Por Rafael Delgado Elvir
Economista. Catedrático universitario

Es un país en crisis permanente. Se ha perdido la cuenta, pero han sido una buena cantidad de situaciones que han pasado a catalogarse, oficialmente o no de emergencias nacionales por presentar riesgos altos o pérdidas ya evidentes para la población. En los últimos meses se declaró la emergencia nacional por el dengue y ahora por la sequía en el país. Un tiempo más atrás, se declararon las emergencias nacionales por la situación de la caficultura, por la lamentable situación de la educación y la salud pública, por los incendios forestales, por la criminalidad, por la ENEE, etc. En resumen, una cadena de emergencias nacionales que señalan nuevamente la terrible situación del país, la incapacidad de sus líderes y de sus instituciones.

Es un hecho comprobado. Los problemas surgen y se mantienen por mucho tiempo sin que ocurra nada trascendental. No se identifican oportunamente como una amenaza ya que la burocracia, ocupada en sus quehaceres, no está contratada para eso. Tampoco queda tiempo para un análisis exhaustivo sobre causas y efectos ya que seguramente destapará los errores, la corrupción y la impunidad. Mucho menos existe alguien que formule e implemente políticas de Estado que a tiempo se ocupen de lo que ocurre; seguramente por incapacidad, pero también por las falsas prioridades escritas en piedra en la agenda del gobernante. Al final las alarmas suenan tardíamente confrontándose el país con hechos ya consumados, con una tragedia social en evolución, amenazando llevarse más vidas y destruir más el sustento de la gente.

Eso es lo que precisamente ha ocurrido con la agricultura y la ganadería del país. Los cambios en los mercados internacionales y la apertura que se ha exigido a nuestros mercados agrícolas no han sido abordada para impulsar cambios. Esperando que el pequeño productor cambie espontáneamente, respondiendo a las nuevas señales del mercado, las principales instituciones de apoyo al sector han sido desmanteladas como resultados de la corrupción y el clientelismo. La capacitación técnica, el crédito, el asesoramiento para el emprendimiento y el acceso a los recursos como el agua y la tierra apenas aparecen en la agenda y solamente cuando conviene a los intereses de los gobernantes. La amenaza del cambio climático no ha frenado las prácticas comerciales y no comerciales que cada día destruyen las fuentes de agua y los bosques del país, ya que además que no hay capacitación, la autoridad no es efectiva en hacer cumplir la ley.

Pero al parecer, dentro de toda esa cadena de tragedias todavía existe una salida a la que puede recurrir JOH y su círculo de poder: declarar emergencia nacional. En su dimensión real significa aceptar los problemas y por consiguiente reconocer todo el mal manejo o descuido que se le ha dado al sistema de salud pública, al de la educación pública, al sistema eléctrico, al sistema productivo, etc. Pero eso no importa al régimen, ya que cuenta con sus mecanismos antidemocráticos para mantenerse en el poder y para contener la ira de todo un país que no soporta más y ha venido exigiendo su salida inmediata del poder. La emergencia nacional le permite nuevamente movilizar recursos públicos a su antojo, fingir preocupación por algo que olvidó hace mucho tiempo atender; arrebatarle a alguien al menos una foto conjunta que se utilizará para demostrar unidad, simpatía y acuerdo con el régimen. Incluso podrá con esto inventarse algún otro viaje, pasar por EUA para tantear los ánimos en su contra, solicitar audiencias con algún funcionario extranjero de segunda o tercera categoría y lanzar otra de las frecuentes mentiras a las que acostumbra desde ya tiempos. De esta forma declarar una emergencia nacional, además de las comisiones interventoras, es la nueva forma en que se manifiesta el fracaso del gobernante y sus aliados.

<delgadoelvir@yahoo.com>

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