GINEBRA / TEGUCIGALPA (22 de agosto de 2019) – “Hoy en día, la independencia del sistema judicial y otros principios democráticos cruciales, como la separación de poderes, siguen siendo un gran reto y desafío en Honduras”, concluyó el Relator Especial de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, al término de su visita oficial a Honduras del 16 al 22 de agosto de 2019.
“El sistema de administración de justicia, así como la clase política y otras instituciones del Estado, están siendo fuertemente cuestionados por la ciudadanía. Problemas como la mora judicial, la corrupción, la impunidad, violaciones a los derechos humanos, la inseguridad ciudadana y la violencia son algunos de los factores que han puesto en entredicho a los operadores de justicia y al sistema político mismo”, añadió el experto.
Según García-Sayán, el marco normativo e institucional de Honduras presenta contradicciones y lagunas muy graves, a pesar de que sus aspectos fundamentales sean coherentes con los principios de independencia judicial y separación de poderes. “Como se encuentra no es suficiente para garantizar la independencia de la justicia”, dijo el relator especial. En particular, el experto auspició que no se siga difiriendo la adopción de la nueva ley sobre el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, y que en su aprobación “se garantice la participación de la sociedad y, en particular, de jueces y magistrados”.
García-Sayán también exhortó a que el Congreso considere la posibilidad de revisar el procedimiento de selección y nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema, del Fiscal General y su Adjunto. “La transparencia y el escrutinio público deben orientar el proceso de selección de los altos funcionarios del poder judicial y de la fiscalía a través de procedimientos transparentes y que garanticen la participación de la sociedad con miras a examinar detenidamente la independencia, competencia e integridad de los candidatos”, dijo el relator especial.
Durante la visita, el Relator Especial puso énfasis en la importancia de fortalecer las capacidades nacionales para enfrentar la corrupción. Pudo constatar los esfuerzos institucionales que se han traducido en avances concretos como la creación de los juzgados y tribunales con competencia nacional para delitos de corrupción y contra la extorsión así como la creación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) en el Ministerio Público.
“Insto a que la Corte Suprema de Justicia, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos, cumpla con lo dispuesto en la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en cuanto a fortalecer las medidas de protección para la protección de la vida e integridad de operadores(as) de justicia en riesgo. Igualmente, que se investigue con debida diligencia e imparcialidad y se sancionen las agresiones de distinta índole en contra de operadores(as) de justicia”, concluyó García-Sayán.
Finalmente, García-Sayán destacó la función invalorable que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) ha prestado desde su instalación al sistema de justicia nacional, auspiciando que al vencerse en enero de 2020 el actual mandato de la MACCIH sea renovado consolidando y fortaleciendo sus funciones.
El Relator Especial presentará un informe exhaustivo con sus conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en junio de 2020.
