Ruth Bonilla – En Alta Voz
En Honduras, ser mujer es un riesgo latente. Lejos de disminuir, la violencia feminicida continúa en aumento y expone, una vez más, la fragilidad o ausencia de la respuesta estatal. En lo que va de 2026, en lo que va de 2026 se han registrado más de 72 femicidios lo que representa a un incremento del 6% de muertes violentas en comparación con 2025. Detrás de cada cifra hay una constante: el Estado no está llegando a tiempo.
La mayoría de estos crímenes no ocurren en el vacío. Diversos informes coinciden en que muchas víctimas habían denunciado previamente amenazas o agresiones. Sin embargo, esas alertas no se tradujeron en protección. Para el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el problema es estructural: más del 95 % de los casos permanece en la impunidad, enviando un mensaje claro de permisividad hacia los agresores.
El caso de Valeria Jolette no es una excepción, una joven estudiante de medicina desaparecida el 15 de febrero de 2026 en El Progreso y hallada sin vida una semana después en una zona de cañeras de Cortés, que generó una ola de indignación nacional debido a las sospechas de negligencia estatal e impunidad.
Actualmente, las autoridades mantienen bajo proceso judicial a Denis Alexander Galván Canales y Ariel Alexander Boquín Chávez, a quienes se les vincula con una red criminal dedicada a atacar sistemáticamente a mujeres jóvenes. El caso es considerado un símbolo de la lucha contra la violencia de género en Honduras, especialmente ante las críticas de organizaciones civiles que señalan que los sospechosos contaban con órdenes de captura previas, lo que refleja la incapacidad del sistema para prevenir crímenes de alto impacto. no es una excepción
Este es uno de los tantos casos que se suman a un patrón que se repite con alarmante frecuencia: denuncias ignoradas, instituciones que no se coordinan y respuestas que llegan cuando ya es demasiado tarde.
Las cifras respaldan esta realidad. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reporta que una mujer es asesinada cada 36 horas en el país, es decir, cerca de 30 al mes. Una frecuencia que convierte la violencia contra las mujeres en una crisis sostenida, no en hechos aislados.
A esto se suman los datos del Observatorio de Violencia Cattrachas, que evidencian la magnitud del problema en el tiempo. Desde 2021, se han registrado 1,661 muertes violentas de mujeres. La distribución territorial también revela patrones claros: Cortés y Francisco Morazán concentran la mayor cantidad de casos, seguidos por Olancho, Yoro y Atlántida, zonas con alta densidad poblacional y dinámicas de violencia persistente.
En 2026, la tendencia no cambia. Al menos 76 muertes violentas de mujeres ya se han registrado en 15 departamentos, confirmando que la violencia es generalizada y sostenida. No se trata de brotes aislados, sino de una problemática nacional que se reproduce año tras año.
Para la defensora de derechos humanos Honorina Rodríguez, el problema radica en una falla sistémica: la ruptura en la cadena de protección entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el sistema judicial. Esta desconexión institucional permite que los agresores actúen con ventaja, mientras las víctimas quedan expuestas.
Las cifras históricas terminan de dimensionar la crisis. Entre 2005 y 2024 se documentan 7,746 muertes violentas de mujeres, según el observatorio de la UNAH, que además advierte un repunte reciente tras años de leve descenso.
Para Migdonia Ayestas, la situación ya no admite matices: se trata de una emergencia social. Cada día que pasa sin acciones efectivas implica más vidas perdidas.
Ni siquiera en períodos tradicionalmente tranquilos, como la Semana Santa, la violencia se detiene. Desde el CONADEH, la oficial de la Defensoría de la Mujer, Nicole Ham, ha reiterado que cada feminicidio constituye la máxima violación a los derechos humanos, subrayando la obligación del Estado de investigar y sancionar.
Pero el problema no es la falta de diagnósticos, sino la ausencia de respuestas. Honduras no enfrenta únicamente cifras alarmantes, sino un sistema que falla de forma reiterada en prevenir, proteger y garantizar justicia. Mientras la impunidad se mantenga como norma, la violencia seguirá encontrando espacio para repetirse.
Más que estadísticas, lo que está en juego es la vida de las mujeres. Y, hasta ahora, la respuesta estatal sigue siendo insuficiente.
