ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica Asociación Artículo 35, Guatemala
En Alta Voz, Honduras Centro Cívitas. Guatemala Cubanet, Cuba
Freedom House
Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), Nicaragua Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) Rialta, Cuba
Reporteros de Investigación, Honduras
➔ Introducción
Este último trimestre de 2023 estuvo marcado por acontecimientos de alcance internacional y regional, como la celebración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas, el 2 de noviembre; el seguimiento de los embates del pacto de corruptos1 para evitar la presidencia de Bernardo Aréva- lo, en Guatemala; la celebración del certamen Miss Universo, en El Salvador; la celebración del Foro Centroame- ricano de Periodistas en Guatemala, el 25 de octubre; la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investi- gación realizada del 6 al 9 de diciembre en la Ciudad de México, y la publicación del Índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa.
El 2 de noviembre fie ocasión para que se pronunciaran diversos organismos internacionales sobre la situación del periodismo en la región y para la realización de un evento organizado por la UNESCO, en coordinación con la Organización de Estados los Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se buscó “fortalecer los vínculos entre organizaciones y actores involucrados en la promoción de la liber- tad de expresión y reforzar una respuesta coordinada a las amenazas que enfrentan los periodistas”.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció con énfasis: “Se pone de relieve tam- bién este año la situación alarmante de los ataques y las restricciones a la prensa en el contexto de la cobertura de protestas sociales; la activación de mecanismos judiciales contra periodistas por motivos relacionados con su labor periodística sobre asuntos de interés público; y el exilio forzado, que se ha transformado cada vez más en una de las principales alternativas para enfrentar la represión en algunos países de la región”.
En este contexto también destacó el pronunciamiento del vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, al que hicieron eco las representaciones nacionales en los países de la región. Dicho vocero en- fatizó que “en los lugares en los que se suprime la prensa libre e independiente prosperan la corrupción y el abu- so de poder. La violencia, las detenciones espurias, el acoso y los actos de intimidación contra los trabajadores de los medios de comunicación producen un daño tangible tanto a las personas como a la sociedad en general”.
En el ámbito regional se llevó a cabo el Foro Centroamericano de Periodistas, el cual refleja los esfierzos de ar- ticulación del sector ante los embates del autoritarismo. En esta ocasión, el evento coincidió con la celebración de los 25 años de El Faro, medio de El Salvador que ha sido objeto de ataques por su labor de investigación e in- formación y que ahora trabaja desde el exilio. En el discurso de inauguración, Carlos Dada, director de El Faro recordó:
Esta mañana aquí, en la reunión de la Red Centroamericana de Periodistas, escuchamos los reportes de la situación de la prensa en la región. Los costos por ejercer el periodismo han aumentado con- siderablemente. Cierre de información pública, linchamientos en redes, amenazas, acoso, exilios, encarcelamientos. Cada día hay más periodistas que deciden abandonar el ofjcio por cansancio o
temor. [Y enfatizó el distintivo de la reflexión en este encuentro: la resistencia]. Pero los proyectos autoritarios no toleran la crítica. La dictadura se ha instalado ya en Nicaragua y está iniciando en El Salvador. Y bajo dictaduras, el periodismo no puede ejercerse de otra manera que no sea en resis- tencia.
La Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (Colpin) se ha convertido en un encuentro anual que, además de dar a conocer investigaciones periodísticas destacadas, propicia la solidaridad compartida y la promoción de la libertad de expresión. Durante el primer día del evento, en el llamado Colpin Forum que organi- zan ARTICLE 19 y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPyS), se analizaron las tendencias del autoritarismo y prin- cipales amenazas para el periodismo entre las que destacan las estructuras de impunidad y corrupción; la pre- cariedad laboral y los esfierzos por dar viabilidad fjnanciera a los medios; la desinformación como estrategia deliberada de los gobiernos autoritarios y la violencia en línea, en especial, la que se ejerce contra las mujeres.
En las conclusiones difindidas se destaca que, pese a esas amenazas
se mantiene el periodismo que habla con la sociedad y no a los oídos del poder que exige solo hala- gos e incondicionalidad […] Seguir trabajando en red, seguir cuidando nuestra vinculación con la so- ciedad, seguir cuidando la autocrítica y la calidad de nuestro trabajo es algo que está sucediendo y que tendremos que seguir estimulando. En un contexto donde los autoritarismos están cooptando o colonizando las instituciones democráticas, las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo están ocupando el lugar de contrapesos y salvaguardas de la democracia.
➔ Guatemala
El año 2023 se ha catalogado como el de mayor represión y criminalización del periodismo en Guatemala, debi- do al aumento de la criminalización a la prensa en razón de su labor, pues al menos 26 personas periodistas y comunicadoras se mantuvieron o salieron al exilio en ese periodo.
En el marco del Día del Periodista en ese país, el 30 de noviembre, la Agencia de Noticias Km169 dio a conocer que registró 270 agresiones y ataques al ejercicio periodístico, las cuales se presentaron entre el 1 de enero al 27 de noviembre. Los actos más recurrentes fieron las restricciones a la cobertura, el acoso judicial, el ciberataque, la intimidación, la difamación y las agresiones. Asimismo, en octubre se dio a conocer el perfjlamiento del Minis- terio de la Defensa Nacional de Guatemala a los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa del medio VoxPo- puli; a José Rubén Zamora, findador y presidente editorial del medio elPeriódico, y Óscar Clemente Marroquín, exdirector del medio La Hora.
La condición de alta restricción a la prensa se pudo corroborar con los resultados del monitoreo global dados a conocer por la Red Rompe el Miedo Guatemala el pasado octubre en el Foro Periodismo, libertad de expresión y elecciones, el cual tuvo lugar en el Centro Cultural España de ese país. El Informe global de monitoreo electoral de las condiciones de la libertad de prensa da a conocer que en las pasadas elecciones del 20 de agosto se re- gistraron un total de 18 incidentes que afectaron a 28 personas periodistas, y que la mayor parte de las agresio- nes se registraron en el momento inmediato anterior o durante el conteo de votos.
Si bien persistieron la denegación de acceso a la fiente y la limitación del acceso a la información como fientes primarias de agresión -como se reportó en el primer monitoreo-, a diferencia de este último, se destaca una di- versifjcación de los tipos principales de agresión a los cuales se suma la intimidación.
La Red Rompe el Miedo Guatemala se dio a la tarea de realizar observaciones durante la primera y la segunda vuelta que aborda en su informe global, donde concluye:
Consideramos alarmante que días antes de la primera vuelta, y entre esta y la segunda vuelta, la RR- MG haya tenido conocimiento de incidentes relacionados con agresiones en contra de periodistas por parte de simpatizantes, candidatos o integrantes de los partidos. Notamos que el clima de pola- rización política, así como la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de prensa y del recono- cimiento de esta por parte de las autoridades han alentado este tipo de agresiones.
En ese contexto de represión se dieron los asesinatos del líder xinka y activista de derechos humanos, Noé Gó- mez Barrera, y de la dirigente sindical guatemalteca Doris Lisseth Aldana Calderón, del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (Sitarbi). La OEA condenó estos hechos y demandó justicia para estos dos activistas que, como otros y otras, “valientemente defendieron sus derechos humanos y la posibilidad de una vida digna en Guatemala”.
En el ámbito de la libertad de prensa, la Red Rompe el Miedo Guatemala denunció el asesinato de dos periodis- tas: César Augusto Leiva, de la radio La Red, y Gamer Renán Villeda, de Impacto Izabal, demandando su escla-
recimiento y expresando su solidaridad con las familias. Desde el año 2000, al menos diez personas periodistas y comunicadoras perdieron la vida en Guatemala y su casos se han mantenido impunes.
El trimestre estuvo notablemente marcado por la evolución de los hechos en torno a los intentos por bloquear el triunfo electoral de César Bernardo Arévalo de León y su toma de protesta como nuevo presidente del país. Es- cribimos este texto luego del domingo 10 de enero en que se mantuvo en vilo a la comunidad internacional con los intentos de miembros del congreso, ligados al gobierno de Giammattei, por evitar la asunción formal de Aré- valo y ante el desenlace en el que pudo asumir el cargo.
Durante noviembre y diciembre hubo dos resoluciones del Consejo Permanente de la OEA -el cual acompañó to- do el periodo de incertidumbre- en las que se denunciaron los intentos por revertir la decisión de las urnas. Al respecto, la resolución del 15 de noviembre se orientó a “denunciar los intentos por parte del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífjca del poder, los cuales socavan el proceso democrático y los com- promisos de Guatemala bajo la Carta Democrática Interamericana”.
En la resolución del 12 de diciembre se condenó “enérgicamente el continuo abuso de poder por parte del Minis- terio Público y otras autoridades públicas de Guatemala”, así como se expresó nuevamente la preocupación por la “continua persecución política y judicialización de los procesos electorales y de transición democrática por parte del Ministerio Público y otras autoridades públicas de Guatemala”, por lo que se hizo un llamamiento a to- das las instituciones de esa nación para cesar toda acción intimidatoria, respetar la integridad del material elec- toral y defender los principios democráticos.
A estos intentos denunciados por la OEA, se sumó el retiro de la inmunidad a cuatro magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado 30 de noviembre, con el fjn de ser investigados y detenidos por el supuesto delito de abuso de autoridad, fraude e incumplimiento de deberes durante los comicios electorales.
Además de las instancias internacionales y los gobiernos de otros países que presionaron para que se respetara la voluntad popular expresada en las elecciones, fie un elemento clave la acción social y ciudadana de las orga- nizaciones del país, entre las que destacó la movilización de comunidades indígenas iniciada por los 48 Canto- nes de Totonicapán, quienes desde el 2 de octubre pasado organizaron manifestaciones en plazas comunales, bloqueos de carreteras y denuncias en la capital del país, junto con otras expresiones ciudadanas como las de estudiantes.
José López, líder comunitario de Totonicapán lo expresó así en una de las manifestaciones:
Lo hemos dicho siempre: no estamos apoyando a ningún partido, ni siquiera a un presidente, esta- mos apoyando el Estado de derecho, la democracia, para que nuestro país respire y nos den las con- diciones. Nosotros no necesitamos que nos regalen nada. Nosotros solo queremos trabajar, solo que- remos que nos den esas condiciones para trabajar y eso es lo que exigimos a cualquier gobierno.
Ante este contexto social álgido, las agresiones y los actos de intimidación en contra de la prensa aumentaron. Durante las manifestaciones que tuvieron lugar en distintos puntos de Guatemala, la Red Rompe el Miedo emitió una alerta temprana que fie entregada a la Policía Nacional Civil, a la Procuraduría de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas en esa nación, para dar recomendaciones y prevenir más acciones en
contra de la prensa. Además, se llevó a cabo un ejercicio de monitoreo del que se emitió un informe ejecutivo, el cual cubrió las dos semanas más convulsas desde el inicio del paro nacional.
Derivado de este monitoreo, el informe permitió conocer el registro de diez incidentes en contra de la prensa, cin- co de ellos con repercusiones para más de un medio de comunicación o para todas las personas integrantes de un mismo medio. Tal es el caso de Factor 4, medio de comunicación integrante de la Red, el cual fie víctima de hackeo mediante su sitio web durante el paro nacional.
Los principales tipos de agresión reportados fieron ataque físico de personas periodistas y comunicadoras du- rante la cobertura de las manifestaciones, así como la difamación en casos colectivos de agresión a varios me- dios usando redes sociales o en confrontación directa durante las coberturas.
A pesar de este contexto, se prendió una luz en Guatemala que habrá que ver hasta donde alcanza a iluminar. Será importante que el nuevo gobierno exprese su compromiso por impulsar la creación del Mecanismo de Pro- tección a Periodistas y la política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos.
➔ El Salvador
Se efectuó el certamen internacional Miss Universo en esa nación, en noviembre de 2023; un concurso cuestio- nado por el uso de mujeres bajo estereotipos de belleza. Lo anterior cobró signifjcación política en El Salvador tanto por la valoración que existe sobre el régimen encabezado por Nayib Armando Bukele Ortez, como por el hecho de que la triunfadora de dicho concurso fie una participante de Nicaragua, lo que derivó en una tensión con la dictadura Ortega-Murillo.
Al respecto, Los Ángeles Times destacó: “la 72ª edición de Miss Universo se celebra en El Salvador, un país que en las últimas décadas ha estado bajo la mirada del mundo por los altos índices de violencia delictiva que han tenido como actores principales a las llamadas maras o pandillas que azotan a los barrios y comunidades hu- mildes del país”.2
La realización de eventos internacionales de oropel ha sido una clara estrategia del modelo para mostrar un país moderno que ha superado la etapa de violencia, aunque el costo para la democracia y para los derechos huma- nos ha sido alto. Un signo más de las implicaciones para el fituro de la democracia ha sido la decisión del pre- sidente de postularse para la reelección a efectuarse en el mes de febrero, a pesar de que es una clara violación a lo establecido en la Constitución salvadoreña.
En este contexto se dio a conocer una investigación periodística del diario El País sobre la vida en las cárceles del modelo Bukele:
El centro se diseñó para albergar hasta a 12 000 prisioneros, pero en las cárceles de El Salvador más del 90 % de las personas permanecen recluidas sin sentencia fjrme, situación que ha sido criticada por grupos en defensa de los derechos humanos. La falta de actividades recreativas para los prisioneros y el arresto aleatorio de civiles tam- bién han sido señaladas como violaciones al debido proceso.
Por su parte, Amnistía Internacional dio a conocer su nuevo informe Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador, en el que se identifjcan las principales tácticas pa- ra atentar contra la libertad de expresión y asociación, entre ellas:
- El discurso de estigmatización contra la labor de defensa de los derechos humanos.
- El acoso al ofjcio del periodismo y a cualquier forma de disidencia o crítica.
- El ocultamiento y la manipulación de la información pública.
- El uso de tipologías penales vagas que podrían aplicarse de manera discrecional.
- Véase la valoración de la periodista salvadoreña María Luz Nóchez en la cual analiza: “¿Cuánta lentejuela se necesita para desviar la atención de las violaciones de dere- chos humanos de un régimen autoritario y del fituro dictador? Para El Salvador, todas las yardas que sean necesarias, incluidos los reflectores y toda la parafernalia y la prensa rosa que trae pagar por ser el anfjtrión de un espectáculo como Miss Universo. Para eso pagó más de 12 millones de dólares por los derechos y otros 60 millones de dólares más –en conjunto con los organizadores– en infraestructura”.
- La exhortación, por parte de instituciones estatales, de razones de orden público o de seguridad nacional, para violar o impedir el ejercicio de los derechos humanos.
- La instrumentalización de las facultades de algunos ministerios y la aplicación de controles excesivos hacia me- dios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
Una de las víctimas más notorias del deterioro democrático y de la afjrmación del autoritarismo ha sido el perio- dismo y la libertad de expresión. Recuérdese una declaración del presidente mediante una publicación en X, en mayo de 2023: “En todos los países de Latinoamérica hay medios y ‘periodistas’ pagados por Soros. Pero en rea- lidad no son periodistas, son activistas políticos con una agenda mundial defjnida y perversa”.
Ante un panorama político sin oposición aparente, este tipo de discursos buscan anular a los actores que fjsca- lizan activamente a su gobierno: la sociedad civil y el periodismo.
Asimismo, se dio a conocer un análisis de El Faro sobre el uso de las redes sociales que efectúa el presidente Bukele Ortez:
Un análisis cuantitativo y cualitativo de sus publicaciones en la plataforma X desde el 1 de junio de 2019 hasta el 20 de noviembre de 2023, muestra que, en varias ocasiones, el presidente ha utiliza- do sus redes sociales para dispersar el odio. X ha sido el canal favorito para defjnir amigos o enemi- gos, aliados o amenazas hacia su gobierno. También para conectar emocionalmente con quienes consumen sus mensajes y crear hitos que luego se popularizan en la población.
Así, ejercer el periodismo es complicado, como lo declaró Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Pe- riodistas (APES), en una entrevista donde además destaca la creciente participación de las mujeres en el mundo del periodismo. En esa retórica del gobierno contra la prensa, la misma APES denunció que el partido del presi- dente, Nuevas Ideas, sigue esa retórica: “La bancada ofjcialista ha seguido la misma retórica que el Ejecutivo, en términos de ver a la prensa independiente como enemiga o como un elemento opositor al discurso del gobierno”.
➔ Honduras
En el trimestre que se informa, destaca la visita al país hondureño de la relatora para la libertad de expresión de la ONU, Irene Khan, entre el 16 y el 27 de octubre. En en una nota, la relatora explicó:
Casi todos los periodistas con los que hablé, ya sea en medios de comunicación convencionales, medios online o radios comunitarias, hombres, mujeres o de género diverso afjrmaron que las me- didas ofrecidas por el Mecanismo de Protección son tan inadecuadas y que la intimidación ha alcan- zado un nivel tan alto que se sienten obligados a autocensurarse para protegerse a sí mismos y a sus familias.
Además, declaró que “califjcar la información crítica de noticias falsas no solo socava y deslegitima a los perio- distas, sino que también los hace más vulnerables a amenazas y ataques”.
Durante su visita, la relatora pidió revisar a fondo el Mecanismo de Protección; instó al gobierno a garantizar que las radios comunitarias cuenten con las condiciones legales adecuadas para su fincionamiento; solicitó a las autoridades adherirse al Acuerdo de Escazú y a despenalizar los delitos contra el honor (injurias y calumnias), y revisar el delito de usurpación.
En esa tónica de observaciones internacionales, Human Rights Watch dio a conocer su informe de 2023 y des- tacó que “Honduras sufre problemas estructurales desde hace años, incluyendo corrupción sistémica, interfe- rencia política en el sistema judicial, inseguridad, un porcentaje muy elevado de su población en condiciones de pobreza y ataques letales contra defensores del medioambiente”. De manera más específjca en relación a la li- bertad de expresión enfatizó:
El mecanismo creado por Honduras en 2015 para proteger a periodistas, defensores de derechos hu- manos y profesionales del sistema de justicia tiene graves falencias. El mecanismo carece de auto- nomía fjnanciera, de personal califjcado con experiencia en derechos humanos y de la confjanza de los defensores, quienes temen dar información personal que pueda acabar en manos de quienes los atacan.
Ante este informe, el gobierno reaccionó por medio de la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque: “si al- gunos no lo quieren reconocer es porque nada de lo que haga nuestro gobierno será reconocido por quienes nun- ca han buscado el bienestar común y solo velan por sus intereses”. Esta es una reacción que se ha hecho común entre los gobiernos que reciben observaciones críticas sobre su desempeño, la de descalifjcar y estigmatizar a organizaciones y organismos así como medios, pese a su prestigio internacional.
De igual forma, el gobierno también ha fallado en su compromiso de perseguir a la corrupción con asistencia de la ONU mediante la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Se han dilatado las reformas necesarias para dar formalidad y peso a una comisión de ese nivel. El me- dio Contracorriente ha señalado que:
es necesario que se produzcan reformas y se eliminen decretos que por ahora protegen y benefjcian a actores corruptos. También está pendiente hacer nombramientos en las siguientes dependencias: la Fiscalía General de la República -que cuenta con autoridades interinas-; el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); la Unidad de Política Limpia, y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Analistas sugieren que la polarización en el congreso y la falta de voluntad política pueden complicar la aprobación de las reformas y las enmiendas pendientes.
En este contexto de falta de acciones claras para avanzar en la lucha contra la corrupción y la protección a la la- bor de la prensa se dio otro asesinato, el del periodista Francisco Ramírez Amador, de 39 años, quien fie ataca- do a tiros en la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso. La Ofjcina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenó el 22 de diciembre dicho asesinato. La UNESCO hizo lo propio mediante su directora Audrey Auzolay, quien instó a que se investiguen las circunstancias de este asesi- nato para garantizar que los autores rindan cuentas: “Los periodistas desempeñan un papel vital en la informa- ción de las poblaciones y estos crímenes contra ellos nunca deben quedar impunes”.
En la misma tónica se pronunció la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la cual recordó que “durante su visita in loco a Honduras, en abril de 2023, la Comisión y la Relatoría Especial observaron la per- sistencia de una problemática estructural de violencia e impunidad de los crímenes contra la prensa”. De mane- ra más puntual se refjeren al Mecanismo de Protección:
Respecto de la situación del Mecanismo de Protección, la CIDH recibió información preocupante so- bre la profindización de problemas técnicos, administrativos y fjnancieros que han erosionado la institución y que socavan su capacidad de respuesta pronta y efectiva para las personas solicitantes y benefjciarias. En cuanto a la implementación de medidas de protección, se observaron defjciencias en el análisis y evaluación de los riesgos y la desarticulación de la respuesta estatal.
➔ Nicaragua
Ya hemos hecho mención del certamen de Miss Universo 2023, donde se dio una inesperada victoria de la re- presentante de Nicaragua, la cual sacudió a esa nación “despertando sentimientos de euforia y patriotismo en un pueblo marcado por una crisis sociopolítica desde hace cinco años. En un acto de espontaneidad, las calles nicaragüenses se llenaron de gente que celebró el triunfo de Sheynnis Palacios, la primera centroamericana en ganar este certamen de belleza”.
El hecho de que se haya publicado una foto donde la ganadora aparecía en las protestas de 2018 y las expresio- nes populares en las calles, pese a las restricciones, generó un cambio de reacción de la dictadura que, primero, había emitido una felicitación y, luego, una reacción virulenta de la vicepresidenta Rosario Murillo quien criticó en un comunicado el “aprovechamiento grosero, y la tosca y malvada comunicación terrorista, que pretende con- vertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración, en golpismo destructivo”.
La reacción no quedó en la declaración. Unos días después la empresaria nicaragüense Karen Celebertti, direc- tora del concurso, fie acusada de “traición a la patria y conspiración, además de lavado de dinero y difisión de noticias falsas”. La policía acusó a Celebertti de manipular el certamen en favor de reinas de belleza contrarias al gobierno y fie obligada a renunciar. Además, su esposo e hijo fieron encarcelados y liberados con la condi- ción de salir del país, tras la celebración del evento. Como en otros casos, esta acción muestra la violencia vica- ria ejercida por el régimen en contra de mujeres que son vistas como opositoras o críticas. En el caso de los hom- bres también se observa la extensión de las agresiones a su núcleo familiar.
En este orden, como una de las expresiones del hermetismo a la crítica que mantiene el régimen de Ortega, el gobierno continúa la restricción de acceso al país a personas periodistas y sus familiares. El 15 de diciembre se dio a conocer que a la hermana del periodista exiliado Carlos Salinas Maldonado, le fie impedido su retorno a Nicaragua luego de regresar de México, en donde reside actualmente su hermano.
Las restricciones de ingreso al país no se han limitado a personas de nacionalidad nicaragüense que disienten del gobierno actual. También, se tiene registro del rechazo de acceso a personas quienes mediante plataformas digitales y sus contenidos pueden dar visibilidad a la sistemática violación de derechos humanos que acontecen con sus viajes al interior del país, pese a que el contenido que elaboran no sea de este tipo.
Eso fie lo sucedido con el youtuber argentino, Pablo Imhoff, en noviembre: “tenía muchas ilusiones e invitacio- nes en Nicaragua. Lo lamento por la gente que vive allí, […] si los fincionarios y dirigentes no te dan la libertad, no respetan las libertades de las personas, no sé si sea tan bueno recorrer ese país”. Este mismo mes, el Día In- ternacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra la Prensa, varias organizaciones y medios de comunicación exigieron justicia por el asesinato del periodista Ángel Eduardo Gahona, quien perdió la vida por una herida con arma de fiego en la cabeza que recibió durante una cobertura de las manifestaciones que tuvie- ron lugar en 2018.
Otra expresión de la cerrazón ante cualquier crítica fue la continuación de la represión contra la Iglesia católica, esta vez con el arresto de otro obispo y de 12 sacerdotes en distintos días hacia el fin del año. El obispo Isidoro del Carmen Mora Ortega fue interceptado y capturado el 20 de diciembre. En una nota de El País, se reporta que el arresto se dio “cuando se dirigía a confirmar a 230 feligreses en la parroquia Santa Cruz, ubicada en La Cruz de Río Grande, un recóndito municipio del Caribe Sur de Nicaragua”. Finalmente, el religioso fue desterrado junto con otros sacerdotes y el obispo Rolando Álvarez fue enviado a Roma.
En la misma nota se destaca la entrevista con la abogada Martha Patricia Molina, quien destacó que “solamente en el año 2023 se realizaron 275 agresiones. Podemos califjcar este año último como el de más ataques en con- tra de la Iglesia durante el quinquenio reciente […] además ,176 religiosos y religiosas no están ejerciendo su mi- nisterio en Nicaragua debido a que fieron expulsados, se les prohibió el ingreso o fieron enviados al destierro”.
Ante esta escalada de agresiones contra la Iglesia, el papa Francisco expresó su cercanía: “sigo con preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de su libertad. Expreso mi cercanía en la oración a ellos, a sus familias y a toda la Iglesia en Nicaragua […]. Espero que se pueda seguir el camino del diálogo para superar las difjcultades”.
El aislamiento del régimen dictatorial se expresa en los ámbitos internacionales donde no tiene argumentos fren- te a las observaciones críticas; tal fie el acontecimiento del retiro de la embajadora del país ante la ONU cuando se daba la sesión del Comité de los Derechos de la Mujer, el 25 de octubre. Ante el retiro, el Comité emitió una declaración:
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) deplora que el diálogo con Nicaragua para considerar la implementación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en el país no pudiera desarrollarse según lo pre- visto. Mientras la presidenta del comité abría el turno de palabra para que los miembros del comité formularán sus preguntas, la embajadora abandonó el podio y repentinamente se marchó de la sa- la de reuniones. El comité prosiguió su examen sin la presencia de la embajadora.
En el ámbito más específjco de la libertad de expresión destacaron dos informes. Uno, de la Fundación por la Li- bertad de Expresión y Democracia, que es parte de la red regional Voces del Sur en el que enfatizan que “conti- núa el clima hostil y peligroso para la prensa y medios independientes en Nicaragua […] destaca que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza a sus voceros para atacar y calumniar a comunicadores independientes […] la persecución, exilio y destierro de reporteros y comunicadores sigue creciendo de forma considerable, mien- tras tanto, los casos de denuncias disminuyen cada día debido al temor de las víctimas a ser identifjcadas; in- cluso en los que hacen las denuncias bajo la condición de anonimato […]. Además, “identifjcó que emisoras se han visto forzadas a cambiar de razón social o formato de programación”. En al menos seis casos, en igual nú- mero de municipios, “las radios han mutado a programación exclusivamente cristiana, con un completo giro a la religión evangélica”.
El otro informe elaborado por Periodistas y Comunicadores de Nicaragua (PCIN), se denuncian las tres principa- les agresiones del régimen: uso abusivo del poder, amenazas e intimidación, y se “contabiliza que solo en 2023 se registraron al menos 83 casos de agresiones a la libertad de expresión y señala como los principales agresores a varias entidades estatales del Poder Judicial y la Policía Nacional, dirigida por Francisco Díaz, un fincionario
sancionado por Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos […] uno de los patrones que persistió en 2023, fie la ‘criminalización del ejercicio periodístico’ por medio del Poder Judicial con acusaciones contra re- porteros que fieron citados a declarar por ‘causar zozobra’”.
La organización estima que al menos 242 periodistas han sido forzados al exilio desde 2018 (98 son mujeres), y solo en 2023, 22 periodistas abandonaron Nicaragua.
Por otra parte, destacando la importancia de las organizaciones internacionales que respaldan el trabajo perio- dístico, está la mención especial por parte del Premio María Moors Cabot al periodista Miguel Mendoza, quien sostuvo que recibe esta mención “en nombre del valiente periodismo independiente de Nicaragua perseguido y criminalizado por la dictadura. Mis colegas son héroes de la verdad”.
➔ Cuba
En el informe del segundo semestre del 2023, ARTICLE19 registró un total 36 periodistas y 69 activistas agredi- dos, y un total de 178 agresiones contra ambos grupos vulnerados. Entre las agresiones más recurrentes se iden- tifjcaron la supresión del servicio de internet, la detención arbitraria, el arresto domiciliario y la vigilancia policial, destacando como autoridades presuntamente responsables la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etec- sa), la Dirección General de Seguridad y la Policía Nacional Revolucionaria.
Por su parte, en el informe de diciembre de Cubalex se destaca: “El último mes del año reafjrmó todo lo que ha sido el 2023 para Cuba: pobreza, violencia, incapacidad gubernamental y represión”. “¡Somos continuidad!”, re- pitieron los representantes del régimen en cada uno de sus discursos y, al menos en estos aspectos, cumplieron a cabalidad. En torno al Día Internacional de los Derechos Humanos se produjeron la mayor parte de los arrestos domiciliarios para impedir a activistas, periodistas y opositores salir de sus viviendas. “Una gran cantidad de los sitiados fieron personas a quienes también les cortaron internet”.
Este último trimestre del año estuvo marcado por la visita de Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, el 23 de noviembre, en el contexto del Cuarto Diálogo sobre Derechos Humanos UE-Cuba, en el cual el gobierno cubano y la Unión Europea fjrmaron cuatro acuerdos de cooperación en materia de derechos humanos, que incluyen la participación ciudadana.
Si bien tuvo entrevistas con organizaciones de la sociedad civil y familiares de presos políticos, de acuerdo con lo que el mismo Gilmore publicó en su cuenta en X, organizaciones y víctimas mencionaron que no hubo eco público de las denuncias y no se destacaron en las declaraciones de la delegación europea que privilegiaron los diálogos con las autoridades cubanas.
En tanto, la política sistemática de acoso contra periodistas, colaboradores de medios de comunicación indepen- dientes, continúa. Como ejemplo, destaca el caso de Henry Constantín, director del medio independiente La Ho- ra de Cuba, uno de los pocos medios locales que permanecen en esa nación y que ha sido constantemente hos- tigado, como lo ha denunciado reiteradamente ARTICLE 19.
Otro caso que fie denunciado por 17 organizaciones fie el del periodista y activista Miguel Ángel Cuza, colabo- rador de CubaNet, quien fie “sentenciado a un año y seis meses de cárcel por el supuesto delito de ‘desorden público’”, mostrando la política de represión instalada en Cuba.
Por otra parte, en barómetros previos se ha señalado la situación del periodista preso, Lázaro Yuri Valle Roca, quien fie privado de la libertad ya hace dos años. ARTICLE 19 dio a conocer una denuncia indicando que este periodista “se encuentra en estado grave, mostrando un profindo deterioro en su salud, derivado de los malos tratos y la falta de condiciones adecuadas para salvaguardar su integridad física y psicológica”.
ARTICLE 19 emitió también un comunicado denunciando violencia contra activistas y periodistas: “El pasado 10 de diciembre, Día internacional de los Derechos Humanos, se reportaron en Cuba una serie de actos de hostiga- miento en contra de al menos 30 activistas y 38 periodistas al interior de la isla, según lo registrado hasta ahora
por ARTICLE 19. Los actos de hostigamiento en contra de la prensa reportados son: amenazas para inhibir la co- bertura o manifestación pública en al menos cuatro ocasiones, 35 recortes de servicio de internet y/o datos mó- viles, diez arrestos domiciliarios y una desaparición forzada. Estas acciones fieron perpetradas en su generalidad por agentes de la seguridad del Estado, la Policía Nacional Civil y la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa)”.
El 15 de noviembre se llevó a cabo en la ONU el Exámen Periódico Universal de Cuba. Múltiples representaciones de los Estados nacionales manifestaron sus preocupaciones y observaciones sobre la frágil situación de los de- rechos humanos en el país. De entre los activistas cubanos presentes en Ginebra se informó que: “ha sido muy impactante ver a muchos de los estados miembros haciéndole críticas en materia de derechos humanos al go- bierno cubano […] Muchos han hablado del Código Penal, de moratoria de la pena de muerte, de los presos po- líticos, se escuchó varias veces el 11J, se habló de retroceso en la Isla en materia de derechos humanos”. Ya antes, varias organizaciones internacionales habían solicitado a los Estados miembros “realizar recomendaciones fjr- mes y contundentes frente a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que el Estado de Cuba profje- re en detrimento de la vida digna, la integridad, la libertad y la justicia de las y los cubanos”.
El 5 de noviembre, ARTICLE 19 dio a conocer el informe sobre la evolución de las medidas cautelares que emitió la CIDH para salvaguardar los derechos de personas integrantes del Movimiento San Isidro (MSI). Se recordará que luego de las protestas del 11 de julio, activistas y artistas vinculados al movimiento fieron perseguidos y re- primidos. El caso llegó a la CIDH, el cual emitió medidas cautelares. En el informe, las organizaciones participan- tes, concluyeron que estas habían sido “inefjcaces. Pero, si bien no han impedido que el Estado cubano continúe violando los derechos de los benefjciarios, sí han repercutido en su comportamiento hacia ellos al evitar en gran medida el menoscabo de la integridad física. Por ello, es importante señalar que las medidas cautelares sí son necesarias”.
En noviembre se llevó a cabo el XI Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, organización ofjcial adscrita al Partido Comunista de Cuba, y para muestra de cómo se desarrolla el discurso ofjcial, se denunció la complicidad de las plataformas de internet en contra de la isla “por su postura rebelde”. En su reflexión se declaró que “la au- tocensura no tiene sentido en un escenario de convergencia digital, y atenta contra la credibilidad de la prensa revolucionaria, […] destacaron el papel findamental que tiene la crítica findamentada para el desarrollo y el pres- tigio del proyecto socialista que impulsa el país, en el fragor de la batalla contra de la ofensiva mediática de la derecha internacional”.
A este congreso asistió el presidente cubano Miguel-Díaz Canel Bermúdez y en su discurso es notable el uso de la polarización en el lenguaje que usa para referirse a los periodistas adscritos al Partido, en contraste con el que se utiliza para referirse a la prensa independiente: “Los periodistas cubanos tienen el mérito indiscutible de ha- ber sostenido la voz de la nación en las circunstancias y las horas más adversas, con admirable lealtad, elevado sentido de responsabilidad, talento, inteligencia y contagioso entusiasmo que genera siempre interesantes pro- puestas”.
A pesar de la retórica ofjcial, la autocensura es una práctica común entre los periodistas que trabajan para los medios estatales que deben ceñirse a una postura afín a las directrices emanadas del gobierno. La exaltación del “mérito de haber sostenido la voz de la nación” remite a un reconocimiento de esa homogeneidad exigida.
En la lógica de las acciones gubernamentales, el régimen cubano dio a conocer una lista de “terroristas” en las que se incluyó a 61 personas y organizaciones entre las que destacan aquellas que históricamente han realizado acciones contra el régimen, así como infiuencers, periodistas y personas que efectúan denuncias continuas a través de diversos medios y redes sociales. Es de notar la gravedad del intento de extender la criminalización y la persecución más allá de las fronteras nacionales.
➔ Oportunidades
En el campo de las oportunidades destacan los múltiples pronunciamientos de diversos organismos internacio- nales en torno al Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas; la visi- ta de la relatora Irene Khan a Honduras y las resoluciones del Consejo Permanente de la OEA en torno a la situa- ción de Guatemala; y las observaciones de un número creciente de Estados al gobierno cubano para que asuma su responsabilidad para garantizar los derechos humanos en el marco del Examen Periódico Universal.
El ámbito internacional sigue siendo, junto con la movilización ciudadana de un país, una clave en la defensa de la libertad de prensa y en la labor de poner en evidencia el carácter dictatorial y autoritario de los gobiernos. En el marco del Día de los Derechos Humanos se afjrmó la disposición de la comunidad internacional para seguir arrinconando las acciones represivas contra la libertad de expresión.
Por el lado del dinamismo de los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y del periodismo destacan en el trimestre la resistencia de las comunidades indígenas en Guatemala, el Foro Centroamericano de Periodistas y la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación en las que se analizaron las ten- dencias y las amenazas y se plantearon reflexiones para seguir enfrentando el autoritarismo en la región, ade- más de las expresiones de solidaridad y el acompañamiento que se generan en estos encuentros.
Por otra parte, la asunción de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala luego de los varios intentos por evitarla es, sin duda, una buena noticia para la democracia y abre posibilidades de revertir políticas restrictivas y de impulsar una relación abierta, de respeto al periodismo y de colaboración con organizaciones de la sociedad civil y con organismos internacionales para desestructurar las redes de corrupción e impunidad en el país y avan- zar en temas como el Mecanismo de Protección a Periodistas y establecer una ruta para generar cambios estruc- turales que permitan el retorno seguro de las personas periodistas en el exilio.
Finalmente, estaremos atentos ante la posibilidad de que el periodista José Rubén Zamora sea declarado inocen- te en la nueva audiencia prevista para el 6 de febrero y con ello se siente un precedente para ir desarticulando la criminalización contra periodistas desde el Estado.
