Por David Torrez
A un mes de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras vive una intensa “guerra de encuestas” que ha reconfigurado el debate público y agudizado la polarización política. Diversos estudios de opinión, publicados en las últimas semanas, muestran escenarios contrastantes sobre quién lidera la intención de voto presidencial, mientras crece la desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas del proceso. En medio de una campaña marcada por la fragmentación del electorado, la apatía y la crisis institucional, las encuestas se han convertido en instrumentos clave para moldear percepciones, legitimar narrativas y disputar el control simbólico de la elección.
La última encuesta Principales resultados de la encuesta del Termómetro Electoral del Instituto de la Justicia y la encuestadora Le Vote (octubre 2025) refleja que Salvador Nasralla (Partido Liberal) tiene el primer lugar en intención de voto, superando por 6 puntos a Nasry Asfura y por 10 puntos a Rixi Moncada. Nasry “Tito” Asfura (Partido Nacional): Segundo lugar, con una diferencia de 6 puntos respecto a Nasralla. Y Rixi Moncada (Partido Libre): Tercer lugar, con una diferencia de 10 puntos respecto al líder.
La firma CID Gallup ubicó recientemente al candidato liberal Salvador Nasralla en primer lugar con 27%, seguido por Rixi Moncada (Libre) con 26% y Nasry Asfura (Partido Nacional) con 24%, en un virtual empate técnico. La encuestadora Paradigma, por su parte, también coloca a Nasralla a la cabeza con 28.38%, seguido de Asfura con 25.41% y Moncada con apenas 14.32%.
En contraste, TResearch International muestra a Moncada liderando con 48.8%, mientras Tracking posiciona a Asfura en primer lugar con 34%. A estos resultados se suman los datos de Sondeo Digital, que reflejan una caída de Moncada al quinto lugar con 13%, superada incluso por la opción “Ninguno” (22.5%) y el segmento de indecisos (15.8%). El estudio más reciente, realizado por Le Vote para el Instituto de la Justicia, confirma la ventaja de Nasralla con 26%, seguido por Asfura (21%) y Moncada (14%), con una brecha aún mayor entre los votantes decididos.
“Las diferencias entre encuestas no solo responden a variaciones metodológicas y al tamaño de muestra, tipo de levantamiento, cobertura territorial sino también a la ausencia de una regulación clara sobre su publicación y uso durante la campaña”, asegura. Leonardo Pineda, representante de sociedad civil, advierte que muchas encuestas carecen de rigor científico y son elaboradas con metodologías virtuales fácilmente manipulables.
“Las más confiables son las presenciales, con muestras representativas y bien distribuidas en al menos 16 de los 18 departamentos”, señaló. Gabriela Blen, directora de la organización Ayudamos a Honduras, considera que las encuestas se han convertido en herramientas de manipulación política. A su juicio, deberían regirse por criterios similares a los usados en la selección de magistrados o fiscales, y contar con supervisión académica e institucional. Blen también cuestionó la falta de sanciones por parte de los entes reguladores, señalando que están dirigidos por personas nombradas bajo acuerdos políticos sin independencia ni voluntad de fiscalización.
Por su parte, René Gavarrete, periodista y catedrático universitario, atribuye los resultados contradictorios entre encuestadoras a metodologías no probabilísticas, muestras poco representativas y limitaciones presupuestarias que restringen la cobertura territorial. Señaló que muchas encuestas no incluyen departamentos como Gracias a Dios o Islas de la Bahía, lo que distorsiona los resultados.
Según Gavarrete, “aunque la ley exige que las encuestadoras estén registradas ante el Consejo Nacional Electoral, muchas operan sin validación y los medios de comunicación amplifican sus resultados sin verificar su legitimidad”. Afirmó además, que las encuestas más certeras no se publican, sino que son utilizadas internamente por los partidos para tomar decisiones estratégicas.
El contexto institucional agrava la incertidumbre. El Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta retrasos en el cronograma electoral, disputas internas entre consejeros y señalamientos de parcialidad. Parte de esta tensión se ha intensificado tras las acusaciones de parte de la consejera Cossete López contra el Ministerio Público (MP), a quien señaló por actuar con sesgo político. López acudió a la Corte Suprema de Justicia para interponer un recurso de amparo luego de la divulgación de audios que, según ella, vulneran su derecho a la defensa y comprometen la imparcialidad del proceso.
A pesar del desencanto, la intención de participación ciudadana se mantiene alta. Según el sondeo de ERIC-SJ, ocho de cada diez hondureños afirman que acudirán a votar, aunque el 76.8% expresa desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el 46% considera que las elecciones serán fraudulentas.
El estudio de Le Vote revela que el 70% de los encuestados se declara poco o nada interesado en la política, y el 50% se siente decepcionado por el rumbo del país. Sin embargo, el llamado al voto persiste como expresión de resistencia democrática. “La gente cree en la democracia, en lo que no cree es en los partidos políticos”, remarcó el padre Ismael Moreno, director de ERIC-SJ.
En este escenario, las encuestas no solo reflejan preferencias también revelan el estado emocional del electorado, la fragilidad institucional y el peso del voto útil como posible factor decisivo. Con un electorado partido en tercios, altos niveles de indecisión y una campaña marcada por la confrontación, el desenlace del 30 de noviembre dependerá tanto de la capacidad de movilización como de la credibilidad del proceso. La disputa por el poder se libra en las urnas, pero también en la narrativa pública, donde cada encuesta se convierte en una pieza estratégica del tablero político.
