El gobierno de la presidenta Xiomara Castro y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunciaron el arribo al país de una Misión que evaluará el contexto hondureño, previo a la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Ante ese escenario, las organizaciones que integramos la Coalición Anticorrupción (CAC), emitimos nuestro posicionamiento sobre este tema de interés nacional:

  1. Un contexto de extrema corrupción

Para la CAC, la instalación de una nueva misión internacional anticorrupción en Honduras, es urgente y necesaria, tomando en cuenta la histórica y extendida corrupción que persiste en el país y que ha facilitado la malversación de los recursos públicos, y la imposición de un modelo de impunidad que impide la acción penal del Ministerio Público y del sistema de justicia en casos de corrupción del pasado, presente y futuro.

La instalación de una Misión Internacional Anticorrupción es una demanda de amplios sectores de la ciudadanía, que fue retomada por la candidatura electoral de Xiomara Castro, recibiendo un respaldo histórico en las elecciones general del 28 de noviembre pasado. En el imaginario de la ciudadanía, la herencia de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), continúa siendo el referente de una Misión Internacional que identificó y develó los mecanismos de operación de verdaderas mafias corruptas que cooptaron la institucionalidad estatal y que no vaciló en investigarlos y procesarlos.

Sin embargo, a pesar del triunfo electoral de la coalición de oposición, los factores y actores del modelo de corrupción, instalado en el transcurso de los últimos 12 años, se mantienen intactos: el sistema de justicia prácticamente ha colapsado por su ineficacia, falta de independencia y voluntad política para enfrentar las mafias corruptas y la criminalidad organizada. Hoy vivimos en una situación de impunidad estructural y sistémica que afecta al conjunto del sistema político. De ahí la urgente necesidad de reconstruir el sistema de justicia, como parte de la recuperación del Estado de Derecho, para impedir que el modelo de la impunidad se reproduzca y continúe operando en el actual gobierno. Este contexto, justifica la instalación de una nueva Misión Internacional Anticorrupción en el corto plazo con perspectiva estratégica de mediano y largo plazo.

  • Las condiciones de una Misión Anticorrupción

Desde la CAC, consideramos que debe existir un mínimo de condiciones para la instalación de la Misión Internacional al corto plazo, por eso es necesario:

  1. La derogación de los pactos de impunidad que impide, en este momento, la acción penal de los órganos de justicia en contra de las redes de corrupción. Las modificaciones que ha experimentado el marco jurídico del país, para proteger las actividades de estas redes, han sido tantas que nos parece que hay que priorizar en lo siguiente:
  1. Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales (Decreto No 116-2019). Esta ley constituye parte del núcleo principal de los pactos de impunidad.
  2. Decreto No 57-2020. Con este decreto el Congreso Nacional interpreta los artículos 217, 219 y      220 del Código Procesal Penal en lo relativo a los requisitos previos para solicitar el decomiso y secuestro de documentos u objetos relacionados con la investigación de los fiscales en temas de corrupción.
  3. Decreto No 93-2021. Esta herramienta jurídica permitió al CN realizar reformas del Código Penal y Procesal Penal. Específicamente la reforma del artículo 439 del Código Penal relacionada con el lavado de activos, que suprimió el enriquecimiento ilícito de la lista de delitos precedentes. Adicionalmente, este decreto legislativo reformó el artículo 47 del Código Procesal Penal, imposibilitando a la Fiscalía acceder al secreto bancario en delitos  relacionados con la administración pública (malversación, fraudes y exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohecho y otros).
  1. Una segunda condición necesaria, durante el proceso de negociación y una vez instalada la CICIH, debería ser el fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción (UFERCO), instancia pública heredera de la MACCIH, particularmente porque en la actualidad esta Unidad opera en medio de un debilitamiento logístico y presupuestario que limitan las investigaciones penales. Como se recordará, desde la desaparición de la MACCIH, la UFERCO, es el único ente que ha continuado trabajando sobre el legado de la Misión y con casos de alto impacto que vinculan a altos funcionarios y ex funcionarios públicos en actos de corrupción. Fortalecer la UFERCO, de forma integral, es imprescindible para continuar con la persecución penal de la corrupción en Honduras. 
  1. Además, desde la Coalición creemos que es importante reformar el Decreto No 4-2022: “Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan”, en lo referido al Capítulo II, artículo 4, inciso a) para evitar que funcionarios públicos acusados de delitos de corrupción, donde no haya mediado ninguna motivación política, se vean librados de la acción de la justicia.
  • Una Misión Internacional contra la corrupción con un enfoque de derechos humanos y de visibilización de las víctimas

En el contexto específico de Honduras, para la Coalición Anticorrupción (CAC) NO es posible asumir el combate frontal de la corrupción, al margen de un enfoque derechos humanos. Los 12 años de autoritarismo y corrupción han generado en Honduras una verdadera crisis de derechos humanos, expresada en víctimas específicas (individuales y colectivas), que tienen el derecho al acceso a la justicia, a la reparación y no repetición.

En tal sentido, nos acogemos a las resoluciones del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, las que reconocen el impacto negativo de la corrupción en el goce de los derechos humanos. El Consejo ha destacado el “recrudecimiento de las consecuencias negativas de la corrupción generalizada en el disfrute de los derechos humanos” y ha descrito la corrupción como “uno de los obstáculos a la promoción y protección efectivas de los derechos humanos, así como a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente”, (Resolución 21/13 del Consejo de Derechos Humanos). 

La formulación del mandato de la misión debe recoger expresamente esta orientación, vinculando sus objetivos de combate a la corrupción con el respeto de los derechos humanos. La formulación de las funciones y facultades debe expresamente recoger como prioridad promover las capacidades de adoptar e implementar un enfoque de derechos humanos en el abordaje de la corrupción en el sistema de justicia.

Potenciar la figura de la víctima y posicionarla en el centro del proceso penal, se constituye en premisa esencial para la implementación de este enfoque de trabajo. Para ello, debe superarse el enfoque actual de investigación a la corrupción en el país, que invisibiliza las víctimas y las afectaciones en sus derechos o, a lo sumo, la reduce a una fuente de información para el desarrollo del proceso, generando espacios y mecanismos para que puedan hacer oír su voz en la investigación y enjuiciamiento de los casos de corrupción. Es esencial que las víctimas de la corrupción tengan acceso a la justicia, se les asegure la reparación y no repetición.

  • Una Misión con un mandato independiente y autónomo

Partiendo de la experiencia de la MACCIH, desde la CAC creemos que la nueva Misión Internacional contra la Corrupción deberá ser independiente de los poderes del Estado y tener autonomía de actuación por parte de la Naciones Unidas, superando el rol de simple vocero. Por supuesto, igualmente, tendrá que contar con el respaldo de la institucionalidad pública y de la sociedad civil en su contribución al restablecimiento pleno del Estado de Derecho y al funcionamiento autónomo y efectivo del sistema de justicia hondureño. Adicionalmente, somos de la opinión que el nombramiento de los integrantes de la Misión Internacional deberá ser realizada por los organismos correspondientes de las Naciones Unidas, en base a criterios de calificación académica, experiencia y capacidades jurídicas en temas anticorrupción.

En este orden de ideas, concebimos a la Misión Internacional con dos grandes líneas de actuación. La primera, investigar y enjuiciar a  los responsables de delitos       relacionados con la corrupción pública de alto impacto y sus redes criminales. La segunda, el fortalecimiento de las instituciones públicas hondureñas, con asesoría técnica, a fin de asegurar la independencia, eficiencia y efectividad en la administración pública. Asimismo, desarrollar las capacidades nacionales de los operadores del sistema de justicia (tanto  a nivel del Poder Judicial y del Ministerio Público).

Desde la CAC,  también consideramos que la nueva Misión Internacional debe disponer de las siguientes  facultades: i) Seleccionar y supervisar el personal técnico (nacional e internacional) que constituirá la Misión; ii) Realizar la persecución penal en apoyo al Ministerio Público (con base en la selección de casos  de macro corrupción) y con un enfoque de derechos humanos; iii) Apoyar y acompañar técnicamente a las instituciones del Estado para desarticular las redes de corrupción; iv) Asesorar en el desarrollo de capacidades a las instituciones del sistema de justicia; v) Firmar convenios de colaboración con instituciones del Estado y de sociedad civil relacionadas con la lucha contra la corrupción; vi) Asesorar en la formulación de marcos jurídicos y de políticas públicas que aseguren la visibilidad; vii) Apoyar la formulación de protocolos de protección de testigos y, vii) Presentar periódicamente informes públicos sobre las acciones desarrolladas; viii)  Asesorar el fortalecimiento de los procesos de extradición, cooperación judicial internacional y la incautación de bienes en casos de lavado de activos con delitos contra la administración pública como delito precedente.

El alcance de los propósitos y tareas enunciadas no son de corto plazo, es por eso que creemos que la duración del mandato de esta Misión debe transcender el período del actual gobierno, siendo lo ideal un convenio que incluya a dos o más períodos de gobierno

  • El papel de sociedad civil organizada

La sociedad civil organizada debe tener un rol activo de acompañamiento, monitor crítico e independiente, y generador de propuestas para la nueva Misión Anticorrupción en las diferentes fases que se desarrollarán, hasta llegar a su instalación y operación (en la actual fase de construcción de la propuesta, en la fase de negociación, en la fase de aprobación y en la fase de implementación). El proceso de instalación de la misión debe no solo facilitar este proceso, sino fortalecerlo contribuyendo a las capacidades de la ciudadanía y organizaciones sociales para reclamar el cumplimiento de las obligaciones estatales, en forma coherente con los instrumentos internacionales de derechos humanos y los principios derivados de ellos asumidos como guía en la materia tanto por el Estado de Honduras como por el sistema de las Naciones Unidas.

Es por eso que hoy expresamos nuestro compromiso de acompañar este proceso, pero también respetuosamente solicitamos, que, como instancia ciudadana, tener un puesto en la mesa de diálogo y negociación en este tema que es prioridad nacional. Asimismo, ya que que contamos con toda la experiencia de la MACCIH, urgimos al gobierno de Honduras y a la ONU, que el proceso para instalar la CICIH, se efectúe con la rapidez que el país lo demanda. 

Desde la CAC, estamos plenamente convencidos que para recuperar Honduras y sus instituciones, construir un Estado democrático de derecho, desmontar el modelo autoritario y de corrupción, restablecer la decencia nacional y avanzar hacia un futuro de esperanza, es esencial la real participación del pueblo, la ciudadanía y sus organizaciones.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de abril del 2022
Coalición Anticorrupción

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