La inteligencia estatal, dice coordinador de Los Indignados, pretendía “hacerme daño, a nombre de Juan Orlando Hernandez (mandatario de Honduras) y Julián Pacheco (Ministro de Seguridad)”, un contacto le dio nombre de los infiltrados, tipos de motos y placas de vehículos.
Tegucigalpa, Honduras |Reporteros de investigación
La infiltración para deslegitimar la protesta pública ante organismos internacionales de derechos humanos y gobiernos extranjeros, es un modus operandi de estructuras estatales.
Estructuras estatales del gobierno hondureño -asesorado por la policía colombiana y por la Embajada de Estados Unidos, cuyo rol es determinante en la política nacional- han ideado una operación de varias fases para debilitar el derecho a la protesta.
Esta operación, además del desprestigio, conlleva la intimidación y la ejecución o exterminio de integrantes de agrupaciones sociales, opositoras o críticas del gobierno, tal como lo demuestran varias evidencias documentadas en el escenario de los hechos.
La primera etapa necesaria para la infiltración es desprestigiar la protesta por medio de un discurso estigmatizante para denigrar a sus líderes y a personas defensoras, mediante propaganda disfrazada de noticia, análisis, por medio de las declaraciones de funcionarios, en campañas de despretigio ya sea en medios controlados con publicidad estatal. En redes sociales, empleados y funcionarios públicos son obligados a abrir perfiles para responder y hacer activismo a favor del gobierno y de ataque contra quienes protestan, contó un activista político del gobierno.
En segundo lugar, el desprestigio genera un juicio colectivo que justifica la agresión y la criminalización y represión de la protesta, ya desprestigiada.
Una tercera fase consiste en infiltrar las organizaciones populares para generar división interna, rastrear información. Hay contactos militares en varias organizaciones sociales del país, de acuerdo con fuentes estatales.
En cuarto lugar, la represión de la protesta pública ocurre en dos partes, por un lado, el uso excesivo de gas lacrimógeno, pretende sembrar pánico en la población. Desde 2017, los organismos de derechos humanos han denunciado que durante las manifestaciones, la policía y el ejército han bombardeado ciudades, viviendas y comunidades de Chamelecón, Villanueva y Choloma, Cortés; Choluteca, en Comayagüela, Francisco Morazán y en Guapinol, Colón para citar algunos ejemplos. Lo bombardeos ocurren con uso excesivo de la fuerza y de armas químicas, como el gas lacrimógeno, lanzado directamente al cuerpo de civiles que no son objetivos militares; los cuerpos armados estatales parecen entrenados para causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentado graves contra la integridad física y la salud de manifestantes.
#OACNUDH manifiesta su preocupación, por información sobre uso desproporcionado de la fuerza en el manejo de las manifestaciones, en el país.
— OACNUDH Honduras (@ONUDDHH) 14 de junio de 2019
Por otra parte, esta operación de bombardeos se complementa con la infiltración de las manifestaciones con integrantes del ejército, de la policía y de maras para causar miedo, destrucción y pánico.
La información que es recopilada desde la protesta es llevada a mesas de análisis y sirve para planificación de operaciones militares o policiales como lo demuestra el informe confidencial denominado Plan de Operaciones D.G.P.N.-No. 8735-2017, “Apolo III”.
Patrón criminal
A continuación se presenta una galería de imágenes recopiladas por nuestro equipo. Estas personas han sido identificadas como infiltradas, puede hacer doble clic para ver la descripción de cada imagen.
Desde dentro de las movilizaciones, sus integrantes han encontrado que estas personas si son policías o militares, tienen un comportamiento detectable, van con mascarillas, protegidos con vestuario especial, portan mochilas, llegan a hacer fotografías para levantar perfiles, vigilan a objetivos dentro de las manifestaciones, van armados. A veces con armas visibles para intimidar, en otras ocasiones con sus armas de fuego escondidas.
Además se mueven con logística y protegidos por anillos de seguridad más grandes, cuando se trata de civiles, al servicio de los cuerpos de seguridad, empiezan los actos de vandalismo y a veces actúan frente a la policía que no hace nada. Una vez que las demás personas les siguen, los que empezaron la destrucción o el saqueo, desaparecen y quedan los manifestantes y son los que terminan en prisión.
Otra característica, detectada por RI, en movilizaciones como la del 1 de mayo, es que en ocasiones como esta, las personas que generaron disturbios esperaron a que la manifestación terminara y una vez que los organizadores de la protesta se fueron, empezaron la confrontación con la policía, con sus rostros tapados. La policía por su parte lanza gas lacrimógeno de manera indiscriminada y excesiva como si la multitud fuera una sola masa, pero sin hacer detenciones específicas de quienes generan el disturbio.
Además, las personas que infiltran la protesta conocen a quienes dirigen el movimiento para posteriormente generar una serie de tácticas de intimidación.
Desprestigiar la protesta
La defensora de derechos humanos, Hedme Castro, directora de la oenegé, ACI PARTICIPA, aseguró que han venido documentando las evidencias oculares y fotografías que se desprenden de testimonios. “ACI PARTICIPA está haciendo sus propias investigaciones para que pueda integrarse al Informe de Derechos Humanos”.
Los infiltrados siempre se han dado, en Siguatepeque, Comayagua, detuvieron a una persona de la Fuerza Aérea, sacaba perfiles y se pudieron ver todas las fotos de los manifestantes y de quienes dirigían la marcha. “La quema de la embajada de Estados Unidos es una muestra ¿Por qué no han detenido a la persona que inició el fuego? Sino a la persona que estaba ahí y que se acercó por emotividad”, preguntó Castro.
La persona que incendió la embajada iba muy bien equipada, su vestuario era tela contra el incendio, además usaba zapatos especiales y tal como lo hacen los estudiantes, se tapan su cara. Castro explicó que esta es violencia estatal para deslegitimar la protesta porque una protesta que se vuelve violenta es ilegítima.
La Convención de Derechos Humanos (dd. hh.) tipifica que es defensor de dd.hh. toda persona que defiende un derecho de manera pacífica entonces cuando hay convulsión social, el hecho de deslegitimar lo que busca es que ante el mundo, las personas queden como delincuentes y no como personas que defienden un derecho.
Discurso público violento
Un ejemplo de esta intención se puede encontrar en las declaraciones del mandatario, Juan Orlando Hernández, el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz y el titular de la Secretaría de Seguridad, con mayor énfasis este 10 de junio han salido a calificar a quienes protestan como “vándalos”, sus declaraciones tienen eco mediático de manera masiva y al mismo tiempo son un eco de una declaración de la embajada estadounidense.
Esta embajada ha hecho énfasis en tildar las protestas de violentas a raíz de que en la entrada de esta sede diplomática, supuestos manifestantes quemaron llantas.
Un manifestante es enjuiciado por la quema de llantas en la puerta de la sede diplomática, pero el protagonista del hecho escapó.
Ligia Ramos forma parte de la coordinación de la Plataforma de Salud y Educación, que ha sacado a médicos y maestros a protestar, Ramos dijo que ese día habían convocado para ir al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para denunciar la represión policial.
En todos estos lugares y accesos había cordones policiales y militares, pero en la embajada no, declaró.
Un coordinador de las protestas de los Indignados es Luis Munguía. En 2009 salió a las calles, vestido de blanco apoyando el golpe de Estado contra la supuesta reeleccion de Manuel Zelaya. A partir de 2015, se incorporó al Movimiento de las Antorchas contra la corrupción.
Lleva más de una década protestando en las calles y con su experiencia, Munguía contó que han encontrado policías, militares, vestidos de civil, levantando perfiles y cuando los estudiantes se colocan capuchas, los infiltrados aprovechan para hacerlo ellos también. La mayoría de veces las personas detectadas son hombres infiltrados.
Exterminio por goteo
La infiltración ha tenido frutos mortales, según Munguía, porque personas que fueron perfiladas como el abogado Kevin Ferrera, dirigente de Indignados y Lisandro Espinal del mismo grupo, fallecieron asesinadas.
De la misma manera, según Munguía, la semana anterior fue asesinada una joven en la colonia Los Pinos. Había participado en las manifestaciones. Llegaron a su caso, le preguntaron si había huelga ese día y la asesinaron.
Otro de los integrantes de Los Indignados es Miguel Briceño, está en las calles protestando cada viernes de manera ininterrumpida con el Movimiento de Las Antorchas desde el 2 de mayo de 2015.
“Tengo grabación de llamada de agente de la inteligencia del Estado”, dijo Briceño a RI. La inteligencia estatal, dice Briceño, pretendía “hacerme daño, a nombre de Juan Orlando Hernandez y Julián Pacheco”, el contacto le dio nombre de los infiltrados, tipos de motos y placas de vehículos que le daban seguimiento, capturas de pantalla de WhatsApp y el audio “como dije antes, esto no lo puedo hacer público ya que lo guardo por la vida de esta persona”.
Según Briceño, ha sufrido seguimiento con paramilitares y Policía Militar del Orden Público (PMOP), “envían infiltrados a las movilizaciones en varias ocasiones nos hemos dado cuenta y se evidenciaron, seguimientos y bombardeo psicológico”.
A Briceño prácticamente lo han proscrito de diferentes espacios sociales, lo despidieron de su trabajo, aunque hace dos años acudió al Sistema de Protección de Defensoras y Defensores, existente de 2015, sigue sufriendo amenazas, hostigamiento sutil y constante en su contra y en contra de su familia persisten, a uno de sus familiares han tenido que cambiarlo de centro educativo en varias ocasiones, debido al acecho. “La Secretaría de Seguridad dice que no quiere cumplir mis medidas de protección”, denunció.
El diputado opositor, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), con más de tres décadas de ser sindicalista, Juan Barahona, considera que se vive una época mucho más grave que la de los ochenta.
Hay explosión social porque la gente está harta de que se le nieguen sus derechos, desde 2009 ha habido despojo y como nunca la gente está saliendo a las calles con un pensamiento antiimperalista (antiyanqui) sin precedentes.
La lucha por sacar las tropas de Palmerola se dio desde que se instalaron en el país, en los ochenta, pero después del golpe de Estado en el país hay mayor nivel político y mejor organización, “por eso la gente interpreta más y mejor la lucha”.
A juicio de Barahona, hay infiltración no sólo de la protesta sino de las organizaciones populares. “Hoy se vive una infiltración más descarada…por la dictadura”.
“La misión de los infiltrados es hacer disturbios desde adentro para que la base que va en la protesta se incorpore, al final a ellos no los agarra la policía. Eso mismo pasó con la reciente quema de la puerta de la embajada gringa”. Otra persona inicia el fuego, el manifestante va pasando y tira una llanta y a él sí lo detectan, al que enciende el fuego no lo detectan y seguro era una persona infiltrada porque en esta sede siempre hay seguridad de policía y privada y en ese momento no hay ni un policía privado ni nacional, consideró Barahona.
A su juicio con la violencia se desprestigia la protesta pública, se logra la detención y criminalización de manifestantes.
El periodista Marvin Ortíz cubre protestas desde 2009 y durante sus coberturas periodísticas ha dado cobertura cuando los y las manifestantes han encontrado personas infiltradas para perfilar y para ocasionar destrucción, pero eso se ha visto con un crecimiento progresivo desde el Golpe de Estado y con mayor énfasis desde que los médicos y maestros han salido a manifestarse para evitar la privatización del sistema de salud y de educación.
Desde 2009, la población hondureña se declaró en resistencia contra el golpe de Estado, las protestas se extendieron hasta 2011 y el magisterio fue el gremio más fuerte que apoyó la base social. En los siguientes años, varios decretos y la corrupción de algunos miembros de la dirigencia generaron el debilitamiento del gremio magisterial como base de la clase popular.
No obstante; en 2017, con la reelección de Juan Orlando Hernández y las denuncias de fraude electoral las protestas se volvieron nuevamente álgidas.
Desde 2011, los maestros no salían a las calles a manifestarse, un decreto que según ellos privatiza la educación, provocó que a finales de mayo de este año salieran masivamente y declararan paro de labores, pero esta vez los maestros no han ido solos a las calles, sino acompañados por los médicos. El movimiento toma fuerza cada día y ninguna estrategia está sirviendo para contener las manifestaciones en las calles, pero al mismo tiempo las prácticas de infiltración se intensifican.
