El Estado reprodujo las condiciones que posibilitaron el asesinato de Berta Cáceres
Por Guadalupe Ramos Ponce
Guadalajara, Jalisco. El asesinato de Berta Cáceres no fue un hecho aislado ni un “crimen común”. Fue un feminicidio político, un crimen contra una mujer indígena defensora de derechos humanos que desafió intereses económicos, patriarcales y coloniales profundamente arraigados en Honduras y en la región. El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no solo confirma esta verdad largamente sostenida por los movimientos feministas y de derechos humanos, sino que la documenta con rigor: a Berta la mataron por lo que representaba.
Berta era mujer, era indígena, era lideresa, era incómoda. Y en un sistema que castiga la disidencia femenina, esa combinación fue leída como una amenaza que debía ser eliminada. El informe es contundente: hubo vigilancia previa, amenazas sistemáticas, criminalización, omisiones estatales y una estructura de poder que permitió y encubrió el crimen. No se trató solo de los autores materiales, sino de una arquitectura criminal más amplia, donde confluyen empresas, actores estatales, fuerzas de seguridad y un aparato de justicia que falló antes y después en protegerla.
Desde una mirada feminista, el informe revela algo aún más profundo: la violencia contra las mujeres defensoras tiene un patrón, y ese patrón se repite en toda América Latina y el Caribe. Se les amenaza, se les desacredita, se les judicializa, se les aísla, y cuando nada de eso basta, se les asesina. El mensaje es disciplinador: “esto les pasa a las mujeres que se atreven”. Berta fue castigada por ejercer liderazgo político desde un cuerpo de mujer indígena que no pidió permiso.
El Estado hondureño no solo fue incapaz de garantizar su vida, sino que reprodujo las condiciones que hicieron posible su asesinato. El informe del GIEI habla de negligencia, pero también de connivencia y encubrimiento. Y aquí es donde la verdad incómoda: porque la impunidad no es un error del sistema, es parte de su funcionamiento cuando los intereses económicos pesan más que la vida de las mujeres.
Nombrar el asesinato de Berta como feminicidio político es fundamental. No basta con condenar el crimen: hay que entenderlo en su dimensión estructural. La defensa del territorio, del agua y de los bienes comunes sigue siendo hoy una de las actividades más peligrosas para las mujeres en la región. Y cuando esas mujeres son indígenas, pobres o defensoras comunitarias, el riesgo se multiplica.
El informe también interpela a la comunidad internacional.
Durante años, Honduras fue presentada como un país “en transición democrática”, mientras se toleraban o financiaban proyectos extractivos que violaban derechos humanos. Berta denunció ese modelo, y por eso la silenciaron. Pero su voz no fue extinguida: vive en la memoria colectiva, en la lucha de las mujeres defensoras y en la exigencia de justicia plena.
Desde Cladem y desde los feminismos latinoamericanos y caribeños, este informe debe ser una herramienta política, no solo un documento técnico. Sirve para exigir verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Sirve para proteger a las defensoras que hoy siguen en riesgo. Y sirve, sobre todo, para recordar que, sin justicia para Berta, no hay democracia posible.
94b2ad_1bb0f67f3fab4fbcb624ecaa86856164Berta Cáceres nos enseñó que defender la vida tiene un costo alto en sistemas patriarcales y extractivistas. Nuestra responsabilidad es que ese costo no siga siendo la vida de las mujeres. La verdad ya está dicha. Ahora falta la justicia.
