Por: Joaquín A. Mejía Rivera, ERIC-SJ y EJDH

Recientemente, Omar Rivera señaló en una entrevista a Radio Progreso que “los señalamientos de la justicia estadounidense contra Juan Orlando Hernández son un asunto de carácter personal, por ende, tocará a él rendir cuentas, pero hasta que termine su mandato en enero de 2022, porque el país no es changoneta para andar pidiendo su renuncia”*.

Ya que él habla en nombre de la sociedad civil de la que yo soy parte, debo cuestionar su posición de separar la actuación “personal” de Juan Orlando Hernández como presunto narcotraficante y su actuación como “presidente de la República”. En este sentido, planteo diez cuestiones básicas sobre ética, política y constitucionalidad:

  1. Juan Orlando Hernández no es un ciudadano común, sino que ejerce la función de Jefe de Estado (aunque usurpándolo) y, por tanto, tiene la representación de los intereses generales de la sociedad y la responsabilidad de promoverlos y protegerlos.
  2. El ejercicio del poder público está sujeto a unas reglas fijadas expresamente por la sociedad en la Constitución nacional; por ende, como titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández tiene la obligación de observarlas y, de no hacerlo, se produce un profundo alejamiento entre él como presidente y la ciudadanía.
  3. Cuando un funcionario público no cumple con dichas reglas y sus acciones implican una afectación a los intereses generales de la sociedad que representa, atenta contra la propia razón de ser del cargo político que ostenta y vacía su gestión de valor jurídico y moral.
  4. Frente a los graves señalamientos de vinculación con el narcotráfico y de utilizar las instituciones del Estado para facilitarlo, sin duda alguna es una razón suficiente para que se cuestione su legitimidad y, en consecuencia, su idoneidad para continuar en un cargo de representación política tan importante.
  5. El padre de la sociología política, Max Weber, planteó dos conceptos muy transcendentales como elementos orientadores de la actuación de las funcionarias y funcionarios públicos: ética y legitimidad. La primera incluye la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad; y la segunda, la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio.
  6. En cuanto a la ética de la convicción, el régimen de Juan Orlando Hernández ha pisoteado todos los valores democráticos y ha mostrado un absoluto desprecio por la Constitución de la República, y, como resultado, ha convertido a Honduras en una autocracia, de acuerdo con el Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos, provocando que el 82,5% de la población no tenga confianza en su gobierno, como lo señala el más reciente sondeo de opinión pública del ERIC-SJ.
  7. Con respecto a la ética de la responsabilidad, es evidente que no solo no ha cumplido con sus responsabilidades, sino que ha usado su poder para la comisión de delitos de criminalidad organizada y contra la Constitución. Por tanto, oponerse a las peticiones de renuncia de Juan Orlando Hernández y criticarlas, no solo refleja una visión irresponsable y cínica de lo que es la gobernabilidad democrática, sino también una clara intención de que siga aferrándose al poder sin importar el daño que se está haciendo al país.
  8. En relación con la legitimidad de origen, debemos recordar lo señalado por Andrea Greppi, en el sentido que esta solo se obtiene cuando se respetan dos elementos esenciales: el principio de soberanía popular que se expresa en la voluntad de las mayorías a través de elecciones libres, auténticas y justas; y la garantía de los derechos humanos como valores fundamentales de la sociedad. En cuanto al primero, Juan Orlando Hernández no solo se reeligió violando la Constitución, sino también a través de un fraude electoral. Sobre lo segundo, solo basta leer los informes de organismos internacionales u observar el día a día de la población para ratificar la existencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
  9. Con relación a legitimidad de ejercicio, el régimen de Juan Orlando Hernández no solamente ha mentido e incumplido sus promesas electorales, sino que también ha hundido al país en la violencia social e institucional, en la militarización, en la impunidad, en la corrupción, en la pobreza y la desigualdad, y ha convertido al Estado, diseñado para promover y proteger la dignidad humana y los derechos humanos, en un peligroso leviatán autoritario, cruel y peligroso -utilizando el relato político de Hobbes-, sobre todo para quienes exigimos “el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social” para toda la población, como lo ordena el artículo 1 constitucional.
  10. Cuando un régimen como el de Juan Orlando Hernández no goza de legitimidad, tampoco tiene autoridad y capacidad suficiente para actuar y ejercer el poder en el marco del Estado de derecho. Por eso busca permanentemente el poder en otra fuente distinta a la que emana de la legitimidad que da la sociedad; en su caso, se aferra a la fuerza de las armas militares y policiales, y a la fuerza simbólica que le brinda su alianza con las cúpulas religiosas y con ciertos sectores de sociedad civil que continúan defendiéndolo o que se llaman al silencio.

Finalmente, es necesario insistir que la democracia no solo es un sistema político, sino también un sistema de valores que deben guiar las actuaciones de quienes ejercen el poder público y de quienes hablan en nombre de la sociedad. Uno de esos valores fundamentales es la ÉTICA que parece estar ausente en estos tiempos.

Cuánta razón tiene el jurista español Jesús López-Medel en el sentido que “dignidad, coraje, humildad y sinceridad son conceptos infrecuentes en política”, pero también en ciertos espacios que se autoproclaman cristianos o representantes de una sociedad tan golpeada por la narco-dictadura de Juan Orlando Hernández.

* “El país no es changoneta para pedir la renuncia del Presidente: Omar Rivera del FONAC”. 26 de febrero de 2021. Accesible en https://radioprogresohn.net/aplicacion-movil/el-pais-no-es-changoneta-para-pedir-la-renuncia-del-presidente-omar-rivera-del-fonac/

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