La impunidad en el asesinato del ambientalista permitió consolidar una red de poder económico, político y criminal que hoy domina el territorio. En el Valle del Aguán, la historia se repite con nuevos nombres, las mismas amenazas y más muertes impunes
Criterio HN
Tegucigalpa, Honduras. – A 28 años del asesinato del ambientalista, líder sindical y político Carlos Escaleras Mejía, la impunidad que protege a los autores intelectuales de su crimen sigue teniendo eco en el Bajo Aguán, donde las mismas estructuras de poder que participaron en su asesinato continúan operando. Su permanencia ha convertido la región en una de las zonas más peligrosas del país para quienes defienden el ambiente y el territorio.
El sacerdote jesuita Ismael Moreno sostuvo que las estructuras que estuvieron detrás del asesinato de Escaleras no solo siguen activas, sino que se han fortalecido con el tiempo, fusionando intereses empresariales, políticos y criminales. A su juicio, la impunidad no es un vació judicial, sino el mecanismo que ha permitido consolidar un modelo de poder basado en el despojo y la violencia. “Mientras no se toquen esas estructuras criminales de hace veintiocho años, que siguen vigentes, la impunidad seguirá siendo lo que dinamice los gobiernos y la administración e inversiones en la zona del Aguán”, advirtió.
Esa lectura coindice con la percepción de quienes continúan sosteniendo las luchas que Escaleras inició. Esly Banegas, coordinadora de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), recordó –en entrevista con Radio El Progreso– que, tras el asesinato de Escaleras, la impunidad se volvió norma en un valle donde cerca de doscientos campesinos han sido asesinados sin respuesta del Estado.
Uno de los crímenes más recientes que volvió a estremecer el valle del Aguán y al país fue el asesinato de Juan López, líder ambientalista y regidor de la Corporación Municipal de Tocoa, Colón. Durante más de una década, López encabezó la defensa del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras, el área protegida que lleva el nombre del dirigente asesinado en 1997 y donde hoy opera un megaproyecto minero impulsado por Lenir Pérez, yerno del fallecido empresario Miguel Facussé, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen de Escaleras.
Casualidades de la vida –o quizás no tanto–, Carlos Escaleras encabezó en los años noventa la oposición a la instalación de una planta extractora de aceite de palma que amenazaba con contaminar el río Tocoa. Tres décadas después, Juan López retomó esa misma bandera desde otra frente: se opuso no solo al megaproyecto minero en el Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”, sino también a la planta peletizadora que lo acompaña. Ambos enfrentaron el mismo patrón de poder y las mismas consecuencias: la persecución, las amenazas y, finalmente, la muerte.
Para el defensor de derechos humanos Pedro Landa, estos asesinatos no son hechos aislados, sino parte de ciclos de violencia que se repiten cada vez que el poder económico busca ampliar su control sobre el territorio del Aguán. Desde la Ley de Modernización Agrícola, que dio al traste con la Ley de Reforma Agraria para dar paso al monocultivo de la palma africana, hasta la actual expansión minera y energética, el Aguán ha sido escenario de disputas donde los intereses empresariales se imponen por la fuerza y con la complicidad del Estado.
En septiembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado de Honduras responsable por la violación de los derechos a la vida e integridad personal de Escaleras, así como de su libertad de asociación y derechos políticos. Entre las reparaciones pendientes de cumplimiento impuestas por el Tribunal regional está la investigación exhaustiva y diligente del asesinato de Carlos Escaleras, con el fin esclarecer los hechos, identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales y remover los obstáculos que han sostenido la impunidad durante casi tres décadas.
Asimismo, la Corte ordenó al Estado investigar y sancionar a los funcionarios que obstruyeron la justicia y que con sus acciones u omisiones propiciaron la responsabilidad internacional de Honduras. Estas medidas, según la Corte IDH, buscan no solo reparar el daño causado a la familia Escaleras, sino también garantizar que crímenes similares contra defensores del ambiente y del territorio no se repitan. sin embargo, lo que se ha reproducido hasta ahora es la impunidad y la continuidad de esos crímenes.
En noviembre de 2024, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Honduras, Andrea Pochak, expresó a Criterio.hn que el organismo percibe una brecha entre el Estado en Tegucigalpa y la realidad en el Bajo Aguán, y recalcó la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática en materia de justicia en la zona. “La justicia, la fiscalía, los tribunales siguen siendo absolutamente deficientes en la zona”, concluyó.
