Por Corie Welch y Ana María Méndez Dardón / WOLA
En la encrucijada de una coyuntura crítica, la próxima elección de un nuevo Fiscal General (AG) y un nuevo Fiscal General Adjunto el 1 de septiembre tiene una inmensa importancia para Honduras. Según lo establecido por la ley hondureña, la Fiscalía supervisa el procesamiento de delitos y ocupa la posición fundamental de supervisar el sistema de justicia en todo el país, un sistema que los expertos en derechos humanos han destacado que necesita urgentemente reformas sustanciales .
Las pasadas elecciones de la AG han generado duras críticas debido a irregularidades, incluida la elección de 2018 , cuando el Congreso de Honduras eligió a Oscar Chinchilla para un segundo mandato, sin tener en cuenta la lista final de candidatos propuesta por la Junta de Nominaciones. Bajo el gobierno de Chinchilla, Honduras ha alcanzado una tasa de impunidad del 90 por ciento y ha recibido críticas internacionales por manipular el sistema de justicia y criminalizar a los defensores de los derechos humanos mientras protege a los políticos corruptos.
El proceso de selección del nuevo AG comenzó a principios de este año, en medio de fervientes llamados tanto de la sociedad civil como de la comunidad internacional para adherirse firmemente a los estándares internacionales y garantizar la transparencia durante todo el proceso. Según lo afirmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH ), la AG es “esencial para el acceso a la justicia, la garantía del Estado de derecho, la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos”. Para llevar a cabo las tan necesarias reformas estructurales dentro del sistema de justicia de Honduras se requiere el nombramiento de un Fiscal General independiente y autónomo, que pueda instituir los cambios transformadores que el país requiere con urgencia.
Proceso de selección y cronograma:
El Congreso Nacional tiene la máxima autoridad en la selección del Fiscal General. Eligen de una lista de cinco candidatos presentada por la “Junta Proponente” o Junta de Nominaciones. La función de esta junta es refinar el grupo de solicitantes evaluando sus calificaciones según un conjunto de criterios utilizando una escala del 1 al 100. Los cinco candidatos con las puntuaciones más altas pasan a la ronda final. El proceso de selección se puede dividir en cinco fases: el establecimiento de la Junta de Nominaciones, la convocatoria de postulantes, la revisión e investigación de los postulantes, la evaluación y calificación de los postulantes y, finalmente, la selección del nuevo Fiscal General.
Fechas clave
31 de mayo → Convocatoria de la Junta de Nominaciones, integrada por representantes elegidos de acuerdo con las normas legales. La mesa estuvo integrada por la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rebecca Raquel Obondo, el Magistrado de la CSJ Wagner Vallecillo , la Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) Blanca Izaguirre, el Representante de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH) Odir Fernández , resultan seleccionados el representante de Universidades Privadas, Julio Raudales, el representante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Alejandro Hernández , y el representante de la Sociedad Civil, José Ramón Ávila .
17 de junio → Finaliza el plazo de presentación de solicitudes. Se presentan veintiséis candidatos para ser considerados por la Junta de Nominaciones. El número de candidatos se reduce a 24 después de que dos no cumplieran los requisitos iniciales.
18 de junio → Los candidatos presentan pruebas que impugnan cualquier denuncia presentada en su contra. Durante el período denominado fase de “tachaduras”, los críticos presentan una serie de quejas contra los candidatos, argumentando por qué no deberían ser considerados para el cargo de Fiscal General. En total, se presentaron 35 denuncias contra 21 candidatos.
20 de julio → La Junta de Nominaciones anuncia qué candidatos pasarán a la fase de entrevista pública que consta de 15 solicitantes. La Junta de Nominaciones lleva a cabo investigaciones finales sobre varios candidatos que no estaban incluidos en esta lista de candidatos que pasan a la siguiente fase.
24 de julio → Se anuncia la lista definitiva de candidatos que pasan a la fase de entrevista pública, siendo 13 en total. El titular de la Fiscalía Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Javier Luis Santos, fue excluido de esta lista debido a una denuncia presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).
26 de julio → Comienzan las entrevistas públicas. En esta fase, cada candidato tiene 45 minutos para responder preguntas relacionadas con su integridad personal y profesional, ética, capacidad técnica para el cargo y su visión para los próximos cinco años al frente de la Procuraduría General de la República.
1 de agosto → La Junta de Nominaciones presenta la lista final de cinco candidatos al Congreso para seleccionar al próximo AG.
1 de septiembre → El próximo AG comienza su mandato.
Los candidatos :
Los cinco candidatos que avanzaron a la etapa final recibieron los puntajes más altos a través de un proceso de evaluación que califica a cada candidato AG en una escala del 1 al 100 considerando una variedad de calificaciones. Aquí está la lista de estos candidatos:
Jenny Gabriela Almendares Flores – 95.55
La única mujer que llegó a la etapa final, Jenny Alemandares Flores es una abogada con más de 30 años de experiencia, especializada en derechos humanos y violencia de género. Anteriormente, trabajó como fiscal principal en Tegucigalpa de 1999 a 2015. En su entrevista, Almendares Flores dijo que planea modernizar la capacidad tecnológica de la Fiscalía General y trabajar para deshacer las protecciones para los políticos involucrados en corrupción.
Mario Alexis Morazán Aguilera – 87.98
Morazán Aguilera tiene una maestría en derecho de los derechos humanos y un doctorado en derecho penal. Actualmente es profesor de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH) y es Secretario General de la Fiscalía General de la Nación. En su entrevista, dijo a la Junta de Nominaciones que como fiscal general planea reevaluar al personal, depurando a los fiscales que no están calificados para sus cargos. Esta es la primera vez que solicita el puesto AG.
Márcio Cabañas Cadillo – 84.36
Cabañas Cadillo es abogada con 23 años de experiencia ejerciendo como fiscal. Actualmente se desempeña como fiscal en la división de delitos fiscales. Antes de asumir este cargo, se desempeñó como fiscal investigando casos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. Cabañas Cadillo afirma no tener afiliaciones políticas y busca asumir el rol de AG desde una postura apolítica.
Joel Antonio Zelaya Álvarez – 80.94
Uno de los aspirantes más jóvenes, Zelaya Álvarez es un abogado que trabaja para el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT). Anteriormente representó como abogado a la empresa de comunicaciones Hondutel. Ha sido acusado de no desempeñar sus funciones en el IHTT y aceptar un doble salario, ocultando que también trabaja como consejero en la Alcaldía de Retoica. Organizaciones de la sociedad civil han cuestionado su integridad e idoneidad para el cargo .
Pablo Emilio Reyes Teodoro – 75.26
Reyes Theodore es un litigante privado que anteriormente trabajó para la Corte Suprema de Justicia. Se enfoca en derecho laboral y tiene una maestría en derecho empresarial. Entrevistó el 27 de julio, donde enfatizó la necesidad de fortalecer la capacidad de la Procuraduría General de la República tanto a nivel nacional como internacional.
Preocupaciones
Desde el inicio del proceso de selección, los expertos han expresado inquietudes respecto del proceso de selección, las cuales se resumen a continuación:
Marco legal débil
Honduras carece de un marco regulatorio para cargos de alto nivel como el del AG. En ausencia de tal marco, WOLA, en colaboración con otras organizaciones internacionales , llamó al Estado de Honduras a “aplicar criterios de evaluación objetivos (…) en línea con los estándares internacionales”. Según estos estándares, la selección del Fiscal General debe basarse en procedimientos imparciales basados en criterios objetivos. El proceso debe ser transparente, público y abierto a la participación de la sociedad civil. Para asumir un papel tan importante, el Fiscal General debe poseer experiencia e independencia, siendo elegido en función de sus méritos y no de sus afiliaciones políticas.
Según el Centro de Estudios de la Democracia en Honduras (CESPAD), tanto la Ley de la Fiscalía General como la Constitución no establecen mecanismos claros para la selección del Fiscal General, lo que hace que el proceso sea susceptible a la manipulación partidista. En febrero, la selección de nuevos magistrados de la Corte Suprema enfrentó críticas, después de un largo proceso de negociaciones y compensaciones entre los tres partidos principales en el Congreso: el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido LIBRE. En respuesta, grupos de la sociedad civil pidieronEl Congreso no repita estas maniobras y se abstenga de utilizar la selección del AG como una herramienta más de negociación. Sin embargo, el Congreso ha planteado la idea de nombrar no sólo un AG y un AG adjunto, sino también agregar un tercer puesto de Administrador del AG, como una forma de apaciguar a los tres partidos principales.
Falta de transparencia y participación de la sociedad civil
La sociedad civil ha expresado repetidamente su frustración por la falta de transparencia de la Junta de Nominaciones. Las solicitudes iniciales de información presentadas por organizaciones de la sociedad civil han sido lentas y a menudo no han sido atendidas por la Junta de Nominaciones. Los grupos también han criticado el hecho de que la Junta de Nominaciones no se comprometa plenamente con la sociedad civil, ya que normalmente sólo un número limitado de miembros de la junta está presente durante las reuniones.
El 26 de julio, Articulación Ciudadana Transparencia y Justicia denunció a la Junta Nominadora por “ revelar a denunciantes que bajo un pedido de confidencialidad expusieron información sobre autopostulantes es un atentado a su integridad”. El grupo instó a la Junta de Nominaciones a aclarar sus acciones y reiteró el llamado a la transparencia.
Dos días después, el 28 de julio, la Misión Internacional de Observación de la Selección de la Corte Suprema en Honduras , formada por cuatro expertos jurídicos internacionales , anunció que regresaría a Honduras para brindar apoyo técnico y acompañamiento a la sociedad civil durante las etapas finales. de la elección del AG. La misión realizó una conferencia de prensa el 3 de agosto exponiendo falencias y desafíos dentro del proceso de selección. Identificaron varios problemas graves, incluida la falta de espacio para que la sociedad civil participe significativamente. También citaron problemas con la transmisión pública de las reuniones de la Junta de Nominaciones, así como con el sitio web donde se suponía que se publicarían las resoluciones de la Junta de Nominaciones.
Exclusión e inclusión arbitrarias de candidatos
A medida que avanzaba el proceso, la exclusión arbitraria de Javier Luis Santos como candidato ha generado preocupación. Luego de un examen de evidencia relacionada con la información enviada por la Fiscalía General sobre una demanda de 10 años contra Santos, la Junta de Nominaciones finalmente optó por excluirlo de la consideración. Esta decisión ha encontrado una fuerte oposición por parte de defensores de los derechos humanos y defensores de la justicia, quienes han presentado formalmente una carta instando a la Junta de Nominaciones a reconsiderar esta exclusión.
La carta destaca el peligro de emplear tácticas de venganza contra fiscales que investigan activamente la corrupción de alto nivel, citando paralelismos con los crecientes ataques a operadores de justicia independientes en Guatemala. Los defensores de la lucha contra la corrupción están profundamente preocupados de que la exclusión de Santos pueda ser una forma de represalia por su trabajo, que incluye décadas de experiencia como fiscal investigando corrupción de alto nivel en Honduras. En una entrevista , Santos reveló que el expresidente y asesor político del presidente Castro, Manuel Zelaya, ha expresado su oposición a que Santos se convierta en Fiscal General debido a su falta de voluntad para “aceptar favores políticos”.
El camino por delante
La responsabilidad de la decisión recae ahora en el Congreso. Mientras el Congreso delibera sobre la selección del próximo AG, es crucial que sus miembros reconozcan que esta posición debe trascender la política; El deber del AG debería ser servir al pueblo de Honduras, más allá de las afiliaciones partidistas individuales. De cara al futuro, es imperativo que Honduras establezca lineamientos más claros para el proceso de selección para evitar la manipulación por parte de intereses partidistas.
El próximo AG desempeñará un papel crucial en las operaciones de la futura Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). Además, el individuo elegido como el próximo Fiscal General sin duda enfrentará desafíos a medida que herede un sistema de justicia del que la población hondureña desconfía profundamente. Para lograr avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como para salvaguardar los derechos humanos en Honduras, este individuo debe estar preparado para cumplir con las demandas de esta formidable tarea.
