Intibucá, Honduras. Entre la neblina y el gris de un día lluvioso, logramos ingresar al Hogar Materno del departamento de Intibucá, un espacio escondido dentro del Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato, en La Esperanza. Tras sus paredes silenciosas se resguarda una de las realidades más duras y menos vistas del país: la de niñas y adolescentes que, siendo aún menores, cargan sobre sus cuerpos el peso de una maternidad impuesta.
Este departamento se ubica en la zona occidental más montañosa y alta de Honduras, tiene una población del 99% del total de los pueblos indígenas del país, y predomina la etnia Lenca, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el Censo de Población y Vivienda 2013, y el municipio de La Esperanza es conocido como “La ciudad del Manto Blanco”, por sus neblinas en la temporada de invierno que ahora es un destino turístico muy popular, pero detrás de su población hay realidades muy injustas.
Al ingresar a las instalaciones de aquel inhóspito espacio, y al acercarnos cada vez más a las personas que ahí resguardaban, pudimos comprobar lo que las estadísticas y organizaciones feministas tenían años denunciando: el aumento de los casos de embarazos en niñas y adolescentes.
Tras unos minutos de observar aquella escena, cruzamos hacia los pasillos del edificio, una estructura que, según la placa en la entrada, fue inaugurada en mayo de 2012. Adentro, varios rostros apagados y miradas tristes nos seguían en silencio, expectantes, intentando adivinar el motivo de nuestra presencia.
Mientras aquel escenario se desarrollaba, conversamos con una enfermera asignada al bloque materno infantil, quien pidió mantener en reserva su identidad al no estar autorizada para brindar declaraciones. Ella, relató que, con el paso de los años, los embarazos han ido en aumento y que actualmente se registran casos de niñas entre los 9 y 14 años de edad.
La profesional de enfermería explicó que, cuando se registran estos casos, el hospital sigue un protocolo, que incluye reportar la situación a la Fiscalía para determinar si la menor fue víctima de algún tipo de abuso. Sin embargo, aunque se intentó obtener la versión de las autoridades policiales de Intibucá sobre el procedimiento que seguían, estas se negaron a proporcionar información.
Un derecho difícil de acceder
En La Esperanza, así como en muchos lugares del país, las personas de tierra adentro se enfrentan a múltiples carencias, entre ellas el acceso a la salud, un hecho desalentador que vulnera uno de los derechos esenciales para la ciudadanía hondureña.
Dicha situación, sumada al estigma del uso de métodos anticonceptivos y al tabú que existe alrededor de la Educación Sexual Integral (ESI), agravando la situación de las niñas y adolescentes, principalmente de aquellas que provienen de áreas rurales y que son pertenecientes a pueblos indígenas.
Debido a esto, y al difícil acceso a los métodos anticonceptivos, tanto mujeres como niñas y adolescentes que viven en zonas aledañas al municipio de La Esperanza, se ven obligadas a permanecer en el Hogar Materno de Intibucá, un mes antes de su fecha de parto, para de esa manera atender cualquier tipo de complicación.
El Director de la Región de Salud de Intibucá, Rigoberto Márquez, relató que uno de los principales problemas que enfrentan en dicho departamento es precisamente el embarazo en adolescentes comprendido en el rango etario de 10 a 19 años.
Márquez explicó que, durante 2024, el 26% de los embarazos registrados fueron en adolescentes y que, en promedio, se contabilizan alrededor de 4,000 embarazos, de los que al menos 1,000 son de menores de 19 años de edad.
El profesional de la salud remarcó que dicha situación se presenta con mayor frecuencia en la población Lenca del norte del departamento, y que por ello se están implementando medidas de prevención que contribuyan a disminuir dicha tendencia.
Además, señaló que una de las principales causas del embarazo en adolescente se deriva de un tema cultural, una postura que en lugar de atender la problemática que afecta a esta población, da pie a la normalización de un fenómeno que debe ser atendido por la institucionalidad.
Márquez también vinculó el aumento de los embarazos al hacinamiento, al señalar que en viviendas de un solo cuarto “los niños observan actividades de adultos y las replican”. Sin embargo, esta explicación reduce un fenómeno complejo a una observación simplista y deja sin cuestionar las condiciones estructurales que generan esa vulnerabilidad.
Pie de foto: “Este porcentaje de embarazos en adolescentes, más que un riesgo biológico, representa un riesgo social y económico que condena a estas niñas y adolescentes a ver truncadas sus oportunidades y sueños”, dijo Rigoberto Márquez, Director de la Región de Salud de Intibucá.
Cifras alarmantes
Un estudio presentado en junio del presente año, por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), detalló que, Honduras se posicionó como el país de América Latina y El Caribe con la tasa más alta de embarazos en adolescentes, registrando 97 nacimientos por cada 1,000 mujeres de en las edades de 15 y 19 años.
Mediante una solicitud de información se logró obtener que, del 1 de enero de 2020 al séptimo mes de 2025, el sistema de salud público de Honduras ha documentado 124, 681 embarazos en niñas y jóvenes de 10 a 19 años de edad, siendo 2021, el que documentó el mayor número con 25,040 casos.
Durante los primeros siete meses de 2025, la Secretaría de Salud contabilizó 8,879 embarazos en adolescentes, lo que convierte a los departamentos de Cortés, Yoro y Olancho en los que registran el mayor número de casos con 1058, 896 y 862 respectivamente.
Mientras tanto, en nuestra área específica de estudio, es decir, el departamento de Intibucá, reportó durante ese mismo periodo de tiempo 439 embarazos en adolescentes, de los cuales, la mayor parte se registraron en los municipios de Intibucá (137), Yamaranguila (57) y Jesús de Otoro (53).
Pie de gráfico: de 2018 a julio de 2025 el departamento de Intibucá ha registrado 7,193 embarazos en adolescentes.
Respuesta del ente protector de la niñez Ante el alarmante incremento de embarazos en niñas y adolescentes, así como la persistencia de uniones tempranas, se consultó a la ministra de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Lizzeth Coello, para conocer su postura y las acciones que esta dependencia estatal está implementando para enfrentar ambas problemáticas.
Coello informó que, ante la situación, se han encargado de dar pasos importantes, como relevar la institucionalidad a nivel de secretaría y fortalecer los mecanismos de protección a través de organizaciones de sociedad civil.
La ministra señaló que es importante hacer alianzas estratégicas y coordinar esfuerzos de protección para afrontar las realidades que enfrenta el país.
Al consultar, si desde la institución se han realizado visitas a áreas rurales, o donde se concentran los asentamientos de pueblos indígenas, para ver ambas problemáticas, se limitó a remarcar, que como secretaría disponen de seis oficinas regionales y que en ellas poseen personal multidisciplinario que se inserta en los consejos departamentales y dialoga con esas autoridades.
Pie de foto: “Tenemos en nuestras oficinas espacios de atención frente a las denuncias que recibimos de distintas fuentes, y particularmente los casos de abuso sexual es una de las principales actividades en las que dictamos medidas de protección inmediata”, manifestó la ministra, Lizzeth Coello.
Sumado a ello, la abogada de la SENAF, Keila Herrera, confirmó que se están atendiendo 109 casos de niñas que dieron a luz en 2024 como resultado de abuso sexual, y en lo que va de 2025 ya reportan 100 casos.
Romina: cuando la maternidad llega iniciando la adolescencia
No había luz solar. Las gotas de lluvia caían sin parar sobre aquellos muebles de concreto. El chaparrón de agua construía un ambiente lúgubre en aquellas paredes combinadas entre tonos beige y café.
En aquellos metros, se observaba vestimenta colgada en sillas plásticas. Era ropa queriendo ser secada. A unos pasos más, se encontraban las habitaciones con camas individuales. Y a unos escasos metros más, Romina, una niña de 14 años de edad. Una niña embarazada a la espera de su parto en el Hogar Materno de Intibucá.
Romina, sin intención alguna, se había vestido con un traje gris que hacía juego con el clima frío. Sus ojos negros y brillantes, reflejaban su infancia. Al aproximarnos a ella, tuvo miedo. Pedimos hablar con su madre para acceder a una conversación con Romina.
Pie de foto: El Hogar Materno del Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato de la Esperanza, recibe a las mujeres, niñas y adolescentes embarazadas un mes antes de su parto.
Ella la llamó, su madre nos vio. Venía saliendo de la cocina compartida del Hogar. Sin titubear, concedió su consentimiento para que Romina hablará, o al menos, lo intentara. “Soy de los Planes, Yamaranguila. Estaba estudiando y terminé el año. Estaba en octavo curso. Voy a seguir estudiando”, decía Romina con una voz tan suave como el algodón.
En medio de monosílabos y frases cortas, contó cómo la noticia impactó en su adolescencia. “Fue fuerte, porque no sabía que iba a quedar embarazada. Que iba a estar así, pero hay que darle gracias a Dios”, refirió Romina con un tono de resignación.
La conformidad se extendió hasta su familia y la del progenitor. “Fue fuerte también. Pues también nos apoyaron a los dos y nos dijeron que no se podía hacer nada”, asintió.
Para aquella niña que despedía su infancia y daba la bienvenida a la adolescencia, su vida se transformó. “Sí, un cambio bastante, pero siempre hay muchas formas de salir adelante y no hay de otra”, contestó con una modulación que reconfirmaba la aceptación de una vida que recibía en un país donde el derecho a decidir aún se encuentra restringido.
Antes de su parto, el Hogar Materno permitió a Romina y su madre instalarse para procurar una vigilancia más cercana y segura por parte de las autoridades del centro hospitalario. Si bien, los hospitales del país aceptan el ingreso a las mujeres gestantes, su estadía se limita a tres días y dos noches, a excepción del Hogar que brinda este servicio que suele acompañarse de charlas esporádicas y orientaciones dirigidas a su preparación más física que mental. Y es así, porque al miedo instalado en el cuerpo de Romina antes de entrar a labor y parto no lo frenaban las sugerencias de las enfermeras y doctoras.
Para ella, el pánico abarcaba una infinidad de dudas, que comenzaban con el temor a perder su vida y al bebé. “Miedo a que no salga bien el parto y muchas cosas más, pero yo le pedí a Dios que no pase nada, que no pase nada por mi mente porque es muy difícil y que primero Dios todo saldrá bien”, se repetía Romina como un mantra sagrado ante aquel evento en el que su cuerpo se vería sometido.
Pie de foto: Romina, días antes de ingresar a la sala de labor y parto relata una parte de su historia.
Aunque Romina no fue víctima de señalamientos en su institución académica, si alcanzó a escuchar un sinfín de comentarios que se desprendían desde su comunidad, los cuales decidió ignorar, porque para mal de su localidad, no era la primera niña en ser mamá.
Cabe destacar, que Romina no era la única adolescente entre los pasillos del Hogar Materno, pero sí la que permitió conocer parte de su historia. Otra de las adolescentes que caminaba con su suegra negó con contundencia. La otra, tímida, con los dientes desgastados y apoyada en quien parecía su pareja, le miró cómo quien pedía permiso y este, contestó con otra mirada que negaba el pedido.
Al término de escribir esta parte, conversamos con Romina. Su voz dulce y serena, agradeció la llamada y comentó que había logrado un parto sano. Romina se había convertido en una adolescente madre de un varón, al que debía cuidar sola, porque la relación con el progenitor se había terminado.
Abusos, obligación y una desaparición
Manuela, con cuatro años de edad, llegaba con su madre a Jesús de Otoro. Su mamá se había mudado a uno de los municipios donde la mayoría de la población pertenece al género femenino, y donde se vive por medio de la agricultura y ganadería, según datos del INE.
Su madre, quien se casó con un hombre de esa localidad y laboraba como “mano vuelta”, un término utilizado para referirse a las personas que brindan y reciben ayuda en cierto oficio, había adoptado el papel de padrastro frente a Manuela.
Ese vínculo traería consigo una infancia llena de maltratos y abusos. Su padrastro empleaba severos castigos contra Manuela, al grado de utilizar varas con espinas que dejaban grandes golpes en su pequeña espalda.
Ya una vez ingresada en la adolescencia, Manuela quiso seguir sus estudios de educación secundaria, pero su padrastro le prohibía acercarse a sus compañeros. Al tiempo, la adolescente dejó de estudiar producto de un embarazo no deseado, originado por el abuso físico que éste le propiciaba desde que era una niña. “Después, a la niña, se le empezó a notar la barriga y toda la gente comenzó con especulaciones. Entonces, el viejo decía que la niña estaba embarazada de un güiro del pueblo y no era así, porque ni siquiera la dejaba a la niña con varones”, relata una vecina que compartió con Manuela.
Una vez que el embarazo fue notorio, personas de la misma comunidad presentaron un reporte al centro de salud y las trabajadoras sociales realizaron una investigación que concluyó: Manuela era víctima de abuso sexual desde los ocho años de edad. El embarazo era producto de una violación ejercida de manera sistemática por su padrastro.
Además, era sometida a constantes amenazas por parte del abusador, quien de manera forzada le solicitaba incriminar a un profesor del centro educativo, sin embargo, las pruebas científicas en 2020 corroboraron lo que ya era un hecho. El hijo de Manuela contenía el ADN de su padrastro.
“De repente llegó la Policía a mi pueblo y amarraron a ese hombre. Lo llevaron y lo exhibieron y ahí se enteraron. Le hicieron las pruebas a la niña y determinaron que sí, ese bebé era del padrastro de la niña”, recuerda su vecina.
Su padrastro fue privado de su libertad y aunque Manuela, su madre y hermanas se quedaron viviendo por un breve tiempo en la misma casa, la familia de él se encargaría de enviar dinero que le permitiría volver a su vida. Así, sin pensar en la justicia para su hijastra.
Pasaron los años y de Manuela no hay rastro. No se sabe si huyeron, migraron o desaparecieron. No se encuentra por redes sociales. Es como si no hubiese existido. La violencia física a la que fue sometida no solo la obligó a ser madre adolescente, la esfumó. La evaporó
Julieta, la infancia sitiada de Belén Manazapa
María Santos Paz, es una mujer indígena que nació en la comunidad de Azacualpa, en el departamento de Intibucá. Su crecimiento en la comunidad ha estado ligado con el fortalecimiento de su conciencia y el trabajo por los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas campesinas e indígenas. En ese ejercicio de defensoría, acompañó el caso de Julieta, una niña violentada sexualmente por su padre en la comunidad de Belén Manazapa.
Julieta era una niña que vivía con su madre y padre. La niña estudiaba, pero antes de ir a su escuela debía realizar parte de los trabajos domésticos. En ese lapso de tiempo que Julieta se dedicaba al oficio, su padre abusaba de ella. La violencia ejercida contra Julieta comenzó desde que era una niña de siete años, y antes de conmemorar su decimotercer nacimiento, el abuso derivó en un embarazo forzado.
El abuso fue identificado por personal docente que notaron los cambios de ánimos en Julieta. “La niña fue al Centro de salud por qué la llegaron a visitar y se dieron cuenta porque ella jugaba fútbol y después no quería jugar y los maestros la vieron y entonces la llevaron al Centro de Salud y fue así como se fueron dando cuenta”, señala María.
La solicitud de apoyo para María Santos llegó por parte de la Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, quien apenas tenía dos semanas de haber asumido el cargo. “Fue entonces cuando me llamó y me preguntó qué podíamos hacer”, recuerda.
María, sin dudarlo, se movilizó a interponer la denuncia y solicitar un médico forense de manera gratuita, porque no contaban con los recursos para contratar a uno privado. Además, señala que fue una estrategia para que el médico estuviera involucrado en el caso hasta conseguir una resolución favorable que llegó con la sentencia condenatoria para el padre abusador.
Pie de foto: María Santos, defensora de los derechos de las mujeres y parte del equipo del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H).
Para María, la respuesta que tuvo el caso, se debe a la fuerza colectiva que construyeron con el fin de obtener una pincelada de justicia para Julieta. “Cuando subimos al edificio de la Dirección Policial de Investigación (DPI) la muchacha que estaba nos dijo, ¿y qué son ustedes de la niña? Nosotras no somos familia, pero sí nos presentamos como defensoras de los derechos”, apunta. Esa forma de presentarse abrió paso para que el proceso no fuera tardío, como lo es en la mayoría de los casos de violencia sexual.
Y, aunque Julieta no quiso ser madre, lo es. Lo mismo ocurre con las doce niñas abusadas en 2024 y las 48 que fueron obligadas a serlo, de acuerdo con los datos de la Red de Mujeres Contra la Violencia de Intibucá.
Radiografía de las violencias
En ese contexto de maternidades forzadas, se suma la falta de acceso a la justicia en los delitos de violencia sexual. Cabe señalar que el Código Penal de Honduras, en su Título IX “De los Delitos Contra la Libertad e Indemnidad Sexual”, que tipifica claramente estos crímenes, incluyendo la Violación, Agresiones, Incesto, Estupro y Hostigamiento Sexual, y especifica sus consecuencias legales.
De acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio Público, mediante la solicitud SOL-MP-3322-2025, entre los años 2019 y 2025 se registraron 149 casos correspondientes a los delitos de agresiones sexuales, abuso, estupro y otros, de los cuales solo 81 concluyeron en sentencias condenatorias.
Asimismo, los informes oficiales muestran que entre 2021 y 2024, solo 18 agresores fueron condenados por delitos sexuales contra niñas y adolescentes de 9 a 16 años en el municipio de La Esperanza, a pesar de las 139 denuncias presentadas.
Pie de gráfica 3: Del 2019 al 2025, Intibucá registro 139 denuncias por violencia sexual contra niñas menores de edad
A criterio de María Santos, las cifras documentadas no reflejan la violencia estructural que afecta a niñas y adolescentes en el departamento. Este cuestionamiento se debe a que un gran porcentaje de mujeres desiste de acercarse a la justicia por una combinación crítica de factores: la profunda desconfianza en el Poder Judicial debido a la impunidad percibida, sumada a las amenazas y el riesgo que enfrentan directamente por parte de sus agresores.
“Incluso, hay muchas mujeres víctimas de violencia, pero no están interponiendo la denuncia por eso, por la falta de atención de los operadores. Este es un problema difícil, como les digo a las compañeras, nos encontramos con el cuello de la botella”, apunta.
Del mismo modo, Santos señala que la falta de recursos económicos que obliga a las víctimas a costear por su cuenta los traslados desde sus comunidades hasta las instancias judiciales, junto con el incumplimiento de los protocolos, que termina por asignar a las propias mujeres la tarea de entregar las citaciones a sus agresores, exponiéndose nuevamente al riesgo, son prácticas que continúan perpetuando la cultura de la violencia.
“Por ejemplo, de San Juan a la Esperanza, hay que venir en bus y si no lo atendieron ese día quedarse aquí e irse al otro día. Entonces la siguiente cita ya es un problema, es otro gasto y es otro tiempo. Aparte, el Ministerio Público, ellos no mandan la cita para el victimario, no la mandan con la policía, sino que se la dan a la misma víctima que ella lo lleve”, describe.
Otra de las barreras que ha observado, es la falta de sensibilización y formación que tiene la Oficina Municipal de la Mujer (OMM) y la ausencia de presupuesto que movilice a las mujeres a participar en la formulación de políticas públicas. “Más bien son los operadores de justicia que invitan a las OMM para que se vayan a capacitar. Entonces hay espacios donde los operadores de justicia están participando, pero no se da seguimiento, porque tampoco hay un financiamiento para traer a las personas y eso imposibilita el trabajo de alianzas con los operadores, las OMM, organizaciones y sociedad civil”, detalla.
Aunado a lo anterior, la defensora sostiene que la desinformación sistemática generada en torno a los métodos anticonceptivos, como la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), funciona como un mecanismo de control social sobre las juventudes. Al mismo tiempo subraya que las campañas de desinformación incrementan el riesgo y la vulnerabilidad de las activistas que luchan por el derecho a la ESI.
Por su parte, Eva Sánchez, Directora Ejecutiva de la Organización de Mujeres “Las Hormigas”, explicó que la educación sexual está dirigida a las juventudes, pero son hombres mayores de 20 años quienes embarazan a las niñas y adolescentes, incluso cuando al mismo tiempo mantienen una relación con personas de su misma edad.
Del mismo modo, aseveró, que esta situación se debe a una dinámica social que normaliza la violencia, y que en la mayoría de los casos se establece una relación de “poder y odio”, porque ejercen violencia psicológica, sexual y física con un fuerte dominio hacia ellas. “Muchas veces ni siquiera dejan que tenga un método de planificación familiar entonces van teniendo los niños con espacio bastante limitados de un año a 2 años”, comentó Sánchez.
A su vez, agregó que no existen condiciones para que las niñas sigan estudiando, porque un gran porcentaje carece de recursos económicos, y si deciden trabajar no tienen el apoyo de terceras personas para el cuidado de sus hijos e hijas; dicha situación les lleva a solicitar el acompañamiento de la organización intibucana de mujeres “Las Hormigas” para interponer únicamente la denuncia por demanda de alimentos, obviando la violencia sexual por razones de distancia y porque la misma organización no goza de suficientes fondos para brindar asistencia a todos los casos.
Pie de foto: Eva Sánchez, directora de la organización de mujeres “Las Hormigas”
La imposición fundamentalista y el derecho a la educación en tiempos de embarazos forzosos
Honduras está constituido como un Estado laico, pero en su construcción diaria sigue siendo un país con ideas conservadoras donde predomina el catolicismo y la iglesia protestante. Esa inmersión se observó el pasado 2023, cuando el actual ministro de la Secretaría de Educación (SEDUC), Daniel Sponda, rompió una Guía de Inclusión de Género durante su participación en un foro televisivo.
Sumado a esta acción, la presidenta Xiomara Castro vetó la Ley de Educación Integral de Prevención del Embarazo Adolescente, aprobada un 08 de marzo, fecha que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, debido al rechazo de diversos actores antiderechos en el país.
Para Lara Bohórquez, investigadora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el veto presidencial fue calificado como un retroceso en los derechos humanos y representó una grave violación a los mismos. A la par, cuestionó el accionar del funcionario Sponda y del exministro de la Secretaría de Desarrollo Social, José Carlos Cardona por intervenir públicamente en los diferentes medios tradicionales para demeritar el trabajo de las organizaciones en la formulación de la ley, de la que ellos mismos formaron parte.
“Es también como una manipulación bastante perversa, ya que se desligan y se salen del escenario político, diciendo que no fueron parte, cuando en realidad estas Secretarías de Estado sí estuvieron en parte en la formulación de esta ley, entonces en realidad es un gran retroceso a los derechos humanos, claramente pues esto fue también impulsado pues por los movimientos antiderechos”, evocó Bohórquez
Lara considera que, aunque el mismo Estado garantiza y respeta las creencias religiosas, no pasa lo mismo con el acceso a los derechos humanos, en el que interfieren los sectores conservadores y frenan acciones en favor de los derechos de la niñez y adolescencia con el respaldo de la institucionalidad.
Ante esta situación, la investigadora también aborda la problemática desde una mirada interseccional en la que adiciona que las niñas y adolescentes de las zonas rurales tienen menos posibilidades de acceder a los servicios básicos de salud, educación y trabajo, derechos que se ven notoriamente reducidos al convertirse en madres.
Pie de foto: Lara Bohórquez, investigadora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
“A partir de su embarazo, disminuye cada vez más. Una violencia más te hace que tengas menos acceso, entonces esto también es una violencia y es una violación a sus derechos humanos”, dijo.
Finalmente, Bohórquez subraya que no hay estructura del Estado que proteja a la población de niñas y adolescentes rurales que son obligadas a ser madres; indefensión que se examina mediante la respuesta emitida por la SEDUC a través de la solicitud SOL-SDE-4519-2025, donde aseguran “se han identificado tendencias preocupantes relacionadas con el embarazo en adolescentes en el sistema educativo” y notifican que la deserción escolar durante los últimos cinco años sumó un total de 220 estudiantes.
Pie de gráfica: Datos sobre deserción escolar desde 2019 al 2024 según el registro de la Secretaría de Educación.
Es importante mencionar que se demandó la información de los últimos cinco años de niñas y adolescentes que retornaban a los centros educativos después del parto, pero resaltaron no disponer de datos actualizados e instaron a solicitar la información mediante el Sistema de Alerta y Respuesta Temprana (SART), un mecanismo que no se encuentra disponible en Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), para conocer lo requerido.
Si bien la SEDUC tiene bajo su responsabilidad la Subdirección General de Educación para la Prevención y Rehabilitación Social (SGDEPRS), por medio de la que se implementan diversos programas y materiales educativos como “Cuidando mi Salud y mi Vida”, “Guia de Abordaje del Abuso Sexual Infantil desde el Ámbito Escolar”, “Caja de Herramientas Contás Conmigo”, no están incorporados en la currícula educativa, y la mayor parte de su ejecución se realiza trimestralmente, en el marco de campañas formativas.
Un presente doliente y un porvenir incierto
En este pequeño país centroamericano, las denuncias de violencia sexual contra menores de 18 años se mantienen por encima del 50%. A la par de la gran escalada de violencia hay una ausencia estatal en materia de investigación, coordinación y erradicación que golpea directamente a quienes viven fuera de la urbanidad.
Esas manifestaciones estatales, se traducen en violencia institucional, que se compagina con el uso de una ciencia médica patriarcal, como la denomina la investigadora Lara y con la que se fomenta la desigualdad en el acceso a los métodos.
De manera simultánea se incorpora el auge de las extremas derechas en América Latina, de las que Honduras no queda excluida. Y si bien, se constata un progreso modesto como la aprobación de la PAE, aún existen grietas enormes, y casi irreparables para las niñas y adolescentes de Intibucá que, notoriamente son excluidas de políticas públicas y coartadas de su derecho a ser libres y autónomas.
Ese panorama aceptado por la SESAL y calificado como “uno de los departamentos más afectados en el que se evidencia una crisis de salud y desarrollo social que requiere atención y acciones contundentes”, también ha sido testigo de la muerte de cinco menores durante los últimos cinco años, según el subregistro de la Unidad de Vigilancia de Salud – Área de Vigilancia Epidemiológica.
En definitiva, la niñez y adolescencia de la zona occidental se encuentra entre un presente doliente y un porvenir incierto, dictado por la ausencia del Estado, la imposición de los grupos antiderechos que limitan el acceso a una ESI, la profunda desigualdad que viven los pueblos originarios y la normalización de las violencias que condena a las mujeres Lencas a ser madres sin desearlo.
Este reportaje fue elaborado por Francia Guardiola, Lissy Serén, Heydy Dávila y Nancy García, periodistas hondureñas con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa ¡Exprésate! En América Latina.
