C-Libre
Tegucigalpa, 2 de junio de 2025, El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) expresa su profundo pesar y condena enérgica por el asesinato del periodista Javier Hércules en Santa Rosa de Copán, quien se encontraba bajo medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección, desde 2023, cuándo fue víctima de un secuestro. (Alerta 85-2023). Este trágico hecho constituye el segundo asesinato de un periodista protegido en menos de un año y el asesinato número 110 de periodistas y comunicadores sociales en Honduras, según el conteo oficial de C-Libre. Esta cifra refleja la grave crisis de violencia e impunidad que enfrenta el país y evidencia una falla estructural en la eficacia y operatividad del sistema estatal de protección.
Este asesinato se inscribe en un contexto alarmante de violencia sistemática y alta impunidad cozntra periodistas y defensores de derechos humanos en el país. Esta realidad ha sido denunciada por múltiples organismos internacionales, que alertan sobre el deterioro de las condiciones para ejercer la libertad de expresión en Honduras, agravado por la polarización política y la imposición de estados de excepción que limitan derechos fundamentales.
Recomendaciones internacionales incumplidas
En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, Honduras recibió en su tercer ciclo (2020) múltiples recomendaciones para garantizar la libertad de expresión y la seguridad de periodistas, incluyendo la obligación de erradicar la violencia y garantizar investigaciones diligentes. Sin embargo, la falta de avances concretos persiste.
La Relatora Especial de la ONU sobre libertad de expresión, Irene Khan, en su informe de 2024, alertó sobre la insuficiente implementación de las medidas de protección y urgió a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección, adaptándolo a las realidades de riesgo que enfrentan los periodistas, especialmente en zonas de alta conflictividad. Khan también destacó la necesidad de garantizar condiciones legales y operativas adecuadas para medios comunitarios y la importancia de despenalizar delitos que criminalizan la protesta pacífica.
Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado adoptar medidas preventivas efectivas, garantizar investigaciones exhaustivas y sancionar a los responsables para romper el ciclo de impunidad.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) ha llamado reiteradamente al fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección para personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, reconociendo que Honduras es uno de los pocos países en la región que cuenta con un mecanismo oficial, aunque requiere mejoras sustanciales para ser efectivo.
Acciones urgentes para Estado hondureño
- Ante esta grave situación, C-Libre exige al Estado hondureño la implementación inmediata y efectiva de las siguientes acciones:
- Agilizar los Comités Técnicos de Evaluación para la asignación de medidas de protección adecuadas, oportunas y diferenciadas, priorizando los casos pendientes desde mediados de 2024, para evitar demoras que ponen en riesgo la vida de periodistas.
- Desarrollar e implementar un protocolo diferencial para periodistas, comunicadores sociales y defensores que trabajan en zonas de alta conflictividad, vinculadas al narcotráfico, extractivismo, crimen organizado y corrupción. Este protocolo debe contemplar la interresponsabilidad de actores clave como la Policía Nacional, Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y otros, para garantizar condiciones mínimas de seguridad.
- Incorporar el proceso de investigación y documentación periodística como elemento central en los análisis de riesgo, no limitándose exclusivamente a la etapa de publicación. Reconocer esta fase es fundamental para visibilizar riesgos invisibles y prevenir ataques.
- Mejorar los canales de comunicación directa y permanente entre el Mecanismo y las personas protegidas, superando la insuficiente práctica actual de mensajes mensuales vía WhatsApp, para responder con mayor eficacia y contextualización ante cambios en el entorno de riesgo.
- Impulsar una reforma integral de la Ley de Protección para Personas Defensoras, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que garantice la participación sustantiva de las personas beneficiarias y promueva un modelo de protección integral, preventivo, territorializado y con enfoque diferencial, acorde con los estándares internacionales.
- Adherirse y aplicar plenamente el Acuerdo de Escazú, para fortalecer el acceso a la información, promover la participación ciudadana y proteger a los defensores de derechos humanos ambientales, incluyendo periodistas que cubren estos temas.
Honduras no puede seguir siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo
Cada agresión y asesinato sin respuesta fortalece el silencio, la impunidad y el miedo, erosionando la democracia y el derecho a la información pública. Exigimos al Estado hondureño actuar con la seriedad, diligencia y voluntad política que la situación demanda.
¡Proteger el periodismo es proteger la democracia!
