Dos muertes en celdas policiales de Siguatepeque, capturas publicitadas y cuestionamientos sobre las reformas penales colocan bajo escrutinio la estrategia de los 70 días. ASOPODEHU y JOPRODEH advierten sobre los riesgos de una política de seguridad que podría terminar confundiendo estadísticas con resultados.
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Mientras la Policía Nacional despliega operativos, anuncia capturas y exhibe públicamente los resultados de la denominada estrategia «70 días de guerra contra la criminalidad», dos muertes registradas en las celdas de una unidad policial en Siguatepeque permanecen rodeadas de interrogantes sobre las circunstancias en que ocurrieron y las responsabilidades que podrían derivarse.
La contradicción forma parte de los cuestionamientos planteados por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), que mediante un pronunciamiento público del 4 de noviembre llamaron la atención sobre la orientación de la política de seguridad y la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos.
Las organizaciones identifican una diferencia entre la exposición mediática de las capturas y la información que se ofrece sobre hechos graves ocurridos durante las operaciones policiales o dentro de las instalaciones de detención.
«En las últimas semanas, desde el inicio de la estrategia “70 días de guerra contra la criminalidad”, hemos sido testigos de un amplio despliegue operativo y publicitario de las acciones realizadas», señala el pronunciamiento.
Sin embargo, advierten que «en ninguna de estas comparecencias se han ofrecido explicaciones claras ni se han presentado avances sobre las investigaciones de hechos graves ocurridos durante estas mismas operaciones o al interior de las celdas de detención de la Policía Nacional».
Dos personas fallecidas en las mismas celdas
El pronunciamiento identifica dos casos ocurridos en la Unidad Metropolitana No. 16 de Siguatepeque, departamento de Comayagua.
De acuerdo con el documento, el 26 de octubre fue encontrado sin vida José Eladio Vásquez López, de 46 años, en dichas instalaciones. Posteriormente, el 1 de noviembre, otro detenido falleció al interior de las mismas celdas.
ASOPODEHU y JOPRODEH consideran que el tratamiento público de estos acontecimientos ha sido insuficiente frente a la gravedad de los hechos.
«Aunque ambos casos se encuentran bajo investigación», sostienen, la forma en que han sido abordados públicamente deja «sin respuesta interrogantes fundamentales sobre las circunstancias en que ocurrieron y las responsabilidades que pudieran derivarse».
Las muertes de personas privadas de libertad en instalaciones policiales plantean obligaciones de investigación y esclarecimiento que no pueden quedar relegadas frente a la difusión de los resultados operativos.
¿Cuántas capturas representan verdaderos resultados?
Otro de los cuestionamientos se dirige a la presentación pública de personas señaladas como integrantes de estructuras criminales y a la utilización de las cifras de detenciones como indicadores de efectividad.
Las organizaciones consideran que los videos y comunicados institucionales sobre capturas no ofrecen necesariamente información suficiente sobre los delitos atribuidos, las condiciones en que se realizaron las detenciones o el desenlace judicial de cada caso.
En ese sentido, plantean una distinción fundamental entre detener a una persona y demostrar su responsabilidad penal.
«La efectividad de una política de seguridad debe sustentarse en hechos comprobables, investigaciones rigurosas y resultados judiciales, no en la cantidad de personas que las autoridades presentan públicamente como integrantes de organizaciones criminales», expresan.
El señalamiento también alcanza la identificación de personas mediante tatuajes alusivos a estructuras delictivas. ASOPODEHU y JOPRODEH advierten que algunas personas pudieron haberse desvinculado de esas organizaciones tiempo atrás y que presentarlas públicamente como integrantes activos podría generar identificaciones equivocadas y distorsionar las estadísticas oficiales.
La advertencia sobre los falsos positivos
Para explicar los riesgos de construir resultados sobre identificaciones y acusaciones insuficientemente fundamentadas, las organizaciones evocan la experiencia de Colombia con los denominados «falsos positivos».
El pronunciamiento aclara que no pretende equiparar ambos escenarios, sino advertir sobre las consecuencias de presentar a personas inocentes como integrantes de estructuras criminales o responsables de hechos delictivos para producir estadísticas aparentemente favorables.
La advertencia pone sobre la mesa un principio esencial: una detención no demuestra por sí misma la pertenencia activa a una organización criminal ni acredita la participación de una persona en un delito.
Reformas penales bajo cuestionamiento
La discusión también comprende las recientes reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
ASOPODEHU y JOPRODEH sostienen que su aplicación debe ajustarse a las garantías judiciales, el debido proceso y el principio de legalidad.
Las organizaciones afirman que sus advertencias sobre los posibles abusos han sido descalificadas por algunos funcionarios y diputados, quienes incluso habrían insinuado supuestos vínculos de los defensores de derechos humanos con personas o grupos criminales.
En el pronunciamiento también cuestionan que determinadas actuaciones amparadas en las reformas se hayan aplicado antes de su entrada en vigor.
Este último señalamiento requiere especial atención: las fechas de publicación en el diario oficial La Gaceta, las disposiciones sobre vigencia y las actuaciones realizadas por las autoridades deben contrastarse documentalmente para establecer si existió una vulneración del principio de legalidad.
La seguridad también exige rendición de cuentas
Las organizaciones sostienen que Honduras necesita una política de seguridad que no se limite a exhibir capturas ni a demostrar capacidad operativa mediante el despliegue de la fuerza pública.
En su planteamiento, combatir la criminalidad también exige enfrentar la corrupción, la impunidad, la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la falta de oportunidades, particularmente entre la población joven.
El documento concluye con una advertencia sobre los límites que deben regir las actuaciones estatales:
«No aceptamos que, en nombre de la seguridad, se normalicen las detenciones arbitrarias, se estigmatice a las personas, se vulneren las garantías judiciales o se pretenda justificar cualquier actuación de las autoridades bajo el argumento de combatir al crimen».
ASOPODEHU y JOPRODEH insisten en que los derechos humanos y la dignidad de las personas no pueden quedar subordinados a las estadísticas de una estrategia gubernamental.
Su reflexión final resume el centro del cuestionamiento:
«La seguridad no consiste en demostrar cuántas personas puede capturar el Estado, sino en garantizar cuántas vidas puede proteger, cuántas injusticias puede evitar y cuántas condiciones de violencia puede transformar».
La pregunta permanece abierta: ¿cuáles son los resultados verificables de los 70 días de guerra contra la criminalidad y quién responde por los hechos que ocurren bajo custodia policial?
Fuente: Pronunciamiento de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), 4 de noviembre de 2026, leálo a continuación:
