En lo que va de 2023, se registran un total de 46 mujeres y niñas desaparecidas en el territorio nacional. Mientras tanto, al menos 60 féminas nicaragüenses han sido víctimas de femicidio dentro y fuera del país centroamericano. Las cifras de los últimos cinco años ilustran más alarma y pocas tareas de prevención.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Política, violencia y seguridad
Managua, Nicaragua
En otro trágico episodio de este 2023 que conmocionó a la comunidad de Sarawas, en el municipio de Mulukukú, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, el pasado martes 19 de septiembre, la vida de Victorina Sánchez Godínez, de 45 años de edad, fue abruptamente truncada. La causa de su muerte, a manos del presunto autor del crimen, Francisco Jorvin González Mendoza, de 26 años, ha dejado al país centroamericano en estado de shock. Lo que comenzó como una solicitud de agua se convirtió en un violento asesinato, llevando a una menor de ocho años a luchar por su vida tras resultar herida de bala por el sujeto en cuestión.
Esta tragedia puso de manifiesto una preocupante tendencia en Nicaragua: un aumento alarmante en los casos de femicidio y desapariciones de mujeres y niñas en lo que va de este año.
Los números recientemente revelados por el observatorio Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) son alarmantes y espeluznantes. En los primeros nueve meses del año 2023, 60 nicaragüenses han caído víctimas de femicidio. De estos, 42 femicidios se registraron en territorio nicaragüense, mientras que 18 ocurrieron en el extranjero. Estas cifras han dejado estupefactos a muchos, y los informes apuntan a un perturbador aumento de la violencia de género en el país.
Las defensoras de los derechos de las mujeres afirman que la migración es un factor importante detrás del aumento de femicidios fuera de Nicaragua. Las mujeres que huyen de situaciones de violencia en su país natal a menudo se enfrentan a un entorno peligroso en el extranjero. Católicas por el Derecho a Decidir destaca la preocupante desprotección y la inseguridad que enfrentan estas mujeres, a menudo sin acceso a recursos legales o apoyo adecuado.
La impunidad en la mayoría de los casos agrava aún más la situación, dejando a las víctimas sin justicia ni reparación.
Aunque el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha tomado medidas para abordar la violencia de género, como la reactivación de las Comisarías de la Mujer y la distribución de cartillas informativas, estas acciones han resultado y seguirán resultando insuficientes, según analistas consultados por la Redacción de COYUNTURA. Las defensoras de los derechos de las mujeres argumentan que, en lugar de disminuir, los casos de violencia de género han aumentado significativamente. Este sombrío panorama pone de relieve la necesidad de un enfoque más integral y efectivo para combatir esta epidemia, más allá de hojas de papel con información poco puntual.
Desapariciones de mujeres y niñas: un problema creciente
Además de los preocupantes números de femicidios, los informes de desapariciones de mujeres y niñas en Nicaragua han sido constantes en 2023. Según Grupo Venancia, un total de 46 mujeres y niñas fueron reportadas como desaparecidas entre enero y septiembre del año en curso. Sin embargo, se teme que estas cifras sean solo la punta del iceberg, ya que muchas familias no denuncian públicamente, a pesar de informar a las autoridades de la Policía Nacional.
El análisis de los informes revela que la mayoría de las desaparecidas son menores de edad, que oscilan entre los 11 y los 17 años. Este dato es especialmente inquietante, ya que estas jóvenes son particularmente vulnerables a la explotación y el abuso. Además, las desapariciones se han producido en diversas regiones del país, destacando Estelí, Matagalpa, y Managua como áreas de alto riesgo, lo que explica que el problema va más allá de las grandes urbes.
Las historias de las mujeres y niñas desaparecidas en Nicaragua son espeluznantes. Al menos tres de las 46 reportadas como desaparecidas fueron encontradas asesinadas. Una de ellas fue la doctora Aracelly Varela Bonilla, de 51 años de edad, quien estuvo desaparecida durante casi dos meses antes de que su cuerpo sin vida fuera hallado este año a solo unos metros de su vivienda en Rivas.
María Isabel Hernández Vivas, de 64 años, también desapareció en Rivas y fue encontrada asesinada poco después de su desaparición. Su trágico destino resalta la urgente necesidad de abordar este problema y de garantizar la seguridad de las mujeres en Nicaragua.
Por otro lado, Hazel Johana Mejía Traña, de 37 años de edad, fue reportada como desaparecida en Managua y fue encontrada estrangulada y semienterrada en Sabana Grande, al norte de la ciudad capital. Estos horribles casos ponen de manifiesto la necesidad extrema de una acción inmediata para abordar la creciente epidemia de desapariciones y asesinatos contra las mujeres y niñas.
Grupo Venancia ha desempeñado un papel crucial al informar sobre las desapariciones de mujeres y niñas en Nicaragua. Su labor de concientización es esencial para aumentar la visibilidad de este problema social y movilizar a la comunidad en busca de soluciones. Destacan la importancia de entender que este no es un problema individual, sino una cuestión social que requiere la atención de todos.
Las defensoras de los derechos de las mujeres también enfatizan que culpar a las jóvenes por su propia desaparición es inaceptable. Muchas de ellas son víctimas de engaño o manipulación por parte de hombres adultos que abusan de su inexperiencia y vulnerabilidad. Es esencial centrarse en los verdaderos responsables y actuar en consecuencia, desde la sociedad y el Estado.
La situación en Nicaragua es alarmante. El aumento de femicidios y desapariciones de mujeres y niñas es un grito de auxilio que no puede ser ignorado. Se necesita una acción urgente y coordinada para abordar esta creciente epidemia de violencia de género. Las organizaciones de derechos de las mujeres, como Católicas por el Derecho a Decidir y Grupo Venancia, desempeñan un papel fundamental en la concientización y movilización de la sociedad, pero se requiere un compromiso más amplio, que incluya a todas las instituciones del Estado y los gobiernos locales, para poner fin a esta crisis.
La seguridad y la protección de las mujeres y niñas de Nicaragua debe ser una prioridad absoluta, y la impunidad no puede ser tolerada más. Solo mediante un esfuerzo conjunto se podrá garantizar un futuro más seguro y equitativo para todas las mujeres en el país. Pero las estrategias deben ir más allá de cartillas “solidarias”.
En cuanto a términos generales, los últimos cinco años han sido literalmente sangrientos para las mujeres y niñas. En 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 se registraron: 57, 63, 70, 71 y 68 femicidios, respectivamente.
