Tegucigalpa, 29 de enero de 2026. Honduras continúa posicionándose como uno de los países más peligrosos del continente para quienes defienden el ambiente y el territorio. Entre 2015 y 2025, se documentaron 103 asesinatos de defensores ambientales, de los cuales más del 30 % ocurrieron en el departamento de Colón, según datos recopilados por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Los asesinatos registrados están vinculados principalmente a conflictos por tierra, explotación forestal ilegal, concesiones mineras inconsultas y presencia de actores armados, en un contexto donde más del 90 % de los crímenes permanece impune.
Frente a esta realidad, ASJ -capítulo en Honduras de Transparencia Internacional- promueve la iniciativa Guardianes silenciados, un esfuerzo que busca visibilizar la violencia contra quienes protegen los bienes naturales del país mediante evidencia técnica, investigación de campo y narrativas humanas.
Como parte del proyecto Justicia ambiental y protección a defensores ambientales, impulsado con el apoyo de la Embajada Británica en Guatemala, se anunció la habilitación de una plataforma digital que reunirá datos actualizados, rutas de denuncia, hallazgos jurídicos y perfiles de defensores asesinados.
La investigación realizada por ASJ incluye información sobre más de 100 defensores ambientales asesinados en Honduras; sin embargo, tres casos fueron seleccionados para esta iniciativa por reflejar con mayor claridad los patrones de riesgo, abandono estatal e impunidad que se repiten en distintas regiones del país. Se trata de María Enriqueta Matute, lideresa indígena tolupán asesinada durante una protesta pacífica en 2013; Santos Hipólito Rivas Baquedano, dirigente campesino del Bajo Aguán emboscado en 2023 pese a contar con medidas de protección; y Juan Bautista Silva Ventura, defensor comunitario del bosque en Comayagua, asesinado junto a su hijo en 2025 mientras documentaba la tala ilegal.
Aunque ocurridos en años y territorios diferentes, estos tres asesinatos comparten elementos comunes: amenazas previas no atendidas, criminalización de líderes comunitarios, presencia de economías ilegales vinculadas a tierra y recursos naturales, ausencia de medidas efectivas de protección y falta de investigación sobre la autoría intelectual. Juntos, ilustran un patrón estructural de violencia que continúa poniendo en riesgo la vida de quienes defienden el ambiente en Honduras.
En las próximas semanas, el capítulo de Transparencia Internacional presentará un estudio que analiza las fallas sistemáticas en prevención, protección, investigación y sanción. También será presentada la plataforma digital Guardianes silenciados, que integrará información nacional e internacional, bases de datos históricas y mecanismos de denuncia para fortalecer la respuesta de instituciones y ciudadanía.
En el marco del proyecto, ASJ cuenta con la participación del experto internacional Federico Chunga, especialista en protección de personas defensoras. Chunga brindó recomendaciones especializadas y sostuvo reuniones con autoridades estatales, organizaciones civiles y medios de comunicación para discutir prácticas regionales que han demostrado resultados en la reducción de violencia contra ambientalistas.
