ocasiona un elevado gasto en insumos de laboratorio o en cuidados intensivos, cuando la situación lo requiere. En la pandemia la ocupación es del 100 por ciento,

Además de pacientes heridos por arma de fuego o arma blanca, el ingreso de personas accidentadas, producto de efectos nocivos como el alcohol o de alguna imprudencia por parte de conductores desaforados, es constante y elevada.  En promedio, se reciben unos 10 mil pacientes mensuales.

Pérdidas irreparables

Desde el momento de la llegada de un paciente herido inicia el conteo de gastos que el “Mario Rivas” no recupera. De hecho, el llamado “Hospital del Pueblo” eroga una importante porción de sus recursos para atender el problema de la violencia, que parece no tener fin, a pesar del esfuerzo de las autoridades.

Camilleros, médicos internos, residentes, enfermeras, médicos especialistas en caso de que los pacientes sean operados, e insumos como el suero, la sangre (muy escasa pese a las campañas de concienciación), hilos de sutura y  la sala de operaciones, forman parte de la extensa lista que ha estado al servicio de cuanto herido de bala, macheteado, pandillero, delincuente o ciudadano que ha sido su víctima  requiera en ese centro de atención al servicio de todas las personas, sin distingo de clase.

Es importante poner los “pies en la tierra” y que, por una vez en la vida, la población reaccione y prevenga.  Si usted fuera víctima de un hecho “sangriento”, de entrada, un hospital privado, le pide entre cinco y 20 mil lempiras por adelantado (U$870).  Por atender a estas personas, el “Mario Rivas” no recibe nada, excepto en circunstancias en las cuales el paciente ha estado de dos a tres semanas.

Los fines de semana se operan entre ocho y diez pacientes producto de la violencia y atropellamientos. Igualmente, se estima que ese centro hospitalario eroga de 10 a 15 mil lempiras diariamente (U$650) para asistir a “lastimados” que abarrotan sus   salas de emergencia y cuya estadía se prolonga hasta 15 días o más, tomando en cuenta que requieren de cuidados intensivos los cuales, en la consulta privada superan los 250 mil lempiras por día (U$10,800).

El gasto diario que el centro absorbe con pacientes que permanecen períodos prolongados es de cinco mil lempiras, que casi nunca se recuperan (U$216).   La consecuencia lógica es un aumento en los costos hospitalarios.

Un enfermero, Cristian Pérez, cuyo nombre no permanecerá en el olvido para mí, me decía la semana pasada: “debemos tener respeto a la vida; y la gente, debería cuidarse del Coronavirus, pero además no debería andar ingiriendo bebidas alcohólicas, ni drogas o con armas, a excepción de las autoridades competentes en este país, pero aquí, los delincuentes andan más equipados que la gente civil”.

Tanto la violencia como protegerse del Covid19 se pueden prevenir educando a la población, en primera instancia a través de la Ley “Seca”, en determinadas épocas o días de la semana, o con una venta regulada de bebidas alcohólicas, entre otras cosas, y la pandemia es de conciencia. “Es una cuestión de cultura”, opinó Pérez.

Ni mi madre, ni mi padre están conmigo físicamente, aunque seguirán viviendo en mi corazón por siempre y, más allá resentir el deplorable estado de la atención en salud, que no me permitió darles a ellos un “cuidado intensivo”, no soy la llamada a evaluar la gestión hospitalaria de Honduras. Esa no es una tarea fácil, sobre todo hoy que me enfrento al “cáncer” en un entorno en el cual, la falta de educación y la corrupción mantienen su “reino”.

En todo caso, las autoridades actuales, cosa que no creo que pase o quienes estén por venir, deberán asumir el reto, –según los propios afectados–, de implementar programas que les den a los hondureños de escasos recursos, la oportunidad de recibir atención médica digna…veremos al final quién podría tener la última palabra.

En otras palabras, el sistema de Salud de Honduras necesita una “transfusión” de ayuda urgente, tanto del Estado como de cualquier otra organización foránea en la cual se priorice el trabajo intensivo de Atención Primaria, con un enfoque de prevención.

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