Elia Castellón
El Programa Realidade Latino-América, junto a la universidad de Sao Paulo y Memorial da América Latina, presentaron un conversatorio con Dolene Miller y Miriam Miranda, mujeres afro descendientes, activistas y defensoras de derechos humanos y de los territorios en Nicaragua y Honduras, con el fin de abordar los retos que enfrenta la población afro descendiente centroamericana.
Dolene Miller, expuso la actual situación de esta población bajo un contexto que la ONU, describe como “discriminada, marginada y no visibilizada”. Miller, señaló la ausencia de políticas nacionales e internaciones con referencia a los derechos ancestrales de las poblaciones indígenas y afro descendientes.
Además, argumentó sobre el caso de Costa Caribe de Nicaragua, que debido a la explotación de los recursos naturales, las poblaciones asentadas en esa zona viven en pobreza extrema y en “una contante defensa de las tierras durante tres siglos de historia”.
“Vivimos en una dictadura que nos deja nuevamente en el punto cero”, expresó Dolene Miller, quién recordó las luchas de los pobladores asentados en Costa Caribe contra el Estado de Nicaragua, esto con el fin de “hacer valer los derechos”. Denunció que incluso ante una ley en favor de la población, el Estado Nicaragüense violentó la ley, provocando así varias demandas en su contra.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, condenó el actuar del Estado de Nicaragua contra sus habitantes de la zona de Costa Caribe, misma que representa el 56% del territorio Nicaragüense. Miller, afirmó que el Estado se negaba a negociar con pobladores originarios y afro descendientes, negando que todas las personas asentadas no eran merecedoras de las tierras.
Miller, afirmó que todas estas acciones “sirvieron para reaccionar ante el Estado”, ya que esta población no era parte de procesos de consulta. Las leyes de Autonomía, Lenguas y Marcación Territorial, han marcado una diferencia en el contexto de violencia en las comunidades, misma que incluye el asesinato a los pobladores. Añadió que estas luchas no han sido fáciles y ante esas exigencias de justicia, se cometen nuevas formas de violaciones a los derechos humanos.
“No puedo hablar del pueblo Garífuna, sin hablar de una crisis humanitaria”. Aseveró, Miriam Miranda. Asimismo, puntualizó que el principal problema que afrontan las comunidades es que “los territorios están en disputas y debido a las necesidades de los recursos, se dan proyectos de muerte, como el caso de Berta Cárceles”.
Miranda, aseguró que el debilitamiento de la institucionalidad del país, tiene que ver con el control de los recursos naturales, dando como resultado, un retroceso de los derechos adquiridos por esta población debido a la militarización permanente de sus territorios y privación de los derechos legales sobre los mismos; Caso que llegó a la CIDH, concluyendo con un fallo en favor de las comunidades garífunas contra el Estado de Honduras.
“La migración masiva, refleja la crisis humanitaria que vive Honduras” arguyó, Miranda. La líder garífuna, argumentó sobre los “golpes” de la naturaleza con el paso de los huracanes Eta e Iota en noviembre pasado, dejaron en evidencia el desempeño Estatal, la vulnerabilidad social, económica y la crisis climática en la región Centroamericana.
Miriam Miranda, explicó que la población garífuna, pertenecen a una etnia afro-indígena, desde sus primeras luchas en la isla de San Vicente hasta sus asentamientos en las costas hondureñas, han defendido su integridad para no ser esclavos, sin embargo, ahora están migrando a México y Usa ante la inseguridad que viven en sus territorios.
“Estamos siendo expulsados y no tiene ningún futuro el destierro”, lamentó la líder garífuna, en el contexto de inseguridad e inestabilidad de sus pobladores con respecto a los nuevos proyectos turísticos en las zonas de las comunidades garífunas. Por tal razón, se enfrentan a una situación muy peligrosa con la migración irregular.
Miriam, explicó que estos proyectos se llevan a cabo principalmente en los pueblos indígenas, garífunas e inclusive mestizos, como es el caso de Guapinol, donde ambientalistas han sufrido represión, asesinatos e incluso judicialización por la defensa de los recursos naturales. En este contexto, señaló que: “O los matan a tiros o se van, no hay esperanzas”.
También, aclaró que: “El narcotráfico nos coloca en una situación dura y nos obliga a salir”, en contexto con el secuestro de 4 líderes garífunas suscitado en el 2020, mientras había toque de queda. Ellos exigían el cumplimiento por parte del Estado de Honduras ante lo dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a los abusos en contra de las comunidades garífunas.
Miranda, denunció que hubo “campañas de desprestigio en los medios de comunicación para criminalizar a líderes que luchan por los recursos naturales” y la población originaria, ha sido acusada de ser invasora de territorios, pese a contar con un título de dominio pleno y lo establecido en la Constitución de la República y dictaminado por organismos internacionales.
Concluyó diciendo: “Los ancianos que tienen la memoria cultural del pueblo garífuna” están en una situación vulnerable debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. “Necesitamos construir un nuevo futuro, de lo contrario no se puede sobrevivir”. Propuso la búsqueda de la autonomía desde las comunidades incluyendo la autonomía y seguridad alimentaria.
