El primer desafío es claro: el sondeo de opinión pública del ERIC-SJ señala que el 82.5% de la población cree que la Corte Suprema de Justicia protege los intereses de las personas ricas, poderosas y narcotraficantes del país.
En este sentido, la nueva Corte tiene la enorme tarea de lograr que la ciudadanía crea en el Poder Judicial y alcanzar la legitimidad necesaria, pero esto solo será posible si sus decisiones se enmarcan en nuestro marco constitucional.
De esta manera, las personas que sean elegidas para integrar la Corte Suprema de Justicia deben aplicar lo que Jaime Arellano de la Misión de Observación Internacional llamó el deber de ingratitud.
Esto implica que una vez que sean elegidas deben ser ingratas con quienes las eligieron y dictar sentencias y resoluciones basadas en la legalidad constitucional sin considerar las presiones que puedan venir de los poderes políticos o económicos.
Solo así se podrán garantizar dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, el derecho de la ciudadanía al acceso a la justicia administrada por personas juezas independientes como lo ordena el artículo 303 de la Constitución.
En segundo lugar, el fortalecimiento del Estado de Derecho mediante el ejercicio del control de la legalidad de las acciones y omisiones del poder público para evitar las desviaciones de poder que tanto daño nos han hecho.
