Escrito por: PASOS DE ANIMAL GRANDE
La pretensión del gobierno de Xiomara Castro de ejercer un control absoluto sobre los organismos independientes fracturó la institucionalidad y credibilidad del MNP-CONAPREV a tal extremo que, desde julio de 2023, este ente funciona únicamente con dos personas comisionadas ya que el nombramiento de la representante de la sociedad civil fue boicoteado desde el Ejecutivo.
La intromisión dividió a las organizaciones defensores de derechos humanos y bloqueó la juramentación de la abogada Mildred Johana Meléndez, electa legítimamente por 17 organizaciones, en julio de 2023.
La manipulación oficialista en la selección de la comisionada de la sociedad civil no solo dejó incompleto al MNP-CONAPREV (Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes) sino que lo despojó de su credibilidad y autonomía en la defensa de los derechos humanos, sobre todo de los privados de libertad.
Desde julio de 2023 hasta el fin del gobierno de Xiomara Castro en enero de 2026, la intromisión oficial, no solo llevó a bloquear el proceso de nombramiento, sino que dividió a las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa de los derechos humanos, donde unas se acomodaron a los intereses del oficialismo, mientras otras se aferraron al respeto de la ley. En 0ctubre de 2025 se pretendió imponer a Joel Fugón, un militante de LIBRE y empleado de CONAPREV, violentando el Reglamento de la Ley de ese organismo que señalaba que estaba inhabilitado por ser funcionario para asumir como representante de sociedad civil, impulsado por el gobierno y organizaciones del partido político en el poder, pretendieron tomarle el pelo a las organizaciones que no se alinearon con Casa de Gobierno.
El impacto entre las organizaciones civiles independientes y las que respondían a los intereses de Casa Presidencial, en el periodo anterior, dejaron prostrado a un mecanismo que desde su conformación mediante decreto 136-2008 venía funcionando sin mayores dificultades en su labor de inspeccionar cárceles y proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
La memoria histórica no puede ser borrada
El conflicto inició formalmente cuando 17 organizaciones defensoras de derechos humanos que tenían un trabajo comprobado en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad eligieron legítimamente en asamblea a la abogada Mildred Johana Meléndez como su comisionada, y de la nada aparecieron organizaciones afines al gobierno que señalaron su trabajo no comprobado con esa población, pero aún así fueron acreditadas por la Secretaría de Derechos Humanos, SEDH, del partido de gobierno, todo funcionó coordinadamente con esa sociedad civil que respondía a los intereses partidarios, para hacer imposible el nombramiento de Meléndez, legalmente nombrada por las 17 organizaciones que sí tienen trabajo con privados de libertad.
A pesar de cumplir con los requisitos, las autoridades del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Gobernación sabotearon sistemáticamente su juramentación. Esto obligó a Meléndez a interponer recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para frenar lo que se catalogó como un atropello a la autonomía del mecanismo.
El informe del MNP-CONAPREV del año 2025, en lo relacionado a su integración establece que “al inicio del período, el Comité se encontraba integrado por Evelyn Melissa Escoto Alvarado y Kenia Carolina Irías Guzmán. Al cierre del año 2025, la integración del Comité quedó conformada por Gloria Patricia Pineda Leiva y Kenia Carolina Irías Guzmán”.
“No obstante, se mantiene vacante la designación de un tercer Comisionado, cuya representación corresponde a la sociedad civil, de conformidad con las disposiciones aplicables a la integración del MNP-CONAPREV”, precisa el documento.
Lamentablemente el informe de MN-CONAPREV, presentado recientemente, no recogió esa arbitrariedad, ni lo relativo al impacto del Estado de Excepción que dejó centenares de graves violaciones para los detenidos en postas policiales, torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes en las cárceles de todo el país.
Las dos comisionadas que actualmente integran ese mecanismo fueron los nominados por el Congreso Nacional y por el Poder Ejecutivo- en el gobierno anterior- lo que lleva a que los datos plasmados en sus informes no gocen de la confianza de la designada presidencial María Antonieta Mejía, quien no escondió su malestar al decir que no llenaba los requisitos de un informe, ante periodistas de diversos medios de comunicación al obviar situaciones vitales como el Estado de Excepción.
Un Mecanismo cojo
La falta de nombramiento de la tercer comisionada integrante -cupo que corresponde por ley a la sociedad civil- amenaza con despojar al organismo de su validez jurídica y dejar en la total indefensión a miles de privados de libertad. La afectación empieza por la falta de un quórum legal, dado que su normativa establece que las decisiones deben emanar de un pleno debidamente integrado por sus tres comisionados. Mantiene desde 2023 cojeando a esta institución tan vital para la población que atiende y para los derechos humanos en general. La cara del actual gobierno a nivel internacional está opaca, tras quedar salpicado de ilegalidad la administración de Xiomara Castro.
Asimismo, existe el riesgo que sus resoluciones, recomendaciones o sanciones administrativas emitidas por solo dos comisionadas puedan ser impugnadas judicialmente, mientras que por otro lado existe el riesgo de que el ente protector quede incapacitado legalmente para firmar convenios o ejecutar otras acciones de tipo administrativo.
El último informe del CONAPREV, del 2025 es bastante superficial. Hace referencia a las actividades realizadas, a las denuncias recibidas en los centros de detención, pero no hay una especificación sobre el tipo de queja atendida, tipo atención brindada y el seguimiento respectivo.
Su informe de 2025 permite decir que el MNP-CONAPREV mantuvo durante el período evaluado el ejercicio de su mandato preventivo mediante acciones permanentes de monitoreo, atención de denuncias, formulación y seguimiento de recomendaciones, capacitación, coordinación interinstitucional y fortalecimiento de las estructuras territoriales de prevención, un bajo resultado que fue entregado a la nación sin pena ni gloria.
Que “los resultados obtenidos evidencian avances importantes en la presencia y capacidad de intervención del Mecanismo, sin embargo, también muestran la persistencia de situaciones estructurales que continúan representando riesgos para la vida, la integridad personal y la dignidad de las personas bajo custodia del Estado”.
Asimismo, que “el Estado debe garantizar que las personas privadas de libertad conozcan de manera clara y oportuna su situación jurídica, el estado de sus procesos y los beneficios legales a los que pueden acceder, incluyendo la posibilidad de optar a la libertad condicional u otras medidas alternativas cuando así lo ameriten conforme a la ley”.
El actual gobierno tiene en sus manos una papa caliente, para resolver esta ilegalidad del nombramiento de la Comisionada legalmente electa, sería un gran error que pase por alto esta situación delicada y que actúe como si no pasara nada. La pregunta es, ya pasaron siete meses del actual gobierno y el tema está sin abordaje, entonces qué pasará?
LINK DE INTERÉS
Lea el Informe MN-CONAPREV 2025 en este link
