La falta prolongada de lluvias mantiene en niveles críticos las represas Los Laureles y La Concepción, principales fuentes de abastecimiento de Tegucigalpa y Comayagüela.
Mientras se endurecen los racionamientos, miles de familias deben almacenar agua o comprarla, un gasto que golpea con mayor fuerza a los hogares de bajos ingresos.
“Tenemos que recoger agua en baldes mientras nos bañamos, para poder utilizar esa agua en los sanitarios” dice don Rubén Castillo, vecino de La San Miguel.
La crisis alcanzó incluso al Congreso Nacional, que suspendió su sesión de este miércoles por no contar con agua suficiente para garantizar las condiciones sanitarias dentro del edificio. Sin embargo, fuera de las instituciones públicas, esta realidad afecta diariamente a familias, escuelas, centros de salud y pequeños negocios.
“Ya no podemos ni recibir visitas en nuestra casa, para no tener que negarles el uso del sanitario por falta de agua, da pena comentar esto pero es una realidad” expresó Cristina Domínguez, de La Fraternidad.
La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento, UMAPS, ha advertido que los embalses se encuentran críticamente bajos y que los intervalos de distribución podrían ampliarse si septiembre no deja lluvias significativas.
Cenaos también alertó que, si después del 5 de septiembre no se registran precipitaciones suficientes en la zona central y el Corredor Seco, la sequía podría prolongarse. Una lluvia aislada no resolverá inmediatamente el problema: se necesitan precipitaciones sostenidas que permitan recuperar las fuentes y los embalses.
El problema trasciende la capital. Datos divulgados por Copeco indican que 233 de los 298 municipios de Honduras se encontraban bajo algún nivel de alerta por sequía a finales de agosto. Naciones Unidas confirmó su acompañamiento ante los efectos sobre el acceso al agua, la salud, la producción y la seguridad alimentaria.
⚠️ Tegucigalpa necesita respuestas inmediatas, pero también soluciones permanentes: protección de las cuencas, reducción de fugas, nuevas fuentes de abastecimiento, inversión transparente y una distribución equitativa.
El agua no puede convertirse en un privilegio. Es un derecho humano y una condición indispensable para la salud y la dignidad.
