Foto: El Comercio

Cespad

Por Claudia Mendoza
Periodista y analista del CESPAD

Iris Carías tuvo que correr hasta un cerro, cerca de su casa, donde durmió entre matorrales para evitar que su marido la asesinara; Gabriela López aguanta cada día los insultos y amenazas de golpes de su propio hijo y Sofía Soto se quedó sin empleo porque la familia donde trabajaba la maltrataba y la explotaba. Miles de historias de mujeres que han sobrevivido a la violencia se dibujan durante la pandemia, víctimas, además, de un sistema que sólo las toma en cuenta como estadísticas o números.

Los nombres de estas mujeres fueron cambiados pero sus historias son reales. Son, apenas, tres crudos y fuertes testimonios de entre unas 58 mil 688 mujeres que, de acuerdo con los registros oficiales, han llamado al 911, entre los meses de enero y julio del 2020, denunciando violencia doméstica, intrafamiliar y sexual. Es decir, mujeres que viven entre dos pandemias: la del coronavirus y la de la violencia, tal como lo describe la Organización Mundial de la Salud, al afirmar que la violencia contra la mujer es un problema de salud global de proporciones epidémicas”.

“Que qué se siente, rabia, cólera y ganas de matarme”

La última vez que Juan llegó borracho y drogado fue un sábado a las tres de la madrugada. Golpeó la vetusta puerta de la casa de madera para que Iris se levantara a abrirla. Ella se negó a hacerlo y fue la madre de su pareja quien salió al paso. La inacción de la joven provocó el enojo desbordado de su marido quien, luego de reclamarle, le propinó varios puñetazos en su cara. “Pero ya en el suelo me agarró a patadas, me suspendió de la camisa. Cuando me pegó otro macanazo me pegó en la nuca, a puñetazos. Como él es fuerte, ese hombre, y con el segundo me quedé tirada y ni supe a qué hora caí”, recuerda.

Pero allí no acabó todo. La furia injustificada de Juan continuó descargándose en el cuerpo de Iris, quien, como pudo, tomó una colcha y a su hijo mayor, y corrió hasta un cerro que queda en los alrededores de la Colonia Los Pinos de Tegucigalpa, donde vivía. Allí pasó la noche, debajo del sereno, sentada entre matorrales, arropando a su vástago con la colcha y con sus brazos. Este episodio ocurrió en el mes de mayo del 2020, en medio de una pandemia que la confinaba a estar metida en su casa, al igual que los celos de su pareja.

Iris y su origen en un hogar lleno de violencia

Iris nació en un pueblo del occidente de Honduras. Se crio en un hogar conformado por sus padres, 2 hermanos y 3 hermanas. Pero en ese hogar, y con tan solo 16 años, fue testigo de la violencia que su propio progenitor ejercía sobre su madre. Sin embargo, el mundo se le vino abajo cuando descubrió que su papá abusaba sexualmente de su hermana, de apenas 12 años de edad.  “Nosotros supimos que eso pasaba porque ella estaba embarazada y mis hermanos y mi mamá la obligaron a decir de quién estaba así”, narra.

Todos se fueron de bruces cuando la niña confesó que era su padre quien la obligaba a sostener relaciones sexuales mientras todos estaban fuera de casa. “Yo sentí que el mundo se me vino abajo. Él a mí no me dijo nada, nunca me hizo nada, pero ya miraba las cosas feas y como nadie le hizo nada, al mes me fui de la casa para donde un familiar”. Fue así como Iris sorteó este episodio de violencia, pero otros más estaban por venir.

Denunció al abusador de sus hermanas

Luego de huir de su casa, Iris anduvo rodando de pariente en pariente, en diversas zonas del país, hasta que conoció al padre de su primer hijo, quien jamás se hizo cargo de ambos. Y tiempo después conoció a Juan. Sin embargo, antes de convertirse en madre de sus dos niños, esta mujer, hoy de 23 años de edad, hizo algo que le cambaría la vida para siempre.

Después de que llegué a Tegucigalpa llamé a un primo mío y le dije que me ayudara para que mi hermana escapara de mi papá”. Y así fue, muchas situaciones vivió hasta que logró denunciar a su padre y ayudar a que su hermana menor, quien estaba a punto de dar a luz, escapara de aquel infierno. Pero es en esta parte de la entrevista que Iris comienza a sollozar hasta terminar en un incontenible llanto, porque con el rescate de su hermana se da cuenta que su hermanita menor, que para ese entonces tenía 10 años, también estaba siendo abusada por su padre.

Una pausa con la entrevistada fue obligatoria. Iris no supera ese episodio; recordarlo y narrarlo hizo que aflorara en ella la rabia, la impotencia y la tristeza. Hoy, sus hermanas intentan rehacer sus vidas, su padre anda huyendo de la justicia y ella, junto a sus dos niños de 7 y 5 años de edad, se esconde de su agresor en algún lugar del país, porque Juan le juró que donde la encuentre la mata.

María Virginia Díaz, Coordinadora de proyectos del CEM-H.

Un primer aspecto que analiza María Virginia Díaz, Coordinadora de Proyectos del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), de casos como el de Iris, es que la violencia que viven las mujeres en momentos de pandemia es una extensión de la violencia que las mujeres han vivido siempre. La diferencia, dice la psicóloga, es que en sus hogares las mujeres sufren un mayor nivel de exposición a sus agresores, que en tiempos normales. “El agresor tiene más tiempo para estar en casa y se agudiza la violencia, además de limitar su movilidad para pedir ayuda o huir”, agrega Díaz.

¡Una madre que teme que su hijo la golpee!

Al instante que comienza a hablar del tema, los ojos se le ponen vidriosos a Gabriela. ¡Y no es para menos! Tener que referirse a su hijo como un agresor “es lo más duro que le puede pasar a una madre”, dice, mientras agrega que jamás imaginó que durante el encierro por la pandemia del Covid-19, sería testigo de la desintegración de su familia.

Gabriela es una mujer de 60 años. Vende comida en una caseta, en una colonia de Comayagüela. Durante la pandemia ha estado confinada en su casa junto a sus dos hijos, Manuel de 32 y Rosa de 22 años de edad. “Yo los crecí sola, sin ayuda de sus padres. Mis hijos desde niños discutían y peleaban como lo hacen los hermanos, pero cuando el varón fue creciendo se metió en el mundo de la bebida”, dice muy acongojada.

Manuel fue haciéndose más y más violento. En algún momento de su vida abandonó sus estudios y, al igual que a miles de hondureños durante la pandemia, fue suspendido en su trabajo. “Por eso se quedó encerrado conmigo y mi hija”, dice la sexagenaria mujer.

“No joda doña, mejor vaya acuéstese”

Gabriela dice que la paz se esfumó en su hogar. Sus hijos siempre están discutiendo y gritándose. Dice que cualquier cosa que Rosa deja “mal puesta”, es el detonante para que Manuel la ataque verbalmente, la insulte con palabras soeces y la corra de la casa.

Pero los pleitos empezaron a subir de tono y a ser más frecuentes porque Manuel, pese a las restricciones sociales, invitaba a sus amigos a beber a la casa de su madre. “Y como yo soy hipertensa y diabética mi hija le reclamaba por exponerme al contagio del Covid, que en mi caso podría ser mortal”, agrega. Sin embargo, “la gota que derramó el vaso” fue a finales de julio, cuando Manuel nuevamente invitó a beber a un grupo de amigos y amigas. Su hermana le reclamó y le dijo que se los llevara a otra parte pero en respuesta, su hermano le profirió insultos y la corrió de la casa.

Yo, para evitar que llegará a más, le dije a mi hija que me acompañara a la caseta donde vendo comida”, relató Gabriela. Pero agotadas de esperar, a media noche, ambas regresaron a la casa. “Al llegar lo hallamos más ebrio y tenía la puerta y el portón totalmente abiertos y le dije que era tarde y que cerrara. Él me gritó, no joda doña, mejor vaya acuéstese”. Con aquella expresión comenzó nuevamente un pleito entre hermanos. Manuel gritaba como si estuviese poseído y se acercaba a su hermana amenazando con golpearla. “Yo estaba asustada, pero no podía actuar. Me paralicé. Después supe que mi hija solo esperaba que le pegara para llamar al 911 e interponer la denuncia para que se lo llevaran preso”, adiciona.

Una agresión pero… no pasa nada

Finalmente, Rosa se fue a vivir junto a una amiga. Gabriela cree que fue lo mejor porque “temo que si hubiera quedado, mi hijo la hubiera golpeado y ella es muy decidida y lo habría metido preso”. En cambio, como madre, está segura que debe quedarse junto a su hijo. “Yo sé que está enfermo por el alcohol y es mi obligación ayudarlo. Hoy mi corazón está dividido con esta situación que explotó con este confinamiento tan largo”, concluyó.

En la lógica del poder, dice Cristina Alvarado, integrante del Equipo de Coordinación Nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, “el hombre cree que es el jefe de la casa y que tiene que ser atendido, resolvérsele hasta la comida aunque él no esté resolviendo. Se trata de la connotación y abuso de poder porque quiero y porque puedo”.

Cristina Alvarado, integrante del Equipo de Coordinación Nacional del Movimiento de Mujeres por La Paz, Visitación Padilla.

En el caso de Gabriela, la pregunta obligada que surge es ¿por qué esta madre permite el abuso de su propio vástago? Son varios factores, analiza Alvarado, “en principio el mandato patriarcal para las mujeres y particularmente de las madres, sobre la abnegación y el sacrificio que lleva implícito el ejercicio de la maternidad”.

Mientras, a nivel psicológico, agrega, tiene que ver con la frustración y auto-culpa de que ella falló como madre al no lograr que su hijo dejara de ingerir alcohol. “Es más el modelo de madre abnegada y sacrificada que antepone las necesidades de los hijos que las propias y como tal vive en función de servirlo porque es el hombre de la casa; ella otorgó y delegó esa autoridad en él”, concluye.

Tal como muestra el siguiente cuadro Gabriea López es una de las 24, 565 personas víctimas de la violencia intrafamiliar, registradas entre los meses de enero y julio del 2020.

TipologíaENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOTOTAL
Violencia Doméstica4,6004,4994,6585,1385,1734,3744,58433,026
Violencia Intrafamiliar3,2273,1583,2823,9963,9773,3173,60824,565
Violación55544739494934327
Tentativa de Violencia50493447465352331
Acoso sexual67566743707363439
TOTAL7,9997,8168,0889,2639,3157,8668,34158,688

Fuente: Datos del registro sobre diversos tipos de violencia, del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla.

Una vida de abusos y el arrebato de sus dos hijas

En una aldea del departamento de Copán se fue tejiendo la historia de Sofía Soto, una indígena Maya-Chorty que actualmente sobrelleva la pandemia en una Casa Refugio del país. Sofía tiene 24 años y dos niñas a las que dio a luz en su adolescencia. El testimonio de Sofía es contagioso. Es imposible evitar sentir mucha tristeza y que un nudo de saliva recorra la garganta al escucharla decir, entre sollozos, que cuando apenas tenía 7 años de edad, su padre, su hermano y un primo abusaban sexualmente de ella. “Sólo tenía miedo, me daba miedo, todo”, contesta al preguntársele sobre ese episodio”.

En la familia todos, incluso su madre, sabían lo que pasaba con la pequeña, pues su padre era un abusador sexual consumado. Ya había estado en prisión por la violación de una vecina y el de una hermana mayor de Sofía, a quien no conoció pues murió cuando ella recién había nacido. La niña fue rescatada de esa situación cuando tenía 11 años de edad. Fue llevada a un centro de hogar para niños en donde también vivió momentos duros. La suerte parecía no sonreírle y con esa racha de malas situaciones, dos sujetos, en dos momentos distintos la embarazaron. Hoy es madre de dos niñas de 2 años y una de nueve meses de edad.

¡Un confinamiento lleno de abusos!

Fue apenas en el mes de junio que Sofía dejó su trabajo como empleada doméstica en una colonia de Tegucigalpa. La familia la aceptó junto a sus dos niñas. Sin embargo, cuidar de ellas y de los tres hijos de la pareja hizo de aquello un infierno. “La mamá de mi patrona ponía quejas de mis hijas; ella era bien grosera y me decía que les pegara fuerte a mis niñas cuando hacían alguna travesura. Se portaba muy mal, me gritaba, me decía que yo era una dunda, que no era nada”, recuerda.

Sofía afirma que trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de noche. A cambio, “ella (la patrona) me compraba la leche de la niña más chiquita y los pañales, y decía que allí se iba todo mi sueldo. No me daba nada más”. Con las narraciones de Sofía se podrían escribir cuentos de abusos y explotación de las trabajadoras domésticas. Pero, sin un lugar adonde ir y en medio de la pandemia, no le quedaba más que soportar el maltrato.

A mediados de junio y luego de 3 intentos fallidos por abandonar la casa donde trabajaba, la joven ya no soportó más vejámenes. Mientras su patrona hablaba por teléfono en la segunda planta de su casa, decidió dejarlo todo. Con tono lloroso en su voz, Sofía dice, “esa vez yo no le dije que me iba a salir. Yo solo agarré la lata de leche de la más chiquita y agarré las dos niñas y solo agarré la mochila. Metí la lata de leche y una cobijita y eso fue lo que agarré”.

Los vecinos de sus patrones ayudaron a la joven, pues conocían del historial de abusos a las trabajadoras domésticas. “Cuando me vieron con la mochila y las niñas salir, me dijeron que me iban a ayudar para irme a la posta. Me dijeron que iban  a llamar una patrulla para que ella me pagara porque me salí sin ningún cinco”.  Finalmente, uno de los vecinos la llevó a la posta policial más cercana para, por fin, salir de aquel averno.

Ana Cruz, Directora de la organización Calidad de Vida.

La violencia contra las mujeres no son solo golpes, también pueden ser palabras, gestos y acciones que dañan su dignidad”, dice al referirse al caso de Sofía, Ana Cruz, Directora de Asociación Calidad de Vida. Este tipo de situaciones no son casualidad. En Honduras cerca del 70% de la población vive en pobreza y aproximadamente un 40% de los hogares son “jefeados” por mujeres, las que se ven enfrentadas a una crisis económica y a la búsqueda de opciones para la sobrevivencia para no morir de hambre. Por eso, dice Alvarado, “a muchas esa situación las ha llevado a tomar decisiones que dañan su integridad física y psicológica”.

Y ¿qué le espera a las Iris, a las Gabrielas y a las Sofías?

Más allá de haberse convertido en estadísticas o números que alarman a la población pero, en particular a las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, ¿qué opciones tienen miles de mujeres que siguen en confinamiento, conviviendo con violencia doméstica, intrafamiliar, acoso o abuso sexual?

Denunciar al agresor podría ser la simplista respuesta. Sin embargo, el Estado y gobierno de Honduras mandó a confinamiento a la población sin tomar en cuenta este problema social y mucho menos el diseño e implementación de una estrategia de apoyo para las mujeres. “Hermetismo total y cierre absoluto porque la vida de las mujeres no ha sido prioridad de los gobiernos”, agrega Alvarado.

El 8 de marzo, la Secretaría de Seguridad publicó el oficio DGPN-DNPSC-DEG No. 0053- 2020, en el que ordena a los agentes a que presten atención a las denuncias por violencia doméstica, «porque la no atención a la misma podría considerarse negligencia que podría terminar con la pérdida de una vida humana«.

Sin embargo, a nivel nacional, la Policía cuenta, apenas, con dos oficinas de Atención a Víctimas de Violencia doméstica, ubicadas en Choluteca y en Ocotepeque; una más se abrirá en Valle. “Y están haciendo gestiones para la apertura de otras oficinas de Atención a Víctimas de Violencia Doméstica e intrafamiliar en otras Unidades Departamentales de la Policía Nacional”, dice la comisionada Zulma Reyes, Jefa de la Unidad de Género de la Policía Nacional. Eso deja a las mujeres a merced del escaso equipo humano y logístico (patrullas policiales) con que cuenta la Policía Nacional.

En relación con las llamadas al 911, las mujeres son atendidas por un personal que transfiere las denuncias a las unidades policiales que corresponden al sector en cuestión. “Estos, por su cuenta, envían a la unidad que patrulla la zona más cercana donde ocurre el hecho. Los Policías deben reportar que acudieron al llamado de auxilio, si hay capturas etc.”, agrega Reyes.

911: “por favor ayúdenme; ahorita está dormido, me puedo escapar”

El título de este acápite es la súplica que hizo una mujer que se cansó de llamar al 911 pero que finalmente logró contactar al personal de la organización Calidad de Vida. “Tuvo que llamar no sé cuántas veces al 911. Había que rescatarla porque se había quedado a inicios de la pandemia con su pareja, quien le había dado una tremenda golpeada”, narra Cruz.

La joven logró escapar de su abusador, sin embargo, muchas otras no han corrido con la misma suerte. Y es que llamar a la línea telefónica 911 para alertar a la policía, es la primera opción que se ofrece desde el gobierno a las mujeres. Pero, entre la llamada y las acciones, hay un abismo. “A mí me fueron a dejar a la posta policial de la Kennedy (colonia en Tegucigalpa), pero los policías no sabían adonde llevarme. Me dijeron que me podían llevar a La Esperanza (Intibucá) a jalones y les dije que no tenía a nadie allá. Entonces me llevaron a la DINAF (Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia), pero allí llamaron para aquí y vino una abogada a llevarme junto a mis hijas”, relata Sofía, quien ahora permanece en una Casa Refugio.

Hay muchas críticas y cuestionamientos al proceso de denuncias a través del 911: la no atención pronta y oportuna; patrullas policiales insuficientes para atender a las mujeres; predisposición y prejuicios de las y los policías ante la violencia que viven las mujeres. “Dos horas tardaron en acudir al llamado que hicimos por una madre, ya que su hija estaba siendo agredida sexualmente”, rememora de un caso, Alvarado. Agrega que el proceso nunca concluyó porque “en de camino a la estación policial los policías emitieron comentarios y cuestionamientos tales como “¿y lo van de dejar preso? Suéltenlo, seguro no lo vuelve a hacer”. Este caso terminó con el regreso, a pie, de la madre e hija, asustadas y temerosas ante la actitud de los policías.

La Jefa de la Unidad de Género de la Policía Nacional, dice que en algunos casos es la víctima la que no da correcta la dirección o su número de teléfono. “Cuando el operador o receptor de llamadas del 911, ya sea el agente, no toma los datos correctos, ahí se dificulta para llegar a atender la denuncia”.

El Centro Integrado ­del Comando Regional 7, en Tegucigalpa, más conocido como CORE-7, es otra de las opciones que tienen las mujeres para interponer la denuncia. Sin embargo, “es un centro con pocas capacidades instaladas, se desborda fácilmente por el escaso personal y quienes atienden es gente indolente que re-victimiza a las mujeres”, agrega la directora de Calidad de Vida. Por otro lado, las restricciones de circulación del transporte público, más el hecho de que las mujeres no tienen una fuente de ingresos para costearse la movilización privada, agudiza la situación.

Las escasas respuestas del Estado y Gobierno de Honduras

Las representantes de las organizaciones de mujeres coinciden que cuando las mujeres que se atreven a denunciar fracasan en el intento, por las situaciones enunciadas atrás, al igual que por otros factores de una larga lista, se ven obligadas a regresar a su hogar pero se encuentran con un agresor enfurecido y blindado con la impunidad que le da el endeble sistema.

Alvarado, Cruz y Díaz concuerdan en que no se ha tomado en cuenta, en el manejo de la crisis provocada por la pandemia, la violencia contra las mujeres, agravada por el confinamiento. En la actualidad, el Estado de Honduras apenas cuenta con cuatro centros de refugio que operan bajo la modalidad de “municipales”, en las ciudades de San Pedro Sula, Puerto Cortés, Olancho y La Ceiba. “Pero no cuentan con personal de turno atendiendo las 24 horas. En las noches se van”, dice Cruz.

Es desde un trabajo tesonero de las organizaciones feministas y de defensa de los derechos de las mujeres, que se han logrado habilitar tres Casas Refugios que operan con apoyo de organizaciones internacionales. El aporte que el Estado y gobierno brindan es muy poco o nulo, para atender la demanda de mujeres que huyen, junto a sus hijos, de la violencia, pese a que crear mecanismos alternativos de denuncias y la  ampliación de la oferta de refugios para víctimas de violencia doméstica, es una de las peticiones que hizo a los Estados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en respuesta a la violencia de género en el contexto de confinamiento y aislamiento social. La CIDH también pidió que se fortalecieran las capacidades de agentes de seguridad y actores de justicia para ofrecer respuestas oportunas en el contexto de la pandemia.

¿Qué debe hacerse?

A nivel de Políticas Públicas, en Honduras no existe ninguna institución o centro de recuperación para víctimas de las violencias contra las mujeres. Una de las propuestas es que Ciudad Mujer, el Centro de Atención Integral creado en el año 2017, mediante decreto ejecutivo 031-2016, para atender a más de 100 mil mujeres en situación de vulnerabilidad y Riesgo Social, se habilite como albergue. “Que se active un sistema de acompañamiento de mujeres que sufrieran violencia en pandemia y puedan ser atendidas allí”, apunta Alvarado.

Cruz, por su parte, cuestiona que ya pasan más de cinco meses de confinamiento y desde el Gobierno no se implemente una campaña fuerte sobre qué deben hacer las mujeres para enfrentar una situación de violencia. “Se ha incrementado el síndrome de la mujer agredida. Ella se queda callada, no responde por el miedo que siente al estar encerrada con su agresor; tienen más miedo a contestar a situaciones”, agrega.

Otra opción que tienen las mujeres en los barrios, colonias y comunidades del interior del país, es acudir a las lideresas que defienden los derechos de las mujeres y que durante años han sido capacitadas por organizaciones feministas como CEM-H, el Centro de Derechos de la Mujer (CDM), Visitación Padilla, Calidad de Vida, entre otras. “Para que les enseñen cuáles son los lugares a los que deben acudir en busca de ayuda, dónde deben realizar las denuncias, las acompañan en los juicios en los juzgados y les ayudan a levantar la cabeza y seguir adelante”, sugiere Díaz.

Asimismo, y a manera de coadyuvar a erradicar este flagelo social, las mujeres organizadas hacen un llamado a las familias, para que desde el seno de los hogares se construyan y fortalezcan las redes de apoyo familiar, como la esperanza para las mujeres víctimas de violencia en confinamiento. Es decir, apelar a las amigas, a un primo o prima, a las y los hermano/as o, en general, a un familiar sensible al problema para que se le brinde apoyo mientras finaliza el confinamiento y se pueda acudir a otros mecanismos de ayuda.

Y así se moldea el contexto para miles de mujeres que continuarán incrementando las estadísticas y números de los registros oficiales con las denuncias por violencia en Honduras. Y mientras se adoptan políticas públicas acordes a la realidad, Iris permanecerá escondida, huyendo de la probabilidad de que Juan la asesine; Gabriela soportando el maltrato verbal y psicológico de su hijo y Sofía, con la esperanza de encontrar un empleo que le dé estabilidad para rehacer su vida junto a sus dos niñas.

Este informe ha sido formulado en el marco del proyecto: “Políticas Públicas Incluyentes”. Las ideas y opiniones expuestas en este documento son responsabilidad exclusiva del CESPAD y no expresan la posición de TROCAIRE.

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