Sobre situación del Congreso Nacional y Producción Legislativa  Descargar Pronunciamiento (PDF)Descarga

El contexto de incertidumbre que atraviesa la sociedad hondureña como consecuencia del proceso de instalación de una Junta Directiva del Congreso Nacional señalada con vicios improcedentes conllevó a la instalación de una segunda junta directiva que, igualmente inobservó el proceso de ley y votos como lo manda la Constitución, ha obtenido, en apariencia, un mayor nivel de respaldo y para legitimación. 

El martes dos de febrero del año 2022 en sesión del Congreso Nacional presidido por el Ing. Luis Redondo Guifarro, se ha discutido y aprobado una serie de leyes con aciertos y desaciertos, y con profundas implicaciones en diferentes actores de la sociedad.  

Entre las temáticas discutidas se encuentran: una rebaja de 10 lempiras al precio de los combustibles, algo celebrado para la dinámica económica por su nivel de precios actual y que repercute en la inflación, sin embargo, con impacto en la recaudación tributaria, subsidio de energía eléctrica a quienes consumen menos de 150 kw/h de energía eléctrica sin claridad del porcentaje que asumirá el Estado con sus finanzas y el traslado del sector comercial e industrial que podría desestimular la inversión nacional y extranjera, nombramiento del Procurador y Subprocurador de la República sin cumplir requisitos constitucionales; por otra parte la aprobación de amnistía para los enjuiciados por delitos políticos comunes y conexos y que, según la lectura de la ley incluye los tipos penales contra la administración pública en el periodo del 27 de enero del 2006 al 28 de junio del 2009, y el inicio de la derogación de la ley ZEDES.  

Recordando que la nueva administración de Gobierno ha manifestado el compromiso de convertir en el eje transversal de su gobierno la lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la transparencia. El FOSDEH considera importante emitir su opinión constructiva por lo que nos pronunciamos de la siguiente forma:   

1.     Creemos firmemente y compartimos lo manifestado por diferentes organizaciones y juristas, que el conflicto en el Congreso Nacional trasciende de un asunto meramente jurídico a un plano en el que se debate la legitimidad y legalidad de los actos.  

2.     Manifestamos que la reconstrucción del Estado de Derecho pasa por el fortalecimiento de la institucionalidad, las instituciones, y el nombramiento de funcionarios capaces y comprometidos que cumplan con los requisitos y procedimientos previstos en la Constitución y en las leyes del país. Derogar la Ley ZEDES traerá posibles demandas al Estado, por lo que se requiere un procurador general que cuente con las calificaciones y con un proceso de nombramiento que no se pueda impugnar, además de respetar los tiempos de nombramiento. Sumado a una propuesta de atracción de inversiones con los nuevos regímenes económicos, productivos y fiscales acentuados por el respeto de los Derechos Humanos. 

3.     Afirmamos que la seguridad jurídica debe ser comprendida y analizada desde y para todos los sectores de la sociedad, y que las decisiones serán más acertadas en cuanto sean consideradas bajo criterios técnicos y con amplia partición de diferentes actores. Los cambios estructurales del país requieren tiempo, un análisis sistémico y transparencia. Condenando la opacidad, la dispensa de debates y lo que siempre la sociedad a criticado, aprobar proyectos de ley en horas nocturnas, sumado a desconocer quienes han votado por esas leyes y normativas. 

 

4.     La expectativa de la ciudadanía de aprobar la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) ha sido satisfecha en esta sesión, pero ha sido oscurecida por una práctica ya conocida por todos; un pacto de impunidad para quienes han cometido delitos en perjuicio del buen funcionamiento de la administración pública, contradicción que genera desconfianza y coloca a la sociedad en permanente incertidumbre  

 

5.     Creemos que, si bien existen problemáticas que deben ser abordadas con urgencia; es necesario, en aras de la legalidad y efectividad de todos los actos que se ejecuten, que los diputados y diputadas del Congreso Nacional antepongan los intereses de la ciudadanía a los propios y resuelvan la crisis institucional mediante dialogo y consensos, previo a la discusión y aprobación que impacten la vida de los ciudadanos. 

6.     Hacemos un llamado a la ciudadanía a seguir ejercitando sus derechos y deberes democráticos en la exigencia del fortalecimiento del Estado de Derecho, y seamos vigilantes de una construcción de nación justa y digna para todas y todos.  

Tegucigalpa M.D.C, 4 de febrero del 2022 

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